Sentencia RP-587-20 — Registro 14709
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia dictada por el Tribunal con relación a la causa que se instruyó por el delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas en perjuicio de salud pública del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante sea más favorable a este.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos, el ahora recurrente Javier Gabino Varela Fúnez fue condenado por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico o Consumo Ilícito de Drogas a una pena de ocho (8) años de prisión y una multa de setenta y cinco mil lempiras (L.75,000), contemplado en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; y en el nuevo código penal, se prevé una pena de cuatro (4) a siete (7) años de prisión si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años de prisión en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo 312 del Código Penal. razones estás que se marcan dentro de las circunstancias exigidas en dicho artículo, y por lo tanto es evidente que la nueva Ley Penal contiene una pena más benigna, que es la condición prevista en la Ley sobre Justicia Constitucional para aplicarla de forma retroactiva; y por consiguiente es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán el dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), para la ejecución de una nueva pena, es decir de tres (3) años, seis (6) meses de prisión y multa de trescientos (300) días o su equivalente en lempiras que corresponde a seis mil lempiras exactos (L.6,000.00), al aplicarle la pena menor de día multa (L.20); penas a las cuales se le debe de abonar el tiempo que haya cumplido hasta ajustar su totalidad, condenándose también a la pena accesoria de inhabilitación absoluta. Lo anterior, en vista que de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, al haberle decomisado únicamente la cantidad de 0.8 gramos de marihuana y 3.5 gramos de cocaína crack, se deduce que es de menor gravedad, ya que el señor Javier Gabino Varela Fúnez su participación fue tener en su vivienda la droga que causa grave daño a la salud conocida como cocaína crack.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que Literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.-Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado CARLOS JAVIER RODRIGUEZ FUENTES, favor del señor JAVIER GABINO VARELA FUNEZ, contra las sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JAVIER GABINO VARELA FUNEZ, por el delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, la Abogada JENNY OFELIA AVILA TURCIOS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JAVIER GABINO VARELA FUNEZ, por suponerlo responsable a Título de Autor de la Comisión del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-(Folios 28 al 32 de pieza del Juzgado) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencias de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA:… CONDENAR al señor JAVIER GABINO VARELA FUNEZ, responsable civilmente de los delitos de los cuales se le condena.- No procede condenar en costa al señor JAVIER GABINO VARELA FUNEZ…” (Folios 559 al 564 de la pieza del Juzgado) 3) Que el recurrente, Abogado CARLOS JAVIER RODRIGUEZ FUENTES, compareció ante este Tribunal en fecha treinta y uno de julio del año dos mil veinte, presentando recurso de revisión penal a favor del señor JAVIER GABINO VARELA FUNEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, en fecha dieciseises (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). 4) Que en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 5) Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado CARLOS JAVIER RODRIGUEZ FUENTES, en su condición de Apoderado Legal del señor JAVIER GABINO VARELA FUNEZ, y la Abogada SUSSY G COELLO GARCIA en su condición de Fiscal del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha treinta y uno de julio de dos mil veinte, se presenta ante esta Sala de lo Constitucional el presente Recurso de Revisión Penal a favor del Señor JAVIER GABINO VARELA FUNEZ, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), fundamentando su acción en el artículo 86 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), enmarcándolo en el artículo 311, al referir que establece una pena aplicable al delito de Tráfico de Drogas de dos (2) meses a cinco (5) años de prisión, porque de las circunstancias del hecho y las personales del culpable se deduce una menor gravedad, dando a entender que la conducta delictiva de su representado no se puede enmarcar dentro de las agravantes que refiere dicho artículo. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo adopta la garantía Constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte de un proceso penal, pueda practicar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentra firme; en este sentido manda que la Ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir.- En ese orden el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedido de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del Garantista expresados en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho (8) del artículo 96, 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 186 de la Constitución de la República, que determinan la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “La objeción contra la sentencia firme, dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, y de donde resulta el motivo del recurso extraordinario de revisión lo constituye que al hacer estudio de la sanción correspondiente de delito juzgado, con aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos pero novada con posterioridad al juzgamiento respetivo, esta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria, a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, ya que ahora es menor la sanción por ese ilícito penal, por haber sido reducida la misma en el nuevo código penal vigente…” CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, con la comparecencia de la Abogada Sussy G. Coello Garcia, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Carlos Javier Rodríguez Fuentes, en su condición de Apoderada del señor JAVIER GABINO VARELA FUNEZ; manifestando este último que por este acto
vengo a ratificar el Recurso de Revisión que hemos interpuesto con anterioridad y ante los elementos probatorios ya se encuentran incorporados, que es la copia de la prueba toxicológica, el computo de la pena y la certificación de la sentencia de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019). APRECIACION JURIDICA: El Ministerio Público señala que la sentencia definitiva dictada en fecha cuatro dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual se Condenó al señor Javier Gabino Varela Fúnez, a la pena de SIETE(7)AÑOS DE PRISION Y UNA MULTA DE SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.62,500), por el delito de Facilitación del local para el tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública. Que la causal de revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes, cuando: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…;
