Sentencia RP-543-21 — Registro 15738
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal, con relación a la causa en la causa del delito de Extorsión Simple, en perjuicio de la Testigo Protegido.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “III. Conforme las disposiciones del Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, el delito de EXTORSION, previsto en el artículo 373 dispone: “Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero debe ser condenado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y una multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados”; Agravándose según lo establecido en el numeral uno del artículo 374.- que literalmente dice: AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado. Resultando una pena de quince años a veinte años y una multa de mil (1000) a mil trescientos treinta y tres (1333) días. Como lo hemos plasmado, líneas arriba, el tipo penal supra señalado encaja en los hechos probados establecidos en el folio ciento veinte del expediente del Tribunal de Sentencia. Por lo cual es patente que con el nuevo Código Penal no existe una penalización más benigna para los sentenciados. Como conclusión, las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 no resultan más benignas que las estatuidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222) y tampoco en el decreto 93-2021. Esto por que la agravante de haber cometido los hechos en el ámbito de un grupo delictivo organizado deja como resultado una pena mínima de quince años, penalidad que no representa beneficio alguno en relación a la pena impuesta con el Código Penal derogado. II. Siguiendo ese orden de ideas. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, ni el Código Penal vigente o ley intermedia, Decreto 93-2021, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 derogado. Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ y JUAN JOSE VALENZUELA MEJIA por lo cual no es procedente modificar la sentencia en revisión. CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Mario Roberto Sabalette Trejo, a favor de los señores Nelson David Enamorado Diaz y Juan José Valenzuela Mejía, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra de los señores Nelson David Enamorado Diaz y Juan José Valenzuela Mejía, por haber sido encontrados responsables de la comisión del delito de Extorsión Simple, en perjuicio de la Testigo Protegido PJ-2015. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintisiete de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Lesly Maritza Gómez, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Nelson David Enamorado Diaz y Juan José Valenzuela Mejía, por suponerlos responsables del delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido “ER-137” y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 1-4 del antecedente) 2) Que en fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión , dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, los señores NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ y JUAN JOSÉ VALENZUELA MEJÍA, por el delito consumado de EXTORSIÓN SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PJ-2015 a la pena mínima de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN más una multa de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS (LPS. 442,420.00) para cada uno, misma que deberán hacer efectiva a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo que dure la condena, penas de reclusión que deberán cumplir en el centro penitenciario de Morocelí, El Paraíso, comúnmente conocido como La Tolva. TERCERO: Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil de los condenados NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ Y JUAN JOSÉ VALENZUELA MEJÍA la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente juicio. QUINTO: Procede el comiso de las evidencias consistentes en una libreta azul y blanco contendiendo números y cantidades de dinero, un arma de fuego tipo pistola marca Girsan, calibre 9mm, color negro, con serie T636807B25648 con su respectivo cargador, las cuales por mayoría de votos de los miembros de este Tribunal, quedan en depósito bajo custodia en el Almacén de evidencias del Ministerio Público, en virtud de que este Tribunal no cuenta con un almacén de evidencias, con voto disidente de la Jueza Telma Cristina Martínez quien es del criterio que las evidencias una vez que han sido puestas a la orden del Tribunal no se deben devolver al Ministerio Público, en relación al dinero decomisado y que asciende a la cantidad de Ciento Cincuenta y cinco Mil Lempiras (LPS. 155,000) por unanimidad de votos de los miembros de este Tribunal, quedan en depósito en el Banco Central, mediante recibo número 875 de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, para lo cual se librará el respectivo oficio al Banco Central de Honduras. Una vez firme la presente sentencia que la secretaria del Tribunal proceda a remitir el presente expediente al Juzgado de Ejecución para efecto de ejecutar la misma, asimismo, se certifique la presente y se envíe a la oficina de Antecedentes Penales de la Corte Suprema de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos." (Folios 118-122 del antecedente) 3) En fecha uno de junio de dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala, el Abogado Mario Roberto Sabalette Trejo, presentando recurso de revisión penal a favor de los señores Nelson David Enamorado Diaz y Juan José Valenzuela Mejía, contra la sentencia que se deja relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a sus representados. (Folios 1-8 del recurso de mérito) 4) En fecha siete de marzo de dos mil veintidós, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles seis (6) de abril de dos mil veintidós (2022), a las diez con quince minutos de la mañana (10: 15 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 37 del recurso de mérito) 5) En fecha seis de abril de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Mario Roberto Sabalette Trejo, en