Sentencia RP-635-21 — Registro 15740
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por los delitos de lavado de activos, tenencia ilegal de arma de uso comercial, de uso prohibido y de explosivos de uso prohibido, en perjuicio de la economía y la seguridad interior del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “VI. En relación a las otras conductas delictivas estas encuadran en el artículo 580.- TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Penas que se deben agravar por concurrir lo establecido en el artículo 584.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas previstas en este capítulo se incrementan hasta en un tercio (1/3) en los casos siguientes: La tenencia de armas, municiones o explosivos ilícitos que tienen una gran potencialidad para causar daño. Resultando las siguientes penas: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios, una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses y localización permanente de hasta dos (2) años y si se trata de armas prohibidas una pena de seis (6) a ocho (8) años y localización permanente de hasta tres (3) años. VII. Tomando en cuenta que el encausado se sometió al procedimiento abreviado las penas mínimas se deben rebajar un cuarto (1/4)arrojando como pena: tres (3) años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años por el delito de tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios, y, una pena de cuatro y una pena de cuatro (4) años con seis (6) meses de prisión y localización permanente de hasta tres (3) años por la tenencia de armas de fuego prohibidas. Siendo que estas penas son impuestas en concurso real se debe hacer una comparación de penas global. En dicha ponderación las penas a imponer con el Código Penal decreto 130-2017 son mas benignas para el imputado. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA de una norma vigente que le resulta más benigna. En este caso, la pena a imponer debe ser de tres (3) años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años por el delito de tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios, y, una pena de cuatro y una pena de cuatro (4) años con seis (6) meses de prisión y localización permanente de hasta tres (3) años por la tenencia de armas de fuego prohibidas. En cuanto a la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos esta no se debe ejecutar en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado. CONSIDERANDO CATORCE(14): de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 614 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Henry Alexander Fuentes Mejía, a favor del señor Maximiliano Echeverría García, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Maximiliano Echeverría García, por haberlo encontrado culpable de los delitos de Lavado de Activos, Tenencia Ilegal de Arma de Uso Comercial, de Uso Prohibido y de Explosivos de Uso Prohibido, en perjuicio de la Economía y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Francia Sofia Medina, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Magdaleno Fúnez Sánchez mismo Supuesto Nery Orlando López Sanabria Alias "Wilson López", a quien se le considera responsable del delito de Soborno Domestico, en perjuicio de la Administración Pública y contra Erika Yulissa Bandy García, Magdaleno Fúnez Sánchez Mismo Supuesto Nery Orlando López Sanabria Alias "Wilson López", José Santos Mejía Laínez, Daniel Alvarado Tica Santos, Maximiliano Echeverria García a quienes se les considera responsables de los delitos de Lavado de Activos, Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Explosivos, En Perjuicio de la Seguridad Interior del Estado De Honduras. (Folios 1-7 del antecedente) 2) Que en fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: (Sic)“…PRIMERO: CONDENANDO a los imputados JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ Y MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por considerarlos responsable a título de autor de la comisión del delito de: LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, quedando la pena concreta de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- SEGUNDO: CONDENANDO al imputado MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por considerarlo responsable a título de autor de la comisión de los delitos de: TENENCIA ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, quedando la pena concreta de DOS (2) AÑOS, TRES MESES, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: CONDENANDO al imputado MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por considerarlo responsable a título de autor de la comisión de los delitos de: TENENCIA ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, quedando la pena concreta de SEIS (6) AÑOS, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- CUARTO: CONDENANDO al imputado MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por considerarlo responsable a título de autor de la comisión de los delitos de: TENENCIA ILEGAL DE EXPLOSIVOS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, quedando la pena concreta de SEIS (6) AÑOS, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, sujetos a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- QUINTO: CONDENAR a los imputados JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ Y MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. SEXTO: No procede la condena en costas personales ni procesales.- Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales y una vez firme envíese copia de la misma a la unidad de Antecedentes Penales, debiéndose remitir la causa al juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes.” (893-897 del tomo II del antecedente) 3) Que el Abogado Henry Alexander Fuentes Mejía, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, presentando recurso de revisión penal a favor del señor Maximiliano Echeverría García, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna para su representado, mediante la implementación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1—5 vuelto del recurso de mérito) 4) En fecha seis de marzo de dos mil veintidós, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022), a las once de la mañana(11: 00 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 24 del recurso de mérito) 5) En fecha seis de abril de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Saldaña, asimismo, con la comparecencia de la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Henry Alexander Fuentes Mejía, en su condición de Apoderado Legal del señor Maximiliano Echeverría García; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratifico el recurso de revisión de pena presentado en fecha 16 de junio del año 2021, a favor de mi representado MAXIMILIANO ECHEVERRÍA GARCÍA, quien después de haberse sometido a un procedimiento abreviado, en donde fue CONDENADO mediante sentencia definitiva dictada el DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial en Materia Penal, con Sede en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a cumplir la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, de DOS (2) AÑOS TRES MESES DE RECLUSIÓN por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO PROHIBIDO, y de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓ por el delito de TENENCIA ILEGAL DE EXPLOSIVOS DE USO PROHIBIDO, todos estos delitos en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…”El Ministerio Público consideró: “…Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... Del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, condenó al señor MAXILIANO ECHEVERRIA GARCIA a la pena de ONCE (11) años TRES (3) MESES de reclusión, como autor del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, si bien es cierto, la reforma al artículo 439 del Código Penal vigente, realizada a través del Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 35,760, derogó lo atinente "O que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia." No menos cierto es, que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tengan causa o, justificación económica o lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en su artículo 12 numeral 7): "Los Estados Partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas". De ahí que al ser Estado de Honduras, parte de estos Tratados internacionales constituye obligatoriedad de cumplimiento conforme principio fundamental que los tratados deben ser cumplidos (pacta sunt servanda), contemplado en la convención de Viena de 1969, en el artículo 26: "todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe", mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice:" sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos. En razón a ello el Ministerio Público, solicita a esta Honorable Sala de lo Constitucional aplique el respectivo Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021 en lo atinente "que no tenga causa O justificación económica O licita de su procedencia, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Aunado a lo anterior, el ente acusador presentó la Sala de lo Constitucional recurso Inconstitucionalidad por vía de acción por razón de forma y contenido contra el decreto legislativo número 93-2021, publicado en el diario oficial la gaceta número 35,750 de fecha 01 de noviembre del 2021, por colisionar con el contenido esencial de los artículos 16, 18, 63, 232 y 320 de nuestra ley fundamental. en cuanto al delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso comercial, el Código Derogado lo contemplaba en el artículo 332-B, instituyendo: Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea.... incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión. En tanto que los ilícitos de Tenencia Ilegal De Arma De Fuego De Uso Prohibido Y Tenencia De Explosivos De Uso Prohibido se enmarcan en el artículo 332-A, que establecía lo siguiente: La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre O venda, armas, municiones o explosivos Será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (5000.00) a diez mil (10,000) lempiras por cada arma incautada... La nueva norma penal vigente enmarca dichos ilícitos en el artículo 580 que establece: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigados con las penas siguientes: I. De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas y municiones permitidas. II. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas municiones y prohibidas. Con las mismas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio 1/3, quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En atención a lo descrito se establece que la pena que corresponde al delito de Tenencia Ilegal De Arma De Fuego De Uso Comercial es de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, agravada en 1/3 por portar el arma sin autorización quedando la nueva pena de cuatro (4) años a cinco (5) años con cuatro (4) meses, debiendo dicha pena ser rebajada en 1/4 por haberse sometido el sentenciado a procedimiento Abreviado, por lo que corresponde una nueva pena abstracta de TRES (3) AÑOS A CUATRO (4) AÑOS. En cuanto al delito de Tenencia Ilegal De Arma De Fuego De Uso Prohibido contempla una pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, agravada en 1/3, en virtud que el sentenciado fue condenado por el delito de Tenencia de Explosivos, y dicha conducta forma parte de las agravantes contenidas en el artículo 584 numeral 4) La tenencia de armas, municiones o explosivos ilícitos que tienen una gran potencialidad para causar daño, quedando la pena abstracta de seis (6) a ocho (8) años, la cual, debe ser rebajada en 1/4 por haberse sometido a Procedimiento Abreviado, por lo que al realizar el cálculo corresponde una pena de cuatro (4) años seis (6) meses a seis (6) años de prisión. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. En virtud que no se le podría aplicar retroactividad por la reforma al artículo 439 del Lavado de Activos, por contravenir Tratados Internacionales, asimismo el delito de Tenencia Ilegal De Arma De Fuego De Uso Comercial tiene mayor pena a la que fue condenado. El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer que no se otorgue la solicitud de ampliación presentada conforme los argumentos que anteceden.” (Folios 26-32 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de la condenada cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Aduciendo que el Código Penal decreto 130-2017 le es más favorable a su patrocinada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[6] CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [7] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[8], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[9]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[10]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[11] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[12]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[13] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCÍA fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha dos de octubre del año dos mil dieciocho, a la pena de ONCE AÑOS CON TRES MESES DE RECLUSIÓN por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. 2. A la pena de DOS AÑOS CON TRES MESES DE RECLUSIÓN por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. 3. A la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, articulo 332 B y 332 A del Código Penal decreto 144-2017. estimando que la condenada cometió el delito de Lavado de Activos, Tenencia ilegal de Armas de fuego de uso comercial y Tenencia Ilegal de Arma Prohibida. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando las procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. III. Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión Penal, se impuso al señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA las siguientes penas: La pena principal de ONCE AÑOS TRES MESES DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrada responsable como autora de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. La pena principal de DOS AÑOS TRES MESES DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrada responsable como autora de un delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGUIRIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. La pena principal de SEIS AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrada responsable como autora de un delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de LA SEGUIRIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Para la emisión de dicho fallo el juez primario estimo probados los siguientes hechos: [PRIMERO: Que en fecha seis de junio del 2018, miembros de inteligencia del Estado recibieron información donde les manifestaron que ese día saldría de Quimistan, Santa Bárbara dos vehículos los cuales se los describieron manifestándole que era un vehículo Amarox y un vehículo Nissan, donde se tenía conocimiento que los mismos transportarían droga hacia San Pedro Sula y que uno de los vehículos se transportaba una persona que estaba en lista de extraditados pero que se habían cambiado el nombre, es así que miembros de la policía Militar realizaron reten a la altura del batallón de Naco, Cortes, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, observaron que los dos vehículos que se les habían descrito iban pasando por el retén, por lo que hicieron señal para que se estacionaran, en el cual en el vehículo Toyota, color champagne, placas PDX-4705 era conducido por el señor que se identificó como MAGDALENO MEZA FUNEZ acompañado de la señora ERICKA YULISSA BANDI y en la parte trasera (paila) se encontraba el señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA acompañado del señor DANIEL TICAS y siendo que la policía Militar tenía sospechas por la actitud que estos mostraron decidieron realizar registros a los vehículos, para lo cual fueron transportados a las instalaciones del Batallón de Naco, Cortes. Una vez que se inició el registro por parte de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico en el vehículo Amarock Volkswagen, placas PDX-4704 conducido por el señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA en el asiento trasero se encontró un compartimento falso (Caleta) la cual contenía en su interior varias libertas con manuscritos, dos granadas de fragmentación y la cantidad de $193,200.00 (ciento noventa y tres mil dólares americanos) y una escritura pública a favor de MAGDALENO MEZA, seguidamente se realizó una inspección en el vehículo que era conducido por el señor MAGDALENO MEZA, en donde en la parte del conductor se encontró un interruptor del color negro el cual abrió un compartimento falso que se encontraba en el vehículo Amarok, dicho compartimento contenía en su interior armas de fuego, las cuales una vez analizadas por el laboratorio de Balística Forense determino que una de las armas contiene accesorios prohibidos. Resultado de las investigaciones que el señor JOSE SANTOS MEJIA LAINEZ posee a su nombre vehículos, sociedades mercantiles y propiedades y no ha justificado su origen, resultando de las investigaciones que el total de todos esos bienes excede de los 120 salarios mínimos, de igual manera de las investigaciones realizadas se establece que el señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA varios vehículos a su nombre, resultado de las investigaciones que el total de todos esos bienes excede de los 120 salarios mínimos.] (folio 894 del juzgado de letras) IV. Que en el caso sub examine, el