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Sentencia RP-588-21 — Registro 14874

Resumen

con relación a la causa que se instruyó contra recurrente, por el delito de Trafico de Influencias en perjuicio de la Administración Publica del Estado de Honduras que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala considera que el caso sub examine no encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor TEODORO BONILLA EUCEDA la pena principal de SEIS AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de TRAFICO DE INFLUENCIAS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. I- En el examen de los hechos concretos estampados en la sentencia en revisión (folio 99), estos encuadran en el artículo 490 del Código Penal Vigente. II- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de seis (6) a nueve (9) años, multa igual al doble del beneficio obtenido y la inhabilitación absoluta de cinco (5) a ocho (8) años. (Artículo 369 A) y el Código Penal vigente Decreto 130-2017. Establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta dos (2) a cinco (5) años, multa de cien (100) a trescientos (300) días e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión. Si se obtiene el beneficio perseguido, las penas se incrementan en un tercio (1/3) resultando una pena abstracta de cinco (5) años a 6 años y ocho (8) meses y multa de trescientos (300) días a cuatrocientos (400) días. (Artículo 490). Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas, en vista de la pena de inhabilitación absoluta; el Código Penal Vigente no es menos gravoso para el encausado. III. En relación a lo que expresa la recursista sobre las penas accesorias y la inhabilitación impuesta por el juzgador primario, es preciso apuntar que la pena de inhabilitación absoluta que señala el artículo 490 del nuevo Código, es parte de la pena principal estipulada para esa conducta delictiva, por lo tanto, no se puede separar u omitir dicha pena, ya que de hacerlo estaríamos ante una fragmentación de la norma penal, lo cual no permitiría la procedencia de la revisión penal. Siguiendo este orden de ideas es importante señalar que dicha pena de inhabilitación absoluta es parte de la pena principal del delito descrito en el artículo 490 del Código Supra mencionado, y su objetivo es: la privación definitiva de todos los honores, cargos u oficios públicos, aunque sean electivos, así como su incapacidad para obtener éstos u otros cargos u oficios públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena (artículo 43 nuevo Código Penal). V. En la sentencia sujeto a análisis al encausado se le condeno por el delito de Tráfico de Influencias donde la inhabilitación absoluta es de cinco años puesto que se le condeno a la pena mínima, y si se aplicara la pena del nuevo Código esta pena de inhabilitación absoluta alcanzaría los diez años, lo que vendría en desmedro de los beneficios para el encausado. Como conclusión, si bien es cierto el nuevo Código Penal muestra una reducción levísima en cuanto a la pena privativa de libertad, eleva el tiempo de la inhabilitación absoluta, lo cual sería un beneficio asimétrico para penado, que según lo peticionado y lo examinado por este Tribunal sería perjudicial, ya que no podría ejercer oficios públicos y acceder a ellos por un lapso más largo del que actualmente tiene impuesto. IV. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, aplicando la pena mínima tal y como lo hizo el juzgador primario, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado no le beneficia el nuevo Código Penal ya que no se puede hacer una aplicación fragmentada, tomando lo que le favorece y discriminando lo que no le favorece; la figura de la revisión de haberse de manera total no parcial. IV. Por tanto esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias concluye que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor TEODORO BONILLA EUCEDA de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “?procede? en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de marzo de dos mil veintidos. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de Revisión Penal interpuesto por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ a favor del Señor TEODORO BONILLA EUCEDA, contra la sentencia condenatoria dictada por la SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa que se instruyó contra el Señor TEODORO BONILLA EUCEDA, por el delito de TRAFICO DE INFLUENCIAS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis (06) de abril de dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte Suprema de Justicia, los Abogados GERRY YASSAR VALLADARES Y GELMER HUMBERTO CRUZ, en su condición de Agentes de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor TEODORO BONILLA EUCEDA quien ostentaba hasta esa fecha, el cargo de Concejal Vicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO DE INFLUENCIAS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PÙBLICA. (Folios 01-07 del Tomo I de la pieza del A-Quo) 2) Que una vez evacuado el procedimiento, y remitidos que fueron las diligencias al Tribunal de Sentencia, en fecha once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al señor TEODORO BONILLA EUCEDA, por un delito de TRAFICO DE INFLUENCIAS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PÙBLICA, a la pena concreta de SEIS (6) años de reclusión, a la que se le ha de computar el tiempo en que el imputado a estado en efectiva prisión por el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, pena que deberá cumplir el ahora condenado en la Penitenciaria Nacional, que el Juez de Ejecución determine. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al señor TEODORO BONILLA EUCEDA, por un delito de TRAFICO DE INFLUENCIAS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PÙBLICA, a una Multa de DOSCIENTOS MIL (200,000.00) lempiras, a favor del Estado de Honduras. TERCERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al Señor TEODORO BONILLA EUCEDA, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal de seis (6) años, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento carcelario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. CUARTO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL, del señor TEODORO BONILLA EUCEDA, de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado en la presente sentencia. QUINTO: No procede condenar en COSTAS, procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado TEODORO BONILLA EUCEDA. SEXTO: No procede decretar el COMISO EN VIRTUD DE NO HABERSE PUESTO EVIDENCIA A LA ORDEN DEL Tribunal de Sentencia, por esta causa penal.” (Folios 1282-1331 del Tomo III de la pieza del A-Quo) 3) Que la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ compareció ante este Tribunal en fecha siete (07) de