Sentencia RP-430-21 — Registro 15894
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal con relación a la causa instruida por los delitos de Secuestro Agravado y Usurpación De Funciones, en perjuicio de Testigo Protegido Peon y La Administración Pública
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curia, (el juzgador conoce el derecho). CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCIA, la pena principal de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena y a la pena principal de DOS (2) AÑOS Y DOS (2) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas en cuanto al delito de SECUESTRO AGRAVADO, entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192 establece una pena abstracta para esa conducta delictiva realizada por los sentenciados de veinte años a reclusión de por vida, tomando en cuenta además que de los hechos probados en la sentencia definitiva y firme de fecha tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020) quedó probado que los sentenciados incurrieron en las agravantes contenidas en el artículo 194 numeral 3 de dicha normativa hoy derogada, que establecen: “Serán circunstancias agravantes para los delitos establecidos en los artículos 192, 193 y 195, además de las señaladas en la parte general de este código las siguientes:1)… 2)… 3) Cuando es realizado por persona que es o haya sido miembro de las fuerzas armadas, la policía nacional u organismo de investigación del Estado; Es así que haciendo una comparativa de penas versus el Código Penal vigente Decreto 130-2017, el cual establece en su artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el tiempo de la condena. Debemos tomar en cuenta también, las circunstancias agravantes del tipo penal de secuestro, por lo tanto, el artículo 240 del mismo cuerpo legal establece: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas; o 9)… Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. II. En cuanto al delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 292 establece lo siguiente: “Quien sin título o causa legítima, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con dos (2) a tres (3) años de reclusión”; Es así que haciendo una comparativa de penas versus el Código Penal vigente Decreto 130-2017, el cual establece en su artículo 471 textualmente lo siguiente: “USURPACION DE FUNCIONES PÚBLICAS: Quien ejerce ilegítimamente actos propios de un funcionario o empleado público, atribuyéndose esa cualidad, debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años” III. En ese sentido, ponderando el quantum de las penas anteriormente señaladas, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal vigente es menos gravoso para los encausados. IV. Los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 38 al 83 del expediente de Revisión) encuadran con lo establecido en los artículos 239 y 240 numerales 7 y 8 y el artículo 471 del Código Penal decreto 130-2017 ya citados previamente. V. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a los encausados se les impuso la pena tomando en cuenta la sanción establecida en los artículos 192 párrafo primero, literal “a” y 194 numeral 3 y 292 del Código Penal Decreto 144-1983, cuya sanción en cuanto al delito de SECUESTRO AGRAVADO oscilaba con una pena abstracta de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, (condenados a veintidós (22) años de reclusión) y en cuanto al delito de USURPACION DE FUNCIONES, oscilaba una pena abstracta de dos (2) a tres (3) años de reclusión (condenados a dos (2) años y dos (2) meses de reclusión). VI. Que en cuanto a la pena por el delito de Secuestro Agravado ha considerado el tribunal sentenciador en aquel momento procesal, en la resolución de fecha tres (3) de agosto del dos mil veinte (2020), que era procedente a efecto de graduar la pena a imponer observar las circunstancias agravantes generales y especiales concurrentes, así como también dicho tribunal observó circunstancias atenuantes. En cuanto a las circunstancias agravantes especiales que son modificativas de la responsabilidad penal se observa que se encuentran enmarcadas en el Nuevo Código Penal, específicamente en el artículo 240 numerales 7 y 8, dichas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal se utilizaron en la sentencia revisada, en la cual se determinó imponer veintidós (22) años de reclusión, de una pena abstracta que oscilaba de veinte (20) años de reclusión a privación de la libertad de por vida, es decir, se impuso la pena mínima más dos (2) años, consecuentemente, debe seguirse esa línea procedimental a efecto de graduar la pena a revisar, en ese sentido debe imponerse la mínima de la pena abstracta del secuestro agravado más dos (2) años, lo que da como resultado una pena de diecisiete (17) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena más la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta. VII. Que en cuanto a la pena por el delito de Usurpación de Funciones ha considerado el tribunal sentenciador en aquel momento procesal, en la resolución de fecha tres (3) de agosto del dos mil veinte (2020), que era procedente imponer dos (2) años y dos (2) meses de reclusión, de una pena abstracta que oscilaba de dos (2) a tres (3) años de reclusión, es decir, se impuso la pena mínima más dos (2) meses, consecuentemente, debe seguirse esa línea procedimental a efecto de graduar la pena a revisar, en ese sentido debe imponerse la mínima de la pena abstracta para el delito de Usurpación de Funciones más dos (2) meses, lo que da como resultado una pena de un (1) año y dos (2) meses de prisión. VIII. Que el Tribunal sentenciador determinó en la sentencia de fecha tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020), un concurso medial, sin embargo en el numerando sexto de la parte fundamentación jurídica (folio 79 del expediente de revisión), estipuló aplicar las penas diferenciadas para cada uno de los dos delitos, con base al principio de legalidad y por ser más beneficioso para los hoy condenados, en ese sentido, debemos sujetarnos a los lineamientos que rigen la sentencia revisada IX. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL a favor de los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCÍA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCÍA, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “PEÓN”, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCÍA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS de prisión y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA, y a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. SEGUNDO: CONDENANDO a los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCÍA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de USURPACION DE FUNCIONES PÚBLICAS a la pena de UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES de prisión y la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL, de cargo o empleo público durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, numeral 8 (Rango Constitucional)
- Decreto 360-2013, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de revisión Penal interpuesto por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL a favor de los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCIA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha tres (03) de agosto de dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCIA por los delitos de SECUESTRO AGRAVADO y USURPACIÓN DE FUNCIONES, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PEON y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece (13) de febrero de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada MARIA DE LOS ANGELES BARAHONA DIAZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores NOE MOISES GARCIA RODRIGUEZ, JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCIA, GERMAN JOSUE HERNANDEZ VELASQUEZ y SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO, EXTORSION, ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, USURPACION DE FUNCIONES, USO INDEBIDO DE EQUIPO POLICIAL Y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “PEON”, LA ADMINISTRACION PÙBLICA, LA FE PÙBLICA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01-13 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha tres (03) de agosto de dos mil veinte (2020), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Condenar, como en efecto condenamos a NOE MOISES GARCIA RODRIGUEZ, GERMAN JOSUE HERNANDEZ VELASQUEZ, SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ Y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCIA, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como COAUTORES, penalmente responsables del delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PEON, por el cual se les ha acusado, a la pena de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSION. Condenar, como en efecto condenamos a NOE MOISES GARCIA RODRIGUEZ, GERMAN JOSUE HERNANDEZ VELASQUEZ, SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ Y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCIA, en cuanto al delito de SECUESTRO AGRAVADO, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. SEGUNDO: Condenar, como en efecto condenamos a NOE MOISES GARCIA RODRIGUEZ, GERMAN JOSUE HERNANDEZ VELASQUEZ, SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ Y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCIA, cuyas generales OCTAVO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 549-593 Salta al 594 de la pieza del A-Quo) 3) Que el Abogado ROGER ORELLANA PINEL compareció ante este Tribunal en fecha siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCIA, contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha tres (03) de agosto de dos mil veinte (2020), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-08 del recurso de mérito) 4) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 10 del recurso de mérito) 5) Que en fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado ROGER ORELLANA PINEL en su condición de Apoderada Legal de los Señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ Y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCIA, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 22-24 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “En el caso que nos ocupa, resulta evidente que en el Código Penal contenido en el decreto 130-2017, de reciente vigencia, se establece un tratamiento más favorable para la persona que cometa el delito de Secuestro Agravado puesto que el rango de pena abstracta para dicho tipo penal es “Prisión de doce (12) a quince (15) años”, en comparación con el rango de pena abstracta que establecía el Código Penal derogado (decreto 144-83, de fecha 23 de agosto de 1983), que era de “Reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida”, así mismo establece un tratamiento favorable para el delito de Usurpación de funciones públicas, puesto que el rango de pena abstracta para dicho tipo penal es “Prisión de uno (1) a cuatro (4) años”, en comparación con el rango de pena abstracta que establecía el Código Penal derogado (decreto 144-83, de fecha 23 de agosto de 1983), que era de “Reclusión de dos (2) a tres (3) años” razón por la cual, es imperativo que esta Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, proceda a REVISAR OFICIOSAMENTE esta sentencia condenatoria y aplique a mis patrocinados EL MISMO TRATAMIENTO RESPECTO A LA DETERMINACION DE LA PENA, dentro del rango de pena establecida en la legislación penal vigente como norma más favorable, DE LA MISMA MANERA QUE LO CONCIBIÓ EL TRIBUNAL SENTENCIADOR, que fue el VALOR MÍNIMO DEL RANGO DE PENA, de secuestro Agravado, según el Código Penal Vigente, el VALOR MÍNIMO entre doce y quince años, sería DOCE (12) AÑOS, y por el delito de Usurpación de Funciones Públicas, según el Código Penal Vigente, el VALOR MÍNIMO entre uno y cuatro años, sería UNO (1) año, lo cual constituye la esencia misma del principio de RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL, habida cuenta que la intención del Tribunal Sentenciador fue imponer el valor mínimo dentro del rango de pena abstracta que en ese mismo ámbito temporal de validez de la ley penal, se podía aplicar al reo Juzgado por Secuestro Agravado y Usurpación de Funciones, de igual manera, considerando el Nuevo Código Penal vigente, como NORMA MÁS FAVORABLE, se le deberá aplicar a mis mandantes LA PENA MÍNIMA DE (12) AÑOS, por el delito de SECUESTRO AGRAVADO y de (01) AÑO por el delito de USURPACION DE FUNCIONES, como tal fue el espíritu del tribunal sentenciador, aplicarle el valor MÍNIMO del rango de penas al imputado.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en en audiencia de oposición. El abogado de la parte recurrente expuso: “Esta defensa basa su recurso en la entrada en vigencia del Decreto 130-2017 que preceptúa penas más favorables para los delitos por los que ellos fueron condenados, en consecuencia, con base al principio de retroactividad de la ley y con base a lo preceptuado en el artículo 615 de la aplicación de la ley más favorable solicito se proceda a la revisión de su sentencia aplicando la nueva normativa con las penas ya indicadas en el nuevo Código Penal, que se remitan las diligencias posteriormente sea declarado con lugar el recurso al Juzgado de Ejecución para que se efectué un nuevo cómputo de pena y se les notifique a mis defendidos.” Por su parte la representante Fiscal del Ministerio Público expuso: “De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público aprecia que en el Código Penal derogado el delito de Secuestro Agravado se encontraba regulado en el artículo 192, el cual era sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, con relación al artículo 194 numeral 3 que regula como circunstancia agravante cuando es realizado por persona que haya sido miembros de la Policía Militar. Por otra parte, el artículo 292 dispone: “Quien sin título o causa legítima ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con dos (2) a tres (3) años de reclusión”.- Del examen del fallo sub-judice, el Ministerio Público aprecia de los hechos probados de la sentencia de mérito, que en el presente caso se acreditó que la víctima estuvo privado de su libertad por 4 individuos, quienes eran miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que el accionar ilícito de los imputados se enmarca conforme el Código Penal vigente en el delito de SECUESTRO AGRAVADO, regulado en el artículo 240 que señala: “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1…; 2…; 3)…; 4)…; 5) La persona secuestrada es funcionario o empleado público y el secuestro se ha cometido por hechos ligados al ejercicio de sus funciones… 6)…; 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado…; 8)… si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.” Respecto al delito de USURPACION DE FUNCIONES PÚBLICAS, el artículo 471 señala: “Quien ejerce ilegítimamente actos propios de un funcionario o empleado público, atribuyéndose esa cualidad, debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años.-“ De las premisas expuestas, en el presente caso al concurrir las agravantes antes citadas en el delito de SECUESTRO AGRAVADO la pena a imponer será de 15 a 20 años de prisión, por lo que de conformidad a la ocurrencia de los hechos correspondería imponer la pena de 20 años de prisión y en cuanto al delito de USURPACION DE FUNCIONES PÚBLICAS se le deberá imponer una pena de prisión de un (1) año, dos (2) meses, en virtud de lo cual se aprecia que la aplicación de la nueva ley penal resulta más favorable al condenado, por lo que es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la ley Penal preceptuado en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614, 615, 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCIA fueron condenados por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020), a la pena de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PEÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena.; y a la pena de DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 y 194 numeral del Código Penal decreto 144-1983, relativo al Secuestro Agravado, y el artículo 292 del relacionado Código Penal decreto 144-1983 relativo al delito de Usurpación de Funciones, estimando que los condenados cometieron el delito de Secuestro Agravado y Usurpación de Funciones. