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Sentencia RP-577-20 — Registro 14707

Resumen

Se interpusieron Recursos de Revisión Penal, ambos recursos contra la sentencia condenatoria con relación al delito de Secuestro.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del principio de legalidad en relación con el artículo 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al estudiar las presentes diligencias da respuesta a lo demandado por la defensa técnica del encausado Brayan Roberto Manzanares Escobar en la formalización del amparo de mérito, encontrando que no procede el otorgamiento del amparo solicitado. En respuesta a lo expresado por los garantistas en su escrito de formalización, este alto tribunal aclara que no se encuentra previsto constitucionalmente lo solicitado por los amparistas en lo referente a que haga su propia valoración probatoria; y en ese sentido, dictar la procedencia o no de sobreseimiento o auto de formal procesamiento. Sobre estos temas la Sala cuenta con abundante y consolidada jurisprudencia, en cuanto a dejar sentado el parecer de que dichos temas corresponden ser dilucidados por los órganos de instancia. Así mismo que lo que corresponde determinar a este alto tribunal de justicia es lo que dispone el citado artículo 183 reformado constitucional y el 41 de la Ley sobre justicia constitucional. Teniendo en cuenta estos aspectos, este alto tribunal de justicia observa que lo referido por los demandantes de amparo en su escrito de formalización se circunscribe básicamente a denunciar la violación de los derechos de defensa, igualdad de partes y debido proceso, en virtud de los puntos siguientes: a) la corte de apelaciones valoró y dio crédito a un medio de prueba nulo, con el cual se tomó la decisión de revocar el sobreseimiento provisional y dictar en su lugar el auto de formal procesamiento en contra de Brayan Roberto Manzanares Escobar; b) dicho medio probatorio consiste en la declaración testifical del ciudadano identificado con clave F-18, obtenida en forma anticipada; c) la nulidad se basa en que dicha declaración se rindió sin la comparecencia del apoderado legal del encausado Brayan Roberto Manzanares; d) se citan como fundamentos legales normas procesales que niegan eficacia probatoria a los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la constitución y convenios internacionales de derechos humanos; y e) otra razón para solicitar la nulidad del mencionado medio probatorio es que, en el acta correspondiente falta la firma de la defensora pública que estuvo presente durante la declaración del testigo F-18. Conforme a lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional entra a conocer el presente caso evitando hacer valoración probatoria en virtud de que eso corresponde exclusivamente a los órganos de instancia y se centra nada más en el examen que corresponde a la validez del medio de prueba cuestionado por los amparistas; asimismo establecer si lo denunciado por ellos, constituye una violación a los derechos invocados como conculcados. La invalidez de la prueba, alegada por los amparistas, se basa en dos argumentos: El primero de ellos es de índole formal relacionado con la falta de firma de la defensora al final del acta que contiene la declaración testifical; y la segunda es de carácter material, que consiste en que el encausado Brayan Roberto Manzanares Escobar, no contó al momento de esa declaración testifical de un defensor técnico jurídico que velara por sus derechos. Con relación al vicio de la falta de firma, cabe apuntar que en el acta consta que la abogada María del Mar Pagán estuvo presente en su condición de defensora, en dicha comparecencia testifical, inclusive consta que dicha profesional del derecho tuvo intervención en la misma haciendo preguntas al testigo F-18. De manera que, como bien señala la corte ad quem, su falta de firma en el acta no significa en absoluto la inexistencia de defensa técnica en dicha audiencia. Sobre este mismo punto cabe resaltar también que dicha audiencia no tiene relación directa con la imputación que se le hace a Brayan Roberto Manzanares, en virtud de que lo aprovechable en dicha declaración es que el testigo reconoce plenamente el encausado Wilson Javier López Acevedo, y que éste andaba acompañado por otra persona, también involucrada en estos hechos. De manera que, en realidad esta declaración, si bien involucra a alguien, por sí sola no identifica al señor Brayan Roberto Manzanares, quien en el momento de tomarse dicha declaración no había sido habido, ni imputado por la autoridad, razón que justifica no tener representación procesal en dicha audiencia testifical. De lo declarado por el testigo no existe nada que haga insoslayable la presencia de un defensor técnico jurídico representando a Brayan Roberto Manzanares Escobar. Por otro lado, en cuanto a la falta de firma, se hace notar que el