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Sentencia RP-493-21 — Registro 15586

Resumen

Sentencia en revisión dictada por Autoridad recurrida condenó a recurrente por el delito de robo imponiéndole pena de reclusión de siete años y por el delito de asesinato en perjuicio de víctima se le impuso una pena de reclusión de veinticinco años; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente; en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ fue condenado por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante sentencia condenatoria de fecha quince (15) de enero del año dos mil tres (2003), a las penas de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ROBO, en perjuicio de RAUL EDGARDO PINEDA EUCEDA y CARLOS LUIS PINEDA EUCEDA y VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de RAUL EDGARDO PINEDA EUCEDA. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 117 y 217 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de ROBO y ASESINATO. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ, las penas de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ROBO, en perjuicio de RAUL EDGARDO PINEDA EUCEDA y CARLOS LUIS PINEDA EUCEDA y VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de RAUL EDGARDO PINEDA EUCEDA. I. Que en cuanto al delito de ASESINATO, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el Artículo 117 del Código Penal decreto 144-1983 dispone: ...Por su parte el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 193 Establece: ...Es decir, que la pena abstracta para el delito de asesinato contemplada por el Código Penal derogado conforme a los hechos probados de la sentencia oscilaba entre VEINTE (20) A TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, de la cual le fue aplicada al sentenciado una pena media de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION; mientras que en el Código Penal vigente la pena abstracta por el mismo delito oscila entre VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN. II. Que, en cuanto al delito de ROBO, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el Artículo 217 del Código Penal decreto 144-1983 dispone: ...Por su parte el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 361 Establece: ...De la lectura de los hechos probados de la sentencia de fecha quince (15) de enero del año dos mil tres (2003) se desprende que concurre la agravante contenida en el artículo 363 numeral 9 del mismo cuerpo legal (Código Penal decreto 130-2017) que establece: “Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.” Es decir, que la pena abstracta para el delito de robo contemplada por el Código Penal derogado oscilaba entre CINCO (5) A NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN, de la cual le fue aplicada una pena media de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSION; mientras que en el Código Penal vigente la pena abstracta por el mismo delito, con todas sus circunstancias oscila entre OCHO (8) A DIEZ (10) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN..."..."habiendo quedado determinado en el considerando que precede, los tipos penales aplicables del Nuevo Código Penal y las penas abstractas correspondientes a cada conducta realizada por el condenado conforme a los hechos declarados como probados en la sentencia de fecha quince (15) de enero del dos mil tres (2003), dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, corresponde ahora realizar el ejercicio para determinar la pena concreta a imponer, habiendo quedado establecido que es procedente la revisión de la sentencia por ser aplicable la retroactividad de la ley conforme al artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y el artículo 616 del nuevo Código Penal. I. El sentenciado, al tenor del artículo 193 del nuevo Código Penal cometió el delito de ASESINATO. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada de fecha quince (15) de febrero del año dos mil tres (2003), (folios 30 al 32 del expediente de Revisión). Siguiendo los parámetros establecidos en dicha sentencia donde se le condenó al sentenciado a la pena concreta media de veinticinco (25) años de reclusión, por haberse considerado el grado de peligrosidad y antecedentes personales del penado, entre otras circunstancias, consecuentemente siguiendo ese lineamiento le corresponde de igual manera la imposición de la pena media que resulta de la pena abstracta que regula el Nuevo Código Penal Decreto 130-2017, de veinte (20) a veinticinco (25) de prisión, es decir veintidós (22) años y seis (6) meses de prisión. II. En cuanto a la determinación de la pena concreta por la comisión de la conducta del delito de ROBO CON VIOLENCIA, deben seguirse los parámetros establecidos en dicha sentencia de fecha quince (15) de febrero del año dos mil tres (2003) donde se le condenó al sentenciado a la pena de siete (7) años de reclusión, es decir una pena concreta media, por haberse considerado el grado de peligrosidad, antecedentes personales del penado, entre otras circunstancias. Consecuentemente siguiendo ese lineamiento le corresponde de igual manera la imposición de la pena media que resulta de la pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, es decir nueve (9) años y cuatro (4) meses de prisión. III. Que el órgano sentenciador, en la sentencia definitiva y firme de fecha quince (15) de enero del año dos mil tres (2003), determinó un concurso real, y por tal razón se impuso al entonces procesado las penas correspondientes para cada delito, haciendo un total de treinta y dos (32) años de reclusión, en ese sentido, debe seguirse ese criterio y aplicar la pena correspondiente para cada delito, haciendo un total de treinta y un (31) años y diez (10) meses de prisión, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta...en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado ELVIN TREJO, favor del señor OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha quince (15) de