peticionario, abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJÍA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha dieciséis de junio del año dos mil veintiuno, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal. En consideración a que su representado el señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA, fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS [y otros delitos] estando vigente la Ley Contra el Lavado de Activos, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal invocada por la recursista, establecía en el artículo 439 LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: […]. No obstante, a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido en tiempo y forma, y en el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[14], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos: ARTÍCULO 439. LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. Por tanto, de las legislaciones posteriores a la aplicada en la sentencia, por el principio de retroactividad se debe tomar en consideración, de las leyes posteriores a la norma derogada la que más beneficie al sentenciado. V. Que la comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Decreto Legislativo No 93-2021, contiene una mayor benignidad en relación a las normas penales derogadas y reformadas. VI. En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021 puesto que en ellos no se establece que por sí o por interpósita persona, la persona haya adquierido, convertido, invertido, posea, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. En tales hechos supra mencionados solo se establece, una serie de bienes que el señor MAXIMILIANO ECHVERRIA GARCIA no ha justificado su origen. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia no encuadran en la norma penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en el Código Penal vigente. VI. En relación a las otras conductas delictivas estas encuadran en el artículo 580.- TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Penas que se deben agravar por concurrir lo establecido en el artículo 584.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas previstas en este capítulo se incrementan hasta en un tercio (1/3) en los casos siguientes: La tenencia de armas, municiones o explosivos ilícitos que tienen una gran potencialidad para causar daño. Resultando las siguientes penas: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios, una pena de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses y localización permanente de hasta dos (2) años y si se trata de armas prohibidas una pena de seis (6) a ocho (8) años y localización permanente de hasta tres (3) años. VII. Tomando en cuenta que el encausado se sometió al procedimiento abreviado las penas mínimas se deben rebajar un cuarto (1/4)arrojando como pena: tres (3) años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años por el delito de tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios, y, una pena de cuatro y una pena de cuatro (4) años con seis (6) meses de prisión y localización permanente de hasta tres (3) años por la tenencia de armas de fuego prohibidas. Siendo que estas penas son impuestas en concurso real se debe hacer una comparación de penas global. En dicha ponderación las penas a imponer con el Código Penal decreto 130-2017 son mas benignas para el imputado. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA de una norma vigente que le resulta más benigna. En este caso, la pena a imponer debe ser de tres (3) años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años por el delito de tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios, y, una pena de cuatro y una pena de cuatro (4) años con seis (6) meses de prisión y localización permanente de hasta tres (3) años por la tenencia de armas de fuego prohibidas. En cuanto a la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos esta no se debe ejecutar en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado. CONSIDERANDO CATORCE(14): de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 53, 58 y 373 del Código Penal vigente; 403 y 404 del Código Procesal Penal. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJIA, a favor del señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA. II) SE REFORMA la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL en fecha dos de octubre del año dos mil dieciocho III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, TENENCIA ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: Dejando sin valor y efecto la pena impuesta al Señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS. SEGUNDO: CONDENANDO al Señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE DOS (2) AÑOS por el delito de TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES CARECIENDO DE LAS LICENCIAS O PERMISOS. Mas la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. TERCERO: CONDENANDO al Señor MAXIMILIANO ECHEVERRIA GARCIA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, a la pena de CUATRO (4) AÑOS SEIS (6) MESES DE PRISIÓN Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE TRES (3) AÑOS por el delito de TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES PROHBIDAS. Mas la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Alvarez Sagastume.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0635-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.
[7] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[8] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[9] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[10] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[11] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[12] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[13] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.
[14] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.