alegato expuesto por los amparistas es una cuestión puramente de forma y no de contenido; pues, en ningún momento su alegato se dirige a establecer y demostrar la falta de defensa técnica en sí misma, lo cual si es un alegato en relación con los derechos de defensa y debido proceso; sino que, el alegato en realidad, versa sobre la falta de una firma en el acta levantada de una audiencia, hecho que no tiene nada que ver con el derecho de defensa sino de un lapsus calami o error material que puede ser, como bien indica la corte de apelaciones, un acto subsanable. Finalmente, pero no menos importante, es señalar que, siempre en relación con el asunto de la firma faltante debe imponerse de manera clara que, la firma que sí es imprescindible, y que sí da validez plena al acta levantada es la del secretario del despacho, porque en su carácter de fedatario público, es quien da fe de los comparecientes al acto; y de forma sucinta, lo actuado por cada uno de ellos. En todo caso, para la Sala de lo Constitucional, cabe agregar que, lo relacionado en el acta es prueba iuris tantum, que tiene fuerza probatoria plena, salvo prueba en contrario. Por lo que se debe agregar que, el alegato de los amparistas tendría acogida por este tribunal, si hubieran acreditado de manera fehaciente lo siguiente: a) la relación directa entre la declaración cuestionada con el encartado Brayan Roberto Manzanares como sujeto amparable, y por ende, la afectación que dicha declaración le causa; y, b) la falta de defensa técnica con relación a Brayan Roberto Manzanares, lo cual es muy distinto en este caso a la ausencia de un defensor suyo en un acto donde no se le menciona en absoluto. No concurriendo ninguno de estos elementos, se estima que no son de recibo ninguno de los alegatos sostenidos por los impetrantes. En virtud de todo lo anterior, procede denegar la garantía constitucional de que se hace mérito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Revisión Penal, interpuestos por: 1.-La señora Lucresia de Jesús Velásquez Aguilar, actuando en su condición de madre del señor Williams Armando Gevawer Velásquez (Reg. 557-2020) a través de su Apoderado Legal, el Abogado Carlos René Salgado Martínez; y 2.-Por los Abogados Gloria Elizabeth Rosales Pineda y Marlon Ricardo Sánchez Pineda, a favor de la señora Jennifer Cristina Córdova Valladares (Reg.206-2021), ambos recursos contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha quince de diciembre de dos mil once, con relación a la causa que se instruyó contra los señores Williams Armando Gevawer Velásquez y Jennifer Cristina Córdova Valladares por el delito de Secuestro en perjuicio de la señora K. M. C. G.. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete de septiembre de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Karla Yaneth Zavala Mendoza, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Jennifer Cristina Córdova Valladares y Williams Armando Gevawer Velásquez, por el delito de Secuestro en perjuicio de K. M. C. G.. (Folios 1-7 del antecedente). 2) Que en fecha quince de diciembre de dos mil once, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Condenar como en efecto condenamos al señor WILLIAMS ARMANDO GEVAWER VELASQUEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como COAUTOR penalmente responsable del delito de SECUESTRO en perjuicio de la joven K. M. C. G., por el cual se le ha causado, a la pena de VEINTISEIS (26) AÑOS DE RECLUSIÓN, pena a la que se le ha de descontar el tiempo que dicho acusado haya estado en efectiva prisión como consecuencia de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto y que deberá cumplir el condenado en la Penitenciaría Nacional que determine el Juez de Ejecución competente. SEGUNDO: Condenar como en efecto condenamos a la señora JENNIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como COAUTORA penalmente responsable del delito de SECUESTRO en perjuicio de la joven K. M. C. G., por el cual se le ha acusado, a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN, pena a la que se le ha de descontar el tiempo que la acusada haya estado en efectiva prisión como consecuencia de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto y que deberá cumplir la condenada en la Penitenciaría Nacional que determine el Juez de Ejecución Competente. TERCERO: Condenar a los señores WILLIAMS ARMANDO GEVAWER VELASQUEZ Y JENNIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. CUARTO: Declarar la responsabilidad Civil de señores WILLIAMS ARMANDO GEVAWER VELASQUEZ Y JENNIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES, la que deberá ser fijada en la fase de ejecución de la pena. QUINTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a los acusados ni al Ministerio Público SEXTO: No procede decretar el Comiso y se ordena la devolución de un celular color negro con gris, marca Sony Ericcson, modelo S302, conteniendo