Sentencia RP-308-21 — Registro 14827
Resumen
Se interpuso recurso de revisión contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de secuestro agravado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIECISÉIS (16): Que una de las causales por las cuales se puede invocar la interposición de la garantía constitucional de revisión penal, la constituye la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más benigna (artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional), entendiéndose que su alcance y contenido va orientado a que el nuevo precepto legal contemplado para el tipo penal por el cual ha sido condenado el recurrente, sea más favorable, bajo ese argumento se aprecia que la retroactividad no guarda relación por el delito por el cual ha sido condenado, sino que solo por su pena. Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos el ahora recurrente RUDY ALEXANDER ENRIQUEZ GRANILLO fue condenado al delito de Secuestro Agravado contenido en el Código Penal creado mediante decreto 144-83 y vigente a partir del 12 marzo de 1985, con la pena de reclusión de veinte (20) años, siendo la pena mínima contemplada para dicho delito; y con la vigencia del nuevo código penal (publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 10 de mayo de 2019) contempla una pena de doce (12) a quince (15) años de reclusión, ya que no existían agravantes; por lo tanto es evidente que la nueva Ley Penal contiene una pena más benigna, que es la condición prevista en la Ley sobre Justicia Constitucional para aplicarla de forma retroactiva; y por consiguiente es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, el tres (3) de junio de dos mil trece (2013), para la ejecución de una nueva pena, es decir de doce (12) años con abono del tiempo que haya cumplido hasta ajustar la totalidad de la pena en mención, y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta. Lo anterior en vista que con el Código Penal que fue derogado se le impuso la pena mínima.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de revisión interpuesto por el Abogado JOSE DE LA CRUZ GALLEGOS a favor del Señor RUDY ALEXANDER HENRIQUEZ GRANILLO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha tres (03) de junio de dos mil trece (2013), con relación a la causa que se instruyó contra el Señor RUDY ALEXANDER ENRIQUEZ GRANILLO por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de la Señora MARIA EUGENIA CRANSHAW. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve (09) de diciembre de dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada NORMA MARCELA MARTINEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores RUDY ALEXANDER HENRIQUEZ GRANILLO, ELVIS JARED MELENDEZ AVELAR, FERNANDO BLANCO DIAZ Y SELVIN RAMON CARCAMO OLIVA, por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de la Señora MARIA EUGENIA CRANSHAW y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en contra de ELVIS JARED MELENDEZ AVELAR en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. (Folios 01-10 del Tomo I de la pieza del A-Quo). 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha tres (03) de junio de dos mil trece (2013), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en Audiencia de Juicio Oral y Público dictó sentencia mediante la cual Resolvió: (SIC): “1.- DECLARA CULPABLE A LOS SEÑORES RUDY ALEXADNER HENRIQEUZ GRANILLO, FERNANDO BLANCO DIAZ, SELVIN RAMON CARCAMO OLIVA, ELVIN JARED MELENDEZ AVELAR, DEL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO, EN PERJUICIO DE MARIA EUGENIA CRANSHAW.- 2.- DECLARA CULPABLE AL SEÑOR ELVIN JARED MELENDEZ AVELAR, DEL DELITO DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Se señala audiencia para la individualización de la pena, para el día ocho (08) de Agosto del año dos mil trece, a las nueve (9:00 a.m.) de la mañana.” (Folios 344-350 del Tomo II de la pieza del A-Quo). 3) Que el Abogado JOSE DE LA CRUZ GALLEGOS compareció ante este Tribunal en fecha siete (07) de abril de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor RUDY ALEXANDER HENRIQUEZ GRANILLO, contra la sentencia dictada en Audiencia de Juicio Oral y Público dictada de fecha tres (03) de junio de dos mil trece (2013), por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la cual el citado Tribunal declaró culpable al señor RUDY ALEXANDER HENRIQUEZ GRANILLO; fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-27 del recurso de mérito). 4) Que en fecha doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 29 del recurso de mérito). 5) Que en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JOSE DE LA CRUZ GALLEGOS en su condición de Apoderado Legal del Señor RUDY ALEXANDER HENRIQUEZ GRANILLA, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 50-55 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha siete de abril de dos mil veintiuno, el Abogado Jose de la Cruz Gallegos, compareció ante este Tribunal, presentando recurso de revisión penal a favor del señor Rudy Alexander Enrique Granillo, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha tres (3) de junio de dos mil trece (2013), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), enmarcándolo en el artículo 239 y 240, al referir que dicho Código establece una modificación a la pena para el delito de Secuestro por el cual su representado guarda prisión desde el ocho (08) de diciembre de dos mil diez (2010), y que actualmente la cumple en el Centro Penitenciario denominado la Tolva. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo adopta la garantía Constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte de un proceso penal, pueda practicar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentra firme; en este sentido manda que la Ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir.- En ese orden el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedido de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del Garantista expresados en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 186 de la Constitución de la República y el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “La objeción contra la sentencia firme, dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, y de donde resulta el motivo del recurso extraordinario de revisión lo constituye que al hacer estudio de la sanción correspondiente de delito juzgado, con aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos pero novada con posterioridad al juzgamiento respetivo, esta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria, a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, ya que ahora es menor la sanción por ese ilícito penal, por haber sido reducida la misma en el nuevo código penal vigente…” CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, con la comparecencia de la Abogada Sandra Lorena Zúniga Garcia, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Jose de la Cruz Gallegos, en su condición de Apoderado Legal del señor Rudy Alexander Enríquez Granillo; manifestando este último que siendo que su representado fue condenado mediante sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha tres de junio de dos mil trece, por el delito de Secuestro Agravado imponiéndole una pena de veinte (20) años de reclusión, es candidato por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Decreto 130-2017, al contener una considerable modificación en el delito de secuestro, de conformidad con el articulo 239 y 240 y la prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena, siendo esta pena más benigna para mi representado en comparación a la condena impuesta de veinte (20) años de reclusión o sea la pena mínima para ese delito, en vista de señalar que no existen circunstancias agravantes por haberlo peticionado de esa manera el Señor Fiscal del Ministerio Publico en las conclusiones que realizo en el juicio oral y público, mediante el cual condenaron a mi representado. APRECIACION JURIDICA: El Ministerio Público señala que después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, el cual es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96, numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3)..., 4)..., 5)..., 6)..., 7)..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”, relacionada con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal, que señalan: Articulo 615: “RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE”. Los delitos y faltas cometidas hasta el día de entrada en vigencia el presente cogido se juzgan conforme las leyes penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituye delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictara sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutara. Artículo 616: “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la Ley Penal más favorable se comparara la pena que hubiera corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomado en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique. CONCLUSION DEL MINISTERIO PUBLICO: De lo expuesto, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUETRO AGRAVADO. El delito de SECUESTRO por el cual se condeno al señor RUDY ALEXANDER ENRIQUEZ GALO se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal Derogado con una pena de 20 años a presión de la libertad de por vida. “Aun cuando no conseguiré su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cuales quiera de los propósitos siguientes: obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, titulo u otra utilidad o beneficios; b)…; c)…). En el nuevo Código Penal Vigente el delito de SECUESTRO AGRAVADO se encuentra regulado en el Art. 240.- (El hecho revisto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)…; 2)…; 3). La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas. Por lo tanto, es procedente aplicar el principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96, tercer parrado de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley SOBRE justicia Constitucional. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Publico se pronuncia por que SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor… Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualizan los hechos concretos y probados, esbozados en la sentencia condenatoria así mismo sus penas y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que discriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República de Honduras en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala hace su exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el Señor RUDY ALEXANDER ENRIQUEZ GRANILLO, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante sentencia de fecha tres de junio de dos mil trece, a una pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de Secuestro Agravado, en perjuicio de María Eugenia Cranshaw; así como a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 32, 63, 64, 105 y 192 del Código Penal, estimando que el condenado cometió el delito Secuestro Agravado. CONSIDERANDO QUINCE (15): Sentencia que se recurre a través de la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. La emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha tres de junio de dos mil trece, mediante la cual condena al señor RUDY ALEXADNER HENRIQEUZ GRANILLO, a una pena de veinte (20) años de reclusión, por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de MARIA EUGENIA CRANSHAW. CONSIDERANDO DIECISÉIS (16): Que una de las causales por las cuales se puede invocar la interposición de la garantía constitucional de revisión penal, la constituye la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más benigna (artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional), entendiéndose que su alcance y contenido va orientado a que el nuevo precepto legal contemplado para el tipo penal por el cual ha sido condenado el recurrente, sea más favorable, bajo ese argumento se aprecia que la retroactividad no guarda relación por el delito por el cual ha sido condenado, sino que solo por su pena. Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos el ahora recurrente RUDY ALEXANDER ENRIQUEZ GRANILLO fue condenado al delito de Secuestro Agravado contenido en el Código Penal creado mediante decreto 144-83 y vigente a partir del 12 marzo de 1985, con la pena de reclusión de veinte (20) años, siendo la pena mínima contemplada para dicho delito; y con la vigencia del nuevo código penal (publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 10 de mayo de 2019) contempla una pena de doce (12) a quince (15) años de reclusión, ya que no existían agravantes; por lo tanto es evidente que la nueva Ley Penal contiene una pena más benigna, que es la condición prevista en la Ley sobre Justicia Constitucional para aplicarla de forma retroactiva; y por consiguiente es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, el tres (3) de junio de dos mil trece (2013), para la ejecución de una nueva pena, es decir de doce (12) años con abono del tiempo que haya cumplido hasta ajustar la totalidad de la pena en mención, y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta. Lo anterior en vista que con el Código Penal que fue derogado se le impuso la pena mínima. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia el pronunciamiento del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos1.1, 9, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 96 numeral 8; 1 y 240 del Código Penal Vigente; 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOSE DE LA CRUZ GALLEGOS, a favor de RUDY ALEXANDER ENRIQUEZ GRANILLO; SEGUNDO: Se DECRETA LA NULIDAD PARCIAL de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha tres (03) de junio de dos mil trece (2013). TERCERO: Se MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor RUDY ALEXANDER ENRIQUEZ GRANILLO, por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de MARIA EUGENIA CRANSHAW, la cual deberá de leerse de la siguiente manera: FALLA: CONDENAR al señor RUDY ALEXANDER ENRIQUEZ GRANILLO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de MARIA EUGENIA CRANSHAW, a una pena de DOCE (12) AÑOS DE PRISIÓN, más la accesoria de Inhabilitación Absoluta, por el tiempo que dure la pena principal, ratificando la sentencias revisada en sus demás partes y contenido.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que proceda al cumplimiento del presente fallo; Redacto el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de mayo de dos mil veintidós.
Visto que en fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), la Sala constitucional dicto sentencia declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por el Abogado JOSE DE LA CRUZ GALLEGOS, a favor de RUDY ALEXANDER HENRIQUEZ GRANILLO, quien fue condenado por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de MARIA EUGENIA CRANSHAW. CONSIDERANDO UNO (1): Que el Abogado JOSE DE LA CRUZ GALLEGOS, solicito en tiempo aclaración de la sentencia proferida en fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), a efecto que este Tribunal de Justicia proceda a aclarar el apellido “HENRIQUEZ” de su representado, en vista que en varias partes de dicha sentencia definitiva se estableció como apellido “ENRIQUEZ”. CONSIDERANDO DOS (2): Que el artículo 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece la prohibición a los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional de variar o modificar sus sentencias después de firmadas; salvo que: a) sea necesario aclarar algún concepto oscuro b) corregir errores materiales de las mismas. Al respecto esta Sala estima que lo apuntado por la garantista se subsume en el inciso b de los supuestos antes señalados, ya que lo que pretende es corregir errores materiales, entendiéndose estos como los denominados lapsus calami, que pueden ser el errar en un nombre, fecha, guarismo o sea vicios relacionados con una mala transcripción en los datos. CONSIDERANDO TRES (3): Que esta Sala de lo Constitucional del estudio de la foliada, es del criterio que SE ACLARE la sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), en cuanto al apellido “HENRIQUEZ” del recurrente, debiendo ser su nombre completo: RUDY ALEXANDER HENRIQUEZ GRANILLO y no RUDY ALEXANDER ENRIQUEZ GRANILLO, como se estableció en varias partes de la sentencia definitiva que solicita sea aclarada. POR TANTO: La Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 80 y 303 de la Constitución de la República; 1 y 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR la Solicitud de Aclaración de la sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), aclarándose en varias partes de la referida sentencia, el apellido “HENRIQUEZ” del recurrente, siendo su nombre completo RUDY ALEXANDER HENRIQUEZ GRANILLO. Y MANDA: Que en virtud de estar firme dicha sentencia se cumpla con lo ordenado en la parte dispositiva, devolviéndose los antecedentes al Tribunal de su procedencia. Redacto el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia y Resolución de fechas treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y once de mayo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0308=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3] Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que éste sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
[4] Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[5] Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.