Sentencia RP-311-21 — Registro 15330
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia condenatoria dictada por el a-quo con relación a la causa instruida contra el impetrante, por haber sido encontrado responsable de la comisión del delito de Secuestro
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Es así que haciendo una comparativa de penas versus el Código Penal vigente Decreto 130-2017, el cual establece en su artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el tiempo de la condena. Debemos tomar en cuenta también, las circunstancias agravantes del tipo penal de secuestro, el artículo 240 del mismo cuerpo legal establece: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… La privación de la libertad exceda de setenta y dos (72) horas (Hecho probado en la sentencia firme de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecisiete (2017), por cuanto la víctima estuvo privada de su libertad por más de setenta y dos (72) horas); 4) La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años, mujer embarazada, persona de avanzada edad, especialmente vulnerable o que padece una enfermedad que le impide valerse por sí misma (Hecho declarado como probado en la sentencia firme de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecisiete (2017), por cuanto la víctima tenía dieciséis (16) años de edad, al momento de ejecutarse los hechos); 5)… Señala el penúltimo párrafo del mencionado artículo 240 que “Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.” En ese sentido, ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal vigente es menos gravoso para el encausado. II. Los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 15 al 23 del expediente de Revisión número 0311-2021 y folios 56 al 64 del expediente de Revisión número 0490-2021) encuadran con lo establecido en el artículo 239 y 240 del Código Penal decreto 130-2017. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso la pena tomando en cuenta la sanción establecida en el artículo 192 párrafo primero, literal “a” y 194 numerales 1 y 2 del Código Penal Decreto 144-1983 cuya sanción oscilaba con una pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida. Considerando el tribunal sentenciador en aquel momento procesal en la resolución de fecha veinticuatro (24) de julio del dos mil diecisiete (2017), imponerle al sentenciado una pena concreta de veinte (20) años y un (1) mes de reclusión, a solicitud de la fiscalía, por haberse sometido el proceso a estricta conformidad y en efecto debe seguirse esa línea procedimental a efecto de graduar la pena a revisar, en el sentido que no se le impuso al sentenciado la pena mínima ni la pena máxima, y siendo que no se configuran elementos genéricos agravantes ni atenuantes conforme a los hechos declarados como probados en la sentencia revisada, debe imponérsele una pena de QUINCE (15) AÑOS Y UN (1) MES DE PRISIÓN Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA POR EL DELITO DE SECUESTRO y la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Trece de septiembre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en los Recursos de Revisión Penal, interpuestos por el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ en fecha siete (7) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y por el Abogado ABRAHAM MOISES MEZA RIVERA, en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), ambos a favor del señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha veinticuatro (24) de julio del dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra el señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA, por haber sido encontrado responsable de la comisión del delito de SECUESTRO, en perjuicio de la menor ISIS DAYANA DÍAZ MARQUINA. ANTECEDENTES 1) En fecha siete (7) de septiembre de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada KARLA YANETH ZAVALA MENDOZA, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores YURI YAJAIRA GONZÁLEZ MEJÍA, JOSÉ SANTOS PINEDA, GERSON JOSÉ PINEDA PADILLA Y OTILIO RODRÍGUEZ SABILLÓN por considerarlos responsables del delito de SECUESTRO, en perjuicio de ISIS DAYANA DÍAZ MARQUINA. (Folios 1-17 del antecedente) 2) Que seguido que fue el proceso, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil diecisiete (2017), en la cual Falló: “PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de Secuestro, en perjuicio de la joven ISIS DAYANA DIAZ MARQUINA, por el cual se le impone una pena de VEINTE AÑOS (20 AÑOS) UN (1) MES DE RECLUSIÓN como pena principal; pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente; quedando obligado a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; además, se le impone las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL; ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena. SEGUNDO: Se declara al condenado responsable civilmente. TERCERO: No procede decretar comiso alguno.” (Folios 433-441 de la pieza del A-Quo). - 3) Que en fecha siete (07) de abril de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Sala de lo Constitucional el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, interponiendo Recurso de Revisión Penal a favor del señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA, (registrado en este Tribunal con el número SCO-0311-2021), posteriormente, en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021), el Abogado ABRAHAM MOICES MEZA RIVERA, actuando en su condición de Defensor Privado del Señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA, interpuso Recurso de Revisión Penal (registrado en este Tribunal con el número SCO-0490-2021), ambos contra la sentencia de fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil diecisiete (2017), dictada por Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, manifestando los recurrentes que interponen los presentes recursos con base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folios 01-13 y 01-02 de los recursos acumulados de mérito) 4) Que en fechas veinte (20) de mayo del dos mil veintiuno (2021) (Expediente SCO-0311-2021) y treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021) (Expediente SCO-0490-2021), la Sala resolvió admitir los recursos de revisión de que se hacen relación y se dispuso librar las respectivas comunicaciones, a efecto de que remitieran los expedientes de la causa. En consecuencia, una vez recibidos los antecedentes, esta Sala ordenó la celebración de la Audiencia respectiva. (Folios 45 y 76 de los recursos de mérito) 5) Que en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, en su condición de apoderado legal del señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. (Folios 48-51 del recurso de mérito) 6) Que en fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022), esta Sala, una vez estudiados los recursos de mérito, logra apreciar que los mismos se dirigen contra el mismo acto, por lo que consideró procedente y para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, que los recursos produzcan una sola sentencia, resolvió acumular los recursos descritos. (Folios 81 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos de los Garantistas expuestos en sus escritos de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista, Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ señala en los antecedentes: “CONSIDERANDO: Que mi representado fue condenado en base al Código Penal derogado de conformidad al artículo 192 “A”, del Código Penal antes citado, a una pena de VEINTE (20) AÑOS, UN (1) MES DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de la señora ISIS DAYANA DIAZ MARQUINA. CONSIDERANDO: Que el nuevo Código Penal vigente decreto 130-2017, en su artículo 239, cita SECUESTRO; Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe de ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de reincidencia por el doble del tiempo de la condena. CONSIDERANDO: Que los artículos 7 del Código Civil: Artículo 96 numeral 6 y 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, garantizan el PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY, y que conforme a lo que se instruye en las disposiciones que contiene la Ley Sobre Justicia Constitucional, serán aplicables a aquellos casos cuando esta Ley y sus procedimientos sean más favorables al procesado o condenado, por tanto, en representación del privado ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA, solicito se aplique retroactividad de la ley, por considerar que el nuevo Código Penal decreto 130-2017 es más favorable para mi representado, tal como lo cita el artículo 96 de la Constitución de la República, 1 y 615 del Nuevo Código Penal.” El garantista, Abogado ABRAHA MOICES MEZA RIVERA señala en los antecedentes: “Resulta Honorables Magistrados que al señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA, se le condenó por el delito de SECUESTRO en perjuicio de ISIS DAYANA DIAZ MARQUINA, a la pena de VEINTE (20) AÑOS UN (1) MES DE RECLUSION, sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, en fecha veinticuatro de julo del dos mil diecisiete, pena que fue dada con el código penal decreto 144-83, y, a consecuencia de la aplicación del nuevo Código Penal, la pena se ve una rebaja sustancial de 8 a 12 años de reclusión y bajo el principio de legalidad y el principio de retroactividad de la ley penal, mi representado debe ser beneficiado con penas menos gravosas, siendo una garantía constitucional y un derecho constitucional que le asiste y debe imponerse lo que más le favorece al reo, ya que la nueva pena determina en el Código Penal actual de Honduras, encuadra una norma más favorable, según lo establece el artículo 239 del Código Penal Vigente; por lo antes expuesto, aplica la normativa legal establecida en el artículo 95, 96 numeral 8, 97 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, artículo 96 de la Constitución de la República y el artículo 614, 615, 621 del Código Penal vigente, le asiste el derecho a revisión de sentencia de conformidad a la ley.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Por su parte la representante Fiscal del Ministerio Público en audiencia de oposición y proposición de medios de prueba, en cuanto al expediente SCO-0311-2021, expuso, de manera resumida lo siguiente: “De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUESTRO por el cual se le condenó a ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA. El delito de SECUESTRO por el cual se condenó al señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA se sancionada en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida. “Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b)… c)…”.- Agravándose la pena al concurrir la circunstancia de haber permanecido la víctima privada de su libertad más allá de 24 horas. Bajo esa premisa es visible que no concurre aplicar el artículo 239 de la nueva normativa penal que contiene el delito de SECUESTRO con una pena de prisión de 8 a 12 años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. En virtud que esta sanción corresponde a un título simple. En sentido la acción cometida por el sentenciado se encuadra en el delito de SECUESTRO AGRAVADO contenido en el artículo 240.- “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)…; 2)…; 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4) La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años…; Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. En vista que de los hechos probados, se deriva que la joven ISIS DAYANA DIAZ MARQUINA (ofendida), fue privada de su libertad del 3 al 6 de septiembre del 2014, se cumple de esta manera el tiempo de 72 horas del plagio, asimismo se desprende del proceso que la víctima al momento de los hechos tenía dieciséis años de edad, circunstancia que se determina en el Acta de declaración de prueba anticipada agregada a la pieza principal folio 31, lo que resulta procedente aplicarle la pena que oscila de quince (15) a veinte (20) años. Por lo tanto, es procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supraseñalados.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en los artículos 614, 615, 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecisiete (2017), a la pena de VEINTE (20) AÑOS Y UN (1) MES DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO en perjuicio de ISIS DAYANA DIAZ MARQUINA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 y 194 numerales 1 y 2 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro Agravado. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curia, (el juzgador conoce el derecho). CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA, la pena principal de VEINTE (20) AÑOS Y UN (1) MES DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 192 establece una pena para esa conducta delictiva realizada por el sentenciado de veinte (20) años a reclusión de por vida, tomando en cuenta además que de los hechos probados en la sentencia definitiva y firme de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecisiete (2017) quedó probado que el sentenciado incurrió en las agravantes contenidas en el artículo 194 numerales 1 y 2 de dicha normativa hoy derogada, que establecen: “Serán circunstancias agravantes para los delitos establecidos en los artículos 192, 193 y 195, además de las señaladas en la parte general de este código las siguientes: 1) Cuando el delito se cometa en persona menor de edad, embarazada, discapacitada física o mentalmente o que sea mayor de sesenta (60)años. 2) Si la privación de libertad se prolonga por más de veinticuatro (24) horas”. Es así que haciendo una comparativa de penas versus el Código Penal vigente Decreto 130-2017, el cual establece en su artículo 239.- “SECUESTRO. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el tiempo de la condena. Debemos tomar en cuenta también, las circunstancias agravantes del tipo penal de secuestro, el artículo 240 del mismo cuerpo legal establece: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… La privación de la libertad exceda de setenta y dos (72) horas (Hecho probado en la sentencia firme de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecisiete (2017), por cuanto la víctima estuvo privada de su libertad por más de setenta y dos (72) horas); 4) La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años, mujer embarazada, persona de avanzada edad, especialmente vulnerable o que padece una enfermedad que le impide valerse por sí misma (Hecho declarado como probado en la sentencia firme de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecisiete (2017), por cuanto la víctima tenía dieciséis (16) años de edad, al momento de ejecutarse los hechos); 5)… Señala el penúltimo párrafo del mencionado artículo 240 que “Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años.” En ese sentido, ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, el Código Penal vigente es menos gravoso para el encausado. II. Los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 15 al 23 del expediente de Revisión número 0311-2021 y folios 56 al 64 del expediente de Revisión número 0490-2021) encuadran con lo establecido en el artículo 239 y 240 del Código Penal decreto 130-2017. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso la pena tomando en cuenta la sanción establecida en el artículo 192 párrafo primero, literal “a” y 194 numerales 1 y 2 del Código Penal Decreto 144-1983 cuya sanción oscilaba con una pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida. Considerando el tribunal sentenciador en aquel momento procesal en la resolución de fecha veinticuatro (24) de julio del dos mil diecisiete (2017), imponerle al sentenciado una pena concreta de veinte (20) años y un (1) mes de reclusión, a solicitud de la fiscalía, por haberse sometido el proceso a estricta conformidad y en efecto debe seguirse esa línea procedimental a efecto de graduar la pena a revisar, en el sentido que no se le impuso al sentenciado la pena mínima ni la pena máxima, y siendo que no se configuran elementos genéricos agravantes ni atenuantes conforme a los hechos declarados como probados en la sentencia revisada, debe imponérsele una pena de QUINCE (15) AÑOS Y UN (1) MES DE PRISIÓN Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE DE TIEMPO DE LA CONDENA POR EL DELITO DE SECUESTRO y la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ en fecha siete (7) de abril del año dos mil veintiuno (2021) y por el Abogado ABRAHAM MOISES MEZA RIVERA, en fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), ambos a favor del señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecisiete (2017); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA, por el delito SECUESTRO, en perjuicio de ISIS DAYANA DIAZ MARQUINA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor ADONI ORLANDO ARBIZU BARAHONA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de QUINCE (15) AÑOS Y UN (1) MES de prisión y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA por el doble de tiempo de la condena, y a la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, recaída en los Recursos de Revisión Acumulados registrados en este Tribunal con los números SCO-311 y 490-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.