Sentencia RP-395-21 — Registro 15037
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal con relación a la causa que se instruyó por los delitos de asociación ilícita, facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas y tenencia o portación ilegal de armas de fuego, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO CATORCE (14): I. En el caso sometido a examen, los hechos probados de la sentencia (folio 944 del tomo II del expediente del Tribunal de Sentencia) son los que se encuadran con los diferentes tipos penales estatuidos en el Código Penal decreto 130-2017. II. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, derogada, la pena a imponer por el delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS era de SEIS A NUEVE AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CINCUENTA MIL A CIEN MIL LEMPIRAS, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. Mientras que en la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal decreto 130-2017, se regulan dos supuestos de quien transporte drogas. la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación;[13] y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. [14] en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Así mismo el artículo 312 del Código Penal establece: AGRAVANTES ESPECÍFICAS DEL TRÁFICO DE DROGAS. En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS Y MULTA DE TRESCIENTOS (300) A QUINIENTOS (500) DÍAS, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:1) Las sustancias objeto del delito se facilitan a menores de dieciocho (18) años, personas con discapacidad o personas sometidas a tratamiento de rehabilitación y desintoxicación, o se les utiliza para la actividad del tráfico …2…3) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado …4)…5);….. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al encausado. 2. En el caso del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA la pena estipulada en el Código Penal derogado al momento de la condena era nueve a doce años de reclusión y multa de diez mil a doscientos mil lempiras, penas rebajadas a un tercio para simples miembros, lo que arrojaba una pena de SEIS AÑOS A OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN. El Código Penal decreto 130-2017 regula la ASOCIACION PARA DELINQUIR en el artículo 554 estableciendo para simples integrantes de la asociación una pena de prisión de SEIS (6) A DIEZ (10) AÑOS Y MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al encausado. 3. En cuanto al delito de TENENCIA O PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS la pena establecida en el decreto 101 en ese momento era de OCHO A DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS. Para este delito el Código Penal decreto 130-2017 en el artículo 580 De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años. Penas que se aumentaran un tercio cuando no se cuente con la autorización de portar dichas armas. Quedando un rango de pena abstracta de SEIS A OCHO AÑOS DE PRISIÓN. En el estudio del castigo por este hecho típico podemos ver un beneficio en cuanto a la pena mínima del mismo. 4. Haciendo comparativa de penas se puede concluir que el Código Penal decreto 130-2017 solo presenta benignidad para el sentenciado en un cuanto al delito de TENENCIA O PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS. En relación al delito de ASOCIACIÓN ILICITA y FACILIACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS el Código supra mencionado es más lesivo en cuanto a la penalización. III. En el presente caso la comparación debe hacerse de manera global tal y como lo indica el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, puesto que se trata de un concurso real de delitos. Por lo tanto, corresponde hacer una suma de todas las penas con ambas normas para constatar si existe o no benignidad; y de esta manera no fragmentar la norma penal. Para llevar a cabo dicha operación debe tomarse en cuenta la fundamentación jurídica de la sentencia. En ella se plasma que se impuso la pena media por cada ilícito. Es así, que corresponde hacer la comparativa aplicando ese mismo fundamento. El total de penas con el nuevo Código Penal es de veintisiete años cinco meses de prisión más las multas correspondientes, lo que sobrepasa el total de penas aplicadas con el Código Penal derogado que en total suma veinticinco años de reclusión más las multas correspondientes. IV. Por lo expuesto, eesta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna".
