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Sentencia RP-45-21 — Registro 15033

Resumen

Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia condenatoria por los delitos de torturas leves.El recurrente solicita aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III. Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MARIANO DE JESUS LAGOS, CUATRO PENAS de CINCO AÑOS DE RECLUSION E INHABILITACION ABSOLUTA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA por el delito de TORTURAS LEVES en perjuicio de J. A. V., A. J. W. P., E. A. F., Y H. A. A. A. más la pena accesoria de INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. IV. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 209-A. describe y penaliza el delito de la siguiente manera: Comete tortura el empleado o funcionario público, u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza intimidatoria, coactiva o por el empleo de fuerza material, le suponga sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con reclusión de diez (10) a quince (15) años, si el daño fuera grave, y de cinco (5) a diez (10) años de reclusión, si no lo es, más la pena de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. […] Las penas anteriores se aplicarán al funcionario o empleado público, que con su consentimiento o aquiescencia y faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos anteriormente descritos. Mientras que en el ARTÍCULO 216 del Código Penal decreto 130-2017, describe y penaliza el delito de la siguiente manera: TORTURA. Comete tortura el funcionario o empleado público que en el ejercicio de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que ha cometido o se sospeche que ha cometido por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación o con cualquier otro fin, somete a ésta a condiciones o procedimientos que por su naturaleza intimidatoria o coactiva, le ocasionan sufrimientos, una situación de humillación o la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión. No se debe considerar tortura, los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas. El culpable de tortura debe ser castigado con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años e inhabilitación absoluta de quince (15) a veinte (20) años. Las penas previstas en el párrafo segundo se deben imponer al funcionario o empleado público que, faltando a los deberes de su cargo, permite que otras personas ejecuten los hechos descritos en el párrafo primero. Es patente que en el marco de penas abstractas el Código Penal decreto 130-2017 no es más favorable al encausado puesto que la pena minina para la misma conducta es de 6 año de prisión y el peticionante fue condenado a la pena mínima de 5 años de reclusión además en el nuevo Código se concreta la inhabilitación absoluta de quince a veinte años mientras que la inhabilitación absoluta impuesta es por el doble de duración de la condena es decir diez años. V. La conducta desarrollada por el encausado establecida en la sentencia que hoy es objeto de revisión, folio 436 de la pieza del Juzgado, encuadra en lo plasmado en el artículo 216 del Código Penal decreto 130-2017. VI- Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de revisión Penal interpuesto el Abogado MIGUEL HONORIO DOMINGUEZ MEJIA a favor del Señor MARIANO DE JESUS LAGOS, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha catorce (14) de agosto de dos mil nueve (2009), con relación a la causa que se instruyó contra el señor MARIANO DE JESUS LAGOS por cuatro delitos de TORTURAS LEVES en perjuicio de J. A. V., A. J. W. P. Y OTROS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho (08) de diciembre de dos mil cinco (2005), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, en su condición de Agentes de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor ERICK ANTONIO GARCIA AVENDAÑO por suponerlo responsable del delito de VEJAMENES, M. DE J. L., J. A. C. R. y OTROS por el delito de TORTURAS en perjuicio de los niños A. V. M., A. W. W. P. Y OTROS. (Folios 01-64 de la pieza del A-Quo) 2) Que una vez evacuado el procedimiento, en fecha catorce (14) de agosto de dos mil nueve (2009), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Debemos condenar y condenamos al Señor ERICK ANTONIO GARCIA AVENDAÑO, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, en perjuicio de F. J. O. a una pena de TRES AÑOS DE RECLUSION e INHABILITACION ESPECIAL por el doble del tiempo de la condena, debiéndose computar esta pena de reclusión, desde el día en que el imputado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, Tamara, Francisco Morazán. SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos al acusado ERICK ANTONIO GARCIA AVENDAÑO, como consecuencia de la Pena de Reclusión impuesta por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, a la pena accesoria de INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara la responsabilidad Civil de ERICK ANTONIO GARCIA AVENDAÑO proveniente del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS por el cual fue condenado. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio, por el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, a la Defensa de ERICK ANTONIO GARCIA AVENDAÑO. QUINTO: Debemos condenar y condenamos al Señor JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de TORTURAS LEVES, en perjuicio de J. A. V. a una pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION e INHABILITACION ABSOLUTA por el doble del tiempo de la condena debiéndose computar esta pena de reclusión, desde el día en que el imputado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, Tamara, Francisco Morazán. SEXTO: Debemos condenar y condenamos al acusado JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ, como consecuencia de la Pena de Reclusión impuesta por el delito de TORTURAS LEVES, a la pena accesoria de INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. SEPTIMO: Se declara la responsabilidad