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curia, (el juzgador conoce el derecho). CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCIA, la pena principal de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena y a la pena principal de DOS (2) AÑOS Y DOS (2) MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas en cuanto al delito de SECUESTRO AGRAVADO, entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192 establece una pena abstracta para esa conducta delictiva realizada por los sentenciados de veinte años a reclusión de por vida, tomando en cuenta además que de los hechos probados en la sentencia definitiva y firme de fecha tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020) quedó probado que los sentenciados incurrieron en las agravantes contenidas en el artículo 194 numeral 3 de dicha normativa hoy derogada, que establecen: “Serán circunstancias agravantes para los delitos establecidos en los artículos 192, 193 y 195, además de las señaladas en la parte general de este código las siguientes:1)… 2)… 3) Cuando es realizado por persona que es o haya sido miembro de las fuerzas armadas, la policía nacional u organismo de investigación del Estado; Es así que haciendo una comparativa de penas versus el Código Penal vigente Decreto 130-2017, el cual establece en su artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el tiempo de la condena. Debemos tomar en cuenta también, las circunstancias agravantes del tipo penal de secuestro, por lo tanto, el artículo 240 del mismo cuerpo legal establece: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas; o 9)… Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. II. En cuanto al delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 292 establece lo siguiente: “Quien sin título o causa legítima, ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario, atribuyéndose carácter oficial, será sancionado con dos (2) a tres (3) años de reclusión”; Es así que haciendo una comparativa de penas versus el Código Penal vigente Decreto 130-2017, el cual establece en su artículo 471 textualmente lo siguiente: “USURPACION DE FUNCIONES PÚBLICAS: Quien ejerce ilegítimamente actos propios de un funcionario o empleado público, atribuyéndose esa cualidad, debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años” III. En ese sentido, ponderando el quantum de las penas anteriormente señaladas, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal vigente es menos gravoso para los encausados. IV. Los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 38 al 83 del expediente de Revisión) encuadran con lo establecido en los artículos 239 y 240 numerales 7 y 8 y el artículo 471 del Código Penal decreto 130-2017 ya citados previamente. V. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a los encausados se les impuso la pena tomando en cuenta la sanción establecida en los artículos 192 párrafo primero, literal “a” y 194 numeral 3 y 292 del Código Penal Decreto 144-1983, cuya sanción en cuanto al delito de SECUESTRO AGRAVADO oscilaba con una pena abstracta de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, (condenados a veintidós (22) años de reclusión) y en cuanto al delito de USURPACION DE FUNCIONES, oscilaba una pena abstracta de dos (2) a tres (3) años de reclusión (condenados a dos (2) años y dos (2) meses de reclusión). VI. Que en cuanto a la pena por el delito de Secuestro Agravado ha considerado el tribunal sentenciador en aquel momento procesal, en la resolución de fecha tres (3) de agosto del dos mil veinte (2020), que era procedente a efecto de graduar la pena a imponer observar las circunstancias agravantes generales y especiales concurrentes, así como también dicho tribunal observó circunstancias atenuantes. En cuanto a las circunstancias agravantes especiales que son modificativas de la responsabilidad penal se observa que se encuentran enmarcadas en el Nuevo Código Penal, específicamente en el artículo 240 numerales 7 y 8, dichas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal se utilizaron en la sentencia revisada, en la cual se determinó imponer veintidós (22) años de reclusión, de una pena abstracta que oscilaba de veinte (20) años de reclusión a privación de la libertad de por vida, es decir, se impuso la pena mínima más dos (2) años, consecuentemente, debe seguirse esa línea procedimental a efecto de graduar la pena a revisar, en ese sentido debe imponerse la mínima de la pena abstracta del secuestro agravado más dos (2) años, lo que da como resultado una pena de diecisiete (17) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena más la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta. VII. Que en cuanto a la pena por el delito de Usurpación de Funciones ha considerado el tribunal sentenciador en aquel momento procesal, en la resolución de fecha tres (3) de agosto del dos mil veinte (2020), que era procedente imponer dos (2) años y dos (2) meses de reclusión, de una pena abstracta que oscilaba de dos (2) a tres (3) años de reclusión, es decir, se impuso la pena mínima más dos (2) meses, consecuentemente, debe seguirse esa línea procedimental a efecto de graduar la pena a revisar, en ese sentido debe imponerse la mínima de la pena abstracta para el delito de Usurpación de Funciones más dos (2) meses, lo que da como resultado una pena de un (1) año y dos (2) meses de prisión. VIII. Que el Tribunal sentenciador determinó en la sentencia de fecha tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020), un concurso medial, sin embargo en el numerando sexto de la parte fundamentación jurídica (folio 79 del expediente de revisión), estipuló aplicar las penas diferenciadas para cada uno de los dos delitos, con base al principio de legalidad y por ser más beneficioso para los hoy condenados, en ese sentido, debemos sujetarnos a los lineamientos que rigen la sentencia revisada IX. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL a favor de los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCÍA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCÍA, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “PEÓN”, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCÍA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS de prisión y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA, y a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. SEGUNDO: CONDENANDO a los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCÍA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de USURPACION DE FUNCIONES PÚBLICAS a la pena de UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES de prisión y la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL, de cargo o empleo público durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., A los ocho días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. VISTO: La solicitud de corrección y aclaración de sentencia del recurso de revisión y El recurso de reposición, ambos interpuestos en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veintidós (2022), por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, actuando en su condición de defensor privado de los señores SANTOS RAUL ANTUNEZ FUNEZ y JOSUE JEREMIAS RODRIGUEZ GARCÍA; impetrados contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) y por la cual se falla declarando CON LUGAR, la Garantía Constitucional de Revisión Penal a favor de sus representados, contra la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal en fecha tres (3) de agosto del año dos mil veinte (2020). CONSIDERANDO UNO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la garantía de Revisión de mérito fue interpuesta en fecha siete (7) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) y recaída sentencia en fecha trece (13) de septiembre del dos mil veintidós (2022). CONSIDERANDO DOS (2): Que conforme a lo que establece el artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores materiales de las mismas. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la fecha de la sentencia, o a solicitud de parte, presentada a más tardar el día hábil siguiente al de la notificación. En este último caso, el órgano jurisdiccional resolverá lo que estime procedente dentro del día hábil siguiente al de la presentación de la solicitud. CONSIDERANDO TRES (3): Que, visto el escrito del solicitante intitulado: “Se solicita corrección y aclaración de sentencia del recurso de revisión, emitida en el expediente 0430-2021”, la pretensión del mismo no se ajusta a lo que manda el artículo 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relacionado en el considerando que precede, por no referirse a conceptos oscuros o errores materiales de la sentencia, por lo que el mismo es improcedente. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO CINCO (5): Que, de la petición del recurrente, en cuanto al recurso de reposición interpuesto contra la sentencia emitida por esta Sala, el trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se aprecia de la misma que éste considera lo siguiente: “1… 2. En la sentencia recurrida, se establecen las agravantes del artículo 27 numeral 19 de ejecutar el hecho en cuadrilla y numeral 21 utilizar automóvil para asegurar el cumplimiento del objetivo numeral y se considera en el fallo emitido que estas agravantes se encuentran enmarcadas en el nuevo Código Penal, en el artículo 240 numerales 7 el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado y el 8 el delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas, por lo cual en el fallo emitido por esta honorable sala se considera la concurrencia del delito de secuestro agravado y establece un rango de 15 a 20 años para la modificación de la pena impuesta por el tribunal sentenciador. 3. Considera esta defensa que en el caso de mis defendidos únicamente concurre la circunstancia agravante del numeral 8 El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas, y no la de cometer el delito en el ámbito de un grupo delictivo organizado, ya que no se puede equiparar la agravante del artículo 27 numeral 19 del Código Penal anterior que es cometer el delito en cuadrilla, con un grupo delictivo organizado ya que este último concepto según el artículo 136 del actual Código Penal se considera grupo delictivo organizado a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el presente Código, y mis defendidos no fueron acusados ni juzgados por ninguna de las circunstancias de este tipo penal, y de igual forma no fueron juzgados por asociación ilícita en ningún momento se estableció en su juzgamiento ni en la sentencia emitida que hayan sido condenados por este delito o que concurre alguna de las circunstancias de este ilícito y partiendo de la definición del grupo delictivo organizado, no cabe enmarcar una cuadrilla en este tipo penal preceptuado en el artículo 136 de la actual legislación respectiva. 