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Sentencia RP-638-21 — Registro 15589

Resumen

Sentencia en revisión dictada por Autoridad recurrida condenó a título de autor a recurrente por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; imponiendole una pena de reclusión de veinte años más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, multa de cantidad determinada; declarándo su responsabilidad civil; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente; Se ordenó al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 5 numeral 34 Y 18 de la Ley sobre el uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. III- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho..."..."la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, la pena a imponer por el delito de TRAFICO DE DROGAS era reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras. Estableciendo el artículo 28 de la referida ley: “Cuando dos o más personas se organizan para la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal.” Lo que deja una pena abstracta de veinte años a veintiséis años ocho meses de reclusión y multa de un millón trescientos treinta tres mil trescientos tres lempiras con treinta y tres centavos (1,333,333.33) a cinco millones trescientos treinta tres mil trescientos tres lempiras con treinta y tres centavos (5,333,333.33). Mientras que la pena regulada para la misma conducta en el artículo 311 del vigente Código Penal, regula dos supuesto de tráfico y la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación;[13] y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. [14] en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Penas que pueden ser agravadas estableciendo una de DIEZ (10) A QUINCE (15) años de prisión y multa de TRESCIENTOS (300) A QUINIENTOS (500) DÍAS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al sentenciado. II. En el caso de JUAN COA JULIO en los hechos probados de la sentencia supra mencionada (folio 1025 vuelto del expediente del tribunal de sentencia), se establece que la sustancia objeto del tráfico era cocaína, específicamente 800 paquetes. Siendo ese el hecho concreto por el cual fue condenado y que debe tomarse como punto de comparación con las leyes penales. III. De análisis del hecho concreto a luz del Código Penal decreto 130-2017, estos encajan en lo establecido en el artículo 311 [del mismo cuerpo legal] que específicamente dice: TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Y el artículo 312, establece, AGRAVANTES ESPECÍFICAS DEL TRÁFICO DE DROGAS. En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia. IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en la fundamentación jurídica donde se establece que el sentenciado se le aplico la pena mínima del delito agravado; se debe aplicar la siguiente pena: diez (10) años de prisión y multa de trescientos (300) días, en vista del impacto de la conducta delictiva y acatando los cánones del artículo 53 del Código Penal vigente se impondrá la multa a razón de quinientos lempiras (500.00) por día..."..."esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JUAN COA JULIO de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Carlos Eduardo Ávila Funez, a favor del señor Juan Coa Julio, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha diez de febrero de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Juan Coa Julio, por haber sido encontrado responsable de la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez de febrero de dos mil veinte, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores JORGE ALBERTO ORTÍZ, JUAN COA JULIO y MELVIN ANTÚNEZ LÓPEZ, cuyas generales de identidad ya han sido mencionadas anteriormente, como autores responsables del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; debiéndose computar desde el día en que fueron aprehendidos por esta causa, la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente. Asimismo, se les impone la pena principal de Multa consistente en la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, PUNTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS (1,333,000.33). SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los acusados JORGE ALBERTO ORTÍZ, JUAN COA JULIO, MELVIN ANTÚNEZ LÓPEZ, como consecuencia de la condena de reclusión por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los condenados JORGE ALBERTO ORTÍZ, JUAN COA JULIO y MELVIN ANTÚNEZ LÓPEZ. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil de los señores JORGE ALBERTO ORTÍZ, JUAN COA JULIO, MELVÍN ANTÚNEZ LÓPEZ, por el delito que ha sido condenado a favor del Estado de Honduras, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. QUINTO: No se decreta la pena de comiso. SEXTO: Se ordena que una vez cumplida la pena de reclusión impuesta al señor JUAN COA JULIO, sea expulsado del territorio hondureño. SEPTIMO: Declara parcialmente ha lugar los Incidentes de Nulidad opuestos por ambas defensas. OCTAVO: Absolver como en efecto absolvemos a la señora JANETH AGUALIMPIA LÓPEZ, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado por el cual venía siendo acusada, a quien deberá entregársele la respectiva carta de libertad una vez firme la presente sentencia…" (Folios 1023-1052 del antecedente) 2) En fecha diecisiete de julio de dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala, el Abogado Carlos Eduardo Ávila Funez, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Juan Coa Julio, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a su representado. (Folios 1-9 del recurso de mérito) 3) En fecha siete de marzo de dos mil veintidós, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022), a las once con quince minutos de la mañana (11: 15 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 113 del recurso de mérito) 4) En fecha seis de abril de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Carlos Eduardo Ávila Funez, en