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Sentencia RP-684-20 — Registro 14455

Resumen

Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal en la causa que se instruyó por el delito de asesinato.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO DOCE (12): Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante sea más favorable a este, es decir que la retroactividad no guarda relación por el delito por el cual ha sido condenado sino solo con su pena.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos el ahora recurrente Roy Edin Pineda Chávez fue condenado al delito de Asesinato mediante el procedimiento de Estricta Conformidad contemplado en el artículo 322 del Código Procesal Penal, lo que significa que dentro del proceso penal conocido por la justicia ordinaria, el ahora recurrente acepto y se conformó con el delito por el cual se le estaba deduciendo responsabilidad penal y por lo tanto la única aplicación retroactiva que en este caso le aplica al recurrente conforme al nuevo código penal, es con respecto a la pena y no al delito por el cual este acepto, en ese sentido, la pena para el delito de asesinato contenido en el código penal creado mediante decreto 144-83 y vigente a partir del 12 marzo de 1985, era de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y actualmente en el nuevo código penal, tiene una pena más benigna de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión.- Esta Sala es de la opinión que se le aplique la retroactividad en cuanto a la pena; y por lo tanto habiendo sido condenado por estricta conformidad a la pena mínima de veinte (20) años, observando que la misma es idéntica a la establecida en el nuevo código penal, es decir de veinte (20) años, por esa razón aunque se aplique retroactivamente la nueva ley penal, la pena por el delito cometido por el recurrente seria la misma, en vista que en el nuevo código penal, la pena mínima es idéntica al anterior y por consecuencia, no le representa al condenado ninguna ventaja aplicándole lo señalado en el nuevo código penal.- En relación al motivo de revisión alegado por el recurrente y que se encuentra en el artículo 96.6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que literalmente dice: Que después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable, o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo.- Esta sala estima que no concurre lo referido en esta causal, en vista de no haber aportado ningún documento nuevo, decisivo y con suficiente fuerza probatoria para cambiar el fallo desfavorable de la sentencia que ahora se pide su revisión, siendo ese un requisito indispensable para que exista la referida causal.- Por lo anterior, se debe declarar sin lugar la presente garantía constitucional de revisión penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado FREDY OMAR MADRID, a favor del Señor ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha cinco (05) de febrero de dos mil trece (2013), en la causa que se instruyó contra el Señor ROY EDIN PINEDA CHAVEZ por el delito de ASESINATO en perjuicio de JOSUE ISAAC CHAVEZ RIVERA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores NOEL ISRAEL PINEDA CHAVEZ y ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de JOSUE ISAAC CHAVEZ RIVERA. (Folios 01-30 de la pieza del A-Quo). 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha cinco (05) de febrero de dos mil trece (2013), el Juzgado antes citado dictó Sentencia Condenatoria mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: CONDENAR, POR CONFORMIDAD DE LAS PARTES al acusado ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, cuyas generales, ya han sido anteriormente detalladas, como COAUTOR responsable penalmente de un delito de ASESINATO en perjuicio de JOSUE ISAAC CHAVEZ RIVERA, sin la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juzgado de Ejecución de la ciudad de San Pedro Sula, debiéndose computar el tiempo que ha permaneció en efectiva prisión preventiva por el presente caso penal. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al acusado ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Procede declarar la responsabilidad civil del condenado ROY EDIN PINEDA CHAVEZ. CUARTO: No procede la condena al señor ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. QUINTO: Al no haberse puesto por parte del representante del Ministerio Público a la orden de este tribunal pieza de ejecución ni de convicción alguna utilizada por el condenado ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, para la comisión del ilícito por el cual se les está condenando, no procede el COMISO.” (Folios 123-127 de la pieza del A-Quo). 3) Que el Abogado FREDY OMAR MADRID compareció ante este Tribunal en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha cinco (05) de febrero de dos mil trece (2013), fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-13 del recurso de mérito). 4) Que en fecha nueve (09) de abril de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 15 del recurso de mérito). 5) Que en fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado FREDY OMAR MADRID en su condición de Apoderado Legal del Señor ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, pronunciándose la representante del Ministerio Público que la petición se enmarca a lo que dispone el artículo 96 de la Constitución de la República y 96 numerales 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 31-35 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha veintiuno de agosto del dos mil veinte, el abogado FREDY OMAR MADRID, presentó ante este alto Tribunal, un Recurso de Revisión Penal a favor de ROY EDIN PINEDA CHAVEZ; y, contra la Sentencia condenatoria firme dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes de fecha cinco de febrero de dos mil trece, fundamentando su acción en el Artículo 96 numeral 6) y 8) de la Ley de Justicia Constitucional. Asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), enmarcándolo en el artículo 192, relacionado con el 26 párrafo segundo, 61 y 69 párrafo segundo, al referir que establece una pena aplicable al delito de su representado de diez (10) años de prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión Penal. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo adopta la garantía Constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte de un proceso penal, pueda practicar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentra firme; en este sentido manda que la Ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir.- En ese orden el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedido de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[3]. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del Garantista expresados en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión Penal. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral seis (6) y ocho (8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 186 de la Constitución de la República, que determinan la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que en fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, con la comparecencia de la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado FREDY OMAR MADRID en su condición de Apoderado Legal del Señor ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, pronunciándose la representante del Ministerio Público que la petición se enmarca a lo que dispone el artículo 96 de la Constitución de la República y 96 numerales 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 31-35 del recurso de mérito). CONSIDERANDO SEIS (6): Sentencia que se recurre a través de la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. La emitida por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha cinco (05) de febrero de dos mil trece (2013), mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: CONDENAR, POR CONFORMIDAD DE LAS PARTES al acusado ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, cuyas generales, ya han sido anteriormente detalladas, como COAUTOR responsable penalmente de un delito de ASESINATO en perjuicio de JOSUE ISAAC CHAVEZ RIVERA, sin la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juzgado de Ejecución de la ciudad de San Pedro Sula, debiéndose computar el tiempo que ha permaneció en efectiva prisión preventiva por el presente caso penal. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al acusado ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Procede declarar la responsabilidad civil del condenado ROY EDIN PINEDA CHAVEZ. CUARTO: No procede la condena al señor ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. QUINTO: Al no haberse puesto por parte del representante del Ministerio Público a la orden de este tribunal pieza de ejecución ni de convicción alguna utilizada por el condenado ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, para la comisión del ilícito por el cual se les está condenando, no procede el COMISO.”. CONSIDERANDO SIETE (7): Fundamentos de la parte recurrente en la interposición de la Garantía Constitucional de Revisión Penal. Que según expone el Abogado FREDY OMAR MADRID, interpone el presente Recurso Extraordinario de Revisión en vista del cambio de la norma jurídica, por lo que solicita se realice revisión de la pena y se aplique retroactividad de la Ley Penal más favorable a su representado, refiriendo que con la entrada en vigencia del Decreto 130-2017 del Poder Legislativo relativo al nuevo Código Penal, que fue publicado en fecha diez de mayo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial La Gaceta numero 34,940 y vigente a partir de veinticinco de junio de dos mil veinte; donde el Articulo 634 abrogo el Decreto numero 144-83 del Congreso Nacional de la República de fecha veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y tres, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 24, 264 de fecha doce de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro; y que a su artículo 192 detalla específicamente el tipo penal que ahora debe de subsumirse los hechos en ese entonces dados por probados, en relación a los artículos 26 párrafo segundo y 61 del mismo cuerpo legal; el cual establece una pena matemáticamente de diez (10) años de reclusión, que a todas luces es menor a la pena aplicada a mi representado en virtud de la Ley anterior que establecía una pena de veinte (20) años de reclusión, y siendo que el artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece que las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala Constitucional a favor del condenado; por tanto en representación del joven Roy Edin Pineda Chávez, solicito se aplique retroactivamente el nuevo código penal, por considerarlo más adecuado, expedito y justo a los fines de la justicia. CONSIDERANDO OCHO (8): Criterio esgrimido por el Ministerio Público en cuanto a la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. Siendo que el joven Roy Edin Pineda Chávez fue condenado mediante sentencia de fecha cinco (5) de febrero de dos mil trece (2013), emitida por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a una pena concreta a veinte (20) años de reclusión por el delito de Asesinado, en perjuicio de Josué Isaac Chávez Rivera. Que la causal de revisión invocada por la revisionista se encuentra contenía en el numeral 6 y 8 del Artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo lo por la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3)..., 4)..., 5)...; 6).- Después de la condena sobrevengan nuevos hechos y elementos del pruebas que solo unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable, o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo; 7)...,8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”. Esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre la causal invocada por el revisionista prevista en el artículo 96 numeral 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional, al pretender que se revea la sentencia a efecto de recalificar el tipo penal imputado y grado de participación del condenado, y se condene al señor Roy Edin Pineda Chávez, por ser cómplice del delito de homicidio, sin embargo no aporta ningún nuevo documento que sea decisivo y con la suficiente fuerza probatoria para cambiar el fallo desfavorable de la sentencia que ahora se pide su revisión, lo cual es un requisito que pide la causal invocada, o bien, que sobrevengan nuevos hechos de los cuales no se tenía conocimiento durante el proceso judicial y estos sean decisivos para la causa que se desea revisar estimando, que no procede el recurso extraordinario de revisión solicitado.- En relación con lo señalado en el artículo 96.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- Establece que el principio constitucional establecido en el artículo 96, al considerar que al entrar en vigencia el actual código penal se da la oportunidad para analizar que existió un error en la calificación del ilícito penal imputado a su representado, ya que cuestiona la validez del consentimiento otorgado por el condenado para la aplicación de la estricta conformidad, al referir que en ese momento su representado tenía veinte (20) años de edad, de lo cual no está de acuerdo, en vista que una persona a partir de los dieciocho (18) años es capaz y por tanto responsable de sus actos. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que de conformidad con el Código Penal creado mediante Decreto Legislativo 130-2017, publicado el diez (10) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en el diario oficial “La Gaceta” y vigente a partir del veinte (20) de junio del año dos mil veinte (2020), específicamente en su artículo 615 dispone: La retroactividad de la Ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidas hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están Juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictara sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. De igual manera el artículo 616 prevé “Los criterios para determinar la Ley penal más favorable.- Determinando que se comparara la pena que hubiese podido corresponder al concreto hecho cometido o enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. CONSIDERANDO DIEZ (10): Principio de Legalidad.- Exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentren previstas en la Ley. Tradicionalmente se denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; consagrado en la declaración universal de los Derechos Humanos (Articulo 11.2) y en la Convención Americana sobre Derechos Humana (Articulo 9). Encontrándose a su vez en el Artículo 84 de la Constitución de la Republica, que establece “Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley”. La presente norma constitucional, se encuentra desarrollada en el artículo 1 del Código Penal al referir: “Que nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta”. CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala hace su exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal: I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el Señor ROY EDIN PINEDA CHAVEZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el cinco de febrero de dos mil trece, a una pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de JOSUE ISAAC CHAVEZ RIVERA, así como a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, en la forma señalada en esta sentencia. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 27, 32, 39, 40, 48, 54, 117 y 105 del Código Penal; 1 y 322 del Código Procesal Penal, estimando que el condenado cometió el delito Asesinato. CONSIDERANDO DOCE (12): Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante sea más favorable a este, es decir que la retroactividad no guarda relación por el delito por el cual ha sido condenado sino solo con su pena.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos el ahora recurrente Roy Edin Pineda Chávez fue condenado al delito de Asesinato mediante el procedimiento de Estricta Conformidad contemplado en el artículo 322 del Código Procesal Penal, lo que significa que dentro del proceso penal conocido por la justicia ordinaria, el ahora recurrente acepto y se conformó con el delito por el cual se le estaba deduciendo responsabilidad penal y por lo tanto la única aplicación retroactiva que en este caso le aplica al recurrente conforme al nuevo código penal, es con respecto a la pena y no al delito por el cual este acepto, en ese sentido, la pena para el delito de asesinato contenido en el código penal creado mediante decreto 144-83 y vigente a partir del 12 marzo de 1985, era de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y actualmente en el nuevo código penal, tiene una pena más benigna de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión.- Esta Sala es de la opinión que se le aplique la retroactividad en cuanto a la pena; y por lo tanto habiendo sido condenado por estricta conformidad a la pena mínima de veinte (20) años, observando que la misma es idéntica a la establecida en el nuevo código penal, es decir de veinte (20) años, por esa razón aunque se aplique retroactivamente la nueva ley penal, la pena por el delito cometido por el recurrente seria la misma, en vista que en el nuevo código penal, la pena mínima es idéntica al anterior y por consecuencia, no le representa al condenado ninguna ventaja aplicándole lo señalado en el nuevo código penal.- En relación al motivo de revisión alegado por el recurrente y que se encuentra en el artículo 96.6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que literalmente dice: Que después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable, o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo.- Esta sala estima que no concurre lo referido en esta causal, en vista de no haber aportado ningún documento nuevo, decisivo y con suficiente fuerza probatoria para cambiar el fallo desfavorable de la sentencia que ahora se pide su revisión, siendo ese un requisito indispensable para que exista la referida causal.- Por lo anterior, se debe declarar sin lugar la presente garantía constitucional de revisión penal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos1.1, 9, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 96 numeral 8; 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Fredy Omar Madrid, a favor de Roy Edin Pineda Chávez; SEGUNDO: Se RATIFICA la sentencia revisada y que fue emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes el cinco (5) de febrero de dos mil trece (2013); Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para su conocimiento; Redacto el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto para resolver el recurso de reposición interpuesto en el acto de la notificación de fecha veintiséis de enero del presente año, por el Abogado FRDY OMAR MADRID contra la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaída en el recurso de revisión penal interpuesto por él, a favor del señor ROY EDIN PINEDA CHAVEZ contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha en fecha cinco de febrero de dos mil trece, en la causa que se instruyó contra el Señor ROY EDIN PINEDA CHAVEZ por el delito de ASESINATO en perjuicio de JOSUE ISAAC CHAVEZ RIVERA. CONSIDERANDO: Que del acto en el cual el peticionario solicita reposición se aprecia que ésta no ataca el fondo o la forma de la sentencia impugnada, en consecuencia y conforme se desprende de la misma, ésta se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional, por unanimidad de votos, en nombre de la Corte Suprema de Justicia y en aplicación de los artículos 80, 186, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 5, 7, 46, 48, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en el acto de la notificación por el Abogado FRDY OMAR MADRID contra la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós; Y MANDA: Que en definitiva se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia impugnada. CUMPLASE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia y la Resolución de fechas trece de enero y cuatro de febrero de dos mil veintidós, recaídas en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0684=2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

[2] Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

[3] Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.