una sim card de la compañía Tigo 98466103, con batería e IMEI 35653602696331-7, a la persona que demuestre ser su legítimo propietario. SEPTIMO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales.” (Folios 217-236 del antecedente) 3) Que, la señora Lucresia de Jesús Velásquez Aguilar, actuando en su condición de madre del señor Williams Armando Gevawer Velásquez, asimismo, los Abogados Gloria Elizabeth Rosales Pineda y Marlon Ricardo Sánchez Pineda, actuando en su condición de Apoderados legales de la señora Jennifer Cristina Córdova, comparecieron ante este Tribunal, en fechas treinta y uno de julio de dos mil veinte y veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, respectivamente, presentando recurso de revisión penal a favor de los señores Williams Armando Gevawer Velásquez y Jennifer Cristina Córdova Valladares, respectivamente, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), que establece una pena más favorable para sus representados. (Folios 1—5/28-29 vuelto del recurso de mérito) 4) En fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal y en virtud de haber sido imposible el señalamiento de la audiencia dentro del plazo contemplado por el artículo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por causas no previstas atinentes a la agenda del pleno de esta Sala de lo Constitucional, en consecuencia, se dispone en aplicación de lo establecido en el artículo 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, citar a las partes para audiencia que se celebrará el día jueves veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), a las nueve con cincuenta minutos de la mañana (09: 50 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 46 del recurso de mérito) 5) En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Carlos René Salgado Martínez, en su condición de Apoderado Legal del señor Williams Armando Gevawer Velásquez, y la Abogada Gloria Elizabeth Rosales Pineda, Apoderada Legal de la señora Jennifer Cristina Córdova Valladares; se le cedió la palabra al Abogado Carlos René Salgado Martínez para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Por medio de este acto vengo a ratificar el recurso de revisión interpuesto a favor del señor Williams Armando Gevawer Velásquez, en virtud de que el decreto 130-2017 del Nuevo Código Penal por contener una pena más favorable a mi representado por el delito por el cual fue condenado. Acto seguido, se le cedió la palabra a la Abogada Gloria Elizabeth Rosales Pineda, quien manifestó lo siguiente: Comparece ratificando la pretensiones y motivos contenidos en el recurso extraordinario que obra en el expediente 206-2021, …con el propósito de que esta honorable Sala pueda apreciar con la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal el beneficio de la ley más favorable a mi representada, la señora Jennifer Cristina Córdova Valladares, quien fue condenada a la pena de veinticinco años, inhabilitación absoluta e interdicción civil, mediante sentencia firme, por haberla encontrado culpable del delito de Secuestro, en perjuicio de K. M. C. G.….TERCERO: Honorable Sala de lo Constitucional, al hacer una comparación entre las penas establecidas para el delito de SECUESTRO por el cual fue condenada nuestra representada, existe una variación sustancial en las penas, véase en el decreto 144-83 de fecha 23 de agosto 1983, la pena consignada en el artículo 192 de este cuerpo legal establece una pena mínima de 20 años a privación de la libertad de por vida, en comparación con lo establecido en el Decreto Legislativo 130-2017, de fecha 18 enero 2018, publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 34,940, de fecha 10 de mayo del 2019, con vigencia partir del 25 junio del 2020, decreto contentivo del nuevo Código Penal, que indica la pena para el delito de SECUESTRO, en su artículo 239, la establece de la siguiente manera: "de ocho a doce años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena"., indudablemente la nueva ley, contenida en el Decreto Legislativo 130-2017, de fecha 18 enero 2018; es más benigna para nuestra representada, y tomando en consideración la Sentencia Penal Condenatoria que se encuentra Firme en la referida sentencia, se le aplico a nuestra poderdante la pena conforme al código penal derogado, ósea una condena de 25 (veinticinco) años de reclusión, así se encuentra plasmado en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia que obra en folio 236 del expediente número 58-2016 J/N, en consecuencia por aplicación de analogía y por el principio de interpretación Pro Homine se pide la revisión de la sentencia firme, y que se modifique a favor de nuestra patrocinada. El Ministerio Público consideró: Al examinar lo peticionado por el revisionista, en el presente caso concurren agravantes por lo que la pena a imponer será de 15 a 20 años de reclusión y de conformidad a la ocurrencia de los hechos