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Sentencia RP-424-21 — Registro 14915

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrrente por delito de lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras y Almacenamiento Ilegal de arma de fuego de uso prohibido en perjuicio de la Seguridad interior del Estado de Honduras; La Sala concluye que es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a realizar un nuevo cómputo y conceder la libertad de la sentenciada, esto sin perjuicio de otras causas pendientes que tenga la encausada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y articulo 332-A del Código Penal decreto 144-1983 relacionado con lo previsto en la Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, Explosivos y otros, estimando que la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, cometió los delitos de Lavado de Activos y Almacenamiento Ilegal de Armas Prohibidas. III. Esta Sala considera que el caso sub judice encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, las siguientes penas: La pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y la pena principal de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. Para la emisión de dicho fallo el juez primario estimo probados los siguientes hechos: “UNO: ...DOS..."..."en el caso sub examine, la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS estando vigente la Ley Contra el Lavado de Activos Decreto Legislativo 144-2014, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017..."..."esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Ello porque la conducta descrita en los hechos declarados probados en la sentencia que se revisa, no encaja en la descripción de la nueva norma penal, es decir en el artículo 439 del Código penal Vigente. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia de fecha seis de mayo del dos mil diecinueve, no encuadran en la norma penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en el Código Penal vigente. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. En este caso, en el sentido de no ejecutar la pena impuesta para el delito de LAVADO DE ACTIVOS pues la conducta por la que fue condenada no tiene tipificación en la nueva norma penal, por haber desaparecido el supuesto (párrafo infene) contenido en el artículo 439 del Código Penal, bajo el cual se condenó a la señora Norma Idalia Mejía Rodríguez por el delito de LAVADO DE ACTIVOS..."..."En la Sentencia revisada, la conducta reprochada a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, consiste en ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA se enmarca en lo establecido en el artículo 580 numeral 2 del Código Penal vigente, según lo establecido en los hechos probados de la sentencia que se revisa..."..."del estudio de la sentencia revisada mediante el Recurso de Revisión, esta Sala concluye que de la comparativa de penas entre las legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente y Decreto legislativo número 93-2021, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ; Asimismo como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente aplicar lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a realizar un nuevo cómputo y conceder la libertad de la sentenciada, esto sin perjuicio de otras causas pendientes que tenga la encausada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LOPEZ RODAS, a favor de la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal en fecha seis (06) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve (09) de mayo del año dos mil quince(2015), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE ANGEL AVILA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, también conocida como NORMA ONDINA MEJIA ORTIZ, por suponerla responsable a título de autor de la Comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL; ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; Y ASOCIACIÓN ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 33 al 37 del Tomo I de la pieza de primera Instancia). 2) Que en fecha nueve (11) de mayo del año dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, Resuelve: 1) Inhibirse del conocimiento del Requerimiento Fiscal presentado en contra de Norma Ondina Mejía Ortiz y ordena remitir las diligencias contenidas en el expediente registrado con el numero 1319-15 al Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional. (Folios 45 al 46 del Tomo I de la pieza de primera Instancia) 3) Que en fecha se (14) de mayo del año dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, RESUELVE: 1.- Decretar Auto De Formal Procesamiento contra la señora Normal Idalia Mejía Ortiz, por los delitos de Lavado de Activos, Almacenamiento de Armas de Uso Prohibido y Comercial, en perjuicio de La Economía del Estado de Honduras, y La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- 2.- Decretar un Sobreseimiento Provisional a favor de la señora Normal Idalia Mejía Ortiz, por los delitos de Uso Indebido de Nombre, Asociación Ilícita, en perjuicio de La Administración del Estado de Honduras y La Seguridad Interior del Estado de Honduras.– En relaciona a la medida cautelar siendo que los tipos penales de Lavados de Activos, Almacenamiento de Armas de Uso de Prohibición, se encuentran inmersos en lo que rige el artículo 184 del Código Procesal Penal en la cual prohíbe otorgar una medida distinta que no sea la prisión preventiva en consecuencia es procedente decretar como medida idónea en el presente caso la medida cautelar de prisión preventiva contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal. (Folios 62 al 72 de la pieza del Juzgado.) 