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Sentencia RP-651-21 — Registro 15238

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia Condenatoria por el delito de trata de personas agravado en la modalidad de explotación comercial, en perjuicio de testigo protegido.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… CONSIDERANDO CATORCE (14): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticiono o se apegó a ella en tiempo y forma. “CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, la pena principal de ONCE AÑOS (11) Y TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, UNA MULTA DE 168.75 SALARIOS MÍNIMOS, y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL, en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO “DIAMANTE”. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 219 dispone: “Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1)… 2) La explotación sexual forzada; 3)… 4)… 5)… 6)… El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de éste artículo. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación previstos. En cuanto a las agravantes específicas el artículo 220 del mismo cuerpo legal disponía: “Se debe incrementar la pena en un tercio 1/3 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… La víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, enfermedad, discapacidad o es mujer embarazada;” Que en el caso de mérito, donde se presentó recurso de revisión a favor del señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, esta Sala de lo Constitucional, conforme a los siguientes parámetros, estima: El sentenciado fue condenado conforme al artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, a una pena de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSION, MÁS UNA MULTA DE CIENTO SESENTA Y OCHO PUNTO SETENTA Y CINCO (168.75) SALARIOS MÍNIMOS Y LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL POR EL DOBLE DE TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, es así, que conforme a la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) la pena abstracta correspondiente al tipo penal de TRATA DE PERSONAS contenida en el artículo 219 iba de CINCO (5) AÑOS a OCHO (8) AÑOS DE PRISION, pena que debe ser aumentada en un tercio ya que concurre la agravante específica que contempla el artículo 220 del referido Código Penal (Decreto 130-2017) por ser la víctima especialmente vulnerable por razón de la edad, es decir, da como resultado una pena abstracta, aumentada en un tercio, de OCHO (8) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Siguiendo la línea procesal, tomada por el sentenciado, debemos también entonces, dejar establecido que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado, dicha especialidad del proceso indica la rebaja de un cuarto (1/4) de la pena que corresponda. En ese sentido y tomando como referencia los parámetros de la sentencia donde se impuso al condenado la pena inferior rebajada en un cuarto (1/4), partiendo de la base de la pena agravada en un tercio por haber concurrido la agravante específica contenida en el artículo 220 numeral 2 (la víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad). Dicha operación aritmética da como resultado que la pena concreta a imponer es de SEIS (6) AÑOS DE PRISION, MÁS INHABILITACION ABSOLUTA. Dicha comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, derogado, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en el presente caso. Haciendo aplicación y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional para que se proceda a emitir un nuevo cómputo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, a favor del señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, por el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “DIAMANTE”.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal, de la Sección Judicial de Tegucigalpa, el Abogado MATEO RODOLFO GALO HERRERA, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal contra el señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, por el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “DIAMANTE”.- (Folios 1 al 8 De la pieza del Juzgado)-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: CONDENA al señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, de generales ya conocidas en el preámbulo de ésta sentencia a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSION y una multa de 168.75 salarios mínimos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión, por lo que debe condenarse con las penas antes descritas, como autor del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADA EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION COMERCIAL, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “DIAMANTE”.- SEGUNDO: Asimismo se condena al imputado antes mencionado a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el doble del tiempo que dure la reclusión, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena.- TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia.- CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio.- QUINTO: Una vez firme la sentencia definitiva, se ordena que se libre copia certificada de la misma al señor Director de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, Asimismo que se libre copia certificada de dicha Sentencia al Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial para los efectos legales correspondientes.…”(folio 128 al 131 de la pieza del Juzgado).-3) Que el recurrente Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, compareció ante esta Sala en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, contra la sentencia condenatoria de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, antes referida, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a su representado. (Folio 01 al 09 de la pieza del Recurso de Revisión).-4) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose la comunicación de estilo al órgano jurisdiccional correspondiente a efecto de que remitiera dentro del plazo de tres (3) días hábiles, el expediente contentivo de la causa indicada, antecedentes que se tuvieron por recibidos mediante providencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.-5) Que en fecha seis (6) de abril del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, en su condición de apoderado legal del señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que NO SE OTORGUE, en la presente acción de revisión, por no favorecer al reo la nueva pena.-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] -Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral 8 de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala: “En el presente caso, se está solicitando la revisión penal de la pena en virtud de que la pena por la cual se condenó al señor RAMON EDUARDO GARCIA GRAJEDA, según el nuevo Código Penal, trae una pena más baja a la que se le aplicó mediante audiencia de proceso abreviado, por lo que la pena que establece el Nuevo Código Penal para el delito de Trata de Personas, le favorecen al señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, por haber sido condenado a una pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION y a la pena de MULTA DE 168.75 salarios mínimos y penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, y según la regla que más le favorece, debe ser revisada (Art. 614, 615, 616 del NCP; Art. 96 LJC). Para el delito de Trata de Personas, según el artículo 219 y 220 del Nuevo Código Penal, establece una pena de 5 a 8 años de PRISIÓN, y que según el artículo 616 es lo más favorable al condenado. La aplicación de la normativa de la Constitución de la República de Honduras en su artículo 96.