Sentencia RP-386-21 — Registro 15232
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia condenatoria por el delito de secuestro.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “II. Los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 15 frente y vuelto del expediente de Revisión) encuadran con lo establecido en el artículo 239 y 240 numerales 3 y 4 del Código Penal decreto 130-2017. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a los encausados se les impuso la pena tomando en cuenta la sanción establecida en el artículo 192 párrafo primero, literal “a” y 194 numerales 1 y 2 del Código Penal Decreto 144-1983 cuya sanción oscilaba con una pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, considerando el tribunal sentenciador en aquel momento procesal en la resolución de fecha treinta y uno (31) de agosto del dos mil once (2011), que con base en “todos los extremos y circunstancias que han sido solicitados por las partes han sido analizadas para cada uno de los imputados, por lo que en razón del marco legal de la pena establecido para el delito de Secuestro contempla un mínimo de 20 años a privación de libertad de por vida, este Tribunal finalmente se pronuncia así: Respecto a todos los imputados se acreditó que los mismos son primo delincuentes…debe aplicarse la pena mínima de 20 años de reclusión.” En ese sentido, debe seguirse ese mismo lineamiento en cuanto a determinar la imposición de la pena concreta. IV. En ese sentido, y habiendo sido categóricos en que debemos sujetarnos a los lineamientos que rigen la sentencia revisada, donde se consideró a los sentenciados primo- delincuentes, considerándose consecuentemente que la pena impuesta partiendo de una pena abstracta de veinte (20) años de reclusión a privación de libertad de por vida, en la cual se impuso la pena mínima. Siguiendo ese orden de ideas, y como ya quedó establecido, debe aplicarse la pena mínima, es decir QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA MÁS LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por los Abogados MELIDA ISIS VELASQUEZ GRANDES y VICTOR MANUEL CRUZ MURILLO, a favor de los señores MARIA LUCIA MALDONADO e ISIDRO ULLOA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil once (2011), con relación a la causa que se instruyó contra los señores MARIA LUCIA MALDONADO e ISIDRO ULLOA, por el delito de SECUESTRO en perjuicio del señor H. A. F.. –ANTECEDENTES: 1) Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de la Paz, departamento de la Paz, el abogado JULIO CESAR GABRIEL EDUARDO GARCIA MURILLO, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores ISIDRO ULLOA, MARIA LUCIA MALDONADO, ADA LINETT ULLOA MALDONADO, IRIS YOLANI ULLOA MALDONADO, MARIA MARTINA LAINEZ AMAYA, ERCILIO ROMERO, MELVIN FRANCISCO FLORES MALDONADO, WILSON REYES (ALIAS COLOCHO) por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio del menor H. A. F., asimismo contra el señor ISIDRO ULLOA, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS..- (Folios 63 al 66 de pieza del Juzgado).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil once (2011), el Tribunal de Sentencias de Francisco Morazán, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: CONDENAR como en efecto condenamos a los señores ISIDRO ULLOA, MARIA LUCIA MALDONADO, como autores y a ADA LIZETH ULLOA MALDONADO, IRIS YOLANI ULLOA MALDONADO, como cómplices del delito de SECUESTRO en perjuicio del joven H. A. F. a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION.- Dichas penas deberán cumplirlas los condenados en la penitenciaría Nacional que determine el Juzgado de Ejecución Competente, pena a las cuales deberá descontarse el tiempo en que los imputados hayan permanecido en detención como consecuencia de la detención judicial y la prisión preventiva que les hubiere impuesto por esta causa.- ABSOLVER de toda responsabilidad a la señora MARIA MARTINA LAINEZ AYALA, del delito de SECUESTRO, en perjuicio de H. A. F...-SEGUNDO: CONDENAR como en efecto condenamos a los señores ISIDRO ULLOA, MARIA LUCIA MALDONADO, ADA LIZETH ULLOA MALDONADO, IRIS YOLANI ULLOA MALDONADO, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal.- TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de los condenados ISIDRO ULLOA, MARIA LUCIA MALDONADO, ADA LIZETH ULLOA MALDONADO, IRIS YOLANI ULLOA MALDONADO a favor del joven H. A. F., la que deberá se tasada ante el Juez de Ejecución competente.- CUARTO: No procede condenar en costas procesales, ni gastos ocasionados por el juicio a los señores.- QUINTO: Se ordena declarar en comiso el arma de fuego tipo revolver, color gris plateado, marca Smiyh & Wesson, calibre 38 mm, pero en basa se lee 38 SPL, conteniendo cinco proyectiles sin percutir, sin serie AZF5106, leyéndose únicamente SPRING FILED con cacha de madera color café, conteniendo cinco proyectiles sin percutir, con N° de serie ADL 0026, y con cacha de madera color café, misma que deberá permanecer en el Almacén de evidencias del Ministerio Público hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme y una vez firme al Ministerio de Seguridad para su destrucción a lo que en derecho corresponda…” (Folio 923 al 933 de la pieza del Tribunal).-3) Que las recurrentes Abogadas MELIDA ISIS VELASQUEZ GRANDES y VICTOR MANUEL CRUZ MARILLO, comparecieron ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintiuno (2021) presentando recurso de revisión penal a favor de los señores MARIA LUCIA MALDONADO e ISIDRO ULLOA, contra las sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil once (2011).-4) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.-5) En fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, asimismo, con la comparecencia de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado OSMIN MEJIA FLORES, en su condición de Apoderado Legal de los señores MELIDA ISIS VELASQUEZ y VICTOR MANUEL CRUZ MURILLO, habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 39-42 del recurso de mérito) .-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “PRIMERO: Siendo que la ley sobre Justicia Constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional y que las sentencias firmen podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1… 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigno. SEGUNDO: En vista que en fecha 25 de junio del año 2020 entró en vigencia el decreto legislativo 170-2020 que regula el nuevo Código Penal y en relación a lo que señala nuestra Constitución de la República en su Artículo 96, estableciendo que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado, es por ello que se promueve la presente acción a favor de MARIA LUCIA MALDONADO e ISIDRO ULLOA. TERCERO: Basado en el principio de legalidad que establece el artículo 1 párrafo cuarto del Código Penal Vigente: Que la ley penal se aplica en forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado. No obstante, y a no ser que se disponga expresamente lo contrario los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal deben ser juzgados conforme a ella. Por todo lo antes expuesto se solicita revisión de la sentencia de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil once (2011) dado que el artículo 239 del Código Penal Vigente decreto 130-2017 establece que el delito de secuestro debe ser castigado con la pena de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena siendo esta pena más benigna para MARIA LUCIA MALDONADO e ISIDRO ULLOA en comparación a la condena impuesta de VEINTE AÑOS (20 años) DE RECLUSION, y dado que los señores MARIA LUCIA MALDONADO e ISIDRO ULLOA, tienen desde el 6 de junio del año dos mil nueve (2009) hasta la actualidad doce (12) años de estar recluidos se puede apreciar que han sobrepasado el tiempo de la pena que les favorece como pena mínima en el Código Penal Vigente la cual establece una pena mínima de 8 años de privación de libertad…” -CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de oposición. El apoderado Legal de la parte recurrente expuso: “… ratificando el recurso de revisión de aplicación retroactiva de la ley penal por ser más favorable al reo, que se realice nuevo cómputo, se designe lugar donde se encuentran pruebas, presentado en fecha 28 de abril del año 2021. Solicitud que baso, que se hace en los hechos y consideraciones siguientes: Que siendo que nos encontramos ante la vigencia del nuevo Código Penal, mediante decreto 130-2017 y que el mismo viene a favorecer a mis representados en cuanto a la pena, ya que en el Código derogado la pena que regula para el delito de SECUESTRO es de 20 a 30 años y el Código Penal vigente establece una pena de 8 a 12 años, estableciendo en el artículo 239 del nuevo Código Penal, resultando evidente que a mis representados les favorece esta pena en relación a lo que establece el artículo 615 del Código Penal vigente en respaldo, resultando evidente y en respaldo a lo que establece la ley de Justicia Constitucional y que tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y que las sentencias firmen podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, RATIFICO EL RECURSO DE REVISION presentado a efecto de que esta Sala se pronuncie a favor de mi representado en el sentido de declarar con lugar el recurso de revisión de la sentencia y aplicando las penas que más favorecen a mis representados, así como también se ordene al juzgado de ejecución correspondiente proceda a reformar el computo a efecto de establecer que desde la fecha de su aprehensión el 6 de junio del año 2009, hasta la actualidad han cumplido más de doce años, sobrepasando el máximo de la pena aplicable al delito según el Código Penal vigente.” Por su parte el Ministerio Público consideró: “… Que del examen de las diligencias se aprecia que en el presente caso se encuentran acreditadas las circunstancias contenidas en los numerales 1), 3) y 4) del precitado artículo 240, pues se constató el cumplimiento de la condición consistente en el pago de su rescate por la cantidad de un millón doscientos mil lempiras exactos (L.1,200.000.00), producto de las negociaciones a las que llegaron con los captores. De igual manera se acreditó en autos que el ofendido H. A. F., contaba con 17 años de edad y estuvo privado de su libertad desde el día 10 de mayo al 6 de junio del 2009 (25 días de cautiverio).- Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código, tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta a los sentenciados conforme a la legislación derogada, se encuentra dentro del rango de pena abstracta imponible a dicho delito con arreglo al Código Penal vigente, por lo que el Ministerio Público es de opinión que se mantenga la pena impuesta a los hoy condenados. De ahí se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. - OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.” (Folios 39 al 42 del expediente de revisión).-CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. -CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. -CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. -CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.-CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614, 615, 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores ISIDRO ULLOA y MARIA LUCIA MALDONADO fueron condenados como autores por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil once (2011), a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO en perjuicio de H. A. F., más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 y 194 numerales 1 y 2 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que los condenados cometieron el delito de Secuestro Agravado. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curia, (el juzgador conoce el derecho). -CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores ISIDRO ULLOA y MARIA LUCIA MALDONADO, la pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192 establece que el delito de “SECUESTRO: Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y, c) Publicitarios o políticos.” Es decir que se contemplaba una pena abstracta para esa conducta delictiva realizada por los sentenciados de veinte (20) años a reclusión de por vida. De igual manera, se desprende de la sentencia definitiva y firme revisada de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil once (2011), que los sentenciados incurrieron en las agravantes contenidas en el artículo 194 numerales 1, 2 y 5 de dicha normativa hoy derogada, que establecen: “Serán circunstancias agravantes para los delitos establecidos en los artículos 192, 193 y 195, además de las señaladas en la parte general de este código las siguientes: 1) Cuando el delito se cometa en persona menor de edad, embarazada, discapacitada física o mentalmente o que sea mayor de sesenta (60)años. 2) Si la privación de libertad se prolonga por más de veinticuatro (24) horas; No obstante, el tribunal sentenciador determinó aplicar una pena concreta de veinte (20) años de reclusión a los hoy recurrentes. Haciendo una comparativa de penas en relación al Código Penal vigente Decreto 130-2017, el cual establece en su artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el tiempo de la condena. En cuanto a las circunstancias agravantes concurrentes, el artículo 240 del mismo cuerpo legal dispone que: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición; 2) La condición consiste en exigir a los poderes públicos nacionales o de un gobierno extranjero, alguna medida, concesión o resolución legal o ilegal; 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4) La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años, mujer embarazada, persona de avanzada edad, especialmente vulnerable o que padece una enfermedad que le impide valerse por sí misma; 5) La persona secuestrada es funcionario o empleado público y el secuestro se ha cometido por hechos ligados al ejercicio de sus funciones; 6) La persona secuestrada es diplomático o cónsul acreditado en Honduras o de tránsito por el territorio nacional o miembro de una organización internacional, su cónyuge o conviviente, ascendiente, descendiente o familiares por consanguinidad o afinidad, siempre que los acompañen; 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas; o, 9) Se le administra a la víctima drogas o cualquier sustancia que anula o debilita su voluntad. Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.” Es decir, que tomando como base la sentencia definitiva y firme de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil once (2011), logra determinarse que los sentenciados, en la ejecución del hecho criminoso incurrieron en las agravantes del artículo 240 numerales 1) El autor logra el cumplimiento de la condición (por cuanto quedó acreditado que cobraron la recompensa); 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas (quedó acreditado que la víctima estuvo privado de su libertad desde el diez (10) de mayo hasta el seis (6) de junio del dos mil nueve (2009)); 4) La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años… (la víctima tenía diecisiete (17) años al momento de los hechos); 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado (entendiéndose Por “grupo delictivo organizado” un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados, lo cual quedó acreditado en los hechos probados). Circunstancias que son analizadas para determinar la pena abstracta conforme a las penas del Nuevo Código Penal decreto 130-2017. Siendo así, ante la concurrencia de dos o más circunstancias agravantes, debe aplicarse lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 240, es decir imponerse la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. En ese sentido, ponderando el quantum de la pena, es palmario que, el marco de penas abstractas, del Código Penal vigente es menos gravoso para los encausados. II. Los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folio 15 frente y vuelto del expediente de Revisión) encuadran con lo establecido en el artículo 239 y 240 numerales 3 y 4 del Código Penal decreto 130-2017. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde a los encausados se les impuso la pena tomando en cuenta la sanción establecida en el artículo 192 párrafo primero, literal “a” y 194 numerales 1 y 2 del Código Penal Decreto 144-1983 cuya sanción oscilaba con una pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, considerando el tribunal sentenciador en aquel momento procesal en la resolución de fecha treinta y uno (31) de agosto del dos mil once (2011), que con base en “todos los extremos y circunstancias que han sido solicitados por las partes han sido analizadas para cada uno de los imputados, por lo que en razón del marco legal de la pena establecido para el delito de Secuestro contempla un mínimo de 20 años a privación de libertad de por vida, este Tribunal finalmente se pronuncia así: Respecto a todos los imputados se acreditó que los mismos son primo delincuentes…debe aplicarse la pena mínima de 20 años de reclusión.” En ese sentido, debe seguirse ese mismo lineamiento en cuanto a determinar la imposición de la pena concreta. IV. En ese sentido, y habiendo sido categóricos en que debemos sujetarnos a los lineamientos que rigen la sentencia revisada, donde se consideró a los sentenciados primo- delincuentes, considerándose consecuentemente que la pena impuesta partiendo de una pena abstracta de veinte (20) años de reclusión a privación de libertad de por vida, en la cual se impuso la pena mínima. Siguiendo ese orden de ideas, y como ya quedó establecido, debe aplicarse la pena mínima, es decir QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA MÁS LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados MELIDA ISIS VELASQUEZ GRANDES y VICTOR MANUEL CRUZ MURILLO a favor de los señores MARIA LUCILA MALDONADO e ISIDRO ULLOA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil once (2011); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores MARIA LUCILA MALDONADO e ISIDRO ULLOA, por el delito SECUESTRO, en perjuicio de H. A. F., la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los señores MARIA LUCILA MALDONADO e ISIDRO ULLOA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA, y a la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA durante el tiempo de la condena, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de septiembre del año (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veintidós (2022), recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0386-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.