enero del año dos mil tres (2003), con relación a la causa que se instruyó contra el señor OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ Y OTRO, por los delitos de ROBO y ASESINATO, en perjuicio de los señores CARLOS LUIS y RAUL EDGARDO, ambos de apellidos PINEDA EUCEDA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil uno (2001), compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, la Abogada KARLA GUADALUPE SORIANO CARRASCO, presentando acusación por los delitos de ASESINATO y ROBO en perjuicio de RAUL EDGARDO PINEDA EUCEDA y por los delitos de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA y ROBO en perjuicio de CARLOS PINEDA EUCEDA. (Folios 01 al 03 de la pieza del Juzgado) 2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha quince (15) de enero del año dos mil tres (2003), el Juzgado Primero de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: CONDENANDO: A los imputados PEDRO SANTOS MALDONADO y OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ a cumplir una pena de SIETE AÑOS DE RECLUSION por el delito de ROBO, en perjuicio de RAUL EDGARDO PINEDA EUCEDA y CARLOS LUIS PINEDA EUCEDA 2) CONDENANDO: A los imputados PEDRO SANTOS MALDONADO Y OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ, a cumplir una pena de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSION, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de RAUL EDGARDO PINEDA EUCEDA. 3) CONDENANDO: Al imputado PEDRO SANTOS MALDONADO, a cumplir una pena de DIECISEIS AÑOS OCHO MESES DE RECLUSION, por el delito de ASESINATO, en su grado de EJECUCION DE TENTATIVA, en perjuicio de CARLOS LUIS PINEDA EUSEDA, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, dicha pena deberá cumplirse en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán, previo abono del tiempo que ha permanecido en efectiva prisión y la pena accesoria de inhabilitación absoluta e interdicción civil y al trabajo dentro del Centro Penitenciario bajo el control de vigilancia de las autoridades correspondientes…” (Folio 01 al 04 de la pieza del Juzgado de Ejecución) 3) Que el recurrente, Abogado ELVIN TREJO, compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ, contra la sentencia condenatoria, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua en fecha quince (15) de enero del año dos mil tres (2003). 5) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 6) Que en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado ELVIN TREJO, en su condición de Apoderado Legal del señor OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. En ese orden expresó el Apoderado legal recurrente: “En este acto ratifico todos los argumentos contenidos en el escrito del recurso de revisión interpuesto en el momento oportuno.” Por su parte el ente fiscal expuso: “En atención al segundo planteamiento en cuanto a que la nueva norma le favorece a su representado, haremos un análisis en relación a la norma derogada y la nueva ley sustantiva; El artículo 117 del Código Penal derogado establece: Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: I. Alevosía; II. Con premeditación conocida. III. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión… IV. Con ensañamiento, aumentando deliberadamente el dolor del ofendido.” La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiere mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad. La nueva norma sustantiva vigente contenida en el Decreto 130-2017; contiene el delito de ASESINATO en el artículo 193 y determina; Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de 20 a 25 años. Y en el caso subjudice al haber sido condenado al término medio de la pena, correspondería una pena a imponer de 22 años 6 meses.- El delito de ROBO se contiene en el Código derogado en el artículo 217, y la pena se contempla en el artículo 218, que establece una pena de 5 a 9 años de reclusión.- La nueva norma sustantiva lo contempla como ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION, determinado en el artículo 361, el que impone una pena de 4 a 8 años de prisión, concurriendo la agravante del artículo 363 numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios…; Aumentando en un 1/3 la pena, resultando una pena abstracta de 8 años a 10 años y 8 meses, por ende esta norma no resulta más benigna para el sentenciado pues fue condenado por este ilícito a 7 años de reclusión, más las penas accesorias.- En torno a lo antes expuesto debemos indicar que conforme a los parámetros que establece el artículo 616, no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique; y en el caso sub judice la pena por el delito de ROBO no le es más favorable por ser mayor a la que fue condenado, razón por la que no aplica la retroactividad peticionada por el revisionista. IV.- OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia que SE DECLARE SIN LUGAR la presente acción de revisión, en los términos señalados en el presente libelo.” CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral 8 de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía: que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614,615 Y 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ fue condenado por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante sentencia condenatoria de fecha quince (15) de enero del año dos mil tres (2003), a las penas de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ROBO, en perjuicio de RAUL EDGARDO PINEDA EUCEDA y CARLOS LUIS PINEDA EUCEDA y VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de RAUL EDGARDO PINEDA EUCEDA. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 117 y 217 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de ROBO y ASESINATO. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ, las penas de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ROBO, en perjuicio de RAUL EDGARDO PINEDA EUCEDA y CARLOS LUIS PINEDA EUCEDA y VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de RAUL EDGARDO PINEDA EUCEDA. I. Que en cuanto al delito de ASESINATO, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el Artículo 117 del Código Penal decreto 144-1983 dispone: “Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía ; 2) Con premeditación conocida 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentado deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad.” Por su parte el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 193 Establece: “ASESINATO. Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años.” Es decir, que la pena abstracta para el delito de asesinato contemplada por el Código Penal derogado conforme a los hechos probados de la sentencia oscilaba entre VEINTE (20) A TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, de la cual le fue aplicada al sentenciado una pena media de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION; mientras que en el Código Penal vigente la pena abstracta por el mismo delito oscila entre VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN. II. Que, en cuanto al delito de ROBO, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el Artículo 217 del Código Penal decreto 144-1983 dispone: “Artículo 217. Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. Artículo 218. El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión.” Por su parte el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 361 Establece: “ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” De la lectura de los hechos probados de la sentencia de fecha quince (15) de enero del año dos mil tres (2003) se desprende que concurre la agravante contenida en el artículo 363 numeral 9 del mismo cuerpo legal (Código Penal decreto 130-2017) que establece: “Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.” Es decir, que la pena abstracta para el delito de robo contemplada por el Código Penal derogado oscilaba entre CINCO (5) A NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN, de la cual le fue aplicada una pena media de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSION; mientras que en el Código Penal vigente la pena abstracta por el mismo delito, con todas sus circunstancias oscila entre OCHO (8) A DIEZ (10) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. CONSIDERANDO CATORCE (14): Qué habiendo quedado determinado en el considerando que precede, los tipos penales aplicables del Nuevo Código Penal y las penas abstractas correspondientes a cada conducta realizada por el condenado conforme a los hechos declarados como probados en la sentencia de fecha quince (15) de enero del dos mil tres (2003), dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, corresponde ahora realizar el ejercicio para determinar la pena concreta a imponer, habiendo quedado establecido que es procedente la revisión de la sentencia por ser aplicable la retroactividad de la ley conforme al artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y el artículo 616 del nuevo Código Penal. I. El sentenciado, al tenor del artículo 193 del nuevo Código Penal cometió el delito de ASESINATO. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada de fecha quince (15) de febrero del año dos mil tres (2003), (folios 30 al 32 del expediente de Revisión). Siguiendo los parámetros establecidos en dicha sentencia donde se le condenó al sentenciado a la pena concreta media de veinticinco (25) años de reclusión, por haberse considerado el grado de peligrosidad y antecedentes personales del penado, entre otras circunstancias, consecuentemente siguiendo ese lineamiento le corresponde de igual manera la imposición de la pena media que resulta de la pena abstracta que regula el Nuevo Código Penal Decreto 130-2017, de veinte (20) a veinticinco (25) de prisión, es decir veintidós (22) años y seis (6) meses de prisión. II. En cuanto a la determinación de la pena concreta por la comisión de la conducta del delito de ROBO CON VIOLENCIA, deben seguirse los parámetros establecidos en dicha sentencia de fecha quince (15) de febrero del año dos mil tres (2003) donde se le condenó al sentenciado a la pena de siete (7) años de reclusión, es decir una pena concreta media, por haberse considerado el grado de peligrosidad, antecedentes personales del penado, entre otras circunstancias. Consecuentemente siguiendo ese lineamiento le corresponde de igual manera la imposición de la pena media que resulta de la pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, es decir nueve (9) años y cuatro (4) meses de prisión. III. Que el órgano sentenciador, en la sentencia definitiva y firme de fecha quince (15) de enero del año dos mil tres (2003), determinó un concurso real, y por tal razón se impuso al entonces procesado las penas correspondientes para cada delito, haciendo un total de treinta y dos (32) años de reclusión, en ese sentido, debe seguirse ese criterio y aplicar la pena correspondiente para cada delito, haciendo un total de treinta y un (31) años y diez (10) meses de prisión, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado ELVIN TREJO, a favor del señor OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO PRIMERO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha quince (15) de enero del año dos mil tres (2003); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ, por los delitos de ROBO Y ASESINATO, en perjuicio de RADUL EDGARDO PINEDA EUCEDA y CARLOS LUIS PINEDA EUCEDA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor OSCAR ALEXANDER SANTOS JIMENEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ASESINATO a la pena de VEINTIDOS (22) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISION y por el delito de ROBO a la pena de NUEVE (9) AÑOS CUATRO (4) MESES de prisión, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado/a. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito, a los quince días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0493-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.