Sentencia RP-620-21 — Registro 18385
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de extorsión, en perjuicio de testigo protegido.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA, la condena por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de Extorsión, en perjuicio Testigo protegido. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos y el Código Penal Decreto 130-2017, en su artículo 373 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. Los sentenciados, al tenor del artículo 373 del nuevo Código Penal llevaron a cabo el delito de Extorsión, puesto que, con intimidación y ánimo de lucro, obligaron a otro a realizar un acto en perjuicio de su patrimonio. Para tal conducta el precitado artículo prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. La descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 139 al 144 del expediente del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes). III. El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, impuso la pena mínima por el delito sindicado, más seis (6) meses, en virtud de apreciar el tribunal sentenciador la concurrencia de una agravante, la cual se encontraba contenida en el numeral 23 del artículo 27 del Código Penal Derogado Decreto 144-1983 que literalmente dice: “Estar vinculados el agraviado y el ofensor por el matrimonio o la unión de hecho, o ser entre si ascendientes y descendientes por consanguinidad, o colaterales hasta el cuarto grado; por vínculos de adopción, o por afinidad hasta el segundo grado.”. No obstante, al realizar el análisis de las circunstancias agravantes del Nuevo Código Penal Vigente Decreto 130-2017, se puede determinar que la misma no se encuentra contenida en dicha normativa, por lo que no es procedente la aplicación de la misma. En virtud de lo cual procedería la imposición de la pena mínima, ya que no existen circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. En atención a ello, la pena a imponer seria de diez (10) años de prisión y la multa de quinientos (500) días, que a criterio de este Sala y siguiendo los parámetros de la pena mínima antes impuesta se deben imponer a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día. IV. La comparativa de penas entre las tres legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la norma penal vigente, o ley intermedia al momento de la petición de revisión penal, Decreto 130-2017, preveía sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado y las contenidas en el Decreto 93-2021 vigente a partir del 2 de noviembre del año 2021, según lo dispuesto en el artículo 11 del referido decreto, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley intermedia en favor de los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil vendidos. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por los abogados RENE ALTAMIRANO INTERIANO Y FARABUNDO MURILLO GODOY, a favor de los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve (9) de marzo del dos mil catorce (2014), con relación a la causa que se instruyó contra los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA, por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada KENIA YAQUELIN RIVERA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores ELDIN RENE PADILLA ROSALES, MILTON AARON GOMEZ COBOS, y ARLON ROBERTO REYES RODRIGUEZ, por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO.- (Folio 1 al 6 de la pieza del Juzgado) 2) Que, seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil catorce (2014), el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: ABSOLVER al acusado ARLON ROBERTO REYES RODRIGUEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JLE-1-12. SEGUNDO: CONDENAR al acusado ELDIN RENE PADILLA ROSALES, como autor responsable penalmente del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JLE-1-12 la pena de QUINCE (15) AÑOS CON SEIS (6) MESES de reclusión, más una multa de CINCUENTA (50) salarios mínimos. TERCERO: CONDENAR al acusado MILTON AARON GOMEZ COBOS, como autor responsable penalmente del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JLE-1-12 la pena de QUINCE (15) AÑOS CON SEIS (6) MESES de reclusión, más una multa de CINCUENTA (50) salarios mínimos.- CUARTO: Se declara a los condenados responsables civilmente sobre el importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los daños causados por el delito por el que es condenado.…”(Folios 139 al 144 de la pieza del Juzgado) 3) Que los recurrentes RENE ALTAMIRANO INTRIANO Y FARABUNDO MURILLO GODOY, en fecha seis de agosto de dos mil veinte, comparecieron ante el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando recurso de revisión penal a favor de los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve (9) de marzo del año dos mil catorce (2014) .- En consecuencia, el citado Juzgado resolvió inhibirse de seguir conociendo del recurso de mérito y ordena su remisión a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, siendo recibidas en fecha once de junio de dos mil veintiuno.- ( Folios 181 al 186 de la pieza del Juzgado) 5) Que en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. - (Folio 14 del Recurso de Revisión) 6) Que en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el abogado FARABUNDO MURILLO GODOY, en su condición de Apoderado Legal de los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS Y ELDIN RENE PADILLA, y la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra al apoderado legal recurrente, este expuso: “La defensa quiere indicar que mis representados en su momento fueron declarados culpables y se les impuso una pena concreta que oscila entre los quince años seis meses, a ambos verdad, de igual manera pues, con fundamento en el decreto 130-2017 el cual en su momento pues reguló una pena diferente, una pena más benigna a favor de los acusados, la defensa pues acudió vía recurso de revisión con fundamento de la ley de Justicia Constitucional.”. La representante del Ministerio Público, fue de la opinión: “Conforme a lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada se encuentra dentro del rango de pena abstracta imponible al delito de extorsión con arreglo al Código Penal vigente, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “La petición del presente recurso se enmarca en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el sentido de que procede la aplicación de una ley penal más benigna según decreto 130-2017, nuevo código penal actualmente vigente. El argumento de fondo en el presente recurso es que estando cumpliendo actualmente una pena conforme al artículo 621 del nuevo Código Penal, párrafo tercero, procede la revisión porque la nueva legislación establece una pena inferior a la impuesta en el Código anterior por el mismo delito. El motivo es que procede la aplicación conforme al artículo 96 de la Constitución de la República relacionado con el artículo 1 del nuevo Código Penal.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño, no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma, ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en el caso sub examine, los peticionarios abogados RENE ALTAMIRANO INTERIANO y FARABUNDO MURILLO GODOY, comparecieron ante este Alto Tribunal, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el señor ISRAEL FLORES CASTAÑEDA, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA, fueron condenados por los delitos de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Extorsión, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. CONSIDERANDO TRECE (13): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticionó o se apegó a ella en tiempo y forma. CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO QUINCE (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA fueron condenados por el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil catorce (2014), a la pena de QUINCE(15) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN Y A UNA MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión Simple. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA, la condena por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de Extorsión, en perjuicio Testigo protegido. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos y el Código Penal Decreto 130-2017, en su artículo 373 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. Los sentenciados, al tenor del artículo 373 del nuevo Código Penal llevaron a cabo el delito de Extorsión, puesto que, con intimidación y ánimo de lucro, obligaron a otro a realizar un acto en perjuicio de su patrimonio. Para tal conducta el precitado artículo prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. La descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 139 al 144 del expediente del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes). III. El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, impuso la pena mínima por el delito sindicado, más seis (6) meses, en virtud de apreciar el tribunal sentenciador la concurrencia de una agravante, la cual se encontraba contenida en el numeral 23 del artículo 27 del Código Penal Derogado Decreto 144-1983 que literalmente dice: “Estar vinculados el agraviado y el ofensor por el matrimonio o la unión de hecho, o ser entre si ascendientes y descendientes por consanguinidad, o colaterales hasta el cuarto grado; por vínculos de adopción, o por afinidad hasta el segundo grado.”. No obstante, al realizar el análisis de las circunstancias agravantes del Nuevo Código Penal Vigente Decreto 130-2017, se puede determinar que la misma no se encuentra contenida en dicha normativa, por lo que no es procedente la aplicación de la misma. En virtud de lo cual procedería la imposición de la pena mínima, ya que no existen circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. En atención a ello, la pena a imponer seria de diez (10) años de prisión y la multa de quinientos (500) días, que a criterio de este Sala y siguiendo los parámetros de la pena mínima antes impuesta se deben imponer a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día. IV. La comparativa de penas entre las tres legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la norma penal vigente, o ley intermedia al momento de la petición de revisión penal, Decreto 130-2017, preveía sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado y las contenidas en el Decreto 93-2021 vigente a partir del 2 de noviembre del año 2021, según lo dispuesto en el artículo 11 del referido decreto, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley intermedia en favor de los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 68, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados RENE ALTAMIRANO INTERIANO y FARABUNDO MURILLO GODOY, a favor de los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil catorce (2014); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA, por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los señores MILTON AARON GOMEZ COBOS y ELDIN RENE PADILLA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de EXTORSIÓN a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE QUINIENTOS (500) DÍAS, a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día multa, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrado ORTEZ CRUZ - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0620-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.LMPL.