Sentencia RP-242-21 — Registro 15584
Resumen
Sentencia en revisión dictada por Autoridad recurrida condenó a recurrente a una pena de seis años de reclusión como pena principal como cooperador necesario del delito de estafa en perjuicio de afectado, más imposición de multa y penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, con la declaración de su responsabilidad civil; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente; Se ordenó al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil doce (2012), a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ESTAFA en perjuicio del señor GEORGE KAWAS KAWAS HASBOUN; y a la multa CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00) equivalente al diez por ciento (10%) del valor de lo estafado; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, ESPECÍFICAMENTE SE LE SUSPENDIÓ DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO Y DE LA FUNCIÓN NOTARIAL POR EL TIEMPO DE LA CONDENA. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 240 y 242.9 del Código Penal derogado Decreto 144-83, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de ESTAFA en perjuicio del señor GEORGE KAWAS KAWAS HASBOUN. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable en relación a una derogada y plasmada en la sentencia convirtiéndose en cosa juzgada; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho..."..."la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Código Penal Derogado Decreto 144-83, la pena a imponer por el delito de ESTAFA era reclusión de seis (6) a nueve (9) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado, por lo que el rango de la pena abstracta a imponer era de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, de la cual se le aplicó la pena mínima, por considerar el tribunal sentenciador la no concurrencia de atenuantes ni agravantes (folio 502 del expediente del tribunal) es decir, seis (6) años de reclusión, más multa equivalente al diez por ciento (10%)del valor defraudado y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil equivalente a CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00) siendo que el valor de lo defraudado ascendía a la cantidad de un millón de lempiras (L.1,000,000.00). En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017 regula el delito de ESTAFA IMPROPIA en el artículo 367 que literalmente dice: “Se debe castigar con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años, quien ejecute alguna de las conductas siguientes: 1) Quien, en perjuicio de tercero, dispone de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga o gravamen sobre la misma” Es decir que el Código Penal Vigente Decreto 130-2017 para la acción típica realizada por el sentenciado regula una pena abstracta de tres (3) a cinco (5) años prisión. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado, siendo que el marco abstracto de penas a aplicar son inferiores en relación al Código Penal 144-83, por lo que procederemos a examinar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. II. Que conforme a la construcción de los hechos probados y fundamentos jurídicos elaborados por el juzgador en la sentencia de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil doce (2012), no concurren circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad penal, así como tampoco la concurrencia de concurso de delitos que implique en aumento o disminución en grados de la pena abstracta. En ese sentido, debe imponerse la pena mínima, siendo que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, impuso la pena mínima por el delito sindicado, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO sería de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN. III.- En cuanto a lo solicitado por el Ministerio Publico en audiencia de oposición de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintidós (2022), sobre el cumplimiento de la pena, esta Sala deja establecido que las cuestiones procesales o de la etapa ejecutiva corresponden a los órganos de instancia que tienen bajo su competencia ejecutar la sentencia firme. El recurso de revisión en materia penal por aplicación de ley penal más benigna tiene límites, los cuales es necesario no sobrepasar para evitar la desnaturalización del recurso. En este caso concreto a la Sala solo compete revisar la sentencia y proceder conforme a Derecho corresponda, es decir a aplicar o no aplicar la retroactividad..."..."En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, esta Sala estima, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO de una norma vigente que le resulta más benigna II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 580, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, 8 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado ADELMO HERNANDEZ HERNANDEZ, a favor del señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil doce (2012), con relación a la causa que se instruyó contra los señores MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO y BLANCA ZONIA PAZ CASTILLO, por el delito de ESTAFA, en perjuicio de GEORGE KAWAS KAWAS HASBOUN.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada LAKSHMI MONCADA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO y BLANCA ZONIA PAZ CASTILLO, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA, en perjuicio de GEORGE KAWAS KAWAS HASBOUN.” (Folio 01 AL 04 de pieza del Juzgado).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil doce (2012), la Sala Quinta del Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS a la señora BLANCA SONIA PAZ CASTILLO, cuyas generales de identidad ya han sido detalladas como autora responsable penalmente de un delito de ESTAFA en perjuicio de GEORGE KAWAS KAWAS HASBOUN, a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION, como pena principal, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés, quedando sujeta a obras públicas o a las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en Prisión preventiva.