Sentencia RP-382-21 — Registro 14576
Resumen
sentencia condenatoria con relación a la causa instruida contra supuesto agraviado, por los delitos de Violación Especial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". La Sala plantea así los argumentos que sustentan y justifican su decisión en el caso concreto sometido a juzgamiento, respecto a la procedencia, o no, de la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que, efectivamente, se impuso al señor VICTOR JOEL ZELAYA, la pena de reclusión de DIECINUEVE (19) AÑOS y como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional, pena que deberá cumplir en el Centro Penal de Danlí, El Paraíso, por habérsele encontrado responsable penalmente como autor de un delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de C. D. R. L., delito agravado que se tipifica penalmente de la siguiente manera: ”ARTÍCULO 249.- VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:1) Empleo de violencia o intimidación; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aún cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años.” II- Que esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto de su cómputo simple se desprende la procedencia de la aplicación retroactiva de una norma más favorable; promulgada después de que la sentencia que se revisa alcanzara la categoría o brocardo de sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumplen los requisitos exigidos, tanto por la Norma Constitucional, como por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de revisión al señor VÍCTOR JOEL ZELAYA. CONSIDERANDO (14): Que para determinar la pena concreta habrá que remitirse al artículo 70 del nuevo Código Penal (Decreto Legislativo número 130-2017) que, como ha quedado indicado, establece las reglas para la determinación de pena cuando concurren una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna de las atenuantes establecidas en los artículos 31 y 32 del novísimo Código, por lo que encuadra el caso concreto bajo revisión en el Numeral 1, inciso b), del artículo 70 del Código Penal precitado; en vista a que el imputado, señor VÍCTOR JOEL ZELAYA fue acreditado como reincidente por haber sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza. En atención a ello se determina que la pena concreta a imponer al penado VÍCTOR JOEL ZELAYA, es la pena media del nuevo tipo penal, por ser más beneficiosa al quantum de pena a él impuesta con el derogado Código Penal por la comisión del delito en referencia; que, conforme al artículo 249 del nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) oscila entre NUEVE (9) A TRECE (13) AÑOS DE PRISIÓN, más la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión; penas que se deben aumentar específicamente en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo (Empleo de violencia o intimidación) y la víctima es menor de catorce (14) años, como ocurre, en efecto, en el presente caso; correspondiendo la imposición de una pena media que ascendería a CATORCE (14) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISION, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena; cómputo que es resultante del nuevo marco abstracto para la revisión de pena, el cual se establece dentro de los DOCE (12) AÑOS y los DIECISIETE (17) AÑOS y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN; sin perjuicio de la aplicabilidad de las disposiciones comunes establecidas en el Capítulo 1V del Título IX (Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual), y particularmente, a lo determinado legalmente en el artículo 267 del Decreto 130-2017 para los agresores sexuales que resultaren condenados por cualquiera de los delitos contenidos en dicho título. CONSIDERANDO (15): Que, en definitiva, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanción penal menos gravosa que la impuesta conforme al Código Penal anterior (Decreto No. 144-83); el cual resultó abrogado por disposición expresa del artículo 634 del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017); por lo cual es procedente la aplicación retroactiva de la nueva norma penal sustantiva en favor del señor VÍCTOR JOEL ZELAYA. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 267 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado JOSE RICARDO CASTELLANOS, a favor del señor VICTOR JOEL ZELAYA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, en fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, con relación a la causa instruida contra el señor VICTOR JOEL ZELAYA, por los delitos de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio del joven C. D. R. L.. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintinueve de julio de dos mil doce, el Abogado PEDRO FABRICIO ARGEÑAL, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO LETRAS PRIMERO SECCIONAL DE DANLI, DEPARATAMENTO DE EL PARAISO; presentando Requerimiento Fiscal contra el señor VICTOR JOEL ZELAYA, por suponerlo responsable a Titulo de Autor de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio del joven C. D. R. L.. (Folios 01 al 04 de la primera pieza de los antecedentes.) 2) Que en fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, FALLA: PRIMERO: CONDENAR como debemos CONDENAR a VICTOR JOEL ZELAYA, de generales antes descritas, por un delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de C. D. R. L., a una pena de reclusión de Diecinueve (19) AÑOS y como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional, pena que deberá cumplir en el Centro Penal de Danli, El Paraíso, debiéndose computar la misma desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el Centro Penal, abonando a la misma el tiempo que permaneció en prisión preventiva. SEGUNDO: Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil, del condenado en relación al delito de Violación Especial, la que deberá ser terminada y tasada en la fase de ejecución de Sentencia. TERCERO: No procede el comiso, ni condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio para el condenado. (Folios 92 al 107 de los antecedentes de primera instancia) 3) Que en fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, esta Sala de lo Constitucional, recibió, recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado JOSE RICARDO CASTELLANOS, a favor del señor VICTOR JOEL ZELAYA, contra la sentencia en fecha dieciocho de febrero de dos mil trece, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; fundamentando su acción en los artículos 96 y 101, de la Ley de Justicia Constitucional. 