8).- Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar la vigencia del actual Código Penal, como norma sustantiva y en aplicación al artículo 311, su representado puede obtener un beneficio y reducirle la pena condenatoria. CONCLUSION DEL MINISTERIO PUBLICO: De lo expuesto, el Ministerio Público aprecia que del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán condeno al señor Javier Gabino Varela Fúnez, por el delito de Facilitación del local para el tráfico ilícito de drogas, de conformidad con los dispuesto en el artículo 22 de la Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, el cual sancionaba esta infracción a la imposición de una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil (50,000) a cien mil (100,000) lempiras mas las accesorias que le correspondan. Por otra parte, el actual Código Penal aprobado mediante decreto 130-2017, en el párrafo segundo del artículo 311, dispone: “Las penas de prisión a imponer deben de ser en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable se deduzca una menor gravedad”. En tal sentido, se aprecia que la pena aplicable al delito de Tráfico Ilícito de Drogas es castigado con la pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años, ya que de conformidad a los establecido en el párrafo segundo del artículo 321, se debe de considerar que la droga decomisada al encausado causa grave daño a la salud por tratarse de cocaína y crack, por lo que la pena a imponer resulta más favorable al condenado, siendo de la opinión, que se declare con lugar la presente acción de revisión del que se ha hecho merito. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor… Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualizan los hechos concretos y probados, esbozados en la sentencia condenatoria así mismo sus penas y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República de Honduras en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala hace su exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el Señor JAVIER GABINO VARELA FUNEZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, a una pena principal de OCHO(8)AÑOS DE PRISION Y UNA MULTA DE SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.75,000), por el delito de Facilitación de local para el tráfico o consumo ilícito de drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras; así como a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 32, 63, 64 y 105 del Código Penal; 1 y 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; 1 y 322 del Código Procesal Penal; estimando que el condenado cometió el delito FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO O CONSUMO ILÍCITO DE DROGAS. CONSIDERANDO QUINCE (15): Sentencia que se recurre a través de la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. La emitida por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual “FALLA: 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencias de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA:… CONDENAR al señor JAVIER GABINO VARELA FUNEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO O CONSUMO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION, la cual deberá de cumplir en la Penitenciaria Nacional de Santa Rosa de Copan, debiendo abonársele el tiempo que se ha mantenido privado de su libertad por esta causa, quedando sujeto a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. También se le condena a la pena principal de SETENTA Y CINCO MIL (75,000.00) LEMPIRAS DE MULTA, misma que deberá enterar en la Tesorería General de la República de Honduras. Como consecuencia de la pena de reclusión se le CONDENA, también a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante sea más favorable a este.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos, el ahora recurrente Javier Gabino Varela Fúnez fue condenado por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico o Consumo Ilícito de Drogas a una pena de ocho (8) años de prisión y una multa de setenta y cinco mil lempiras (L.75,000), contemplado en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; y en el nuevo código penal, se prevé una pena de cuatro (4) a siete (7) años de prisión si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años de prisión en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo 312 del Código Penal. razones estás que se marcan dentro de las circunstancias exigidas en dicho artículo, y por lo tanto es evidente que la nueva Ley Penal contiene una pena más benigna, que es la condición prevista en la Ley sobre Justicia Constitucional para aplicarla de forma retroactiva; y por consiguiente es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán el dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019), para la ejecución de una nueva pena, es decir de tres (3) años, seis (6) meses de prisión y multa de trescientos (300) días o su equivalente en lempiras que corresponde a seis mil lempiras exactos (L.6,000.00), al aplicarle la pena menor de día multa (L.20); penas a las cuales se le debe de abonar el tiempo que haya cumplido hasta ajustar su totalidad, condenándose también a la pena accesoria de inhabilitación absoluta. Lo anterior, en vista que de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, al haberle decomisado únicamente la cantidad de 0.8 gramos de marihuana y 3.5 gramos de cocaína crack, se deduce que es de menor gravedad, ya que el señor Javier Gabino Varela Fúnez su participación fue tener en su vivienda la droga que causa grave daño a la salud conocida como cocaína crack. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia el pronunciamiento del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos1.1, 9, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 96 numeral 8; 1, 53 y 311 del Código Penal; 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Carlos Javier Rodríguez Fuentes a favor del señor Javier Gabino Varela Fúnez; SEGUNDO: Se DECRETA LA NULIDAD PARCIAL de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecinueve (2019). TERCERO: Se MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor Javier Gabino Varela Fúnez, por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico o Consumo Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, la cual deberá de leerse de la siguiente manera: FALLA: CONDENAR al señor Javier Gabino Varela Fúnez, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a una pena de tres (3) años, seis (6) meses de prisión y multa de trescientos (300) días o su equivalente en lempiras que corresponde a seis mil lempiras exactos (L.6,000.00), más la accesoria de inhabilitación absoluta, por el tiempo que dure la pena principal.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que proceda al cumplimiento del presente fallo; Redacto el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0587-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3] Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
[4] Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[5] Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.