su condición de Apoderado Legal del señor Juan Cóa Julio; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…por medio de la presente ratifico la solicitud del Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020) dictada a mi representado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal del Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a una pena de veinte (20) años de reclusión y a la pena multa de un millón trescientos treinta y tres mil lempiras con treinta y tres centavos (1,333,000.00), solicito modificar la sentencia y aplicarle la pena mínima de diez (10) años de prisión de forma concreta y eximirle los 10 años de prisión de la actual sentencia y modificar la pena multa…” El Ministerio Público consideró: “…Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS por el cual se condenó al señor JUAN COA JULIO. Según lo regulado en el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, relacionado con el artículo 28 de la misma Ley, en donde se estipula la agravante referida cuando dos o más personas se organizan para la comisión de los delitos establecidos en la presente ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal, la cual, sancionaba dicho delito con una pena de 15 años a 20 años de reclusión y una multa de uno (1) a cinco (5) millones de lempiras. Por lo que la pena impuesta resultó de 20 años como pena mínima y multa de un millón trescientos treinta y tres mil punto treinta y tres lempiras (1,333,000.33), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS se encuentra regulado en el artículo 311…Articulo 312. Agravantes Especificas del Tráfico de Drogas…3) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado…,4…5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia; 6) …7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte. 8)…9) La conducta se dirige al tráfico internacional. Si concurre la circunstancia del numeral 3) junto con las previstas en los numerales 5), 7) o 9) las penas de prisión se deben incrementar en un tercio (1/3) para tal efecto el articulo 321 párrafo tercero establece por cantidad de especial importancia las siguientes: 1) …,2) …,3) dos mil (2,000) gramos de cocaína o de alcaloide derivado de la cocaína. El artículo 53, señala. -PENA DE DÍAS MULTA…De las normas transcritas y de la revisión de los hechos valorados en la sentencia de mérito se colige que al sentenciado le decomisaron 399,428.57 g de cocaína, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 numerales 3, 5, 7 y 9 del Nuevo Código Penal, se debe imponer una pena de… diez (10) a quince (15) años, aumentada en un tercio, por lo que la nueva pena será de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS de reclusión. Asimismo, este ilícito penal contempla la pena multa que le fue impuesta a los hoy condenados, equivalente a (L. 1,333,000.33), por lo que en aplicación al precitado articulo 312 en relación al 53 del Nuevo Código Penal, correspondería imponer una multa mínima de 300 a 500 días. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal, no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de la libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal Vigente, en tanto no es procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República…I.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista “…esta defensa no tiene medios de prueba que ofertar…” Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “No tenemos pruebas”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 114-117 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Las recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Aduciendo que el Código Penal decreto 130-2017 le es más favorable a su patrocinado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de oposición. El abogado de la parte recurrente expuso: “Ratifico la solicitud de Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte(2020) dictada a mi representado por el tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio de la salud de la población del estado de honduras a una pena de veinte (20) años de reclusión y a la pena de multa de un millón trescientos treinta y tres mil lempiras con treinta y tres centavos (1,333,00033) condenado a penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, solicito a esta honorable sala de lo constitucional modificar dicha sentencia y aplicarle la pena mínima de diez (10) años de prisión de forma concreta y eximirle los 10 años de prisión de la actual sentencia, y modificar la pena de multa un millón trescientos treinta y tres mil lempiras con treinta y tres centavos (1,333,00033) con el nuevo código penal no se establece la pena en valor multa si no que es el sistema días multa considero que la pena de multa debe oscilar en trescientos (300) días multa a razón de veinte(20) lempiras por cada día multa, en base al principio constitucional de retroactividad de la ley penal más favorable establecido en el artículo 96 de la constitución de la republica de honduras que establece que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado y en aplicación al decreto 93-2021, nuevo código penal en su artículo 311 y 312 pena que favorece a mi representado y según los artículos 614, 615, 616 de este mismo código penal y articulo 96 numeral 8 de la ley de justicia constitucional.” La ciudadana fiscal haciendo uso de la palabra, dijo: “De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS por el cual se condenó al señor JUAN COA JULIO. Según lo regulado en el artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, relacionado con el artículo 28 de la misma Ley, en donde se estipula la agravante referida cuando dos o más personas se organizan para la comisión de los delitos establecidos en la presente ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal, la cual, sancionaba dicho delito con una pena de 15 a 20 años de reclusión y una multa de uno (1) a cinco (5) millones de lempiras. Por lo que la pena impuesta resultó de 20 años como pena mínima y multa de un millón trescientos treinta y tres mil punto treinta y tres de lempiras (1, 333,000.33), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS se encuentra regulado en el nuevo Código Penal en el artículo 311.