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Sentencia RP-534-21 — Registro 14763

Resumen

Revisión sentencia condenatoria por aplicabilidad de Principio de retroactividad de la Ley relación a la causa que se instruyó contra impetrante por el delito de Parricidio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor RONALD EDGARDO CHIRINOS DIAZ fue condenado en fecha tres (03) de noviembre de dos mil once (2011), por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colon, tribunal que dictó la Sentencia Definitiva mediante la cual Acordó: (SIC): “Primero: Que debemos condenar y condenamos a Ronal Eduardo Chirino Diaz de generales ya establecidas, como autor responsable, material y directo de un delito consumado de Parricidio en perjuicio de Julia Teresa Figueroa a cumplir una pena de treinta años de reclusión en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” ubicada en la Aldea de Tamara, Francisco Morazán, abonándose al cumplimiento de la misma el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente detenido por esta causa. Segundo: Que debemos condenar y condenamos al acusado Ronal Eduardo Chirinos a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, además, a trabajar durante el tiempo que dure la condena en obras dentro de la institución penitenciaria. Tercero: Procede declarar la responsabilidad civil del condenado. Cuarto: No procede condenar en costas al acusado. Notifíquese la presente sentencia a las partes en el proceso.” II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la condenado cometió el delito de Parricidio. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor RONAL EDGARDO CHIRINO DIAZ, la pena principal de treinta años por el delito de PARRICIDIO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL y a trabajar durante el tiempo que dure la condena, en obras dentro de la institución penitenciaria. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 194 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. El sentenciado, al tenor del artículo 194 del nuevo Código Penal cometió el delito de Parricidio, puesto que mato a su cónyuge o persona con la que la mantenía una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, estableciendo la norma penal vigente que quien realice dicha conducta debe ser castigado con las penas de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 33 del expediente de Revisión). III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso la pena mínima. Se debe imponer al encausado la pena de veinte años de prisión. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y el auto que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de enero del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de revisión interpuesto por el Abogado MARCOS ANTONIO AMAYA VALLADARES, a favor del Señor RONAL EDGARDO CHIRINO DIAZ, contra la Sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, en fecha tres (03) de noviembre de dos mil once (2011), con relación a la causa que se instruyó contra el Señor RONALD EDGARDO CHIRINOS DIAZ por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de JULIA TERESA FIGUEROA URBINA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro (04) de julio de dos mil siete (2007), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tocoa, Departamento de Colon, la Abogada JULISSA ABISAI BORJAS ACOSTA, en su condición de Agente de Tribunal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor RONAL EDGARDO CHIRINOS DIAZ, por suponerlo responsable del delito de PARRICIDIO en perjuicio de la Señora MARIA EUGENIA CRANSHAW y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en contra de ELVIS JARED MELENDEZ AVELAR en perjuicio de JULIA TERESA FIGUEROA URBINA. (Folios 01-35 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha tres (03) de noviembre de dos mil once (2011), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colon, dicto Sentencia Definitiva mediante la cual Acordó: (SIC): “Primero: Que debemos condenar y condenamos a Ronal Eduardo Chirino Diaz de generales ya establecidas, como autor responsable, material y directo de un delito consumado de Parricidio en perjuicio de Julia Teresa Figueroa a cumplir una pena de treinta años de reclusión en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” ubicada en la Aldea de Tamara, Francisco Morazán, abonándose al cumplimiento de la misma el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente detenido por esta causa. Segundo: Que debemos condenar y condenamos al acusado Ronal Eduardo Chirinos a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, además, a trabajar durante el tiempo que dure la condena en obras dentro de la institución penitenciaria. Tercero: Procede declarar la responsabilidad civil del condenado. Cuarto: No procede condenar en costas al acusado. Notifíquese la presente sentencia a las partes en el proceso.” (Folios 94-99 de la pieza del A-Quo) 3) Que el Abogado MARCOS ANTONIO AMAYA VALLADARES compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor RONAL EDGARDO CHIRINO DIAZ, contra la Sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colon, de fecha tres (03) de noviembre de dos mil once (2011), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-09 del recurso de mérito) 4) Que en fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 16 del recurso de mérito) 5) Que en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado MARCOS ANTONIO AMAYA VALLADARES en su condición de Apoderado Legal del Señor RONAL EDGARDO CHIRINOS DIAZ, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 24-27 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor RONALD EDGARDO CHIRINOS DIAZ fue condenado en fecha tres (03) de noviembre de dos mil once (2011), por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, Departamento de Colon, tribunal que dictó la Sentencia Definitiva mediante la cual Acordó: (SIC): “Primero: Que debemos condenar y condenamos a Ronal Eduardo Chirino Diaz de generales ya establecidas, como autor responsable, material y directo de un delito consumado de Parricidio en perjuicio de Julia Teresa Figueroa a cumplir una pena de treinta años de reclusión en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” ubicada en la Aldea de Tamara, Francisco Morazán, abonándose al cumplimiento de la misma el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente detenido por esta causa. Segundo: Que debemos condenar y condenamos al acusado Ronal Eduardo Chirinos a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, además, a trabajar durante el tiempo que dure la condena en obras dentro de la institución penitenciaria. Tercero: Procede declarar la responsabilidad civil del condenado. Cuarto: No procede condenar en costas al acusado. Notifíquese la presente sentencia a las partes en el proceso.” II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la condenado cometió el delito de Parricidio. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor RONAL EDGARDO CHIRINO DIAZ, la pena principal de treinta años por el delito de PARRICIDIO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL y a trabajar durante el tiempo que dure la condena, en obras dentro de la institución penitenciaria. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 118 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 194 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. El sentenciado, al tenor del artículo 194 del nuevo Código Penal cometió el delito de Parricidio, puesto que mato a su cónyuge o persona con la que la mantenía una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, estableciendo la norma penal vigente que quien realice dicha conducta debe ser castigado con las penas de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 33 del expediente de Revisión). III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso la pena mínima. Se debe imponer al encausado la pena de veinte años de prisión. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, a favor del señor RONAL EDUARDO CHIRINO DIAZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Trujillo, departamento de Colón, en fecha tres de noviembre del año dos mil once; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor RONAL EDUARDO CHIRINO DIAZ, por el delito PARRICIDIO, en perjuicio de JULIA TERESA FIGUEROA URBINA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor RONAL EDUARDO CHIRINO DIAZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de PARRICIDIO a la pena de VEINTE AÑOS de prisión, más las penas accesorias correspondientes. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFÍQUESE. – Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de marzo del año dos mil veintidós. VISTO: la manifestación presentada por el abogado MARCO ANTONIO AMAYA VALLADARES, en su condición de defensor privado del señor RONAL EDGARDO CHIRINOS DIAZ; en relación a sentencia emitida por esta Sala en fecha diecinueve de enero del año dos mil veintidós, fallando con lugar Revisión Penal 0534-2021; dicta el siguiente: AUTO. ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: Que en fecha diecinueve de enero del año dos mil veintidós la Sala de lo Constitucional emitió sentencia de Revisión Penal número 534-2021; dicha resolución fue notificada al abogado MARCOS ANTONIO AMAYA ALVARADO en fecha ocho de febrero del dos mil veintidós. SEGUNDO: Que el día quince de febrero del dos mil veintidós, el abogado MARCOS ANTONIO AMAYA VALLADARES; en su condición de defensor privado del señor RONAL EDGARDO CHIRINOS; presento solicitud de enmendar sentencia de Revisión, en la que se pide se describa correctamente el nombre del sentenciado y la corrección en cuanto al nombre de la persona perjudicada. TERCERO: Que consta en el expediente demerito la certificación de nacimiento del señor RONAL EDGARDO CHIRINOS DIAZ; quien fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Trujillo y posteriormente dicha condena fue reformada por la Corte Suprema de Justicia en la aplicación de una ley penal más benigna. FUNDAMENTACIÓN PRIMERO: La ley sobre Justicia Constitucional permite hacer aclaraciones o correcciones a cuestiones, siempre que estas no alteren la decisión de las sentencias emitidas por el órgano de la jurisdicción constitucional. El artículo 6 dice: “Del principio de inmutabilidad de las sentencias. Aclaración. Corrección de errores. Los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas…” SEGUNDO: En las sentencias de índole penal, es posible solicitar aclaraciones y adiciones; además en cuanto a los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos, podrán ser rectificados en cualquier momento, a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional. Esto con fundamento en el articulo 142 del Código Procesal Penal. TERCERO: El derecho a la tutela judicial efectiva es reconocido por la Constitución de Honduras en el articulo 80, de el se desprende el poder peticionar ante los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta motivada y fundada en derecho. POR LO ANTERIOR ESTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL RESUELVE: Admitir la solicitud de enmienda presentada por el abogado MARCOS ANTONIO AMAYA VALLADARES, en su condición de defensor privado del señor RONAL EDGARDO CHIRINOS DIAZ; y, MANDA: UNO: Que el numeral uno de los antecedentes de hecho de la sentencia 0534-2021 emitida por la Sala de lo Constitucional en fecha diecinueve de enero del año dos mil veintidós se lea de la siguiente manera: 1) Que en fecha cuatro (04) de julio de dos mil siete (2007), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tocoa, Departamento de Colon, la Abogada JULISSA ABISAI BORJAS ACOSTA, en su condición de Agente de Tribunal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor RONAL EDGARDO CHIRINOS DIAZ, por suponerlo responsable del delito de PARRICIDIO en perjuicio de JULIA TERESA FIGUEROA URBINA. DOS: Que en la sentencia supra mencionada el nombre del sentenciado es RONAL EDGARDO CHIRINOS DIAZ, y que esto conste para todos lo efectos legales de dicha resolución. TRES: Que el secretario de la Sala de lo Constitucional notifique lo resuelto a la solicitante para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. – Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, el Auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, recaídos en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-534-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.