Sentencia RP-537-20 — Registro 15588
Resumen
Sentencia en revisión dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, condenó a recurrente como autor responsable de los delitos de secuestro en perjuicio de víctima, imponiéndole una pena de veinte años; y el delito de robo en perjuicio de afectados, imponiendole una pena de cinco años de reclusión, más pena de inhabilitación absoluta e interdicción civil; declarandole la responsabilidad civil; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente; Se ordenó al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor RIGOBERTO RODRIGUEZ fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil once (2011), a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO en perjuicio de EDWIN ASAEL AMAYA GOMEZ y a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO en perjuicio de EDWIN ASAEL AMAYA GOMEZ y ELMER MANASES AMAYA GOMEZ; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO y el artículo 217 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ROBO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor RIGOBERTO RODRIGUEZ, las penas principales de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, y CINCO (5) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ROBO; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al delito de SECUESTRO, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192 establecía una pena para esa conducta delictiva realizada por el sentenciado de veinte (20) años a reclusión de por vida,..."..."III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso las penas tomando en cuenta las sanciones establecidas en el artículo 192 y 217 del Código Penal Decreto 144-1983 cuya sanción para el delito de SECUESTRO oscilaba con una pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, pena abstracta de la cual, se le impuso la pena mínima y en cuanto a la sanción por el delito de ROBO, la misma oscilaba con una pena de reclusión de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión, de la cual se le impuso la pena mínima. Y siendo que no se configuran elementos agravantes ni atenuantes conforme a los hechos declarados como probados en la sentencia revisada debe imponérsele, la pena en los mismos términos, es decir: una pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA POR EL DELITO DE SECUESTRO y CUATRO (4) AÑOS DE PRISION POR EL DELITO DE ROBO, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 580, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, 8 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de revisión Penal interpuesto por los Abogados JORGE TORRES HENRIQUEZ y LURVIN YOLANY MAYORQUIN ZELAYA a favor del señor RIGOBERTO RODRIGUEZ contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil once (2011), manifiestan los recurrentes que: “… promueven el presente recurso para que se aplique retroactivamente las disposiciones más favorables del nuevo Código Penal…”; con relación a la causa que se instruyó contra el señor RIGOBERTO RODRIGUEZ por los delitos de SECUESTRO en perjuicio del señor EDWIN ASAEL AMAYA GOMEZ y ROBO en perjuicio de los señores EDWIN ASAEL AMAYA GOMEZ y ELMER MANASES AMAYA GOMEZ, respectivamente. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha uno (01) de agosto de dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, la Abogada CLAUDIA MARINA CARRASCO, en su condición de Agente de Tribunal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores KEVIN IVAN RODRIGUEZ HERNANDEZ y RIGOBERTO RODRIGUEZ, por suponerlos responsables de los delitos de SECUESTRO y ROBO en perjuicio de los señores EDWIN ASAEL AMAYA GOMEZ y ELMER MANASES AMAYA GOMEZ, respectivamente. (Folios 01-07 del Tomo I de la pieza del A-Quo) 2) Que una vez evacuado el procedimiento, en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil once (2011), el Tribunal de Sentencia Seccional de Tela, Departamento de Atlántida dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: (SIC): “Primero: Que debemos condenar y condenamos a los acusados Kevin Iván Rodríguez Hernández Y Rigoberto Rodríguez ya identificados con anterioridad, como autores responsables penalmente de un delito de Secuestro en perjuicio de Edwin Asael Amaya Gómez a cumplir una pena de Veinte (20) años de reclusión por el delito de secuestro. Segundo: Que debemos condenar y condenamos a los acusados Kevin Iván Rodríguez Hernández Y Rigoberto Rodríguez como autores responsables penalmente de un delito de Robo en perjuicio de Edwin Asael Amaya Gómez y Elmer Manases a cumplir una pena de cinco (5) años por el delito de robo en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” ubicada en la Aldea de Tamara, Francisco Morazán, abonándose al cumplimiento de la misma el tiempo que los acusados han permanecido cautelarmente detenidos por esta causa. Tercero: Que debemos condenar y condenamos a Kevin Iván Rodríguez Hernandez Y Rigoberto Rodríguez a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, además, a trabajar durante el tiempo que dure la condena en obras públicas dentro de la institución penitenciaria. Cuarto: Procede declarar la responsabilidad civil de los condenados. No procede condenar en costas a los encartados. Notifíquese.” (Folios 171-175 de la pieza del A-Quo) 3) Que los Abogados JORGE TORRES HENRIQUEZ y LURVIN YOLANY MAYORQUIN ZELAYA mediante correo electrónico de fecha dos (02) de septiembre de dos mil veinte (2020), interpusieron ante este Tribunal recurso de revisión penal a favor del Señor RIGOBERTO RODRIGUEZ, contra la sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil once (2011), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-09 del recurso de mérito) 4) Que en fecha veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 25 del recurso de mérito) 5) Que en fecha uno (01) de junio de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y los Abogados JORGE TORRES HENRIQUEZ y LURVIN YOLANY MAYORQUIN ZELAYA en su condición de Apoderada Legal del Señor RIGOBERTO RODRIGUEZ, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión. Que ha manifestado el recurrente: “Concretamente su señoría la petición que esta defensa está realizando es que se aplique el principio de la retroactividad penal basada en la ley de Justicia Constitucional a favor de mi representado puesto que ha entrado en vigencia un nuevo Código Penal según decreto 130-2017 que establece un rango de penas más favorable a favor de mi representado, dicho rango de pena es por el delito de secuestro de ocho a doce años y por el delito de robo con violencia de cuatro a ocho años y al momento de que mi fue sentenciado su señoría, se le sentenció por el delito de secuestro a la pena de veinte años que en su momento tenía a una pena de veinte años a privación de libertad de por vida, o sea se le condenó a la pena mínima por ese delito y por el delito de robo se le sentencio a la pena mínima por ese delito y por el delito de robo se le sentencio a la pena de cinco años que en su momento ostentaba a una pena de cinco a nueve años, se le condenó entonces en ambos delitos a una pena mínima por lo tanto esta defensa está solicitando que en base al principio ya mencionado se le aplique la pena mínima en ambos delitos quedando entonces por el delito de secuestro a la pena de ocho años y por el delito de robo a la pena de cuatro años sirviéndome su señoría como fundamento para dicha petición el artículo 96 constitucional, 96.8 de la Ley de Justicia Constitucional solicitando entonces que se declare con lugar dicha petición que mi representado sea sentenciado a las penas ya mencionadas tipificadas en el artículo 239 y 361 se le ordene al juzgado de ejecución de la ciudad de Tela, Atlántida que emita el respectivo cómputo para mi representado acceda a los beneficios de libertad condicional.” Por su parte el Ministerio Público por medio de su Agente Fiscal expuso: “De lo expuesto por los revisionistas, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUESTRO por el cual se condenó al señor RIGOBERTO RAMIREZ. El delito de SECUESTRO se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) …c)…” El delito de SECUESTRO se encuentra regulado en la nueva normativa penal en el artículo 239.- “Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena.” Respecto al delito de ROBO la norma derogada lo tipifica en el artículo 217 “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas.” El artículo 218, contemplaba la pena abstracta a imponer siendo de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. El nuevo ordenamiento penal determina el delito de ROBO CON VIOLENCIA O IMTIMIDACION en el artículo 361, que instruye: “Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” De lo antes apuntado se denota que la nueva normativa penal vigente le favorece al sentenciado, en virtud de haberse sentenciado a penas mayores a las que contempla la nueva normativa penal, es así que conforme al artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por lo que es procedente aplicar el principio de favorabilidad, al ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 46-49 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “En el caso que nos ocupa, resulta evidente que en el Código Penal contenido en el decreto 130-2017, de reciente vigencia, se establece un tratamiento más favorable para la persona que cometa el delito de secuestro puesto que el rango de pena Abstracta para dicho tipo penal es “Prisión de ocho (8) a doce (12) años”, en comparación con el rango de pena abstracta que establecía el Código Penal Derogado (decreto 144-83, de fecha 