- Artículo 239 del Código Penal bajo el Decreto No. 130-2017 Legislativo y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 10 de mayo del año 2019.- Artículo 11,2 Declaración Universal de los Derechos Humanos. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA O CAUSAL INVOCADA. Partiendo de la explicación de los hechos, motivación del recurso y la normativa de la Constitución de la República en Honduras en su artículo 96 expresa de la retroactividad de la ley en materia penal favoreciendo al delincuente o procesado. Artículo 219 y 220 del Código Penal vigente del delito de TRATA DE PERSONAS que se aplica una pena de 5 a 8 años de prisión, se pretende o invoca se admita y se declare con lugar el presente recurso, para que Modifique la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y se adecue una nueva con la pena mínima del delito de TRATA DE PERSONAS a 5 años de PRISION y la pena multa sea EXTINGUIDA.”-CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día seis (06) de abril del dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, como garantista a favor del ciudadano RAMON EDUARDO GRAJEDA y la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, quien expuso: “Ratifico la solicitud de recurso de revisión Penal contra la sentencia condenatoria de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecinueve (2019) dictada a mi representado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Trata de Personas Agravada en su modalidad de explotación comercial en perjuicio de Testigo protegido Diamante a una pena de once (11) años tres (3) meses de reclusión y a la pena de multa de 168.75 salarios mínimos condenado a penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, solicito a esta Honorable Sala Constitucional modificar dicha sentencia y aplicarle la pena mínima de cinco (5) años de prisión de forma concreta y eximirle los 6 años 3 meses de prisión de la actual sentencia, y extinguir la pena de multa ya que en el nuevo Código Penal vigente no establece multa para este delito y a la entrada en vigencia del decreto 93-2021 en fecha primero (1) de noviembre del año 2021: En el artículo 219 del Código Penal vigente se estableció la pena de 10 años a 15 años de prisión por el delito de trata de personas pero en virtud de que esta defensa interpuso el presente recurso de revisión penal estando en vigencia el artículo 219 bajo decreto 130-2017 y existió esas leyes intermedias, procederá bajo el principio general del derecho que establece que primero en tiempo primero en derecho y en base al principio constitucional de retroactividad de la ley penal más favorable establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras que establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado y según los artículos 614, 615, 616 de este mismo Código Penal y artículo 96 numeral 8 de la Ley de Justicia Constitucional.” Seguidamente se le cedió la palabra al representante del Ministerio Público quien hizo uso de la palabra, expresando: “De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION COMERCIAL, por el cual se condenó al señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, según lo regulado en el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas: Incurre en el delito de Trata de personas, quien facilite, promueva o ejecute la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos , fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho años para su utilización en actividades criminales y será sancionado con una pena de DIEZ (10) a QUINCE (15) años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) salarios mínimos. Las penas anteriores se aumentarán en un medio (1/2) en los casos siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad. 2)… 3)… 4)… 5) … 6) …7) … Por lo que la pena abstracta es de QUINCE (15) años a VEINTIDOS (22) años, rebajada en un cuarto (1/4) por haberse sometido al procedimiento abreviado, habiéndosele impuesto la pena concreta de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSION y una multa de 168.75 salarios mínimos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión. En el nuevo Código Penal vigente el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION COMERCIAL, se encuentra regulado en el artículo 219, mismo que fue reformado a través del decreto legislativo 93-2021, Que reza: “Incurre en el delito de Trata de Personas y será castigado con una pena de DIEZ (10) a QUINCE (15) años, quien facilite, promueva, o ejecute la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con la finalidad de que sean utilizadas o forzadas a cualquier tipo de explotación incluyendo: 1)… 2)La explotación sexual forzada o comercial. 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… Se agravará en un tercio la pena cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… Que la víctima sea menor de 18 años… Por lo que la pena abstracta es de QUINCE (15) a VEINTE (20) años, procediendo a hacer la rebaja de un cuarto por haberse sometido al procedimiento abreviado, quedando una nueva pena abstracta de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES a QUINCE (15) AÑOS. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme a la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código penal vigente, en tanto no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La ley penal no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. I. OPINION: Visto el razonamiento anterior el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.”-CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. De igual manera dicho cuerpo legal establece en su artículo 632 “Sobre las Disposiciones Derogatorias. Quedan derogados los artículos siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7); El artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en Decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012.” Es bajo ese precepto que se entiende derogada dicha norma y consecuentemente de aplicación el Tipo penal contenido en el Decreto 130-2017.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.-CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal:” CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[7]. -Lo negrito y subrayado es nuestro. –CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[8] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.- CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[9] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.-CONSIDERANDO DOCE (12): Sobre la aplicación de la Ley Intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así, ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos[10] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[11].-CONSIDERANDO TRECE (13): Que en el caso sub examine, el peticionario, abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, fue condenado por el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, precepto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 219. Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1)… 2) La explotación sexual forzada; 3)… 4)… 5)… 6)… El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de éste artículo. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación previstos. En cuanto a las agravantes específicas el artículo 220 del mismo cuerpo legal disponía: “Se debe incrementar la pena en un tercio 1/3 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… La víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, enfermedad, discapacidad o es mujer embarazada;” No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[12], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 219 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de “Trata de Personas: Incurre en el Delito de Trata de Personas y será castigado con una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años, quien facilite, promueva o ejecute la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con la finalidad de que sean utilizadas o forzadas a cualquier tipo de explotación incluyendo: 1)… 2)La explotación sexual o comercial. 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… Se agravará en un tercio (1/3) la pena cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes 1)… 2)… 3)Que la víctima sea menor de 18 años, el consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de éste artículo. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación previstos. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues el señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, fue condenado por el delito de Trata de Personas Agravado en la modalidad de Explotación Comercial, estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Trata de Personas, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Trata de Personas, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de Trata de Personas como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticiono o se apegó a ella en tiempo y forma.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha cuatro (4) de abril del dos mil diecinueve (2019), a la pena de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSION y una MULTA de 168.75 salarios mínimos por el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “DIAMANTE”, como pena principal; así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el doble del tiempo que dure la condena. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha cuatro (4) de abril del dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se condenó al ciudadano RAMON EDUARDO GRAJEDA, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 6 y 52 de la Ley de Trata de Personas, contenido en el Decreto legislativo Número 59-2012, que disponía una pena abstracta de 10 a 15 años de reclusión y una multa de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) salarios mínimos, penas que aumentadas en un medio queda en una pena de quince (15) a veintidós (22) años y seis (6) meses de reclusión, como pena máxima, más las accesorias que correspondan, estimando que el condenado cometió el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION COMERCIAL, siendo condenado a una pena concreta de ONCE (11) AÑOS y TRES (3) MESES de reclusión y una MULTA de 168.75 salarios mínimos, por haberse sometido el imputado al procedimiento abreviado, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la condena. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.-CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, la pena principal de ONCE AÑOS (11) Y TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, UNA MULTA DE 168.75 SALARIOS MÍNIMOS, y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL, en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO “DIAMANTE”. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 219 dispone: “Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1)… 2) La explotación sexual forzada; 3)… 4)… 5)… 6)… El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de éste artículo. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación previstos. En cuanto a las agravantes específicas el artículo 220 del mismo cuerpo legal disponía: “Se debe incrementar la pena en un tercio 1/3 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… La víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, enfermedad, discapacidad o es mujer embarazada;” Que en el caso de mérito, donde se presentó recurso de revisión a favor del señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, esta Sala de lo Constitucional, conforme a los siguientes parámetros, estima: El sentenciado fue condenado conforme al artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, a una pena de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSION, MÁS UNA MULTA DE CIENTO SESENTA Y OCHO PUNTO SETENTA Y CINCO (168.75) SALARIOS MÍNIMOS Y LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL POR EL DOBLE DE TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, es así, que conforme a la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) la pena abstracta correspondiente al tipo penal de TRATA DE PERSONAS contenida en el artículo 219 iba de CINCO (5) AÑOS a OCHO (8) AÑOS DE PRISION, pena que debe ser aumentada en un tercio ya que concurre la agravante específica que contempla el artículo 220 del referido Código Penal (Decreto 130-2017) por ser la víctima especialmente vulnerable por razón de la edad, es decir, da como resultado una pena abstracta, aumentada en un tercio, de OCHO (8) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Siguiendo la línea procesal, tomada por el sentenciado, debemos también entonces, dejar establecido que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado, dicha especialidad del proceso indica la rebaja de un cuarto (1/4) de la pena que corresponda. En ese sentido y tomando como referencia los parámetros de la sentencia donde se impuso al condenado la pena inferior rebajada en un cuarto (1/4), partiendo de la base de la pena agravada en un tercio por haber concurrido la agravante específica contenida en el artículo 220 numeral 2 (la víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad). Dicha operación aritmética da como resultado que la pena concreta a imponer es de SEIS (6) AÑOS DE PRISION, MÁS INHABILITACION ABSOLUTA. Dicha comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, derogado, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en el presente caso. Haciendo aplicación y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional para que se proceda a emitir un nuevo cómputo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículo 24, 25, 35, 38, 58 y 219 del Código Penal Vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, a favor del señor RAMON EDUARDO GRAJEDA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, en fecha cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, por el delito TRATA DE PERSONA AGRAVADO EN SU MODALIDAD DE EXPLOTACION COMERCIAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “DIAMANTE”, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor RAMON EDUARDO GRAJEDA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION COMERCIAL a la pena de 6 AÑOS DE PRISIÓN e INHABILITACION ABSOLUTA durante el tiempo de la condena; ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. –Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de Agosto del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0651-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[7] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[8] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[9] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.

[10] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.

[11] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.

[12] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el artículo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.