Sentencia RP-405-21 — Registro 15150
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente por el delito de robo de vehículo agravado en perjuicio de testigo protegido Bankle; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente; Se ordenó al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, la pena principal de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable por un delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO..."..."esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 217, 218, 219 último párrafo y 225 numeral 3 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Robo de Vehículo Agravado..."..."Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA de una norma vigente que le resulta más benigna VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, 8 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por los Abogados PAOLA MARIA ESCOTO AMADOR y SELVIN EDIL MALDONADO ZUNIGA, a favor del señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BANKLE.- ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada LOURDES YAMILETH VALLADARES, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BANKLE.- (Folios 01 al 03 de pieza del Juzgado).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al acusado VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de la propiedad del TESTIGO PROTEGIDO BANKLE, imponiéndole la pena principal de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECUSION la que se deberá computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa y deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara. SEGUNDO Que debemos condenar y condenamos al mismo acusado VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA, como consecuencia de la condena de reclusión a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la misma en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil del ya condenado, la que deberá ser determinada y tasada en fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO No procede el comiso, ni condena en costas procesales personales ni gastos ocasionados por el juicio para el condenado… (Folios 96 al 101 de la pieza de Antecedentes).-3) Que los recurrentes Abogados PAOLA MARIA ESCOTO AMADOR y SELVIN EDIL MALDONADO ZUNIGA, comparecieron ante este Tribunal Supremo en fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). -4) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia el libramiento de comunicación al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán y al Juzgado de Ejecución Penal de Tegucigalpa a efecto de que remitiesen los antecedentes atinentes.-5) Que en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado SELVIN EDIL MALDONADO ZUNIGA, en su condición de apoderado legal del señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA. La Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Quien es de la opinión que se otorgue la presente acción de Revisión en los términos supra señalados.-
CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.--CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Los garantistas señalan en los antecedentes: “Resulta Honorable Sala que el señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA fue condenado por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, a una pena de 13 años 4 meses de reclusión, basándose en el artículo 218 del Código Penal Decreto 144-83, que en ese momento se encontraba en vigencia el cual literalmente establece lo siguiente: El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Al culpable del delito de robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares, se le aplicará una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. La pena aplicable del delito de robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares, se le aplicará una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Después de la condena anteriormente mencionada entró en vigencia el Código Penal vigente mediante Decreto número 130-2017 el cual en su artículo 364 establece una pena distinta para el delito de ROBO DE VEHÍCULO el cual establece lo siguiente: Quien sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación… PRECEPTO AUTORIZANTE DEL RECURSO DE REVISION. La causal que estamos invocando se encuentra prevista en el artículo 96 numeral 8 de la Ley de Justicia Constitucional la cual preceptúa lo siguiente: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1)… 2)… 8)Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.”-CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por la fiscalía en audiencia: “Conforme a lo antes expuesto, nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96 tercer párrafo, de la Constitución de la República; “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.” De ahí que dicho precepto constitucional contempla el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo, ante las premisas expuestas, estima esta representación fiscal que el Nuevo Código Penal efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.”CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. -CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. -CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO OCHO(8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.- CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario.-CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, la pena principal de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable por un delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 217, 218, 219 último párrafo y 225 numeral 3 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Robo de Vehículo Agravado. III. Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. -CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA la pena principal de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable de un delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de testigo protegido. I. En relación a la conducta del Robo de vehículo Agravado que se desprende de lo establecido en el expediente del tribunal de sentencia, esta encaja en el artículo 364 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: “HURTO Y ROBO Y USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR: Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación” por consiguiente debemos remitirnos al artículo 361 del nuevo Código Penal que dice: “ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Esta pena debe aumentarse cuando en la conducta típica se cometan los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto (Articulo 363.9, agravantes específicas) lo que deja como resultado una pena abstracta de ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses de reclusión. II. Haciendo un análisis sobre la pena impuesta por el delito de Robo de vehículo Agravado con el Código Penal derogado y la correspondiente a imponer con el Código Penal vigente, nos encontramos que es patente una benignidad de penas al aplicar el nuevo Código Penal, en el caso en particular, se impuso al sentenciado la pena principal de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, cuya pena oscilaba entre los trece (13) años, cuatro (4) meses de reclusión a veinte (20) años de reclusión, entretanto con el Nuevo Código Penal, de conformidad a los hechos declarados probados en la sentencia definitiva y firme dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, la pena aplicable oscila entre los ocho (8) años de prisión a diez (10) años ocho (8) meses de prisión, y siguiendo el parámetro de dicha sentencia debe condenarse al sentenciado a la pena de ocho (8) años de prisión por habérsele aplicado la pena mínima en la sentencia condenatoria ya relacionada. III. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA de una norma vigente que le resulta más benigna VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados PAOLA MARIA ESCOTO AMADOR y SELVIN EDIL MALDONADO ZUNIGA, a favor del señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, en fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA, por el delito ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BANKLE la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor VICTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO a la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN de prisión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. Redacto el Magistrado ORTEZ CRUZ. - NOTIFÍQUESE. –Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes de Agosto del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0405-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.