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Sentencia RP-650-21 — Registro 14453

Resumen

Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de robo agravado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “V. Haciendo un examen del rango de penas a imponer con ambos cuerpos normativos, es patente que la aplicación del nuevo Código no es más favorable para los encausados. El fundamento de lo antes expuestos tiene su asidero en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial.” Esto nos indica que se debe hacer una revisión con identidad de circunstancias. Así mismo el párrafo noveno del mismo cuerpo legal nos dice: “En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación”. VI. Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, a favor del Señor CARLOS ALBERTO CORDOVA GARCIA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012), con relación a la causa que se instruyó contra el Señor CARLOS ALBERTO CORDOVA GARCIA por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la ciudadana GLADYS SALAZAR DUBON. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada NORMA ZOBEIDA NARVAEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor CARLOS ALBERTO CORDOVA GARCIA, por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la ciudadana GLADYS SALAZAR DUBON. (Folios 01-05 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes dictó Sentencia mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO.- Que debemos Absolver y Absolvemos a Carlos Alberto Córdoba García, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, del delito de ROBO DE VEHICULO, en perjuicio de Mario Ricardo Navarro Suarez, del que venia siendo acusado por el Ministerio Público. SEGUNDO.- Que debemos condenar y condenamos a Carlos Alberto Córdoba García, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de HOMICIDIO SIMPLE, en perjuicio de José Edgardo Centeno Bueso a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION. TERCERO.- Que debemos condenar y condenamos a Carlos Alberto Córdoba García, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de Gladys Salazar Dubon a la pena de SEIS (6) AÑOS CON OCHO MESE DE RECLUSION. CUARTO.- Las penas de reclusión impuestas al condenado suman VEINTIUN AÑOS (21) CON OCHO (08) MESES, las que deberá cumplir una en pos de otra empezando por la de mayor gravedad, en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, debiéndose descontar el tiempo que ha permanecido recluido por esta causa. QUINTO.- Como consecuencia de las penas de reclusión impuestas al condenado, se le imponen las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo de duración de la pena principal. SEXTO.- Se declara la responsabilidad civil del condenado CARLOS ALBERTO CORDOVA GARCIA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. SEPTIMO.- No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. OCTAVO.- Se ordena el comiso, de un arma de fuego calibre 22, tipo fusil, serie A96339, con un cargador y 10 proyectiles. NOVENO.- Que se notifique la presente sentencia a las partes procesales. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 188-196 de la pieza del A-Quo) 3) Que en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil veintiuno (2021), el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, interpuso ante la Honorable Sala de lo Constitucional recurso de revisión penal a favor del Señor CARLOS ALBERTO CORDOVA GARCIA, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-10 del recurso de mérito) 4) Que en fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 12 del recurso de mérito) 5) Que en fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ en su condición de Apoderado Legal del Señor CARLOS ALBERTO CORDOVA GARCIA, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 24-27 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 186 de la Constitución de la Republica y el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los motivos que funda su Recurso de Revisión “Se está solicitando la revisión penal de la pena en virtud de que la pena por la cual se condenó al señor Carlos Alberto Córdova Garcia, según el nuevo Código Penal y trae una pena más baja que se la que se le aplico mediante audiencia de juicio oral y público, por lo que la pena que establece el nuevo Código para el delito de Robo Agravado en perjuicio de Gladys Salazar Dubón le favorece a mi representado” CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, quien se persono en la causa y actúa en representación del señor CARLOS ALBERTO CORDOVA GARCÍA y la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Cedida la palabra al abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, expuso: “Solicito a la sala de lo constitucional modificar la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, aplicar a mi representado la pena mínima de cuatro años de prisión y eximirle de dos años y ocho meses de prisión. Todo esto en base al principio de retroactividad de la penal más favorable establecido en el artículo 96 de la constitución” Cedida la palabra a la fiscal, abogada SUSSY GUADALUPE COELLO GARCIA, para que presentara su oposición, manifestó: “No es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor, tomando en cuenta una de ellas que se considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Publico procede a revisar las nuevas sanciones correspondiente a los delitos de por los cuales se condeno al señor CARLOS ALBERTO CORDOVA. En el nuevo Código Penal dichos ilícitos se encuentran regulados en los siguientes articulo: ARTÍCULO 192.- HOMICIDIO. Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. De ahí que de conformidad a las normas trascritas las penas a imponer en el delito de HOMICIDIO corresponderían imponer una pena en los mismos términos ya que dicho ilícito es sancionado con la misma pena de reclusión, en virtud de lo cual resulta evidente que a la aplicación de la nueva ley no resulta mas favorable al reo de conformidad al articulo 616 cuarto párrafo. Respecto al delito de Robo Agravado la pena es de cuatro a ocho años de prisión aumentada un tercio resulta una pena mínima de 8 años y una máxima de 10 años 8 meses. Las disposiciones del nuevo Código no resultan mas favorables al reo. Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Publico opina que no se otorgue la Revisión. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en el Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El articulo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal.” CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor CARLOS ALBERTO CÓRDOBA GARCIA fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, en fecha catorce de marzo del año dos mil doce, en relación a la causa que se instruyó por dos delitos de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor JOSE EDGARDO CENTENO BUESO donde se les condeno a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. Y ROBO AGRAVADO en perjuicio de GLADYS SALAZAR DUBÓN donde se le condeno a la pena de SEIS AÑOS CON OCHO MESES DE RECLUSIÓN y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. Según la fundamentación jurídica penas impuestas en concurso real. II. La conducta plasmada en los hechos probados que corren a folio 189 de la pieza del Juzgado encuadra con la descripción de los tipos penales establecidos en el los articulo 192 y 361, 363.9 del Código Penal Decreto 130-2017. III. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que, al ciudadano, CARLOS ALBERTO CÓRDOBA GARCIA en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el 116, 218 Y 219 numeral 2 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83. III. Esta Sala haciendo un examen comparativo de ambas normas penales, concluye: que el Código Penal derogado en su artículo 116 disponía una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, más las accesorias que correspondan, por el delito Homicidio. En el Código Penal Decreto 130-2017 el delito de Homicidio está plasmado en el artículo 192 y es castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. En cuanto este delito es patente que no existe benignidad de una pena con la otra. En cuanto al delito de Robo Agravado el Código Penal derogado disponía en su articulo 218 una pena de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión que se aumentaba un tercio cuando incurrían agravantes quedando una pena de seis (6) años ocho (8) meses a doce (12) años de reclusión. En el artículo 361 Código Penal Decreto 130-2017 el delito de Robo tiene una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. Pena que es aumentada un tercio cuando concurre alguna de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 363. Resultando una pena abstracta de ocho (8) años a diez (10) años ocho meses de prisión. Es importante resaltar que para el aumento de penas con el nuevo Código Penal se utiliza la formula estatuida en el artículo 69.- AUMENTO O DISMINUCIÓN EN FRACCIONES DE LA PENA. “La extensión de la pena aumentada o disminuida en fracciones a la prevista por la Ley, se fija atendiendo a las reglas siguientes: 1) La pena aumentada en una fracción determinada, se forma partiendo de la cifra máxima señalada en la Ley para el delito de que se trate aumentando la fracción correspondiente, constituyendo la suma resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena aumentada en una fracción determinada será el máximo de la pena señalada por la Ley para el delito de que se trate”. Bajo este análisis se puede evidenciar que la nueva norma penal no resulta mas benigna ya que la pena mínima de Robo del Código Penal Vigente supera la pena mínima decretada al sentenciado. IV. Es importante dejar establecido que el revisionista solicito la Revisión de un solo delito (Robo Agravado) aun y cuando su patrocinado fue condenado por dos conductas delictivas en una misma sentencia, lo cual no puede hacerse de esa manera cuando se trata de concurso real. En el supuesto del concurso real debe hacerse un análisis global tomando en cuenta todos los delitos por los cuales fue condenado el actor, si en la suma de ambas penas resulta una disminución de pena de un Código a otro, entonces procede la aplicación de la nueva norma penal de lo contrario no es potable la aplicación de la nueva ley penal. IV. A. La fragmentación de la norma penal que fue alegada por la ciudadana fiscal del Ministerio Publico, no es el quid para denegar esta Revisión, puesto que la fragmentación se da cuando se el sujeto procesal hace uso de lo que conviene de la ley penal discriminando lo que no es beneficioso, esto se da en los supuestos donde solo se aplica parcialmente el contenido de un artículo o una figura penal. V. Haciendo un examen del rango de penas a imponer con ambos cuerpos normativos, es patente que la aplicación del nuevo Código no es más favorable para los encausados. El fundamento de lo antes expuestos tiene su asidero en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial.” Esto nos indica que se debe hacer una revisión con identidad de circunstancias. Así mismo el párrafo noveno del mismo cuerpo legal nos dice: “En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación”. VI. Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, a favor del señor CARLOS ALBERTO CORDOVA GARCIA. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrada LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0650=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.