Sentencia RP-381-21 — Registro 15332
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia de condena dictada por el a-quo, con relación a la causa que se instruyó por haberlo encontrado culpable del delito de Violación Especial. En perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que la norma penal vigente, Decreto 130-2017, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, consecuentemente se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DANNERI JEXSAIA MEJIA MORGA de una norma vigente que le resulta más benigna. IV. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, NUMERAL 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado JOSÉ RICARDO CASTELLANOS, a favor del señor DANNERI JEXSAIA MEJÍA MORGA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, de fecha cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa que se instruyó contra el señor DANNERI JEXSAIA MEJÍA MORGA, por haberlo encontrado culpable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio del menor D. M. M. M. (11 AÑOS). -ANTECEDENTES :1) Que en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, departamento de El Paraíso, la Abogada RAQUEL EMILIA LEMUS ARDÓN, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor DANNERI JEXSAIA MEJÍA MORGA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, en perjuicio del menor D. M. M. M. (11 años). (Folios 1-4 del antecedente).-2) Que en fecha cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, dictó resolución mediante la cual falló: (Sic)“…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a DANNERI JEXSAIA MEJIA MORGA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de D. M. M. M., a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, debiéndose computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal de Danlí, El Paraíso. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos, a DANNERI JEXSAIA MEJIA MORGA, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del condenado DANNERI JEXSAIA MEJIA MORGA, en cuanto a que debe responder por la indemnización de los daños morales ocasionados a la víctima, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales, haciéndoseles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación, dentro del plazo de veinte días. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (se encuentra entre los folios 68 y 69 del antecedente).-3) Que el Abogado JOSÉ RICARDO CASTELLANOS, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiocho (28) de abril del dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor DANNERI JEXSAIA MEJÍA MORGA, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna para su representado, mediante la implementación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1—2 del recurso de mérito) .-4) En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, se citó a las partes para audiencia el día miércoles uno (1) de junio de dos mil veintidós (2022), a las nueve de la mañana con quince minutos (9: 15 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 161 del recurso de mérito).-5) En fecha uno (1) de junio de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado JORGE ALBERTO ZELAYA SALDAÑA, asimismo, con la comparecencia de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JOSÉ RICARDO CASTELLANOS SÁNCHEZ, en su condición de Apoderada Legal del señor DANNERI JEXSAIA MEJÍA MORGA; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica. Por su parte El Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión.-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone las causales sobre las cuales procede el recurso de revisión. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en su recurso: “Que al haberse emitido un nuevo Código Penal que tiene una pena menor en lo que se refiere al delito de Violación Especial relacionado con el Código Penal anterior, es procedente que se efectúe la revisión de la sentencia a mi defendido en aplicación del principio de retroactividad de la ley, establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República y se le imponga la pena de acuerdo al Nuevo Código Penal que está en vigencia que le favorece a mi defendido por corresponderle una pena menor.” -CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en audiencia de oposición. El abogado de la parte recurrente expuso: “…en mi condición de apoderado defensor del señor Danneri Jexsaia Mejía Morga, en la causa que se le sigue por conceptuarlo responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de D. M. M. M., lo mismo que en el recurso de revisión de mérito…” El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público observa que el nuevo Código Penal Vigente, regula el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en el ARTÍCULO 249, que establece. "VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes 1) …; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) … El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años. Al examinar el fallo sub-judice, se extrae que el hoy imputado fue condenado a la pena de quince (15) años de reclusión, y de conformidad al nuevo Código Penal la pena a imponer en el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL es de 9 a 13 años de prisión, la que aumentada en 1/3, ya que se constata de los hechos probados la minoría de edad del ofendido D. M. M. M., quien nació el 2 de Septiembre de 2004, por lo que al momento de la ocurrencia de los hechos tenía 11 años 4 meses 20 días de edad, resultando una pena de trece (13) a diecisiete (17) años 4 meses de prisión, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos, apreciándose que si resulta más favorable al hoy condenado, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado. "De ahí que dicho precepto constitucional contempla el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo, en virtud de lo cual, el alcance de este principio se manifiesta en la aplicación de la ley más favorable al procesado. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub -examine, las disposiciones contempladas en el nuevo Código Penal efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, por lo que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo que dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” -CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. […] El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. –CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. -CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. -CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario.-CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor DANNERI JEXSAIA MEJIA MORGA, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable por un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de D. M. M. M.. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 140, párrafo tercero, numeral 1 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL. III. Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. -CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor DANNERI JEXSAIA MEJIA MORGA la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable de un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de D. M. M. M.. I. Que, para realizar la ponderación, debemos determinar el marco de penas abstractas a imponer, consecuentemente se debe realizar un análisis conforme a la construcción típica con todas sus circunstancias, desprendidas de los hechos probados de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, en fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Es así, que dicho ente sentenciador determinó que el penado incurrió en la conducta del tipo penal de VIOLACIÓN ESPECIAL, comprendida en el artículo 140, párrafo tercero, numeral 1 del Código Penal decreto 144-83 (derogado) que literalmente establece: “El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad o segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente. Para efectos de este artículo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. SON CASOS ESPECIALES DE VIOLACIÓN el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y son los siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años de edad; 2) …; 3) …; 4) …; y, …” Realizando una comparativa, dicha acción típica conforme a los hechos probados de la sentencia definitiva y firme de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018) se encuadran en el tipo penal contenido en el artículo 249 del Código Penal decreto 130-2017 (vigente) que establece: “VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia o intimidación; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años.” Realizando un cotejo entre ambas penas abstractas, se puede determinar que en el caso del Código Penal decreto 144-83 (derogado) dicha conducta típica tenía un marco de penas abstracto de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por cuanto la víctima era menor de catorce (14) años (violación especial), entretanto el Código Penal decreto 130-17 (vigente) castiga la misma acción delictiva con todas sus circunstancias, con un marco de penas abstracto de TRECE (13) AÑOS A DIECISIETE (17) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA Y APROXIMACIÓN A LA VÍCTIMA POR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA PENA DE PRISIÓN, ello es así aplicable, por cuanto se cumplen los presupuestos del último párrafo del referido artículo 249 del Nuevo Código Penal, es decir, el sentenciado hizo uso del empleo de violencia o intimidación en la ejecución del hecho criminal y la víctima era menor de catorce años, razones por las cuales se debe de aumentar un tercio (1/3) a la pena del delito de violación de nueve (9) a trece (13) años de reclusión, dando como resultado una pena abstracta de trece (13) años a diecisiete (17) años y cuatro (4) meses de prisión, el cual sería el marco de penas a imponer. II. En cuanto a la determinación de la pena concreta, por parámetros fijados en la sentencia revisada de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), y para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, siendo que se determinó aplicar la pena mínima conforme a los argumentos plasmados en la misma, debe condenarse al sentenciado a la pena mínima, es decir TRECE (13) AÑOS DE PRISION. III. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que la norma penal vigente, Decreto 130-2017, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, consecuentemente se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DANNERI JEXSAIA MEJIA MORGA de una norma vigente que le resulta más benigna. IV. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado, JOSE RICARDO CASTELLANOS a favor del señor DANNERI JEXSAIA MEJIA MORGA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO en fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor DANNERI JEXSAIA MEJIA MORGA, por el delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de D. M. M. M. la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor DANNERI JEXSAIA MEJIA MORGA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA a la pena de TRECE (13) AÑOS DE PRISIÓN, PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA Y APROXIMACIÓN A LA VÍCTIMA POR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA PENA DE PRISIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. NOTIFÍQUESE. –Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los treinta (30) días del mes de septiembre del año (2022), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0381-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.