Civil de JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ proveniente del delito de TORTURAS LEVES por el cual fue condenado. OCTAVO: No procede la condena en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el delito de TORTURAS LEVES, a la Defensa de JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ. NOVENO: Debemos condenar y condenamos al señor JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de VEJAMENES, en perjuicio de C. E. M. a una pena de TRES AÑOS DE RECLUSION y CINCUENTA MIL LEMPIRAS DE MULTA; debiéndose computar esta pena de reclusión, desde el día en que el imputado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, Tamara, Francisco Morazán. DECIMO: Debemos condenar y condenamos al acusado JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ, como consecuencia de la Pena de Reclusión impuesta por el delito de VEJAMENES, a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. DECIMO PRIMERO: Se declara la responsabilidad Civil de JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ proveniente del delito de VEJAMENES por el cual fue condenado. DECIMO SEGUNDO: No procede la condena en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio, por el delito de VEJAMENES, a la Defensa de JUAN CARLOS GARCIA HERNANDEZ. DECIMO TERCERO: Debemos condenar y condenamos al señor MARIANO DE JESUS LAGOS, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de TORTURAS LEVES, en perjuicio de J. A. V. a una pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION e INHABILITACION ABSOLUTA por el doble del tiempo de la condena, debiéndose computar esta pena de reclusión, desde el día en que el imputado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, Tamara, Francisco Morazán. DECIMO CUARTO: Debemos condenar y condenamos al acusado MARIANO DE JESUS LAGOS, como consecuencia de la Pena de Reclusión impuesta por el delito de TORTURAS LEVES en perjuicio de J. A. V., a la pena accesoria de INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. DECIMO QUINTO: Se declara la responsabilidad Civil de MARIANO DE JESUS LAGOS, proveniente del delito de TORTURAS LEVES en perjuicio de J. A. V. por el cual fue condenado. DECIMO SEXTO: Debemos condenar y condenamos al señor MARIANO DE JESUS LAGOS, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de TORTURAS LEVES, en perjuicio de A. J. W. P. a una pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION e INHABILITACION ABSOLUTA por el doble del tiempo de la condena, debiéndose computar esta pena de reclusión, desde el día en que el imputado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, Tamara, Francisco Morazán. DECIMO SEPTIMO: Debemos condenar y condenamos al acusado MARIANO DE JESUS LAGOS, como consecuencia de la Pena de Reclusión impuesta por el delito de TORTURAS LEVES en perjuicio de A. J. W. P., a la pena accesoria de INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. DECIMO OCTAVO: Se declara la responsabilidad Civil de MARIANO DE JESUS LAGOS, proveniente del delito de TORTURAS LEVES en perjuicio de A. J. W. P. por el cual fue condenado. DECIMO NOVENO: Debemos condenar y condenamos al señor MARIANO DE JESUS LAGOS, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de TORTURAS LEVES, en perjuicio de H. A. A. A., a una pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION e INHABILITACION ABSOLUTA por el doble del tiempo de la condena, debiéndose computar esta pena de reclusión, desde el día en que el imputado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, Tamara, Francisco Morazán. DUODECIMO: Debemos condenar y condenamos al acusado MARIANO DE JESUS LAGOS, como consecuencia de la Pena de Reclusión impuesta por el delito de TORTURAS LEVES en perjuicio de H. A. A. A., a la pena accesoria de INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. DUODECIMO PRIMERO: Se declara la responsabilidad Civil de MARIANO DE JESUS LAGOS, proveniente del delito de TORTURAS LEVES en perjuicio de H. A. A. A. por el cual fue condenado. DUODECIMO SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos al señor MARIANO DE JESUS LAGOS, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de TORTURAS LEVES, en perjuicio de E. A. F. a una pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION e INHABILITACION ABSOLUTA por el doble del tiempo de la condena, debiéndose computar esta pena de reclusión, desde el día en que el imputado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, Tamara, Francisco Morazán. DUODECIMO TERCERO: Debemos condenar y condenamos al acusado MARIANO DE JESUS LAGOS, como consecuencia de la Pena de Reclusión impuesta por el delito de TORTURAS LEVES en perjuicio de E. A. F., a la pena accesoria de INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. DUODECIMO CUARTO: Se declara la responsabilidad Civil de MARIANO DE JESUS LAGOS, proveniente del delito de TORTURAS LEVES en perjuicio de E. A. F. por el cual fue condenado. DUODECIMO QUINTO: No procede la condena en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio, por ninguno de los cuatro delitos de TOTURAS LEVES, en perjuicio de J. A. V., A. J. W. P., H. A. A. A. y E. A. F. a la Defensa de MARIANO DE JESUS LAGOS. DUODECIMO SEXTO: Manda se notifique esta sentencia a las partes procesales.” (Folios 436-445 de la pieza del A-Quo) 3) Que el Abogado MIGUEL HONORIO DOMINGUEZ MEJIA compareció ante este Tribunal en fecha quince (15) de enero de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor MARIANO DE JESUS LAGOS, contra la sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce (14) de agosto de dos mil nueve (2009), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-16 del recurso de mérito) 4) Que en fecha seis (06) de mayo de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 27 del recurso de mérito) 5) Que en fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado MIGUEL HONORIO DOMINGUEZ MEJIA en su condición de Apoderado Legal del Señor MARIANO DE JESUS