4) Que en fecha seis (06) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en la cual: FALLA: PRIMERO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, como autora responsable penalmente del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Imponiéndole la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine; debido de igual manera, computarse el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa. SEGUNDO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, como autora responsable penalmente del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndole la pena de OCHO (08) AÑOS DE RECLUSION, que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine; debiendo de igual manera, computarse el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa. De igual manera, se le impone la pena de MULTA consistente en CINCO MIL LEMPIRAS (L.5,000.00) misma que deberá entender a la Tesorería General de la Republica. TERCERO: CONDENAR y a efecto CONDENAMOS a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la condena de reclusión. CUARTO: ABSOLVER como en efecto ABSOLVEMOS a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por la que fue encausada. QUINTO: Se declara a la Condenada NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ responsablemente civilmente. SEXTO: No se condena a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio, ni al Ministerio Publico. SEPTIMO: Se decreta el comiso sobre los siguientes objetos: a) Los novecientos mil lempiras (L.900,000.00) encontrados en la vivienda de la encausada. b) El inmueble ubicado en aldea el Tablón, Francisco Morazán registrado bajo el número de matrícula 555758 del Registro de la Propiedad. c) Arma de fuego tipo subametralladora marca Carl Gustaf, Modelo Port Said, color negro, calibre 9 mm serie b301. Lo anterior por haber resultado estos sin una determinación de origen lícito y ser efectos de delitos. (Folios 767 al 807 del tomo II de los antecedentes de primera instancia). 5) Que en fecha seis (06) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), el Abogado JOSE RAMON LOPEZ RODAS, compareció ante este Tribunal, interponiendo Recurso de Revisión a favor de la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal; Teniendo la Sala por admitido el recurso de mérito, en fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno; ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 6) Que en fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JOSE RAMON LOPEZ RODAS, en su condición de Apoderado Legal de la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque se NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista no está conforme a la Ley, tal como lo dispone el Artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en su numeral 8, en referencia al principio de retroactividad de la Ley, por no ser la nueva Ley Penal la más benigna a la condenada, ya que en el caso del delito de Lavado de Activos, si bien la pena es menor en el nuevo penal, también esta establece una multa que equivale al 100%, del valor objeto del delito y en cuanto al delito de Almacenamiento de Ilegal de Armas de Uso Prohibido, la pena establecida en el Decreto 130-2017 es mayor que lo que establecía el anterior Código Penal, por lo que esta nueva ley no le resulta más beneficiosa. (Folios 26 al 30 del presente recurso) 7) Que en fecha nueve de noviembre del año dos mil veintiuno el Abogado JOSE RAMÓN LOPEZ RODAS, actuando en su condición antes indicada, compareció ante la sala presentando solicitud en el sentido de ampliar la revisión de la sentencia condenatoria, para la aplicación de la Ley más favorable en forma retroactiva, a efecto de que se aplicara siempre de manera retroactiva, el Decreto No. 90-2021, el cual reforma, entre otras disposiciones, el artículo 349 del Código Penal vigente, y que se absolviera a su representada del delito de Lavado de Activos y se ordenara su liberación. En consecuencia, en fecha veintiuno de enero de dos mil veintidós la Sala dispuso, remitir copia simple de la referida solicitud al Fiscal Despacho a efecto de que conociera de la misma y emitiera un pronunciamiento. (Folios 71 al 78 y 80 del recurso) 8) Que en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintidós, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, Fiscal del Ministerio Público emitió su opinión, en el cual fue del parecer: QUE NO SE OTORGUE la solicitud de ampliación presentada, en virtud de que no es procedente aplicar la retroactividad de la Ley solicitada por el revisionista, ya que su representada tiene otra condena por el delito de Almacenamiento Ilegal de Armas de uso Prohibido. En fecha veinticinco de febrero del dos mil veintidós, la Sala tuvo por emitido el pronunciamiento de la Fiscal del Despacho en tiempo y forma. (Folios 83 al 88 del recurso) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: En el caso que nos ocupa resulta evidente que el Código Penal contenido en el decreto 130-2017, de reciente vigencia, se establece un tratamiento más favorable en comparación con la ley derogada para la persona que incurra en la comisión del delito de Lavado de Activos, puesto que el rango de pena abstracta para dicho tipo penal es reclusión de cinco (5) a ocho(8) años, y multa igual al cincuenta por ciento del valor lavado cuando el valor de los activos objeto del lavado no sea superior a dos millones de lempiras (L. 2,000,000.00). Que en el caso de su representada al momento de su juzgamiento la pena era de quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, al no justificar la cantidad de un millón seiscientos veinticinco mil cuatrocientos trece lempiras con setenta y cuatro centavos (L. 1,625,413.74). En consecuencia, se le debe aplicar la pena mínima de CINCO (5) años de reclusión por el delito de lavado de activos (Articulo 439). Tampoco se le deben aplicar circunstancias agravantes, pues la infracción cometida se limitó a que los activos lavados no tienen causa o justificación económica o lícita de su procedencia. Asimismo en relación con el delito de Almacenamiento Ilegal de Armas de Uso Prohibido, el nuevo Código Penal también le da un tratamiento más favorable para la persona que incurra en la comisión de ese tipo ilícito, puesto que el rango de la pena abstracta para dicho tipo penal es de cuatro (4) años y ocho (8) años de reclusión, en comparación con la pena abstracta que regía en la época de su juzgamiento era de ocho (8) a diez (10) años de reclusión. En consecuencia, a su representada se le debe aplicar la norma vigente, por ser la norma más favorable. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día dos de septiembre del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado JOSE RAMÓN LOPEZ RODAS, quien actúa en representación de la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ y la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra al abogado JOSE RAMÓN LOPEZ RODAS, expuso: “Ratifico en todas y cada una de sus partes la solicitud de revisión de la sentencia condenatoria firme dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional de este departamento de Francisco Morazán, en virtud de que existen los presupuestos legitimadores para su interposición, en virtud de que la ley sustantiva actual y vigente le es más benigna a la condenada en el juicio que se le siguió, siendo el precepto autorizante el articulo 96 numeral 8 de la Ley de Justicia, sobre Justicia Constitucional”. Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA quien hizo uso de la palabra, expresando: “El Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán en fecha seis (6) de Mayo del año dos mil diecinueve (2019); dictó Sentencia Condenatoria contra NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE USO PROHIBIDO en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÒN, Y UNA PENA DE MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (LPS.5000.00), y a las penas accesorias DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena. Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que en el nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) el delito de LAVADO DE ACTIVOS se encuentra regulado en el ARTÍCULO 439, por lo cual la pena a imponer sería la señalada en el artículo 439 numeral 1, es decir, de 8 a 10 años de reclusión y una pena de multa de igual al cien por ciento (100%) que sería la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTISÉIS CENTAVOS (LPS.2,848,533.26). Por lo que esta representación fiscal, es del criterio que esta norma penal NO resulta más beneficiosa a la acusada. Asimismo, la condenada NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ se le impuso una pena por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE USO PROHIBIDO a la pena de ocho (8) años de reclusión y multa de cinco mil (lps.5.000.00). Delito que se encuentra regulado en el nuevo Código Penal en el artículo 581.- DEPÓSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES O EXPLOSIVOS. Que señala: “Quien sin autorización, posee un depósito de armas de fuego debe ser castigado con las penas siguientes: 1... 2) De diez (10) a doce (12) años y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego prohibida; de ahí, que resulta evidente que la nueva norma penal contempla una pena de mayor cuantía, en virtud de lo cual se aprecia que la aplicación de la nueva Ley penal no resulta más favorable al reo.” CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha nueve de noviembre del año dos mil veintiuno el abogado JOSE RAMON LOPEZ RODAS, presento manifestación ampliando la solicitud de revisión, a efecto de aplicar siempre de forma retroactiva el decreto número 93-2021 que reforma el artículo 2 numeral 18 de la ley Especial contra lavado de Activos, en cuanto a la definición de lavado de activos, entendiéndose como tal “El proceso a través del cual se da apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades ilícitas”; y el artículo 439 del Código Penal que regula el delito de LAVADO DE ACTIVOS, el cual en lo sucesivo debe leerse de la siguiente manera: “ARTÍCULO 439.- LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero.” Argumenta que al encontrase a su representada culpable de dicho delito, el Tribunal de Sentencia determinó que la responsabilidad penal se subsume precisamente en la reforma del decreto en mención, específicamente en la última parte que por virtud de la reforma fue derogada, pues los valores supuestamente lavados “se desconoce su origen, que no tienen causa legal de justificación y que la imputada tuvo un incremento patrimonial de lo cual no existe dato de su origen lícito que le permitió entre otras cosas, comprar un inmueble, así como manejar ingresos monetarios en sus cuentas bancarias en dicho período por un monto de Lps. 1,948,533.26. En las circunstancias actuales en que se derogo la tipicidad y antijuricidad en relación a la conducta de lavado de activos consistente: “O que no tengan causa o justificación económica y lícita de su procedencia”. Consecuentemente, la aplicabilidad de la norma penal vigente debe hacerse de inmediato en favor de su representada, absolviéndola del delito de LAVADO DE ACTIVOS en aplicación a la norma más favorable, por cuanto la conducta por la que se le juzgó ya no constituye delito. A esta petición el Ministerio Publico se pronunció que NO SE OTORGUE, en virtud que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tengan causa o justificación económica o lícita de la procedencia del bien. CONSIDERANDO SEIS (6): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”… En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con los que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación.” CONSIDERANDO SIETE (7): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO OCHO (8): Que dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...".