su condición de Apoderado Legal de los señores Nelson David Enamorado Díaz y Juan Valenzuela Mejía; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratifica la solicitud de revisión, en fecha 6 de agosto del año 2019, se dio fallo en el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión de Tegucigalpa, donde se condenaron a los señores Juan José Valenzuela y Nelson David Enamorado Díaz, en audiencia de estricta conformidad a la pena mínima de 15 años de reclusión por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido PJ-2015…considero que se le debe otorgar a mis representados el derecho de que se les aplique la pena mínima de 10 a 15 años y de igual forma hacer la modificación de la pena de multa que sea de 500 a 1000 días multa, pero siempre buscando la mínima de 500 días multa en el nuevo fallo…” El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, y del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSIÓN en su artículo 222, el cual dispone lo siguiente: “debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados”, con relación al artículo 37 del mismo cuerpo legal, el código Penal Vigente (Decreto 130-2017) regula el delito de EXTORSIÓN en el artículo 373 reformado que señala: “debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte de una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación.” Asimismo, el ARTICULO 374, dispone: AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado. En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal vigente dispone en el artículo 53.-PENA DÍAS MULTA…De las normas transcritas, se extrae que en el nuevo Código Penal el delito de Extorsión contempla una pena de 15 a 20 años de prisión, la que a su vez debe ser aumentada en 1/3 por la concurrencia de la agravante antes citada, por lo que la nueva pena abstracta es de VEINTE (20) A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO MESES DE RECLUSIÓN….En relación a dicha condena de multa, con el Nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, debiendo aumentarse en un tercio 1/3 por lo que correspondería imponer de 667 a 1333 días, cuyo valor oscila en no menos de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5,000). Conforme a lo antes expuesto, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contendidas en el actual Código Penal no son más favorables a los sentenciados, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía, pues deberá imponérsele una pena entre 20 años de prisión más la multa antes citada, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal, por no ser esta más benigna a los condenados. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión y se ordene se realice por parte del Juzgado de Ejecución un nuevo cómputo de pena.” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista “…esta defensa no tiene pruebas que presentar, nada más el decreto 130-2017, bajo el artículo 373 del Código Penal…” Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “No tenemos pruebas que presentar”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 39-42 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación de la Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y, lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. d. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SEIS (6): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[5] CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO NUEVE (9): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos[9] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[10]. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO, compareció ante este Alto Tribunal en fecha uno de junio del año dos mil veintiuno, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el señor NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ y JUAN JOSE VALENZUELA MEJIA, fueron condenados por el delito de EXTORSIÓN SIMPLE estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -Prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[11], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -Prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente el momento de dictar sentencia, ello es así pues los señores NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ y JUAN JOSE VALENZUELA MEJIA fueron condenados por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor, la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Extorsión, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. CONSIDERANDO ONCE(11): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional. Cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso demérito, donde encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticiono o se apegó a ella en tiempo y forma. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ y JUAN JOSE VALENZUELA MEJIA fueron condenados mediante acuerdo de estricta conformidad por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, mediante la sentencia definitiva emitida en fecha 6 de agosto del año dos mil diecinueve, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN Y CINCUENTA SALARIOS MINIMOS por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PJ2015, como pena principal; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria mediante la cual se condenó a los señores NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ y JUAN JOSE VALENZUELA MEJIA, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Juzgado aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83. CONSIDERANDO TRECE (13): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Que de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se constata que los hechos probados encajan con las descripciones de los tipos penales desarrollados en el Código Penal decreto 130-2017 y el decreto 93-2021. III. Conforme las disposiciones del Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, el delito de EXTORSION, previsto en el artículo 373 dispone: “Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero debe ser condenado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y una multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados”; Agravándose según lo establecido en el numeral uno del artículo 374.- que literalmente dice: AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado. Resultando una pena de quince años a veinte años y una multa de mil (1000) a mil trescientos treinta y tres (1333) días. Como lo hemos plasmado, líneas arriba, el tipo penal supra señalado encaja en los hechos probados establecidos en el folio ciento veinte del expediente del Tribunal de Sentencia. Por lo cual es patente que con el nuevo Código Penal no existe una penalización más benigna para los sentenciados. Como conclusión, las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 no resultan más benignas que las estatuidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222) y tampoco en el decreto 93-2021. Esto por que la agravante de haber cometido los hechos en el ámbito de un grupo delictivo organizado deja como resultado una pena mínima de quince años, penalidad que no representa beneficio alguno en relación a la pena impuesta con el Código Penal derogado. II. Siguiendo ese orden de ideas. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, ni el Código Penal vigente o ley intermedia, Decreto 93-2021, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 derogado. Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ y JUAN JOSE VALENZUELA MEJIA por lo cual no es procedente modificar la sentencia en revisión. CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 53, 58, 373 Y 374 del Código Penal vigente. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO, a favor de los señores NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ y JUAN JOSE VALENZUELA MEJIA; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. -FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. VISTA: la reposición presentada por el abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO, en su condición de defensor privado de los señores NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ Y JUAN JOSE VALENZUELA MEJIA; en relación a sentencia emitida por esta Sala en fecha trece de octubre del año dos mil veintidós, fallando Sin lugar la Revisión Penal 0543-2021; dicta el siguiente: RESOLUCIÓN. ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: Que en fecha trece de octubre del año dos mil veintidós la Sala de lo Constitucional emitió sentencia de Revisión Penal número 0543-2021; dicha resolución fue notificada al abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO en fecha veintiuno de octubre del año dos mil veintidós. SEGUNDO: Que el día veinticuatro de octubre del dos mil veintidós, el abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO; en su condición de defensor privado de los señores NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ Y JUAN JOSE VALENZUELA MEJIA; presento Recurso De Reposición Para Revocar Fallo, en la que se pide: Revocar fallo por unanimidad proferido por la Sala de lo Constitucional en fecha trece de octubre del año dos mil veintidós. TERCERO: Solicitando el recursista la aplicación del artículo 373 del Código Penal vigente del delito del Extorsión. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA PRIMERO: El derecho a la tutela judicial efectiva es reconocido por la Constitución de Honduras en el artículo 80, de él se desprende el poder peticionar ante los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta motivada y fundada en derecho. SEGUNDO: El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020). TERCERO: El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal, no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. CUARTO: En el caso de la Revisión Penal 0543-2021, la Revisión fue declarada sin lugar, puesto que al encajar la conducta descrita en los hechos probados están encajaban en el artículo 373 del Código Penal decreto 130-2017 (Por la aplicación de la ley intermedia se aplica este instrumento que resulta más benigno, sin hacer uso del decreto 93-2021 que incluye reforma en el delito de Extorsión) El Código Penal ni su reforma le resultaban más benigno a los sentenciados. El articulo supra mencionado dispone: “Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero debe ser condenado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y una multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados”; Agravándose según lo establecido en el numeral uno del artículo 374.- que literalmente dice: AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado. En el caso que ha resuelto esta Sala, los hechos probados dejan establecido la pertenencia de los individuos involucrados en el delito, a la estructura criminal “MS”. De tal ejercicio intelectivo resulta una pena de quince años a veinte años y una multa de mil (1000) a mil trescientos treinta y tres (1333) días. POR LO ANTERIOR ESTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL RESUELVE: UNO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Reposición presentado por el abogado MARIO ROBERTO SABALETTE TREJO, en su condición de representante procesal de los señores NELSON DAVID ENAMORADO DIAZ Y JUAN JOSE VALENZUELA MEJIA, por lo argumentos expuestos tanto en la sentencia de fecha trece de octubre del año dos mil veintidós, como en el presente recurso; Y, DOS: Que el Secretario de esta Sala de lo Constitucional notifique lo resuelto al solicitante para los efectos legales que en derecho correspondan. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.-FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre y reposición de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, recaídas en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-543-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.
[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[9] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.
[10] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.
[11] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.