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por los Abogados JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL y SILVIA SARAI GARCIA ALMEDAREZ, a favor del señor HOLDING JOHNNY VELASQUEZ MARTINEZ, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil cinco (2005), con relación a la causa que se instruyó contra el señor HOLDING JOHNNY VELASQUEZ MARTINEZ, por los delitos de ASOCIACION ILICITA, FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS Y TENENCIA O PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil tres (2003), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado MARIO ADOLFO REYES SANTOS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor HOLDING JOHNNY VELASQUEZ MARTINEZ, por suponerlo responsable a Título de Autor de la Comisión de los delitos de ASOCIACION ILICITA, FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS Y TENENCIA O PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 561 al 565 de la pieza de antecedentes). Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil cinco, el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; FALLA: PRIMERO: Debemos condenar y condenamos a los acusados HODDING JOHNY VELASQUEZ MARTINEZ, conocido también como LUIS ALGREDO LAINEZ, como autor responsable de los siguientes delitos de pertenencia a asociación Ilícita, en su condición de simple miembro, en perjuicio de Seguridad Interior del Estado, imponiéndole como pena principal SIETE AÑOS DE RECLUSION. Un delito de Facilitación de los medios de Transporte para el Trafico de Drogas en perjuicio de la salud de la Población de Estado de Honduras, imponiéndole, como pena principal OCHO AÑOS DE RECLUSION, y pena de multa de OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS. Además, debemos condenar y condenamos a los acusados Hodding Johny Velásquez Martínez, conocido también como Luis Alfredo Lainez como autor de un delito de Tenencia o Portación Ilegal de Armas en perjuicio de la Seguridad Interior de Estado, imponiéndole NUEVE AÑOS y SEIS MESES DE RECLUSION, y pena de multa de OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS. De las penas de reclusión se deberá descontar el tiempo que ya permanecieron en prisión preventiva, y deberá cumplirla en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelia Soto” ubicada en Támara. Las penas de multa deberán hacerlas efectivas a favor de la Hacienda Pública. SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDCCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de aquella en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de todos al condenado antes referido, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: Debemos decretar y decretamos la comisión, de un arma de fuego sub-ametralladora Port-SA 1D, 9mm fusil AK-47 serie 78GU7863…” (Folios 943 al 955 de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional, los Abogados JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL y SILVIA SARAI GARCIA ALMEDAREZ, interponiendo recurso de revisión penal a favor del señor HOLDING JOHNNY VELASQUEZ MARTINEZ, contra la sentencia en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil cinco (2005), dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, fundamentando su acción en los artículos 96 y 101, de la Ley de Justicia Constitucional; 96 y 186 de la Constitución de la República 4) Que en fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 34 del recurso de mérito) 5) Que en fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido los Abogados JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL Y SILVIA SARAI GARCIA ALMENDAREZ, en su condición de apoderado legal del señor HOLDING JOHNNY VELASQUEZ MARTINEZ; y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. (Folios 45 al 48 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Las recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantistas señala en los antecedentes: “La objeción contra la sentencia firme dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, y de donde resulta el motivo del recurso de revisión , lo constituye que al hacer el estudio de la sanción correspondiente al delito juzgado, con la aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos, pero novada con posterioridad al juzgamiento respectivo, esta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, ya que ahora es menor la sanción por esos ilícitos penales, por haber sido reducidos los mismos, en el muevo Código Penal vigente.” … CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de la fiscalía en audiencia de oposición. La agente fiscal manifestó en audiencia: “De los expuesto por el revisionista, se procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes a los delitos por el cual se condenó al hoy imputado: en el Código Penal derogado el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA se encontraba regulado 332 reformado, que señalaba: Sera sancionado con la pena de nueve a doce años de reclusión y multa de diez mil lempiras a doscientos mil lempiras a los jefes cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio, se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas… En el nuevo Código Penal vigente, el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA se encuentra regulado en el artículo 554, que tiene señalada una pena de seis a diez años de prisión y multa de cien a quinientos días, con relación al artículo 53 se establece que cada día multa tiene un valor no menor de veinte lempiras ni mayor de cinco mil lempiras. Además, fue condenado Holding Johnny Velásquez Martínez, por el delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS que se encontraba regulado en el artículo 5 en el numeral 34 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas con relación al artículo 22 de la referida ley, que señalaba una pena de seis a nueve años de reclusión y una multa de cincuenta a cien mil lempiras. En el nuevo Código Penal decreto 130-2017 con relación al delito de Falsificación de los medios de transporte para el tráfico de drogas se encuentra regulado en el artículo 311, tráfico de drogas. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Así mismo concurren las agravantes del artículo 312.-AGRAVANTES ESPECÍFICAS DEL TRÁFICO DE DROGAS. En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) Las sustancias objeto del delito se facilitan a menores de dieciocho (18) años, personas con discapacidad o personas sometidas a tratamiento de rehabilitación y desintoxicación, o se les utiliza para la actividad del tráfico; 2)… 3) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado;… Por lo que se aprecia de los autos que concurren la agravante del numeral del artículo 312 del Código Penal vigente y que señala la pena de diez a quince años de reclusión, así mismo tiene una pena multa de trecientos a quinientos días. Se condeno además al señor Holding JOHNNY VELASQUEZ por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDO, el cual se encontraba regulado en el artículo 4 del decreto 101 de fecha ocho de julio del dos mil tres y tenía una pena señalada de ocho a diez años de reclusión y multa de cinco mil a diez mil lempiras por cada arma incautada. En el nuevo Código Penal en relación al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, se encuentra regulado en el ARTÍCULO 580.- TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. De los anterior se aprecia que el numeral 2 del artículo 580 impone una pena de cuatro a seis años si se trata de armas o municiones prohibidas la que su vez se incrementa en un tercio 1/3 por concurrir la agravante contenida en el numeral 1del artículo 584 del decreto 130-2017 por haberse cometido los hechos en ámbito de un grupo delictivo organizado, resultando una pena abstracta de seis a ocho años de reclusión. Conforme lo expuesto esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal se conformidad con el articulo 616 párrafo primero no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomado en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando o que le perjudique como es el caso de la condena por el delito PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDA, que si bien le favorece la pena por dicho delito, no aplica respecto del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, ya que la condena impuesta es menor a la que correspondería aplicar a conforme al nuevo Código Penal y respecto al delito de Asociación Ilícita la pena impuesta se encuentra dentro del rango a imponer con el nuevo Código, tal y como lo señala el párrafo cuarto del referido artículo, que cuando se trata de penas privativas de la libertad no se considera imponible con arreglo al presente Código.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. "En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro-. Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[11] CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE(12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el señor HOLDING JOHNNY VELASQUEZ MARTINEZ fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA M.D.C mediante la sentencia definitiva y firme de fecha treinta de enero del año dos mil cinco: 1. A la pena de SIETE AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ASOCIACIÓN ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de SETENTA Y CINCO MIL DE LEMPIRAS (L.75,000.00) más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. 2. A la pena de OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN y pena multa de OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,000.00) más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el delito de TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. 3. A la pena de NUEVE AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN y pena multa de OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 8,000.00) más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el delito de TENENCIA O PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Especial contra el Tráfico de Drogas, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS. Articulo 332 reformado del Código Penal estimando que cometió el delito de ASOCIACION ILICITA. Artículo 4 del decreto 101 de ocho de julio de dos mil tres, concretando que se cometió el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando las procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): I. En el caso sometido a examen, los hechos probados de la sentencia (folio 944 del tomo II del expediente del Tribunal de Sentencia) son los que se encuadran con los diferentes tipos penales estatuidos en el Código Penal decreto 130-2017. II. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, derogada, la pena a imponer por el delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS era de SEIS A NUEVE AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CINCUENTA MIL A CIEN MIL LEMPIRAS, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. Mientras que en la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal decreto 130-2017, se regulan dos supuestos de quien transporte drogas. la pena oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación;[13] y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. [14] en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Así mismo el artículo 312 del Código Penal establece: AGRAVANTES ESPECÍFICAS DEL TRÁFICO DE DROGAS. En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS Y MULTA DE TRESCIENTOS (300) A QUINIENTOS (500) DÍAS, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:1) Las sustancias objeto del delito se facilitan a menores de dieciocho (18) años, personas con discapacidad o personas sometidas a tratamiento de rehabilitación y desintoxicación, o se les utiliza para la actividad del tráfico …2…3) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado …4)…5);….. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al encausado. 2. En el caso del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA la pena estipulada en el Código Penal derogado al momento de la condena era nueve a doce años de reclusión y multa de diez mil a doscientos mil lempiras, penas rebajadas a un tercio para simples miembros, lo que arrojaba una pena de SEIS AÑOS A OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN. El Código Penal decreto 130-2017 regula la ASOCIACION PARA DELINQUIR en el artículo 554 estableciendo para simples integrantes de la asociación una pena de prisión de SEIS (6) A DIEZ (10) AÑOS Y MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al encausado. 3. En cuanto al delito de TENENCIA O PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS la pena establecida en el decreto 101 en ese momento era de OCHO A DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS. Para este delito el Código Penal decreto 130-2017 en el artículo 580 De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años. Penas que se aumentaran un tercio cuando no se cuente con la autorización de portar dichas armas. Quedando un rango de pena abstracta de SEIS A OCHO AÑOS DE PRISIÓN. En el estudio del castigo por este hecho típico podemos ver un beneficio en cuanto a la pena mínima del mismo. 4. Haciendo comparativa de penas se puede concluir que el Código Penal decreto 130-2017 solo presenta benignidad para el sentenciado en un cuanto al delito de TENENCIA O PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS. En relación al delito de ASOCIACIÓN ILICITA y FACILIACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS el Código supra mencionado es más lesivo en cuanto a la penalización. III. En el presente caso la comparación debe hacerse de manera global tal y como lo indica el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, puesto que se trata de un concurso real de delitos. Por lo tanto, corresponde hacer una suma de todas las penas con ambas normas para constatar si existe o no benignidad; y de esta manera no fragmentar la norma penal. Para llevar a cabo dicha operación debe tomarse en cuenta la fundamentación jurídica de la sentencia. En ella se plasma que se impuso la pena media por cada ilícito. Es así, que corresponde hacer la comparativa aplicando ese mismo fundamento. El total de penas con el nuevo Código Penal es de veintisiete años cinco meses de prisión más las multas correspondientes, lo que sobrepasa el total de penas aplicadas con el Código Penal derogado que en total suma veinticinco años de reclusión más las multas correspondientes. IV. Por lo expuesto, eesta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; No procede la aplicación retroactiva de una ley penal por no resultar está, más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL Y SILVIA SARAI GARCIA ALMENDAREZ, a favor del señor HOLDING JOHNNY VELASQUEZ MARTINEZ. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0395-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[9] Corte IDH. Ricardo Canese vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[11] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.
[13] https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf
[14] https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf