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Sentencia RP-604-21 — Registro 16297

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a los delitos de secuestro y homicidio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “VI. Que en la parte resolutiva de la sentencia (Que denominaremos DOS) emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal, que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se le impuso al señor POMPILIO ORTEGA PALMA, la pena de CINCUENTA AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias correspondientes por el delito de SECUESTRO SEGUIDO DE HOMICIDIO. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble que dure la condena. Estableciendo el articulo 240 en su párrafo final: “Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. En cuanto al delito de homicidio plasmado en el Código Penal derogado, el Artículo 116 describe la conducta y ordena: “Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.” Mientras que el Código Penal vigente en su articulo 192.- Contempla el Homicidio. “Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.” Ponderando el quantum de la pena, el marco de penas abstractas el Código Penal Vigente no resulta menos gravoso para el encausado. VII. Dichos preceptos legales encuadran con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada, en tales hechos la victima de Secuestro falleció, lo que agrava el Secuestro y comporta la imposición de pena de prisión a perpetuidad. VIII. Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmado en las sentencias revisadas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor POMPILIO ORTEGA PALMA de una norma vigente ya que no le resulta más benigna.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil vientidos. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado TIRSO SADY ULLOA ULLOA, a favor del señor POMPILIO ORTEGA PALMA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil tres (2003), con relación a la causa que se instruyó contra el señor POMPILIO ORTEGA PALMA, por haberlo encontrado culpable de los delitos de SECUESTRO y HOMICIDIO en perjuicio de RICARDO KAFFIE LÓPEZ y ARLENE BARH, respectivamente. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de mayo de dos mil tres, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: ABSOLVIENDO DE RESPONSABILIDAD PENAL a SERGIO ANTONIO HERNANDEZ FLORES de generales conocidas, por el delito de Secuestro en perjuicio de Arlen Barh Cartagena.- SEGUNDO: CONDENANDO a POMPILIO ORTEGA PALMA, WILFREDO PADILLA AGUILAR, LUIS ALEXIS VARELA, todos de generales conocidas en preámbulo de esta sentencia a la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN POR EL DELITO DE SECUESTRO EN PERJUICIO DE ARLEN BARH CARTAGENA, Y A LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA.-Y MANDA: Que encontrándose firme el presente fallo y de no interponerse el recurso legal que en derecho diere lugar, el mismo surta efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.” (Folios 1246-1248 del tomo II del antecedente) 2) Que el Abogado TIRSO SADY ULLOA ULLOA, compareció ante este Tribunal, en fecha diez (10) de junio del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor POMPILIO ORTEGA PALMA, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna para su representado, mediante la implementación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1—3 del recurso de mérito) 3) En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles uno (1) de junio de dos mil veintidós (2022), a las once con treinta minutos de la mañana (11: 30 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 29 del recurso de mérito) 4) En fecha uno (1) de junio del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, asimismo, con la comparecencia de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JOSÉ HERIBERTO ZUNIGA ESPINAL, en su condición de Apoderado Legal del señor POMPILIO ORTEGA PALMA; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…como usted lo señaló fue condenado tal como constan en las diligencias de los expedientes 129-2015 del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, donde fue condenado a una pena de reclusión por el delito de Secuestro y Homicidio en perjuicio de Ricardo Kaffie López y en el otro caso particular en el caso de la señora Arlene Barh donde fue modificado el fallo proferido por la Sala Penal, al delito de Cómplice, el objetivo de la presente, es ratificar la solicitud de revisión penal…”El Ministerio Público consideró: “…Artículo 616: CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUESTRO SEGUIDO DE ASESINATO en perjuicio de RICARDO KAFFIE LOPEZ, por el cual se condenó al hoy imputado POMPILIO ORTEGA PALMA. El delito de SECUESTRO se sancionaba en el artículo 192 del código Penal derogado, con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida. "Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; c)….". De concurrir alguna de las circunstancias siguientes, la pena aplicable será de: 1) cuarenta (40) años de reclusión a privación de libertad de por vida si se ocasionare o diere lugar a la muerte del secuestrado… En el Nuevo Código Penal vigente el delito de SECUESTRO se encuentra regulado en el Artículo 239. - "Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de 8 12 años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Sin embargo, y siendo que de los hechos probados se desprende que el ofendido estuvo privado de su libertad por varios días y posteriormente fue encontrado muerto, concurre lo enunciado en comento, que señala: “Si se causa dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.” Así las cosas, esta Representación Fiscal es del criterio que la sentencia condenatoria en la que se le dictó una pena de 50 años, por los delitos de SECUESTRO SEGUIDO DE ASESINATO en perjuicio de RICARDO KAFFIE LOPEZ, las disposiciones contendidas en el Nuevo Código Penal Vigente, no resultan más favorables, en virtud que con la muerte del secuestrado se establece una pena a perpetuidad, y de los hechos probados se desprende que la víctima apareció muerta mientras permaneció en cautiverio, por lo que no es factible la aplicación del Principio de Retroactividad de la ley penal, al resultar más gravosa la pena, conforme a lo establecido en el artículo 615 de la norma penal en comento. No nos pronunciamos en cuanto a la revisión de la sentencia dictada contra el hoy condenado POMPILIO ORTEGA PALMA, por el delito de SECUESTRO en perjuicio de ARLENE BARH CARTAGENA, en virtud que la pena ya ha sido ejecutada completamente el 03 de marzo de 2021, conforme lo establecido en el artículo 622 del Código Penal Vigente. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 34-37 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SEIS (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[7] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO NUEVE (9): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente al señor POMPILIO ORTEGA PALMA se le ha condenado en dos sentencias. 1. Emitida por la Sala de lo Penal en fecha once de septiembre del dos mil siete, en relación a la causa que se instruyó por los delitos de SECUESTRO en perjuicio del señor ARLENE BAHR CARTAGENA imponiéndole la pena de veinte años de reclusión y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. 2. Emitida por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula Cortes en fecha ocho de agosto del año dos mil once, en relación a la causa que se instruyó por los delitos de SECUESTRO Y HOMICIDIO en perjuicio del señor RICARDO KAFIE LOPEZ imponiéndole la pena de cincuenta años de reclusión y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria emitida por la Sala de lo Penal se le condenó con fundamento en el artículo 192 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO. En la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Penal se le condenó con fundamento en el artículo 116 y 192 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO SEGUIDO DE HOMICIDIO. CONSIDERANDO DIEZ (10): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Que de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se constata que los hechos probados encajan con las descripciones de los tipos penales desarrollados en el Código Penal decreto 130-2017. III. Que en la parte resolutiva de la sentencia (Que denominaremos sentencia UNO) emitida por la Sala de lo Penal que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se le impuso al señor POMPILIO ORTEGA PALMA, la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias correspondientes por el delito de SECUESTRO. IV. En relación a la sentencia UNO, revisando el expediente 77-08, según Computo de Pena reformada, emitido por el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, la sentencia cumpliría su pena el tres (3) de marzo del año dos mil veintiuno (2021). Siendo un hecho notorio que a la fecha actual esa pena ya se ha cumplido, por lo cual no procede llevar acabo la Revisión. Esto en aplicación del artículo 622.- literalmente dice: PENAS EJECUTADAS, PRONUNCIAMIENTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN, REINCIDENCIA Y REEMPLAZO. No se revisarán las penas ya ejecutadas completamente sin perjuicio de que el Órgano Jurisdiccional competente que en el futuro pudiera tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia, deba examinarlas previamente para comprobar tanto si el hecho que fue objeto de la condena ha dejado de ser delito, como si hubiera podido corresponderle menor pena conforme al presente Código. En relación a condenas anteriores por delitos que en virtud de las modificaciones de cuantías han quedado convertidos en faltas, tales antecedentes son apreciables a efectos de reincidencia. Tampoco se revisará la pena en aquellos supuestos en que el término de su cumplimiento esté previsto con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Código. En los casos en que la pena esté ejecutada, aunque queden pendientes algunos otros pronunciamientos de fallo, tampoco se revisará la pena (…) V. Como consecuencia de lo antes expuestos no es materialmente posible llevar a cabo una Revisión de una sentencia que ya ha sido ejecutada, tal y como acontece en la sentencia UNO. VI. Que en la parte resolutiva de la sentencia (Que denominaremos DOS) emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal, que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se le impuso al señor POMPILIO ORTEGA PALMA, la pena de CINCUENTA AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias correspondientes por el delito de SECUESTRO SEGUIDO DE HOMICIDIO. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble que dure la condena. Estableciendo el articulo 240 en su párrafo final: “Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. En cuanto al delito de homicidio plasmado en el Código Penal derogado, el Artículo 116 describe la conducta y ordena: “Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.” Mientras que el Código Penal vigente en su articulo 192.- Contempla el Homicidio. “Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.” Ponderando el quantum de la pena, el marco de penas abstractas el Código Penal Vigente no resulta menos gravoso para el encausado. VII. Dichos preceptos legales encuadran con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada, en tales hechos la victima de Secuestro falleció, lo que agrava el Secuestro y comporta la imposición de pena de prisión a perpetuidad. VIII. Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmado en las sentencias revisadas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor POMPILIO ORTEGA PALMA de una norma vigente ya que no le resulta más benigna. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado TIRSO SADY ULLOA, a favor del señor POMPILIO ORTEGA PALMA. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redactó la magistrada Reina Hercules.- NOTIFIQUESE.-FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-604-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[7] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.