LAGOS, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión, que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 44-47 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Los garantistas señalan en los antecedentes: “En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la Republica establece que “la ley no tiene efecto retroactivo. Excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”, lo cual está desarrollado en el Código Penal (Decreto 130-2017), mediante el cual se derogo el Código Penal contenido en el Decreto 144-83 y sus reformas; estableciéndose en su artículo 1 que: “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o rea, así como al penado.” Y su artículo 615 al señalar que “RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE, Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan mas favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Por lo que habiendo quedado de manifiesto que en la sentencia condenatoria de mérito, existió una flagrante violación al principio de inocencia y de legalidad, al no haberse configurado los elementos del tipo penal en Torturas por los que injustamente condenado el señor MARIANO DE JESUS LAGOS, y la no participación del mismo en tal delito, tal como se ha establecido en los acápites anteriores, por lo que se debe aplicar retroactivamente el Nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), específicamente el nuevo tipo penal de Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes por Funcionario Público establecido en el artículo 217, bajo la modalidad Continuada establecida en el articulo 68, por considerar que este tipo penal bajo la modalidad continuada es mas adecuada y justa a los fines de la justicia”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por las partes en audiencia: El recurrente expone: “solicitamos que le aplique a mi representado el artículo 68 por continuidad, el delito continuado, perdón, por delito continuado, ya que si se lee el artículo, claramente especifica cada uno de las mismas características que establece de acuerdo a como fue condenado, bajo la pena que sea condenado según la retroactividad de la ley, que sea condenado por tratos crueles, inhumanos o degradantes y como funcionario público pues por omisión, verdad, ya que el no participó en tortura sino que él era jefe de guardia en ese sentido, eso lo establece en expediente, el no participo en ningún tipo de eso y aun así en ese momento por el Código Penal anterior se le condeno por el delito de torturas, pero a sabiendas que el nuevo código trae un sinnúmero de penas su señoría que establecen y se relacionan directamente en el caso que sucedió esos hechos y el delito que se le debe aplicar es el de tratos crueles, inhumanos o degradantes su señoría, que haciendo una relación de la pena quedaría con una pena de seis años más 1/3 que se le aumentaría según el artículo 68 por el delito continuado, quedando en una pena de ocho años su señoría…“. A lo que el Ministerio Publico expone: “Es preciso acotar que la condena impuesta al señor MARIANO DE JESUS LAGOS, fue en concurso real, tal como se desprende de la sentencia de mérito, por lo que no es pertinente aplicar lo establecido en el artículo 68 del Código Penal vigente, en lo relacionado al Delito Continuado o Delito en masa. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer resulta más gravosa que la impuesta conforme la legislación derogada, en tanto no es procedente aplicar el principio de Retroactividad de la Ley penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado. Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que es de la opinión que no se otorgue la acción de revisión”. Ministerio Publico: “De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Publico procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de TORTURAS LEVES por el cual se condenó a MARIANO DE JESUS LAGOS. En el Código Penal derogado el delito de TORTURAS establecía en el “ARTICULO 209-A. Comete tortura el empleado o funcionario público, incluidos los de instituciones penitenciarias o de centros de protección de menores que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra la integridad moral. El culpable de tortura será castigado con reclusión de diez (10) a quince (15) años si el daño fuere grave, y de cinco (5) a diez (10) años si no lo fuere, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. Las penas anteriores se entenderán sin perjuicio de las que sean aplicables a las lesiones o daños a la vida, integridad corporal, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero. Cuando el delito de tortura sea cometido por particulares, se disminuirán en un tercio las penas previstas en el párrafo primero de este artículo.” En el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de TORTURA se encuentra regulado en el ARTICULO 216.- “Comete el delito de Tortura el funcionario o empleado público que en el ejercicio de su cargo o con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que ha cometido o se sospeche que ha cometido por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación o con cualquier otro fin, somete a esta a condiciones o procedimientos que por su naturaleza intimidatoria o coactiva, le ocasionan sufrimientos, una situación de humillación o la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión. No se debe considerar tortura, los dolores o sufrimiento que sean consecuencia únicamente de sanciones legitimas o que sean inherentes o incidentales a estas. El culpable de tortura debe ser castigado con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años e inhabilitación absoluta de quince (15) a veinte (20) años. Con las mismas penas debe de ser castigado el funcionario o empleado público de establecimientos penitenciarios o de centros de protección o internamiento de la niñez infractora que comete respecto a internos, detenidos o condenados, los actos descritos en el párrafo primero del presente artículo. Las penas previstas en el párrafo segundo se deben imponer al funcionario o empleado público que, faltando a los deberes de su cargo permite que otras personas ejecuten los hechos descritos en el párrafo primero. La pena de prisión debe ser aumentada en el tercio 1/3 cuando la víctima es menor de dieciocho años, mujer embarazada, persona de avanzada edad o persona con discapacidad.”