junio de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor TEODORO BONILLA EUCEDA, contra la sentencia definitiva dictada por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-59 del recurso de mérito) 4) Que en fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 61 del recurso de mérito) 5) Que en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ en su condición de Apoderada Legal del Señor TEODORO BONILLA EUCEDA, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión. Manifestando la recurrente: “que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), que su representado fue condenado a la pena mínima conforme al artículo 369-A del Código Penal hoy derogado, no obstante el actual Código contemplado en el decreto 130-2017 establece según el artículo 490 que se le impone el delito de tráfico de influencia al funcionario o empleado público para conseguir un acto o resolución de naturaleza publica que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio cuyo pena oscile entre dos y cinco años más una multa entre cien y trescientos días más la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena, la prisión, en este caso mi representado fue condenado a la pena mínima y si se le aplica conforme al beneficio constitucional la pena debería de quedar para el en dos años, se habla que si obtuvo el beneficio o provecho se incrementara un tercio la pena, así lo dice el artículo 490. Si sumamos a una simple aritmética dos años son veinticuatro meses entre tres queda ocho meses, o sea dos años, ocho meses. Voy a demostrar con los medios de prueba que mi representado estuvo en el establecimiento de Tamara, dos años nueve meses diecisiete día, para esto bajo el beneficio que le otorga nuestra Constitución y la Convención de Derecho Humanos el estará cumpliendo la totalidad de la condena, sin contar que el artículo 39 del actual Código Penal ya reconoce el tiempo como parte de la condena de arresto domiciliario, pero aun apartando el arresto domiciliario mi representado estuvo recluido en el establecimiento penitenciario dos años nueve meses, de esta forma pido al honorable Tribunal que se le otorgue la carta de libertad definitiva, solicito que se le revoque la inhabilitación absoluta e interdicción civil de la cual fue condenado. En sentencia firme ordena que queda como penas accesorias la inhabilitación absoluta y la interdicción civil por el tiempo que dura la condena, si es cierto que el Código actual dice que por el doble que dura la condena pero mi representado en sentencia firme establece que es por el tiempo que dure la condena, entonces si ya está establecido por el tiempo que dure la condena y de la cual el Ministerio Publico no se opuso, solicito sean revocadas, estas medidas, estas penas accesorias, para que él pueda quedar habilitado en el ejercicio de la profesión”. La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión y se ordene se realice por parte del Juzgado de Ejecución un nuevo computo de la pena bajo el siguiente argumento: “De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Publico procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes a los delitos por el cual se condenó al imputado, en el caso del Código Penal derogado el delito de Tráfico de Influencias, se encontraba regulado en el artículo 369-A. El funcionario o empleado público que influya en otro funcionario o empleado público prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o empleado para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza para si o para un tercero, incurrirá en las penas de reclusión de cuatro (4) a siete (7) años, más una multa de cien mil (lps. 100, 000.00) a ciento cincuenta mil (lps. 150, 000.00) lempiras, e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. Si obtiene el beneficio perseguido, la reclusión será de seis (6) a nueve (9) años, multa igual al doble del beneficio obtenido y la inhabilitación de cinco (5) a ocho (8) años. En el nuevo Código Penal vigente (decreto 130-2017) el delito de TRAFICO DE INFLUENCIA se encuentra regulado en el ARTICULO 490.- TRÁFICO DE INFLUENCIAS COMETIDO POR FUNCIONARIO PÚBLICO. El funcionario o empleado público que influye en otro funcionario o empleado público prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir un acto o resolución de naturaleza pública que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero, debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de cien (100) a trescientos (300) días e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión. Si obtiene el beneficio perseguido, las penas se incrementan en un tercio (1/3). Al examinar el fallo emitido por el A quo, se aprecia que se condenó a Teodoro Bonilla Euceda a la pena de seis años de reclusión y la pena de multa de doscientos mil lempiras (L.200,000) con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de cien a trescientos días multa, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5,000.00). Aplicando en este caso la pena señalada en el artículo 490 del nuevo Código Penal vigente, decreto 130 -2017 de dos a cinco años, con el aumento de un tercio, ya que los hechos probados establecen que el condenado obtuvo el beneficio perseguido y aplicando la regla del articulo 69 en el numeral primero queda en una pena abstracta de cinco (5) años a seis (6) años ocho (8) meses de reclusión. Asimismo, contempla una pena multa de 100 a 300 días, y al hacer el aumento correspondiente de 1/3, quedaría en una pena multa de 130 días a 400 días, lo anterior de conformidad a los criterios establecidos para determinar la ley más favorable según el artículo 53 y 616 del nuevo Código Penal. Con relación a la solicitud planteada por la recurrente en relación a que su representado goza del beneficio de libertad Condicional y en aplicación de las reformas conforme al nuevo Código Penal solicita se le otorgue la libertad definitiva. Se debe mantener dicho beneficio, pues de los que se aprecia que efectivamente se encuentra en efectiva prisión desde el año 2017 y empezó a gozar del beneficio de libertad condicional a partir del 15 de diciembre del año 2020, por lo que deberá mantener dicho beneficio hasta cumplimentar la nueva pena. (Folios 74-78 del recurso de mérito).” CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en su petición: “Al entrar en vigencia y aplicación el nuevo Código Penal creado mediante Decreto Legislativo número 130-2017 publicado en el Diario Oficial La Gaceta numero 34,940 el cual entro en vigencia a parir del 25 de junio del año 2010, se solicita al honorable Tribunal de Alzada la aplicación del Derecho Individual Constitucional contenido en el artículo 96 de la carta magna: La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS(6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.

CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor TEODORO BONILLA EUCEDA fue condenado por la SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha once de septiembre del año dos mil diecisiete, a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN y multa de DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS por el delito de TRAFICO DE INFLUENCIAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 369 A; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Tráfico de Influencias. III- Esta Sala considera que el caso sub examine no encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor TEODORO BONILLA EUCEDA la pena principal de SEIS AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de TRAFICO DE INFLUENCIAS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. I- En el examen de los hechos concretos estampados en la sentencia en revisión (folio 99), estos encuadran en el artículo 490 del Código Penal Vigente. II- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de seis (6) a nueve (9) años, multa igual al doble del beneficio obtenido y la inhabilitación absoluta de cinco (5) a ocho (8) años. (Artículo 369 A) y el Código Penal vigente Decreto 130-2017. Establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta dos (2) a cinco (5) años, multa de cien (100) a trescientos (300) días e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión. Si se obtiene el beneficio perseguido, las penas se incrementan en un tercio (1/3) resultando una pena abstracta de cinco (5) años a 6 años y ocho (8) meses y multa de trescientos (300) días a cuatrocientos (400) días. (Artículo 490). Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas, en vista de la pena de inhabilitación absoluta; el Código Penal Vigente no es menos gravoso para el encausado. III. En relación a lo que expresa la recursista sobre las penas accesorias y la inhabilitación impuesta por el juzgador primario, es preciso apuntar que la pena de inhabilitación absoluta que señala el artículo 490 del nuevo Código, es parte de la pena principal estipulada para esa conducta delictiva, por lo tanto, no se puede separar u omitir dicha pena, ya que de hacerlo estaríamos ante una fragmentación de la norma penal, lo cual no permitiría la procedencia de la revisión penal. Siguiendo este orden de ideas es importante señalar que dicha pena de inhabilitación absoluta es parte de la pena principal del delito descrito en el artículo 490 del Código Supra mencionado, y su objetivo es: la privación definitiva de todos los honores, cargos u oficios públicos, aunque sean electivos, así como su incapacidad para obtener éstos u otros cargos u oficios públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena (artículo 43 nuevo Código Penal). V. En la sentencia sujeto a análisis al encausado se le condeno por el delito de Tráfico de Influencias donde la inhabilitación absoluta es de cinco años puesto que se le condeno a la pena mínima, y si se aplicara la pena del nuevo Código esta pena de inhabilitación absoluta alcanzaría los diez años, lo que vendría en desmedro de los beneficios para el encausado. Como conclusión, si bien es cierto el nuevo Código Penal muestra una reducción levísima en cuanto a la pena privativa de libertad, eleva el tiempo de la inhabilitación absoluta, lo cual sería un beneficio asimétrico para penado, que según lo peticionado y lo examinado por este Tribunal sería perjudicial, ya que no podría ejercer oficios públicos y acceder a ellos por un lapso más largo del que actualmente tiene impuesto. IV. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, aplicando la pena mínima tal y como lo hizo el juzgador primario, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado no le beneficia el nuevo Código Penal ya que no se puede hacer una aplicación fragmentada, tomando lo que le favorece y discriminando lo que no le favorece; la figura de la revisión de haberse de manera total no parcial. IV. Por tanto esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias concluye que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor TEODORO BONILLA EUCEDA de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ a favor del Señor TEODORO BONILLA EUCEDA. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0588=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.