4. En el caso de mis representados, por lo mencionado en el anterior numeral, no concurren las agravantes 7 y 8 del artículo 240 del Código Penal vigente, únicamente concurre el agravante del delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas, en consecuencia se debe tomar en cuenta para modificar la pena impuesta a mis defendidos un rango de pena de entre 12 a 15 años de prisión, por el delito de secuestro agravado, conforme a lo preceptuado en el artículo 240 del Código Penal vigente ya que solo existe una agravante, aplicando siempre la pena mínima como fue la decisión del tribunal sentenciador. 5…” CONSIDERANDO SEIS (6): Que, de lo expuesto por el recursista, se deduce que es criterio del mismo, que no debió tomarse como agravante para la determinación de la pena concreta impuesta en el recurso de revisión penal interpuesto a favor de sus representados, la establecida en el artículo 240 numeral 7 del Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) y que únicamente se debió tomar en cuenta la establecida en el numeral 8 del mismo articulado, ya que considera el recurrente que la Sala realizó una analogía entre lo comprendido en el artículo 27 numeral 19 del viejo Código Penal (Decreto 144-1983) que consistía en ejecutar el delito en cuadrilla, con lo establecido en el artículo 240 numeral 7 del Nuevo Código Penal que consiste en cometer el delito en el ámbito de un grupo delictivo organizado, y considera además que sus defendidos no fueron acusados ni juzgados por asociación ilícita y por consiguiente debe ser aplicado a sus defendidos la pena mínima de un rango de pena entre los doce (12) a quince (15) años de prisión. Debemos ser categóricos en cuanto a que esta Sala, para determinar cuál es la pena que más le favorece al penado, debe hacer una comparativa entre la pena aplicable según el Código Penal derogado decreto 144-83 versus el Código Penal vigente decreto 130-17, sin apartarse de la parte intangible de la sentencia definitiva y firme lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. En este sentido, si bien es cierto en el Código Penal vigente, desaparece la agravante general del artículo 27 numeral 19 del Código Penal derogado, observada por el tribunal sentenciador en aquel momento histórico, consistente en ejecutar el delito en cuadrilla, no es menos cierto, que el resultado de la pena concreta impuesta por esta Sala a través de la revisión penal, no es resultado de un equiparamiento o una analogía de ese precepto con la agravante especial contenida en el artículo 240 numeral 7 consistente en ejecutar el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado, ya que, como ya se dijo, en el ejercicio ponderativo esta Sala debe examinar los hechos declarados como probados por el sentenciador y encuadrarlos con la nueva normativa, consecuentemente al ser condenados los señores Noé Moisés García Rodríguez, Germán Josué Hernández Velásquez, Santos Raúl Antúnez Fúnez y Josué Jeremías Rodríguez García, como coautores por el delito de secuestro agravado, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 240 numeral 7, no por considerarlo equiparable al artículo 27 numeral 19 del Viejo Código Penal, sino por que dichos hechos encajan con la definición de lo que es considerado un grupo delictivo organizado, según el artículo 136 del Código Penal: “…cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme a lo dispuesto en el presente Código.” lo cual no puede ser dejado de aplicar ya que estaríamos ante una fragmentación de normas, extremo que no es admisible. Es claro también que los sentenciados no fueron acusados ni condenados por el delito de Asociación ilícita, no obstante, la aplicación de la agravante especial contenida en el artículo 240 numeral 7 es independiente y no está supeditada a una acusación, o en este caso una condena impuesta por el tipo penal de asociación ilícita o asociación para delinquir. Es así que al concurrir dicha circunstancia agravante en conjunto con la agravante del referido artículo 240 numeral 8, da como resultado que la pena abstracta sea de quince (15) a veinte (20) años de prisión, de la cual se motiva en la misma la pena concreta. Razones de hecho y de derecho por las cuales, la resolución dictada se encuentra ajustada conforme a derecho.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 6, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: I. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de corrección y aclaración de sentencia de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), interpuesto por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL.- II. DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, por las razones que se dejan ya señaladas. - Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre y reposición de fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente, recaídas en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-430-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.