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Sentencia RP-69-21 — Registro 14870

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal por el delito de Secuestro Agravado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...". Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora ADELAIDA BASUTISTA ZUNIGA fue condenada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve de marzo del año dos mil doce, a la pena de VEINTE AÑOS MESES DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la condenada cometió el delito de Secuestro. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA, la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 Y 240 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de ocho (8) a doce(12) años prohibición de residencia por el doble que dure la condena; y cuando es agravado la pena puede llegar a un rango de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta que la encausada fue condenado a la pena mínima, las penas mínimas del Código Penal Vigente son menos gravosas para la encausada. II. La sentenciada, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privo de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla, estableciendo la norma penal en el artículo 240 del vigente Código Penal que este se convierte en Secuestro Agravado si concurre una circunstancia de las establecidas en el precepto antes mencionado; “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1);2);3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas;4…. 5)… 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas… Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 49 del expediente de Revisión). III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a la encausada se le impuso la pena mínima. Se debe imponer a la encausado la pena de quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro Agravado. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola se realice un nuevo computo de la pena; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de revisión interpuesto por el Abogado EDUARDO ALONSO LOPEZ ARGEÑAL, a favor de la Señora ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil doce (2012), con relación a la causa que se instruyó contra la señora ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor ANDY MAURICIO MONTERROSO MAJANO. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve (09) de junio de dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada SIRIA HEEXZ RUBI, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA Y DONALDO BARAHONA CRUZ por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio del señor ANDY MAURICIO MONTERROSO MAJANO. (Folios 01-09 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil doce (2012), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes dictó Sentencia mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Que debemos Condenar y Condenamos a ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autora responsable de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de la libertad de ANDY MAURICIO MONTERROSO MAJANO, imponiendo a la acusada, una pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluida de manera efectiva en el Centro penal respectivo. SEGUNDO: Que debemos Condenar y Condenamos a ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido detalladas como autora responsable del delito de SECUESTRO en perjuicio de ANDY MAURICIO MONTERROSO MAJANO, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de la condenada ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.” (Folios 218-228 de la pieza del A-Quo) 3) Que en fecha veintidós (22) de enero de dos mil veintiuno (2021), el Abogado EDUARDO ALONSO LOPEZ ARGEÑAL, interpuso ante la Honorable Sala de lo Constitucional recurso de revisión penal a favor de la Señora ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil doce (2012), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-18 del recurso de mérito)

  1. Que en fecha veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 27 del recurso de mérito) 5) Que en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado EDUARDO ALONSO LOPEZ ARGEÑAL en su condición de Apoderado Legal de la Señora ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 44-47 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Invocando se aplique el artículo 239 del decreto 130-2017 contentivo del Código Penal. CONSIDERANDO CUATRO(4): Exposiciones de las partes en audiencia de oposición de Recurso de Revisión Penal: El recurrente manifestó: Hago mi petición basándome en la Ley sobre Justicia Constitucional en su titulo IV, de la Revisión, sección, de la Revisión en materia penal, en la procedencia de la acción en su articulo 96 numeral 8, la cual establece que las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a favor del condenado, en este caso especifico el numeral ocho, el cual establece que se procederá la acción retroactiva de una ley penal por ser mas benigna, por lo que viendo que al momento de dictar sentencia condenatoria de la señora ADELIADABAUTISTA ZUNIGA, se le condeno al delito de SECUESTRO en relación al articulo 192 del Código Penal anterior, en el cual establece que será sancionado con una pena de reclusión de veinte años a privación de la libertad de por vida, si aun no consiguiere su propósito, quien con violencia e intimidación, engaño u otras formas que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad, a una persona o mas personas, esto en relación directa al articulo 194-A del mismo Código penal, el cual nos describe cuales son las circunstancias atenuantes del delito de secuestro, en vista que se tuvieron atenuante a favor de representado en vista que el fue quien dejo en libertad al señor Andy Monterroso, tomando como el que nos compete en el presente acto numeral dos , el cual nos dice: Desistir de continua participando en la comisión del delito, dejando en libertad a la víctima, o proporcionando a la autoridad o a los familiares de la personas secuestrada, información fidedigna que conduzca al rescate de este o a la identificación y aprehensión de los responsables del ilícito penal; y el numeral 3 haber brindado a las víctimas condiciones, los medios y bienes necesarios para satisfacer las necesidades básicas inherentes al ser humano; siendo estos los artículos vinculados para dictar la sentencia condenatoria por el Tribunal de Sentencia de lo penal; por lo que tomando en cuenta la aplicación del Código Penal emitido bajo el decreto numero 130 -2017 por el Congreso Nacional, en su artículo 239 en caso del Secuestro; quien prive de la libertad a otras persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho a doce años , y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena… Manifiesta la agente ciudadana fiscal: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Publico procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de Secuestro por el cual se condeno a la hoy imputada ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA. El delito de SECUESTRO por el cual se condeno a la hoy imputada ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA se sancionaba con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida. “Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o mas personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) c… En el nuevo Código Penal vigente el delito de Secuestro se encuentra regulado en el articulo 239.- Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Relacionado con el articulo 240, que reza, SECUESTRO AGRAVADO. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) ; 2); 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4); 5) ; 6) 7); 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas; o, 9)… Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la ley más favorable, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual código Penal en el articulo 616 no son mas favorables al sentenciado, en virtud que no se considera que la pena sea mas favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho con todas sus circunstancias, fueran también imponible conforme al nuevo Código Penal, tal como acontece en el caso sub judice, por lo que no es procedente aplicar el principio de Retroactividad de la Ley penal. CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614,615,616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora ADELAIDA BASUTISTA ZUNIGA fue condenada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve de marzo del año dos mil doce, a la pena de VEINTE AÑOS MESES DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la condenada cometió el delito de Secuestro. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA, la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 Y 240 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de ocho (8) a doce(12) años prohibición de residencia por el doble que dure la condena; y cuando es agravado la pena puede llegar a un rango de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta que la encausada fue condenado a la pena mínima, las penas mínimas del Código Penal Vigente son menos gravosas para la encausada. II. La sentenciada, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privo de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla, estableciendo la norma penal en el artículo 240 del vigente Código Penal que este se convierte en Secuestro Agravado si concurre una circunstancia de las establecidas en el precepto antes mencionado; “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1);2);3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas;4…. 5)… 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas… Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 49 del expediente de Revisión). III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a la encausada se le impuso la pena mínima. Se debe imponer a la encausado la pena de quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro Agravado. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola se realice un nuevo computo de la pena; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado EDUARDO ALONZO LOPEZ ARGEÑAL, a favor de la señora ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, en fecha diecinueve de marzo del año dos mil doce; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA, por el delito SECUESTRO, en perjuicio de ANDY MAURICIO MONTERROSO ZUNIGA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO A la señora ADELAIDA BAUTISTA ZUNIGA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de QUINCE (15) AÑOS de prisión y prohibición de residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena. Mas la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0069=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.