23 de agosto de 1983), que era de “Reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida”, así mismo establece un tratamiento favorable para el delito de Robo con violencia o intimidación puesto que el rango de pena abstracta para dicho tipo penal es “Prisión de cuatro (4) a doce (12) años”, en comparación con el rango de pena abstracta que establecía el Código Penal Derogado (decreto 144-83, de fecha 23 de agosto de 1983), que era de “Reclusión de cinco (5) a nueve (9) años” razón por la cual, es imperativo que esta Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, proceda a REVISAR OFICIOSAMENTE esta sentencia condenatoria, y aplique a mi patrocinado EL MISMO TRATAMIENTO RESPECTO A LA DETERMINACION DE LA PENA, dentro del rango de pena establecida en la legislación penal vigente como norma más favorable, de la misma manera que lo concibió el tribunal sentenciador, que fue le valor mínimo del rango de pena de secuestro, y por el delito de robo…” CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614, 615, 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor RIGOBERTO RODRIGUEZ fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil once (2011), a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO en perjuicio de EDWIN ASAEL AMAYA GOMEZ y a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO en perjuicio de EDWIN ASAEL AMAYA GOMEZ y ELMER MANASES AMAYA GOMEZ; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO y el artículo 217 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ROBO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor RIGOBERTO RODRIGUEZ, las penas principales de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, y CINCO (5) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ROBO; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al delito de SECUESTRO, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192 establecía una pena para esa conducta delictiva realizada por el sentenciado de veinte (20) años a reclusión de por vida, de la manera siguiente: “Secuestro. Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio…” Mientras que el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece en su artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el tiempo de la condena.” Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al delito de ROBO, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 217 establecía una pena para esa conducta delictiva realizada por el sentenciado de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. Artículo 218. El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión.” Mientras que el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece en su artículo 361, lo siguiente: “ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Por lo que los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada, encuadran con lo establecido en el artículo 239 y 361 del Código Penal decreto 130-2017. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso las penas tomando en cuenta las sanciones establecidas en el artículo 192 y 217 del Código Penal Decreto 144-1983 cuya sanción para el delito de SECUESTRO oscilaba con una pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, pena abstracta de la cual, se le impuso la pena mínima y en cuanto a la sanción por el delito de ROBO, la misma oscilaba con una pena de reclusión de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión, de la cual se le impuso la pena mínima. Y siendo que no se configuran elementos agravantes ni atenuantes conforme a los hechos declarados como probados en la sentencia revisada debe imponérsele, la pena en los mismos términos, es decir: una pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA POR EL DELITO DE SECUESTRO y CUATRO (4) AÑOS DE PRISION POR EL DELITO DE ROBO, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados JORGE TORRES HENRIQUEZ y LURVIN YOLANY MAYORQUIN ZELAYA a favor del señor RIGOBERTO RODRIGUEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil once (2011); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor RIGOBERTO RODRIGUEZ, por el delito de SECUESTRO en perjuicio de EDWIN ASAEL AMAYA GOMEZ y por el delito de ROBO en perjuicio de EDWIN ASAEL y ELMER MANASES ambos de apellidos AMAYA GOMEZ, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor RIGOBERTO RODRIGUEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO a la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN Y PROHIBICIÓN DE RESIDIR O ACUDIR AL LUGAR EN QUE SE HAYA COMETIDO EL DELITO O A AQUEL EN QUE RESIDA LA VÍCTIMA O SU FAMILIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA. SEGUNDO: CONDENANDO al señor RIGOBERTO RODRIGUEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-537-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.