. Al examinar el fallo sub-judice, se extrae que el hoy imputado fue condenado a la pena mínima de 5 años de reclusión, por cuatro delitos de TORTURAS LEVES, haciendo un total de 20 años de reclusión, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL; y de conformidad al nuevo Código Penal la pena a imponer en el delito de TORTURAS (sean graves o leves al no hacer distinción) en perjuicio de J. A. V., H. A. A. A., y E. A. F. es de seis (6) a diez (10) años de prisión, e INHABILITACION ABSOLUTA de quince (15) a veinte (20) años. Y en relación a la condena impuesta en perjuicio de N. J. W. P., se desprende de los hechos declarados como probados que era menor de diecisiete años, por lo que en aplicación a lo establecido en el art. 216 último párrafo debe aumentarse 1/3 de la pena, por lo que la pena abstracta respecto a dicha condena queda de 10 años a 13 años 4 meses de prisión. Es preciso acotar que la condena impuesta al señor MARIANO DE JESUS LAGOS, fue en concurso real, tal como se desprende de la sentencia de mérito, por lo que no es pertinente aplicar lo establecido en el artículo 68 del Código Penal vigente, en lo relacionado al Delito Continuado o delito en masa. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer resulta más gravosa que la impuesta conforme la legislación derogada, en tanto no es procedente aplicar el principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de le República, en cuanto dispone: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado, Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE, la presente acción de revisión.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO(8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE(12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARIANO DE JESUS LAGOS fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de agosto de dos mil nueve, a CUATRO PENAS de CINCO AÑOS DE RECLUSION E INHABILITACION ABSOLUTA por el delito de TORTURAS LEVES en perjuicio de J. A. V., A. J. W. P., E. A. F., Y H. A. A. A. más la pena accesorias de INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento e conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 209-a del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de torturas. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. III. Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor MARIANO DE JESUS LAGOS, CUATRO PENAS de CINCO AÑOS DE RECLUSION E INHABILITACION ABSOLUTA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA por el delito de TORTURAS LEVES en perjuicio de J. A. V., A. J. W. P., E. A. F., Y H. A. A. A. más la pena accesoria de INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. IV. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 209-A. describe y penaliza el delito de la siguiente manera: Comete tortura el empleado o funcionario público, u otra persona en el ejercicio de funciones publicas, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la somete a condiciones o procedimientos que por su naturaleza intimidatoria, coactiva o por el empleo de fuerza material, le suponga sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con reclusión de diez (10) a quince (15) años, si el daño fuera grave, y de cinco (5) a diez (10) años de reclusión, si no lo es, más la pena de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión. […] Las penas anteriores se aplicarán al funcionario o empleado público, que con su consentimiento o aquiescencia y faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos anteriormente descritos. Mientras que en el ARTÍCULO 216 del Código Penal decreto 130-2017, describe y penaliza el delito de la siguiente manera: TORTURA. Comete tortura el funcionario o empleado público que en el ejercicio de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que ha cometido o se sospeche que ha cometido por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación o con cualquier otro fin, somete a ésta a condiciones o procedimientos que por su naturaleza intimidatoria o coactiva, le ocasionan sufrimientos, una situación de humillación o la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión. No se debe considerar tortura, los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas. El culpable de tortura debe ser castigado con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años e inhabilitación absoluta de quince (15) a veinte (20) años. Las penas previstas en el párrafo segundo se deben imponer al funcionario o empleado público que, faltando a los deberes de su cargo, permite que otras personas ejecuten los hechos descritos en el párrafo primero. Es patente que en el marco de penas abstractas el Código Penal decreto 130-2017 no es más favorable al encausado puesto que la pena minina para la misma conducta es de 6 año de prisión y el peticionante fue condenado a la pena mínima de 5 años de reclusión además en el nuevo Código se concreta la inhabilitación absoluta de quince a veinte años mientras que la inhabilitación absoluta impuesta es por el doble de duración de la condena es decir diez años. V. La conducta desarrollada por el encausado establecida en la sentencia que hoy es objeto de revisión, folio 436 de la pieza del Juzgado, encuadra en lo plasmado en el artículo 216 del Código Penal decreto 130-2017. VI- Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado MIGUEL HONORIO DOMINGUEZ MEJÍA, a favor del señor MARIANO DE JESÚS LAGOS. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA- NOTIFIQUESE.-. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0045=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.