correspondería imponer la pena de 20 años de reclusión, en virtud de lo cual resulta evidente que la aplicación de la nueva Ley penal resulta más favorable al reo, de conformidad con lo preceptuado el artículo 96 tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado. "De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por ser esta más benigna al condenado. OPINION: Visto razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. Una vez concluida la exposición de los recurrentes se les cede palabra a las partes para proseguir con la audiencia y proceder a la recepción de pruebas y se les hace formal advertencia que el recurso de revisión no es otra instancia del procedimiento, por lo que las pruebas deberán estar encaminadas a demostrar o desacreditar la causal de revisión alegada, sin entrar en apropiaciones propias de instancia o desligadas a la causal de revisión. Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista la Abogada Gloria Elizabeth Rosales Pineda, para que presentara la prueba que considerara pertinente, exponiendo lo siguiente: Propone como medio de prueba el artículo 143.2 del Nuevo Código Penal estipulado anteriormente en el artículo 87 del viejo Código Penal, la cual tipifica la pena de Secuestro y al igual el decreto 130-2017, en virtud de que su representada no tenía laso sanguíneo con la agraviada. En ese mismo acto, se le cedió nuevamente la palabra al Abogado Carlos René Salgado Martínez, para que presentara algún medio de prueba que estimara pertinente, a lo que manifestó: Solicitó la pena mínima de 15 años de reclusión contemplada en el artículo 240. Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por los recurrentes o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: No tiene ningún medio de prueba que ofrecer. La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 50-55 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista Carlos Rene Salgado Martínez señala en los antecedentes: “En fecha 25 de junio del 2020, entró en vigencia el decreto 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal vigente en la republica de Honduras el cual contempla una pena más benigna para el delito de secuestro, se solicita la aplicación de la retroactividad de la ley, en virtud de que la nueva legislación es más benigna”. La recurrente Gloria Elizabeth Rosales Pineda dejo establecido en su escrito: “Al hacer una comparación de las penas previstas para el delito de Secuestro por el cual fue condenada nuestra representada existe una variación sustancial en las penas, en el decreto 144-83. La pena consignada en el artículo 192 establece una pena de mínima de veinte (20) años a privación de la libertad por vida, en comparación con lo establecido en el decreto legislativo 130-2017 que indica la pena para el delito de Secuestro en su artículo 239, de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día veintitrés del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado CARLOS RENE SALGADO MARTINEZ, quien actúa en representación del señor WILLIAM ARMANDO GEVAWER MARTINEZ, la abogada GLORIA ELIZABETH ROSALES PINEDA quien actúa en condición de apoderada legal de la señora JENNIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES y la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra al abogado CARLOS RENE SALGADO MARTINEZ, expuso: En virtud que el Decreto N°130-2017 que contiene el nuevo código penal favorece a mi representado y es el que se debería de aplicar por ser el decreto que contiene la pena más favorable por el delito al cual fue condenado mi representado. Cedida la palabra a la abogada GLORIA ELIZABETH ROSALES PINEDA, expuso: “Nuestra representada; fue condenada a la pena de veinticinco(25) años de reclusión, e inhabilitación absoluta e interdicción civil, mediante sentencia firme dictada por el Honorable Tribunal de Sentencias de la Sección Judicial de Tegucigalpa, el quince de diciembre del año dos mil once; por haberla encontrado culpable del delito de SECUESTRO, en perjuicio de K. M. C. G.; aplicando para tal delito el Código Penal derogado que estaba contenido en el Decreto 144-83 de fecha 23 de agosto 1983, nuestra patrocinada, inicio a cumplir su condena en fecha 16 de septiembre 2010, fecha en que fue aprehendida; quien hasta la fecha ha cumplido once (11) años, con siete (7) días de estar en prisión, misma que está cumpliendo en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 130-2017, de fecha 18 enero 2018, publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 34,940, de fecha 10 de mayo del 2019. Con vigencia partir del 25 junio del 2020, decreto contentivo del nuevo Código Penal, mismo que en su “artículo 615 párrafo primero, establece que los delitos y faltas cometidos hasta la entrada en vigencia del presente código, se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan ser más favorables tomadas en su conjunto en cuyo caso se aplican