- TRÁFICO DE DROGAS. “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. Artículo 312. Agravantes Especificas del Tráfico de Drogas. En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1)..., 2)..., 3) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado..., 4..., 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia; 6)…7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte. 8)…9) La conducta se dirige al tráfico internacional. Si concurre la circunstancia del numeral 3) junto con las previstas en los numerales 5), 7) o 9) las penas de prisión se deben incrementar en un tercio (1/3) Para tal efecto el artículo 321 párrafo tercero establece por cantidad de especial importancia las siguientes: 1)..., 2)..., 3) dos mil (2,000) gramos de cocaína o de alcaloide derivado de la cocaína. El artículo 53, señala.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). De las normas transcritas y de la revisión de los hechos valorados en la sentencia de mérito se colige que al sentenciado le decomisaron 399,428.57 g de cocaína, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 numerales, 3, 5, 7 y 9 del nuevo Código Penal se debe imponer una pena de …. Diez (10) a Quince (15) años. Aumentada en un tercio, por lo que la nueva pena será de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS de reclusión. Asimismo, este ilícito penal contempla la pena de multa que le fue impuesta a los hoy condenados, equivalente a (L1,333,000.33), por lo que en aplicación al precitado artículo 312 en relación al 53 del nuevo Código Penal, correspondería imponer una multa mínima de 300 a 500 días. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, en tanto no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y, lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro-. Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[11] CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE(12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JUAN COA JULIO en primer término fue condenado por el Tribunal de Sentencia de con Competencia territorial nacional en materia penal en fecha diez de febrero del año dos mil veinte, VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA TRES MIL TRESCIENTOS TRES punto TREINTA Y TRES LEMPIRAS (1,333,333.33) más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 5 numeral 34 Y 18 de la Ley sobre el uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. III- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, la pena a imponer por el delito de TRAFICO DE DROGAS era reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras. Estableciendo el artículo 28 de la referida ley: “Cuando dos o más personas se organizan para la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal.” Lo que deja una pena abstracta de veinte años a veintiséis años ocho meses de reclusión y multa de un millón trescientos treinta tres mil trescientos tres lempiras con treinta y tres centavos (1,333,333.33) a cinco millones trescientos treinta tres mil trescientos tres lempiras con treinta y tres centavos (5,333,333.33). Mientras que la pena regulada para la misma conducta en el artículo 311 del vigente Código Penal, regula dos supuesto de tráfico y la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación;[13] y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. [14] en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Penas que pueden ser agravadas estableciendo una de DIEZ (10) A QUINCE (15) años de prisión y multa de TRESCIENTOS (300) A QUINIENTOS (500) DÍAS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al sentenciado. II. En el caso de JUAN COA JULIO en los hechos probados de la sentencia supra mencionada (folio 1025 vuelto del expediente del tribunal de sentencia), se establece que la sustancia objeto del tráfico era cocaína, específicamente 800 paquetes. Siendo ese el hecho concreto por el cual fue condenado y que debe tomarse como punto de comparación con las leyes penales. III. De análisis del hecho concreto a luz del Código Penal decreto 130-2017, estos encajan en lo establecido en el artículo 311 [del mismo cuerpo legal] que específicamente dice: TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Y el artículo 312, establece, AGRAVANTES ESPECÍFICAS DEL TRÁFICO DE DROGAS. En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia. IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en la fundamentación jurídica donde se establece que el sentenciado se le aplico la pena mínima del delito agravado; se debe aplicar la siguiente pena: diez (10) años de prisión y multa de trescientos (300) días, en vista del impacto de la conducta delictiva y acatando los cánones del artículo 53 del Código Penal vigente se impondrá la multa a razón de quinientos lempiras (500.00) por día. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JUAN COA JULIO de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, a favor del señor JUAN COA JULIO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JUAN COA JULIO, por el delito TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JUAN COA JULIO de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO a la pena de DIEZ (10) AÑOS de prisión, más una pena MULTA de TRESCIENTOS (300) DÍAS a razón de QUINIETOS LEMPIRAS(L. 500.00) por día. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-638-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[9] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[11] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.

[13] https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf

[14] https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf