Sentencia RP-48-21 — Registro 14649
Resumen
Acto recurrido contra la Sentencia Condenatoria del a-quo, con relación a la causa instruida contra el impetrante, por los delitos de actos de lujuria agravados y estupro
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" se puede observar que las penas señaladas en el nuevo Código Penal con respecto al delito de ESTUPRO Y OTRAS AGRESIONES SEXUALES (Actos de Lujuria), son DESFAVORALES para el recurrente ya que prevén penas más graves que las establecidas en el Código Penal, creado mediante Decreto 144-83, con el cual fue condenado, sin que le represente al recurrente ventaja alguna con la aplicación retroactiva de lo señalado en el nuevo Código Penal.- Por lo anterior, se debe declarar sin lugar la presente garantía constitucional de revisión penal..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por la Abogada MARGIE GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ, a favor del señor VIRGILIO REYES LAZO, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra el señor VIRGILIO REYES LAZO, por los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGARVADOS Y ESTUPRO, en perjuicio de la menor M. R. C. M..- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha tres de diciembre de dos mil quince, la Abogada GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YORO, DEPARTAMENTO YORO; presentando Requerimiento Fiscal contra señor el VIRGILIO REYES LAZO, por suponerlo responsable a Titulo de Autor por los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGARVADOS Y ESTUPRO, en perjuicio de la menor M. R. C. M.. (Folios 01 al 03 de la primera pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO; FALLA: PRIMERO: Que debemos ABSOLVER y al señor VIRGILIO REYES LAZO, por el delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de M. R. C. M.. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor VIRGILIO REYES LAZO, como autor responsable penalmente de un delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la menor M. R. C. M., a la pena de SIETE (7) años y NUEVE (9) meses de reclusión como pena principal. TERCERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor VIRGILIO REYES LAZO, como autor responsable penalmente de un delito de ESTUPRO en perjuicio de la menor M. R. C. M., por lo cual deberá cumplir en el centro penal correspondiente. CUARTO: Siendo que ambos delitos cometidos se consideran un concurso real de delitos, por lo que sumadas ambas penas hacen un total de TRECE (13) AÑOS, con NUEVE (9) meses de reclusión. QUINTO: Como consecuencia de las penas de reclusión se le imponen las penas accesorias de INAHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal y trabajar durante el tiempo de la condena en obras públicas o en laborares dentro del establecimiento penal de conformidad con lo que regula el sistema penitenciario nacional. SEXTO: Se declara al condenado responsable civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en los artículos 432 y demás aplicables del Código Procesal Penal. SEPTIMO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. (Folios 166 al 172 de los antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha quince de enero de dos mil veintiuno, esta Sala de lo Constitucional, recibió, el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada MARGIE GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ, a favor del señor VIRGILIO REYES LAZO, contra la sentencia en fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, fundamentando su acción en los artículos 96 y 101, de la Ley de Justicia Constitucional; 80, 82 y 96 de la Constitución de la República.-4) Que en fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 16 del recurso de mérito).-5) Que en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada MARGIE GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ, en su condición de apoderado legal del señor a favor del señor VIRGILIO REYES LAZO; y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. (Folios 28 al 31 del recurso de mérito).-CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha quince de enero de dos mil veintiuno, se presenta ante esta Sala de lo Constitucional el presente Recurso de Revisión Penal a favor del Señor VIRGILIO REYES LAZO, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de el Progreso, Departamento de Yoro, de fecha cuatro (04) de junio de dos mil dieciocho (2018), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), enmarcándolo en el artículo 254, al referir que establece una pena aplicable al delito de ESTRUPO de seis (6) meses a un (1) años de prisión, si lo actos sexuales implican acceso carnal por cualquier vía, las penas deben ser de prisión de uno(1) a tres(3) años y prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas por tiempo de dos(2) a cuatro(4) meses o multa de trescientos(300) a seiscientos(600) días; de igual manera refiere que la figura de actos de lujuria en el nuevo código desaparece, solicita que se le aplique lo referido en los artículos 67 y 615 del Código Penal vigente en relación con el artículo 7 del Código Civil, por lo cual solicita que únicamente se le aplique la pena establecida en el artículo 254 del Código Penal para el delito de estupro. -CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo adopta la garantía Constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte de un proceso penal, pueda practicar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentra firme; en este sentido manda que la Ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir.- En ese orden el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedido de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del Garantista expresados en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho (8) del artículo 96, 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 186 de la Constitución de la República, que determinan la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “La objeción contra la sentencia firme, dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, y de donde resulta el motivo del recurso extraordinario de revisión lo constituye que al hacer estudio de la sanción correspondiente de delito juzgado, con aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos pero novada con posterioridad al juzgamiento respetivo, esta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria, a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, ya que ahora es menor la sanción por ese ilícito penal, por haber sido reducida la misma en el nuevo código penal vigente…”-CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, con la comparecencia de la Abogada Sandra Lorena Zúniga Garcia, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Margie Gabriela López Hernández, en su condición de Apoderada del señor VIRGILIO REYES LAZO; manifestando este último que por este acto
vengo a ratificar EL Recurso de Revisión y solicitud de la aplicación del PRINCIPIO RETROACTIVIDAD EN CUANDO LA LEY SEA MAS FAVORABLE A MI REPRESENTADO basándome en los artículos 96 de la Constitución de la República, artículo, 615 y 616 del Código Penal Vigente, haciendo una breve comparación de las penas para justificar la que es más favorable a mi representado PRIMERO: quiero decir que la figura del primer delito establecido como ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO, que se establece en el anterior código penal en el artículo 141 ya no se encuentra contemplado en el actual código penal y la figura que aparece que es muy similar es constitutivo en el artículo 250 denominado “otras agresiones sexuales" con una pena de cinco (5) a ocho (8) años y la prohibición de la residencia de aproximación de la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión, esta es la figura que más se asemeja o se parece al ya desaparecido delito de actos de lujuria y como es bien sabido el legislador estimo las agravantes que se aplican a cada tipo particular de delito y en este caso se toma en cuenta lo que dictamino el Tribunal de Sentencia de la ciudad del Progreso, Yoro en la parte de la fundamentación jurídica en el acápite séptimo párrafo segundo donde solo se toma en cuenta de las agravantes alegadas por la parte acusadora que solo puede apreciarse o tenerse como acreditado el hecho de que el acusado era el padrastro de la víctima, tomando esto y en vista que para el delito de otras agresiones sexuales en el mismo artículo 250 se establece que las penas anteriores se deben incrementar en un tercio si concurren las circunstancias del numeral 1 párrafo segundo del artículo anterior, y en el numeral 1 establece como agravante el empleo de violencia o
intimidación, es decir que prácticamente la agravante desaparece por lo cual considero que la pena se atenúa y solicito se aplique la pena más baja para este delito que es de cinco (5) años; en la segunda pena que se dictamino fue la establecida en el código Penal anterior en el artículo 142 que es el delito de ESTUPRO cuya pena se sanciona de 6 a 8 años de reclusión y siendo el caso de que el Tribunal de Sentencia de la Ciudad del Progreso, Yoro condeno a mi representante a una pena de 6 años por el delito de estupro, pero con el actual código penal en su artículo 254 establece la pena para el delito de estupro" si los actos sexuales implican acceso carnal por cualquier vía las penas deben ser de prisión de 1 a 3 años y prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas por tiempo de dos (2) a cuatro (4) meses o multa de trescientos (300) a seiscientos (600)días. En Esta Pena También se puede aplicar lo que es el PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD porque la Ley le favorece a mi representado y solicito también se aplique lo que es la pena mínima, es por consiguiente que MUY RESPETUOSAMENTE PIDO A LOS HONORABLES MAGISTRADOS MIEMBROS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA MODIFICACION DE LA PENA, EN CUANTO ESTA SEA MAS FAVORABLE AL SEÑOR VIRGILIO REYES LAZO, ASIMISMO, SE ENVIE UNA ATENTA COMUNICACIÓN AL JUEZ DE EJECUCION DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO SOLICITANDO SE APLIQUE LA LIBERTAD CONDICIONAL EN VISTA QUE EL SEÑOR VIRGILIO REYES LAZO LLEVA CUMPLIDO CINCO AÑOS CON SEIS MESES Y VEINTITRES DIAS, DE LA PENA QUE YA SE LE HABIA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, Y ME FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 81 DEL CODIGO PENAL referente a la libertad condicional, NUMERAL 1 donde nos indica que se puede aplicar lo que es la libertad condicional el penado ha cumplido la mitad (1/2) de la pena impuesta en los casos de pena de prisión de hasta quince (15) años.).-APRECIACION JURIDICA: El Ministerio Público señala que la sentencia definitiva dictada en fecha cuatro (04) de junio del año
2018, por el Tribunal de Sentencia del Progreso, Yoro, mediante la cual se Condenó al señor Virgilio Reyes Lazo, a la pena de siete (7)años, nueve (9) meses de reclusión por el delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio de M. R. C. M.; y seis (6)años de reclusión por el
delito de Estupro en perjuicio de M. R. C. M., así como a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Que la causal de revisión invocada por la revisionista se encuentra contenida en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes, cuando: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…;
8).- Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar que la vigencia del actual Código Penal, le favorece a su representado. Arguye el revisionista que el delito de Actos de Lujuria contenido en el artículo 141 del Código Penal anterior, desapareció quedando similar en el artículo 250 de la nueva norma penal vigente, en el delito de OTRAS AGRESIONES SEXUALES, que señala: "Comete el delito de agresiones sexuales quien, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo precedente realiza actos que atentan contra la libertad sexual, distintos de los previstos en el precepto anterior. El autor de este delito debe ser castigado con las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión". Esta figura penal viene a sustituir lo que en el Código anterior se denomina Actos de Lujuria. En relación a la segunda pena, con la nueva norma sustantiva el delito de Estupro se encuentra contenido en el artículo 254, que expresa: "Quien utilizando engaño realiza actos de contenido sexual con persona mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años, debe ser castigado con la pena de prisión de seis (6) meses a un (1) año. Si los actos sexuales implican acceso carnal por cualquier vía, las penas deben ser de prisión de uno (1) a tres (3) años y prestación de servicio de utilidad pública o las víctimas por tiempo de dos (2) a cuatro (4) meses o multa de (300) a seiscientos (600) días." La reducción de las penas del estupro con abuso de confianza o autoridad, en el anterior código Penal tenía una pena de 6 a 8 años y en el nuevo Código se rebaja la pena de 1 a 3 años.- CONCLUSION DEL MINISTERIO PUBLICO: De lo expuesto, el Ministerio Público aprecia que del análisis efectuado al recurso revisión presentado por la Abogada Margie Gabriel López, y al antecedente de mérito, se logra determinar que no procede aplicar la retroactividad de la ley en el delito de Actos de Lujuria Agravado, esto en virtud que la pena abstracta que contempla el delito de Otras Agresiones Sexuales, tiene una pena de 5 a 8 años de prisión, aumentada en un 1/3 al concurrir la agravante contenida en el artículo 255 numeral 3.- La víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, resultando la pena abstracta aplicarse de 8 años a 10 años, 8 meses de prisión, conforme los parámetros que establece el artículo 69 numeral l del Código Penal
Vigente. En atención al delito de Estupro contenido en el artículo 254 de la norma sustantiva vigente, se evidencia que tampoco le aplica el beneficio de retroactividad de la ley, en virtud que de los Hechos Probados se desprende la existencia de acceso carnal entre el sentenciado y la víctima, conllevando por ello, la aplicación de una pena de cuatro (4) a siete (7) años, con la agravante contenida en el artículo 255 numeral 3).- La víctima es especialmente vulnerable por razón de edad, lo que aumenta la pena en un 1/3, de tal manera que la pena abstracta a aplicarse es de siete años a nueve años cuatro meses de prisión; asimismo dicha norma impone pena de multa de trescientos (300)a quinientos (500) días, el cual tiene un valor no menor de
veinte(lempiras L.20 ni mayor de cinco mil lempiras
(L. 5000), conforme lo establece el artículo 53 del nuevo Código Penal. Por otra parte, no evidenciamos que concurra la petitoria en cuanto que la acción realizada por el sentenciado puede subsumirse en un concurso ideal, como lo avizora la peticionaria, pues de los Hechos Probados contenidos en la sentencia de mérito, se colige que el encartado fue condenado en concurso real, de tal manera que dicha condición no puede ser modificada a efecto de lograr el beneficio de retroactividad. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal es de la opinión que No procede la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, conforme los argumentos que anteceden.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor… Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.-CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.- CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualizan los hechos concretos y probados, esbozados en la sentencia condenatoria así mismo sus penas y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9].- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable.-CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República de Honduras en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala hace su exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el Señor VIRGILIO REYES LAZO, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Progreso, Departamento de Yoro, mediante sentencia de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, a una pena principal de TRECE (13) AÑOS, con NUEVE (9) meses de reclusión por los delitos de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS (7 AÑOS, 9 MESES) Y POR EL DELITO DE ESTUPRO (6 AÑOS), en perjuicio de M. R. C. M.; así como a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 32, 63, 64, 105, 141 Y 142 del Código Penal, estimando que el condenado cometió el delito ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS Y ESTUPRO.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Sentencia que se recurre a través de la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. La emitida por el Tribunal de Sentencia de Progreso, Departamento de Yoro de fecha cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual “FALLA: PRIMERO: Que debemos ABSOLVER y al señor VIRGILIO REYES LAZO, por el delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de M. R. C. M.. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor VIRGILIO REYES LAZO, como autor responsable penalmente de un delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la menor M. R. C. M., a la pena de SIETE (7) años y NUEVE (9) meses de reclusión como pena principal. TERCERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor VIRGILIO REYES LAZO, como autor responsable penalmente de un delito de ESTUPRO en perjuicio de la menor M. R. C. M., por lo cual deberá cumplir en el centro penal correspondiente. CUARTO: Siendo que ambos delitos cometidos se consideran un concurso real de delitos, por lo que sumadas ambas penas hacen un total de TRECE (13) AÑOS, con NUEVE (9) meses de reclusión. QUINTO: Como consecuencia de las penas de reclusión se le imponen las penas accesorias de INAHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal y trabajar durante el tiempo de la condena en obras públicas o en laborares dentro del establecimiento penal de conformidad con lo que regula el sistema penitenciario nacional. SEXTO: Se declara al condenado responsable civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en los artículos 432 y demás aplicables del Código Procesal Penal. SEPTIMO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.-CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante sea más favorable a este.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos, el ahora recurrente Virgilio Reyes Lazo fue condenado por el delito de Actos de Lujuria Agravados a una pena de siete (7) años, nueve (9) meses de reclusión y por el delito de Estupro a una pena de seis (6) años de reclusión, contemplados en los artículos 141 y 142 del Código Penal derogado, conteniendo dicha normativa una pena abstracta para el Delito de Actos de Lujuria Agravados de cinco (5) a ocho (8) años de reclusión incrementada en un medio (1/2) y para el delito de Estupro la pena de seis (6) a ocho (8) años de reclusión; y en el nuevo código penal se prevé en vez de ACTOS DE LUJURIA, el delito de OTRAS AGRESIONES SEXUALES, que en el presente caso le correspondería una pena abstracta por este delito de seis (6) años, ocho (8) meses a diez (10) años, ocho (8) meses, en vista que su participación está penado de cinco (5) a ocho (8) años de prisión aumentado en un tercio (1/3), por ser la victima menor de catorce (14) años. De igual manera con base al nuevo Código Penal, le correspondería una pena abstracta de cinco (5) años, cuatro (4) meses a nueve (9) años, cuatro (4) meses, por el delito de ESTUPRO, en vista que su actuar en este delito está penado con cuatro (4) años a siete (7) años de prisión, aumentada en un tercio (1/3), ya que la víctima es menor de edad, contemplando también, multa de trescientos (300) a quinientos (500) días. Por lo anterior, se puede observar que las penas señaladas en el nuevo Código Penal con respecto al delito de ESTUPRO Y OTRAS AGRESIONES SEXUALES (Actos de Lujuria), son DESFAVORALES para el recurrente ya que prevén penas más graves que las establecidas en el Código Penal, creado mediante Decreto 144-83, con el cual fue condenado, sin que le represente al recurrente ventaja alguna con la aplicación retroactiva de lo señalado en el nuevo Código Penal.- Por lo anterior, se debe declarar sin lugar la presente garantía constitucional de revisión penal.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia el pronunciamiento del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos1.1, 9, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 96 numeral 8; 1, 250, 254 y 255 del Código Penal; 99 párrafo primero de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Margie Gabriela López Hernández, a favor de Virgilio Reyes Lazo, en vista que no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, por no ser más benigna.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para su conocimiento; Redacto el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de Mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0048-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3] Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
[4] Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[5] Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.