estas”. Honorable Sala de lo Constitucional, el nuevo código penal en su artículo 616, establece los criterios para la aplicación de la ley más favorable y de forma precisa en el párrafo segundo establece que; para realizar las valoraciones se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 186 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional siendo por supremacía de la ley competencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia conocer del Recurso Extraordinario de Revisión en Materia Penal. Al hacer una comparación entre las penas establecidas para el delito de SECUESTRO por el cual fue condenada nuestra representada, existe una variación sustancial en las penas, véase en el decreto 144-83 de fecha 23 de agosto 1983, la pena consignada en el artículo 192 de este cuerpo legal establece una pena mínima de 20 años a privación de la libertad por vida, en comparación con lo establecido en el Decreto Legislativo 130-2017, de fecha 18 enero 2018, publicado en el Diario Oficial la Gaceta número 34,940, de fecha 10 de mayo del 2019, con vigencia partir del 25 junio del 2020, decreto contentivo del nuevo Código Penal, que indica la pena para el delito de SECUESTRO, en su artículo 239, la establece de la siguiente manera: ”de ocho a doce años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena”. Honorables Magistrados que integran esta Sala, indudablemente la nueva ley, contenida en el Decreto Legislativo 130-2017, de fecha 18 enero 2018; es más benigna para nuestra representada, y tomando en consideración la Sentencia Penal Condenatoria que se encuentra Firme en la referida sentencia, se le aplico a nuestra poderdante la pena conforme al código penal derogado, ósea una condena de 25 (veinticinco) años de reclusión, así se encuentra plasmado en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia que obra en folio 236 del expediente número 58-2016 J/N, en consecuencia por aplicación de analogía y por el principio de interpretación Pro Homine se pide la revisión de la sentencia firme, y se modifique a favor de nuestra patrocinada le sea aplicable la pena mínima establecida para al delito de Secuestro según el nuevo código penal. Es importante señalar que la Señora JENNIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES, ya ha cumplido once (11) años con siete (7) días de reclusión, tal y como se observa en el folio 331, Computo de la pena, en el que describe la fecha en que la señora Córdova Valladares, fue privada de su libertad; y según el Principio In dubio pro reo, ya que a ella no se le aplico la pena máxima, se le debe establecer la pena mínima que es de ocho (8) años, según prescribe el Artículo 239 contentivo del nuevo código penal contenido en el Decreto 130-2017. Según esta norma mínima, nuestra representada ya cumplió con la pena establecido, por tal razón se pide se absuelva y se extienda su respectiva Carta de Libertad Definitiva, una vez modificada la sentencia.” La representante del Ministerio Público SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO quien hizo uso de la palabra, expresó: “En fecha quince (15) de Diciembre del año dos mil once (2011), el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia condenatoria en contra de los señores WILLIAMS ARMANDO GENAWER VELÁSQUEZ, quien fue condenado por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, a una pena de 26 años de reclusión y contra la señora JENIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES, condenada por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, a una pena de 25 años de reclusión, en perjuicio de K. M. C. G., más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. El Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha quince(15) de Diciembre del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, que contempla una considerable disminución en la pena del delito de secuestro agravado, el cual, es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…,5)…, 6) … 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,…” relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal”. CONSIDERANDO CINCO (5): Como conclusión el Ministerio Público asevero: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público aprecia de los hechos probados de la sentencia sub judice que el Tribunal Sentenciador estableció que en el presente caso concurren como circunstancias agravantes, para ambos condenados, las establecidas en el artículo 194 del Código Penal, numeral 2) consistente en: Que la privación de libertad se realizó por un plazo de tiempo mayor de 24 horas y la numeral 5) consistente en: Tratos crueles hacia la ofendida. Asimismo, en el caso del imputado WILLIAMS ARMANDO GENAWER VELÁSQUEZ, concurre la circunstancia agravante regulada en el artículo 27 numeral 8) consistente en: Obrar con abuso de confianza, debido al grado de familiaridad existente entre el señor WILLIAMS ARMANDO GENAWER VELÁSQUEZ y K. M. C. G., en virtud de lo cual se condenó al señor: WILLIAMS ARMANDO GENAWER VELÁSQUEZ por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, a una pena de 26 años de reclusión y JENIFER CRISTINA CORDOVA una pena de 25 años de reclusión correspondientes al delito de SECUESTRO AGRAVADO. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 192 del Código Penal derogado que regula el delito de SECUESTRO AGRAVADO, y lo sanciona con una pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida. De concurrir algunas de las circunstancias siguientes, se sancionará a los responsables, si con motivo del proceso de rescate, la víctima o cualquier otra persona sufriese lesiones. Será sancionado con la pena de reclusión de 20 años a privación de Libertad de por vida. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de SECUESTRO AGRAVADO se encuentra regulado en el artículo 240 que señala: “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1…;2) …; 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas. 4)…; 5) …; 6) La persona secuestrada es diplomático o cónsul acreditado en Honduras o de tránsito por el territorio nacional o miembro de una organización internacional, su cónyuge o conviviente, ascendiente, descendiente o familiares por consanguinidad o afinidad, siempre que los acompañen. Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Al examinar lo peticionado por el revisionista, en el presente caso concurren las agravantes antes citadas por lo que la pena a imponer será de 15 a 20 años de reclusión y de conformidad a la ocurrencia de los hechos correspondería imponer la pena de 20 años de reclusión, en virtud de lo cual resulta evidente que la aplicación de la nueva Ley penal resulta más favorable al reo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado. “De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: El Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable”. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es menos rigorosa o si la nueva ley se ajusta a los hechos probados establecidos en la sentencia. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia con posterioridad en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO QUINCE (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la Sentencia en Revisión y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente al señor WILLIAMS ARMANDO GEVAWER VELASQUEZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa mediante sentencia definitiva y firme de fecha quince de diciembre del año dos mil once, a la pena de VEINTISEIS AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. Así mismo la señora JENNIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES fue condenada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha quince de diciembre del año dos mil once, a la pena de VEINTINCO AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 y 194 numeral 2; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que los condenados cometieron el delito de Secuestro. III- Esta Sala considera que el caso su examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a un norma derogada, aplicada anteriormente y siendo cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): La presente Revisión se hace de forma particular e individualizada en relación a los imputados, puesto que en la sentencia objeto de Revisión se encuentra dos condenados diferentes, con penas diferentes. I- En relación al señor WILLIAN ARMANDO GEVAWER VELASQUEZ. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía para él secuestro una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida (Articulo 192) y el Código Penal vigente Decreto 130-2017. Establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de 8 a 12 años de prisión y prohibición de residencia por el doble que dure la condena (Articulo 239) y de 15 a 20 años y prohibición de residencia por el doble que dure la condena en el caso de Secuestro Agravado (Articulo 240). Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva norma pena en favor del señor WILLIAN ARMANDO GEVAWER VELASQUEZ. II. El sentenciado, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal y según los hechos probados que corren a folio 219 del expediente del juzgado cometió el delito de Secuestro, puesto que privo de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla, estableciendo la norma penal en el artículo 240 del vigente Código Penal que este se convierte en Secuestro Agravado si concurre una circunstancia de las establecidas en el precepto antes mencionado; agregando dicho artículo que debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes 1…,2…,3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas,4),5…,6…, y su concurren dos circunstancias se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. III. En cuanto a lo manifestado por la fiscalía en relación al vínculo familiar como agravante especifica del Secuestro, establecida en el artículo 240.6 que menciona a familiares de diplomáticos o cónsules acreditados en Honduras o de tránsito por el territorio nacional. No es procedente la aplicación de esta circunstancia ya que no es patente en los hechos probados que la víctima sea una funcionaria de categoría internacional. IV. Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, y observando que las agravantes expuestas en el inciso sexto de la fundamentación jurídica de la sentencia no están plasmadas en el nuevo ordenamiento penal; haciendo usanza de los demás criterios estatuidos en la sentencia y de la gravedad del hecho se concluye que el imputado cometió el delito de Secuestro Agravado (artículo 240) y se le debe imponer la pena de catorce (14) años de prisión y prohibición de residencia por el doble que dure la condena. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): I- En relación a la señora JENNIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía para él secuestro una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida (Articulo 192) y el Código Penal vigente Decreto 130-2017. Establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de 8 a 12 años de prisión y prohibición de residencia por el doble que dure la condena (Articulo 239) y de 15 a 20 años y prohibición de residencia por el doble que dure la condena en el caso de Secuestro Agravado (Articulo 240). Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para la encausada. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva norma pena en favor del señor JENNIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES. II. La sentenciada, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal y según los hechos probados que corren a folio 219 del expediente del juzgado cometió el delito de Secuestro, puesto que privo de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla, estableciendo la norma penal en el artículo 240 del vigente Código Penal que este se convierte en Secuestro Agravado si concurre una circunstancia de las establecidas en el precepto antes mencionado; agregando dicho artículo que debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes 1…,2…,3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas,4),5…,6…, y su concurren dos circunstancias se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. III. Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, y observando que las agravantes expuestas en el inciso sexto de la fundamentación jurídica de la sentencia no están plasmadas en el nuevo ordenamiento penal; haciendo usanza de los demás criterios estatuidos en la sentencia y de la gravedad del hecho se concluye que la imputada cometió el delito de Secuestro Agravado (artículo 240) y se le debe imponer la pena de trece (13) años de prisión y prohibición de residencia por el doble que dure la condena. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por Unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 25, 35, 38, 58, 240 Y demás aplicables del Código Penal Vigente FALLA: UNO: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por LUCRESIA DE JESÚS VELÁSQUEZ AGUILAR representada por el abogado CARLOS RENÉ SALGADO MARTÍNEZ, a favor del señor WILLIAN ARMANDO GEVAWER VELÁSQUEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, en fecha quince de diciembre del año dos mil once; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor WILLIAN ARMANDO GEVAWER VELASQUEZ, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de K. M. C. G., la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al Señor WILLIAN ARMANDO GEVAWER VELASQUEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de CATORCE AÑOS de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, más las penas accesorias que correspondan. SEGUNDO: Se ordena que conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional se proceda a emitir un nuevo computo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. DOS: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados GLORIA ELIZABETH ROSALES PINEDA y MARLON RICARDO SANCHEZ PINEDA, a favor de la señora JENNIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, en fecha quince de diciembre del año dos mil once; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señora JENNIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de K. M. C. G., la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la Señora JENNIFER CRISTINA CORDOVA VALLADARES, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de TRECE AÑOS de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, más las penas accesorias que correspondan. SEGUNDO: Se ordena que conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional se proceda a emitir un nuevo computo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal (acumulado) bajo el número SCO-577-2020 y 206-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.