- Como pena principal también se le condena a una multa de CIEN MIL LEMPIRAS ( 100,000.00), misma que se deberá cumplir enterando a favor de la Tesorería General de la República de Honduras, en el Banco Central de Honduras o del Sistema Financiera Nacional habilitado para tal fin. De igual manera se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena.- SEGUNDO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, cuyas generales de identidad ya han sido detalladas, como cooperador necesario responsable penalmente de un delito de ESTAFA, en perjuicio del señor GEORGE KAWAS KAWAS HASBOUN, a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION, como pena principal, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés, quedando sujeto a obras públicas o a las labores que regula el Régimen Penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva. Como pena principal, también se le condena a una multa de CIEN MIL LEMPIRAS (100,000.00) misma que deberá cumplir enterando a favor de la Tesorería General de la República de Honduras, en el Banco Central de Honduras o del Sistema Financiero Nacional habilitado para tal fin. De igual manera se le condena a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena, específicamente se suspende al imputado MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, del ejercicio de la profesión de Abogado y de la función notarial por el tiempo de la condena.- TERCERO: Se declara a BLANCA SONIA PAZ CASTILLO y MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, civilmente responsables como consecuencia del delito por el que son condenados lo que deberá ser reclamado y tasado en la fase de ejecución de la sentencia.- CUARTO: No se condena en Costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el delito al condenado.- QUINTO: No procede el comiso…” (Folios 489 al 503 de la pieza del Juzgado).-3) Que el recurrente Abogado ADELMO HERNANDEZ HERNANDE, compareció ante este Tribunal en fecha doce (12) de marzo del año dos mil veintiuno (202l), presentando recurso de revisión penal a favor del señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO contra la sentencia condenatoria dictada por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil doce (2012).-5) Que en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.-6) Que en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado ADELMO HERNADEZ HERNANDEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO quien expuso: “Esta representación procede a ratificar el recurso de revisión en su precepto autorizante y motivo de recurso extraordinario de revisión, repitiendo, esta defensa ha interpuesto recurso de revisión basándose en el principio extraordinario y el motivo extraordinario de revisión por motivo único en el que se solicita el principio de temporalidad en donde fue condenado mi cliente con el Código anterior, y el Código vigente le favorece en la pena establecida, por lo tanto, solicitamos a este Alto Tribunal con las certificaciones de las sentencias que ratificamos el principio de temporalidad y los fundamentos sustantivos y adjetivos que hemos hecho alusión en el presente recurso.” Por su parte, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra, expuso: “Esta representación del Ministerio Público al examinar las presentes diligencias se extrae que efectivamente el señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTARMIRANO, fue condenado por considerarlo COOPERADOR NECESARIO en el delito de ESTAFA en perjuicio de GEROGE KAWAS KAWAS HASBOUN a la pena de SEIS AÑOS, de reclusión y pena de multa de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00) más las peas accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta, sin embargo el condenado se encuentra con orden de captura pendiente, como se colige del informe enviado por el Juzgado de ejecución de San Pedro Sula, Cortes, lo que representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que hoy se pretende reveer y consecuentemente contraviene la garantía de ejecución de la pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia derivada de la comisión de un hecho contrario al orden jurídico , de lo cual se infiere que la lesión generada al bien protegido y que ha sido infringido conlleva una sanción por el daño ocasionado a la víctima del hecho ilícito, la que en este caso ha sido incumplida por el condenado y que deviene en la obligación legal de cumplir con la pena impuesta en dicha sentencia condenatoria, sino dicho fallo condenatorio se convertiría en una simple declaración formal carente de seguridad jurídica y de realizar debidamente el legítimo propósito del proceso penal consistente en el aseguramiento del imputado al juicio y al cumplimiento de una condena. De lo expuesto debemos resaltar que el principio de retroactividad de la ley penal ha sido creada atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sancionados por la comisión de los delitos o que están siendo sometidos a procesos penales, lo cual, no ocurre en el caso de autos, pues al no encontrarse habido el imputado nos imposibilita contar con el computo de pena de reclusión que realiza el juzgado de ejecución penal de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en el cual se establezca con precisión la fecha de efectiva prisión, sino ha sido procesado y/o condenado por otros delitos, por lo que esta representación fiscal es de la opinión que en el caso sub-examine que no es procedente la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.” De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre justicia constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal. III. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supraseñalados.”