4) Que en fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 186 del recurso de mérito) 5) Que en fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JOSE RICARDO CASTELLANOS, en su condición de apoderado legal del señor VICTOR JOEL ZELAYA, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, en cuanto a conceder, o no, el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017); siendo la representante del Ministerio Público de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud que lo peticionado es conforme a Derecho. (Folios 198 al 201 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.[4] CONSIDERANDO (3): Resumen de lo expuesto en interposición de la Garantía Constitucional de Revisión para que se aplique la retroactividad de una Ley Penal por resultar más benigna. El recurrente funda su petición de revisión penal a favor del señor VÍCTOR JOEL ZELAYA en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Constitución de la República, correlativo al artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna; señalando en los antecedentes que interpuso el presente recurso contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil trece (2013), que le impuso a su representado la pena principal de DIECINUEVE (19) AÑOS DE RECLUSIÓN; al habérsele encontrado culpable por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de C. D. R. L..[5] CONSIDERANDO (4): Resumen de lo argumentado por las partes en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de los abogados JOSÉ RICARDO CASTELLANOS quien actúa a favor del señor VÍCTOR JOEL ZELAYA y la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra al abogado CASTELLANOS, ratificó lo conceptos de interposición del presente recurso relativos a que promovía el presente recurso para que se aplique el principio de retroactividad de una ley penal por ser más benigna, con la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal,[6] que contempla una pena más beneficiosa para el cumplimiento de la pena que se ha impuesto al garantista, pues establece en su artículo 249, que el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, debe penarse de NUEVE (9) a TRECE (13) AÑOS DE RECLUSIÓN, lo cual resulta un beneficio para el sentenciado, dado que en la sentencia condenatoria a él impuesta se aplicó el Código Penal anterior (Decreto número 144-1983), de fecha veintitrés de agosto del mil novecientos ochenta y tres, que en su artículo 140 inciso 1, establecía una pena para el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL de QUINCE (15) a VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; por lo que es procedente se le cambie en favorabilidad la pena a su defendido. Cedida la palabra a la Agente de Tribunales de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, en su condición acreditada por el Ministerio Público, manifestó que, al examinar lo peticionado por el revisionista, se encuentra de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico; el cual reconoce como principio general que la Ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo prescrito en el artículo 96, numeral 8) de la Ley sobre Justicia Constitucional, al regular el principio de retroactividad de la Ley penal, salvo cuando resulte más benigna al condenado; en relación a lo determinado por el artículo 616 del Código Penal, que establece los criterios para la determinación de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO (5): Que, en la parte conclusiva de su intervención, en la referida Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas se pronuncia el Ministerio Público por el otorgamiento de la presente acción de revisión, solicitando se le imponga señor VÍCTOR JOEL ZELAYA la pena que corresponda dentro del marco normativo enmarcado en el artículo 249 del Código Penal, como sanción al delito de VIOLACIÓN ESPECIAL; tomando en consideración que se debe agravar dicho marco abstracto en un tercio (1/3), por concurrir la circunstancia de agravación específica respecto a que la víctima era menor de catorce (14) años de edad; lo cual determinó que, en la sentencia que se revisa, se le impusiera al ciudadano representado por el revisionista la pena principal de DIECINUEVE (19) AÑOS DE RECLUSIÓN. De conformidad al nuevo Código Penal, la pena aplicable, según considera la Fiscalía del Ministerio Público, derivaría del marco abstracto de la nueva pena a imponer por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, que es de NUEVE (9) A TRECE (13) AÑOS DE PRISIÓN, aumentada en UN TERCIO (1/3); lo cual resultaría en una pena de TRECE (13) (Sic.) A DIECISIETE (17) AÑOS CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN; procediendo la imposición de la pena en los mismos términos, siempre en el marco de favorabilidad de la nueva pena. CONSIDERANDO (6): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (7): Que el texto del artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO (8): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal. “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una u otra legislación…” CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.[9] -El subrayado es nuestro - CONSIDERANDO (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente axiomatizado en el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo la Constitución de la República en el artículo 84 dispone: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” CONSIDERANDO (11): Agravantes genéricas concurrentes a la determinación judicial de la pena. En el presente caso, resulta aparente, a la vista de la foliada, que concurre a la determinación judicial de la pena la circunstancia agravante común de Reincidencia,[10] por haber sido condenado el imputado, señor VÍCTOR JOEL ZELAYA con anterioridad, a la pena de SEIS AÑOS DOS MESES DE RECLUSIÓN, en vista haber sido condenado por el Juzgado de Letras Seccional de Danlí por el delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de M. E. C. N. en fecha 29 de septiembre de 2009;[11] lo cual también fue una de las circunstancias tomadas en cuenta por el Tribunal sentenciador, en su oportunidad legal, para redactar el acápite sexto de la sentencia que se revisa; con fundamentación en los artículos 27, 28 y 69 del Código Penal por entonces vigente (Decreto número 144-1983).[12] Al respecto, cabe transcribir el artículo citado, en lo conducente: “ARTÍCULO 32.- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. Son circunstancias agravantes comunes las siguientes: 1) … 2) … 3) … 4) … 5) … 6) … 7) … 8) … 9) La Reincidencia. Hay reincidencia cuando al delinquir, el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza. Las sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales extranjeros producen los efectos de reincidencia en los casos señalados por la Ley. A los efectos de reincidencia no se computan los antecedentes penales cancelados o que deberían serlo, ni los que correspondan a delitos imprudentes”. CONSIDERANDO (12): Agravantes genéricas concurrentes a la determinación judicial de la pena (Aumento o disminución en fracciones y circunstancias modificativas de la responsabilidad penal). Acorde al artículo 70 del Código Penal (Decreto No. 130-2017), el órgano jurisdiccional competente debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer, sujetándose a las siguientes reglas, en los delitos dolosos, cuando concurren una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante: “(…), se aplica la pena media hasta el límite máximo”. CONSIDERANDO (13): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. La Sala plantea así los argumentos que sustentan y justifican su decisión en el caso concreto sometido a juzgamiento, respecto a la procedencia, o no, de la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que, efectivamente, se impuso al señor VICTOR JOEL ZELAYA, la pena de reclusión de DIECINUEVE (19) AÑOS y como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional, pena que deberá cumplir en el Centro Penal de Danlí, El Paraíso, por habérsele encontrado responsable penalmente como autor de un delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de C. D. R. L., delito agravado que se tipifica penalmente de la siguiente manera: ”ARTÍCULO 249.- VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:1) Empleo de violencia o intimidación; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aún cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años.” II- Que esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto de su cómputo simple se desprende la procedencia de la aplicación retroactiva de una norma más favorable; promulgada después de que la sentencia que se revisa alcanzara la categoría o brocardo de sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumplen los requisitos exigidos, tanto por la Norma Constitucional, como por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de revisión al señor VÍCTOR JOEL ZELAYA. CONSIDERANDO (14): Que para determinar la pena concreta habrá que remitirse al artículo 70 del nuevo Código Penal (Decreto Legislativo número 130-2017) que, como ha quedado indicado, establece las reglas para la determinación de pena cuando concurren una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna de las atenuantes establecidas en los artículos 31 y 32 del novísimo Código, por lo que encuadra el caso concreto bajo revisión en el Numeral 1, inciso b), del artículo 70 del Código Penal precitado; en vista a que el imputado, señor VÍCTOR JOEL ZELAYA fue acreditado como reincidente por haber sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza. En atención a ello se determina que la pena concreta a imponer al penado VÍCTOR JOEL ZELAYA, es la pena media del nuevo tipo penal, por ser más beneficiosa al quantum de pena a él impuesta con el derogado Código Penal por la comisión del delito en referencia; que, conforme al artículo 249 del nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) oscila entre NUEVE (9) A TRECE (13) AÑOS DE PRISIÓN, más la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión; penas que se deben aumentar específicamente en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo (Empleo de violencia o intimidación) y la víctima es menor de catorce (14) años, como ocurre, en efecto, en el presente caso; correspondiendo la imposición de una pena media que ascendería a CATORCE (14) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISION, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena; cómputo que es resultante del nuevo marco abstracto para la revisión de pena, el cual se establece dentro de los DOCE (12) AÑOS y los DIECISIETE (17) AÑOS y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN; sin perjuicio de la aplicabilidad de las disposiciones comunes establecidas en el Capítulo 1V del Título IX (Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual), y particularmente, a lo determinado legalmente en el artículo 267 del Decreto 130-2017 para los agresores sexuales que resultaren condenados por cualquiera de los delitos contenidos en dicho título. CONSIDERANDO (15): Que, en definitiva, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanción penal menos gravosa que la impuesta conforme al Código Penal anterior (Decreto No. 144-83); el cual resultó abrogado por disposición expresa del artículo 634 del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017); por lo cual es procedente la aplicación retroactiva de la nueva norma penal sustantiva en favor del señor VÍCTOR JOEL ZELAYA. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 60, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 67, 70, 249, 615 y 616 del Código Penal; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOSE RICARDO CASTELLANOS, a favor del señor VÍCTOR JOEL ZELAYA; II) ANULANDO PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de el Paraíso, en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), con relación a la causa instruida contra el señor VICTOR JOEL ZELAYA, por el delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio del joven C. D. R. L.; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el sentido de reformar la pena impuesta, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor VÍCTOR JOEL ZELAYA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por habérsele encontrado culpable del delito de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio del joven C. D. R. L. a la pena de CATORCE AÑOS Y OCHO MESES DE PRISION, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión; sin perjuicio de lo establecido para la sentencia condenatoria penal de agresores sexuales en las Disposiciones Comunes del Capítulo IV del Título IX (Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual), y particularmente, del artículo 267 del Código Penal (Decreto 130-2017); ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda a darle cumplimiento al presente fallo. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0382=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Ver folios 1 y 2 de la pieza de revisión.
[6] Decreto 130-2017 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 18 de enero del año 2018 y que entrara en vigencia en fecha 25 de junio del año 2020.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Ver: Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr. 107.
[10] Ver lo estipulado en el artículo 32 del Código Penal (Decreto No. 130-2017).
[11] Ver folio ciento diez (110) de la primera pieza de revisión.
[12] Ver folios noventa y nueve (99) y cien (100) de la segunda pieza de revisión.