[6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO ONCE (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DOCE (12): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe realizar una ponderación con identidad de circunstancias, además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto al juzgamiento y determinación de penas y así poder determinar la ley más favorable al caso concreto. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia que efectivamente la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, fue condenada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha seis de mayo del año dos mil diecinueve, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION por el delito de LAVADOS DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y OCHOS AÑOS DE RECLUSION más MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Penas en Concurso Real. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y articulo 332-A del Código Penal decreto 144-1983 relacionado con lo previsto en la Ley de Control de Armas de Fuego y Municiones, Explosivos y otros, estimando que la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, cometió los delitos de Lavado de Activos y Almacenamiento Ilegal de Armas Prohibidas. III. Esta Sala considera que el caso sub judice encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, las siguientes penas: La pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y la pena principal de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. Para la emisión de dicho fallo el juez primario estimo probados los siguientes hechos: “UNO: La señora Norma Idalia Mejía Rodríguez, residente en la colonia Monte Verde de esta ciudad de Tegucigalpa, tuvo entre el año dos mil ocho y dos mil quince, un incremento patrimonial de lo cual no existe dato de su origen lícito que le permitió entre otras cosas, comprar un inmueble en el Tablón Zamorano, así como manejar varios ingresos monetarios en sus cuentas bancarias en dicho período por un monto de un millón novecientos cuarenta y ocho mil quinientos treinta y tres punto veintiséis lempiras (L.1,948,533.26). DOS: En el año 2015 se puso en conocimiento de unos agentes de investigación, que en la casa de la señora Norma Idalia Mejía Rodríguez se vendía droga, razón por la cual emprendieron algunas vigilancias con el fin de determinar la existencia y ubicación de la vivienda de la mencionada señora, lo cual al ser corroborado, obtuvieron orden de allanamiento de morada, la cual efectuaron el día ocho de mayo del dos mil quince, y al realizarse el registro correspondiente, se encontró en un mueble de la vivienda donde residía la señora Norma Idalia Mejía Rodríguez, ubicada en la colonia Monte Verde de Tegucigalpa, un arma de fuego tipo sub ametralladora, marca Carl Gustaf, modelo Port Said, Made in Egypt, calibre 9 mm, serie b301 con treinta y un cartuchos color amarillo, el cual se encontraba sobre un mueble pequeño de la sala de la referida vivienda, subametralladora que había sido obtenida por el señor Evelio Fúnez, esposo ya fallecido de la señora Mejía Rodríguez. También se encontró entre los colchones de una cama, un arma de fuego tipo escopeta, color negro con gris, marca Hatzan, modelo Escort, serie número 072361, calibre 12 Gauge que pertenecía al señor Presentación Funez, ex suegro de la señora Mejía Rodríguez, que la había dejado en dicho lugar días antes de retirarse de la vivienda hacia su domicilio en el departamento de Olancho. De igual manera, se encontraron varios fajos de dinero que sumaron un total de novecientos mil lempiras (L.900,000.00), del cual se ignora su legítima procedencia.”. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en el caso sub examine, la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS estando vigente la Ley Contra el Lavado de Activos Decreto Legislativo 144-2014, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el Artículo 439 LAVADO DE ACTIVOS. “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia.” En fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[11], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos: ARTÍCULO 439. LAVADO DE ACTIVOS. “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero.” Por tanto, de las legislaciones posteriores a la aplicada en la sentencia, por el principio de retroactividad se debe tomar en consideración, de las leyes posteriores a la norma derogada la que más beneficie al sentenciado, por ello la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Decreto Legislativo No 93-2021, contiene una mayor benignidad en relación a las normas penales derogadas y reformadas, pues de acuerdo al examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia que se revisa, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021 puesto que, con dicha reforma se elimina el párrafo infine del artículo 439 del Código Penal Vigente, que establecía “…o que no tengan causa o, justificación económica lícita de su procedencia.”. En los hechos supra mencionados el Tribunal sentenciador estableció que la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, “…tuvo entre el año dos mil ocho y dos mil quince, un incremento patrimonial de lo cual no existe dato de su origen lícito…”; no se describe que los activos sean productos directos o indirectos de las diferentes acciones que describe el tipo penal de LAVADO DE ACTIVOS. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Ello porque la conducta descrita en los hechos declarados probados en la sentencia que se revisa, no encaja en la descripción de la nueva norma penal, es decir en el artículo 439 del Código penal Vigente. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia de fecha seis de mayo del dos mil diecinueve, no encuadran en la norma penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en el Código Penal vigente. Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. En este caso, en el sentido de no ejecutar la pena impuesta para el delito de LAVADO DE ACTIVOS pues la conducta por la que fue condenada no tiene tipificación en la nueva norma penal, por haber desaparecido el supuesto (párrafo infene) contenido en el artículo 439 del Código Penal, bajo el cual se condenó a la señora Norma Idalia Mejía Rodríguez por el delito de LAVADO DE ACTIVOS. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): En relación a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN impuesta a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, el artículo 581 del Código Penal vigente, establece: “Depósito de Armas de Fuego, Municiones o Explosivos. Quien, sin autorización, posee un depósito de armas de fuego debe ser castigado con las penas siguientes: 1) De ocho (8) a doce (12) años y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego de uso permitido; y 2) De diez (10) a doce (12) años y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego prohibidas. Si el depósito lo fuera de municiones, las penas deben disminuir en sus respectivos casos en un tercio (1/3). Quien, sin autorización, posee un depósito de explosivos, debe ser castigado con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y localización permanente de hasta diez (10) años. A los efectos de este precepto se considera depósito de armas de fuego la reunión de más de diez (10) armas. Respecto de las municiones y explosivos, el Órgano Jurisdiccional competente, teniendo en cuenta la cantidad y clase de las mismas, debe declarar si constituyen depósito a los efectos de este precepto. De la norma penal descrita se desprende que el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO por el cual se condenó a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, no puede subsumirse en la norma señalada, pues ésta posee un elemento especifico del tipo penal (la reunión de más de diez (10) armas), requisito sine qua non, para la configuración de la figura penal de Depósito de Armas de Fuego, Municiones o Explosivos, figura penal que no aplica en los hechos declarados probados en la sentencia de fecha seis de mayo del dos mil diecinueve.- Ahora bien, el Artículo 580 del mismo cuerpo legal, establece: “Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Esta figura posee dos supuestos de hecho, la tenencia y porte ilegal de armas de fuego, estableciéndose para cada supuesto penas diferentes, tal como lo establece la norma citada. En la Sentencia revisada, la conducta reprochada a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, consiste en ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA se enmarca en lo establecido en el artículo 580 numeral 2 del Código Penal vigente, según lo establecido en los hechos probados de la sentencia que se revisa. Enmarcándose tal hecho probado en el supuesto de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, el cual se castiga con una pena de cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente. En ese orden de ideas, corresponde entonces imponer a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, la pena de cuatro (4) años de prisión y localización permanente por un (1) año por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que del estudio de la sentencia revisada mediante el Recurso de Revisión, esta Sala concluye que de la comparativa de penas entre las legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente y Decreto legislativo número 93-2021, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ; Asimismo como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente aplicar lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a realizar un nuevo cómputo y conceder la libertad de la sentenciada, esto sin perjuicio de otras causas pendientes que tenga la encausada. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero,101 No. 1), 3) y 4) y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 70, 439, 580 Numeral 2, 615 y 616 del Código Penal y Decreto número 93-2021 publicado el uno de noviembre del 2021; FALLA: I)Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JOSE RAMON LOPEZ RODAS, a favor de la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha seis (6) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el sentido de dejar sin valor y efecto la pena principal, penas accesorias y el comiso, impuesta a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, por el delito LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, en aplicación del Decreto N° 93-2021, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha uno (01) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), que contiene la ley intermedia por ser más favorable a la condenada.- IV) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el sentido de reformar la calificación jurídica según el hecho probado y la pena impuesta a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, por el delito ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y anular la multa de cinco mil lempiras (L. 5,000.00), dicha sentencia deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora NORMA IDALIA MEJIA RODRIGUEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN Y LOCALIZACION PERMANENTE POR UN (1) AÑO, en perjuicio de EL ORDEN PUBLICO DEL ESTADO DE HONDURAS, sin la concurrencia de circunstancias agravantes, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada REINA HERCULES. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0424-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.