-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “En virtud que el principio de retroactividad de la ley, en el caso particular que conocemos es concluyente que la nueva ley favorece a mi representado MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, por lo que sometemos a este Supremo Tribunal, considere revisión de la sentencia de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil doce (2012), que se aplicó el artículo 241 en la misma (hoy derogado). Por lo que en nombre de mi representado modestamente imploro a este Supremo Tribunal que, en atención a su competencia, es procedente aplicar a mi defendido la norma en el ámbito temporal de validez, una pena que lo favorece en el nuevo Código Penal indicada en el artículo 367, por ser más favorable a mi representado en razón del principio de retroactividad de la ley, que debe aplicarse siempre que proceda demandar la revisión de una causa de acuerdo con la sección I, de la revisión en Materia Penal en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional “Artículo 96… 1) 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.”-CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, por tanto, en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.-CONSIDERANDO SEIS (6): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[11] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.-CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil doce (2012), a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ESTAFA en perjuicio del señor GEORGE KAWAS KAWAS HASBOUN; y a la multa CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00) equivalente al diez por ciento (10%) del valor de lo estafado; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, ESPECÍFICAMENTE SE LE SUSPENDIÓ DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO Y DE LA FUNCIÓN NOTARIAL POR EL TIEMPO DE LA CONDENA. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 240 y 242.9 del Código Penal derogado Decreto 144-83, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de ESTAFA en perjuicio del señor GEORGE KAWAS KAWAS HASBOUN. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable en relación a una derogada y plasmada en la sentencia convirtiéndose en cosa juzgada; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.-CONSIDERANDO DOCE (12): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Código Penal Derogado Decreto 144-83, la pena a imponer por el delito de ESTAFA era reclusión de seis (6) a nueve (9) años y multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado, por lo que el rango de la pena abstracta a imponer era de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, de la cual se le aplicó la pena mínima, por considerar el tribunal sentenciador la no concurrencia de atenuantes ni agravantes (folio 502 del expediente del tribunal) es decir, seis (6) años de reclusión, más multa equivalente al diez por ciento (10%)del valor defraudado y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil equivalente a CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00) siendo que el valor de lo defraudado ascendía a la cantidad de un millón de lempiras (L.1,000,000.00). En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017 regula el delito de ESTAFA IMPROPIA en el artículo 367 que literalmente dice: “Se debe castigar con la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años, quien ejecute alguna de las conductas siguientes: 1) Quien, en perjuicio de tercero, dispone de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga o gravamen sobre la misma” Es decir que el Código Penal Vigente Decreto 130-2017 para la acción típica realizada por el sentenciado regula una pena abstracta de tres (3) a cinco (5) años prisión. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado, siendo que el marco abstracto de penas a aplicar son inferiores en relación al Código Penal 144-83, por lo que procederemos a examinar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. II. Que conforme a la construcción de los hechos probados y fundamentos jurídicos elaborados por el juzgador en la sentencia de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil doce (2012), no concurren circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad penal, así como tampoco la concurrencia de concurso de delitos que implique en aumento o disminución en grados de la pena abstracta. En ese sentido, debe imponerse la pena mínima, siendo que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, impuso la pena mínima por el delito sindicado, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO sería de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN. III.- En cuanto a lo solicitado por el Ministerio Publico en audiencia de oposición de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintidós (2022), sobre el cumplimiento de la pena, esta Sala deja establecido que las cuestiones procesales o de la etapa ejecutiva corresponden a los órganos de instancia que tienen bajo su competencia ejecutar la sentencia firme. El recurso de revisión en materia penal por aplicación de ley penal más benigna tiene límites, los cuales es necesario no sobrepasar para evitar la desnaturalización del recurso. En este caso concreto a la Sala solo compete revisar la sentencia y proceder conforme a Derecho corresponda, es decir a aplicar o no aplicar la retroactividad.- CONSIDERANDO TRECE (13): I. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, esta Sala estima, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO de una norma vigente que le resulta más benigna II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado ADELMO HERNANDEZ HERNANDEZ, a favor del señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil doce (2012); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil doce (2012), en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, por el delito de ESTAFA, en perjuicio del señor GEORGE KAWAS KAWAS HASBOUN, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ESTAFA IMPROPIA a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN. Más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO Y DE LA FUNCION NOTARIAL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó Magistrado Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0242-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[9] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[11] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.