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Sentencia RP-211-21 — Registro 14878

Resumen

Recurso de revisión interpuesto a favor de impetrante por considerarlo responsable de los delitos de Transferencia de Vehículo Robado, Alteración de Series y Falsificación de Documentos Públicos,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “?procede? en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. III- 1. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en el artículo 218 dice: Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe; El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva con un nomen iuris diferente: Receptación; Quien, con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos, rebajada en un tercio (1/3).(Artículo 438 decreto 130-2017). El delito del cual proceden los bienes al cual se le debe realizar la rebaja de un tercios, es al delito de Hurto de Vehículo Automotor: Artículo 364.- hurto y robo de uso de vehículo automotor. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Siguiendo lo estipulado en el artículo 361 del código Penal vigente ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Teniendo como resultado final una pena abstracta de dos años ocho meses a cuatro años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado. 2. En relación al delito de Alteración de Series el Artículo 218-B del Código Penal derogado dice: Será sancionado con pena de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, quien hiciere las alteraciones a que se refiere el artículo anterior, sobre un vehículo de ajena pertenencia o que hubiese sido objeto de robo, hurto o abandono. Esta hecho típico es reconocido en el articulo 513 del Código Penal vigente que literalmente dice: Encubrimiento; Quien con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, o los instrumentos o cualquier otra prueba que los incrimine, dificultando o impidiendo su descubrimiento; 2); o, 3) Auxiliando a los responsables para que se beneficien u obtengan provecho del delito cometido. Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios. (2/3). En este caso, el delito Encubierto al que se le debe realizar la rebaja de dos tercios es, es al delito de Hurto de Vehículo Automotor: Artículo 364.- hurto y robo de uso de vehículo automotor. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Siguiendo lo estipulado en el artículo 361 del código Penal vigente ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Teniendo como resultado final una pena abstracta de un año cuatro meses a cuatro años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado en cuanto a esta conducta delictiva. 3. En relación al delito de Falsificación de Documentos Públicos, el Código Penal derogado expresaba en el Artículo 284.sancion de tres (3) a nueve (9) años de reclusión. El Código Penal vigente establece en el artículo 465: FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y MERCANTILES. Comete falsedad en documento público o mercantil, quien ejecuta alguna de las conductas siguientes: 1) 2) 3) Falta a la verdad en la narración de los hechos, o inserta declaraciones o manifestaciones diferentes de las verdaderas o que no han tenido lugar, de modo que induzca a error sobre la veracidad del documento en alguno de sus elementos esenciales. El delito de falsedad descrito en los numerales anteriores debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de doscientos cuarenta (240) a cuatrocientos (400) días, si se trata de documento mercantil y de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público. Ponderando el quantum de la pena es palmario la benignidad de penas en relación a este delito. Como conclusión: el nuevo Código Penal contiene penas más benignas para castigar los hechos realizados por el sentenciado. IV- En el examen de los hechos concretos, estampados en la sentencia (folio 40 del expediente de Revisión), estos encuadran en los artículos 361,364, 438, 465 y 513 del Código Penal Vigente. V- Aplicando la retroactividad de la ley penal a los hechos concretos y siguiendo los parámetros de la fundamentación jurídica modelada en la Sentencia primaria, estos deben valorarse como concurso ideal. VI- En relación a lo esbozado por el recursista sobre la no tipificación del delito por el cual fue condenado su patrocinado aduciendo que los delitos no existen en el nuevo Código Penal, esto no es así, puesto que las conductas delictivas siguen siendo reconocidas el código Penal decreto 130-2017 es decir en un sentido formal la conducta per se continúa siendo típica, el desvalor sobre esa acción no ha desaparecido. Por lo tanto, no ha sido despenalizada. VII- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia. Aplicando lo establecido en el artículo 67 sobre el CONCURSO IDEAL. “Hay concurso ideal cuando con una (1) sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos.” Este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer al procesado la pena del delito de Falsificación De Documentos Públicos Y Mercantiles, cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, por ser las más grave. A dicha pena se le debe hacer un aumento de un tercio quedando como pena abstracta de ocho años a diez años ocho meses y multa de quinientos a seiscientos sesenta y seis días. Por lo tanto, se le debe imponer al encausado una pena de ocho (8) años de prisión y multa de quinientos días a razón de cien lempiras por día; este monto debido a la gravedad del hecho realizado por el encausado. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA de una norma vigente que le resulta más benigna IX. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia. Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado José Manuel Aguilar Rivas, a favor del señor Whunter Salay Maradiaga, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha nueve de febrero de dos mil doce, con relación a la condena impuesta al señor Whunter Salay Maradiaga, por haber sido condenado a la pena de once (11) años y tres (3) meses de reclusión, como pena principal, por considerarlo responsable de los delitos de Transferencia de Vehículo Robado, Alteración de Series y Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio del señor (Sic) Jorge Jafett Durón y la Fe Pública. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco de julio de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Kenya Patricia Reconco, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Whunter Salay Maradiaga por suponerlo responsable de los delitos de Robo de Vehículo y Falsificación de Documentos en perjuicio del señor (Sic) Jorge Jafet Durón Rodriguez y la Fe Pública. (Folios 1-2 del antecedente) 2) Que en fecha nueve de febrero de dos mil doce, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, al señor WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, como pena principal, por considerarlo responsable de la comisión de los delitos de TRANSFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, ALTERACIÓN DE SERIES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, apreciados en Concurso Ideal, en perjuicio de JORGE JAFETT DURÓN Y LA FE PÚBLICA; la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán o en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine, quedando sujeto a obras públicas o a las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por la presente causa. SEGUNDO: De igual manera se condena a WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena de reclusión.-La inhabilitación absoluta se entiende para cargos u oficios públicos, derechos políticos o profesiones titulares por el tiempo de la condena y produce: 1) La privación de todos los cargos u oficios públicos y ejercicio de profesiones titulares de que estuviera en posesión el penado, aun cuando los cargos sean de elección popular; 2) La privación de todos los derechos políticos y la incapacidad para obtenerlos; y 3) La incapacidad para obtener los cargos u oficios públicos, profesiones y derechos mencionados; y la interdicción civil consiste en la suspensión de los derechos de patria potestad, tutela, guarda y administración de bienes, pero en el presente caso el interdicto WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA, podrá disponer de los propios por testamento. TERCERO: Se declara al condenado WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA, responsable civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el articulo 432 y siguientes del Código Procesal Penal. CUARTO: Se decreta el comiso de los documentos adulterados presentados como evidencia física, por ser de ilegal inscripción en el sistema de la DEI; ordenándose que se libre oficio a la Dirección Ejecutiva de Ingresos a fin de que su sistema únicamente quede vigente a la inscripción original registrada de a nombre de JORGE JAFETT DURÓN. QUINTO: No se condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. QUEDAN NOTIFICADAS EN ESTRADO DE ESTA SENTENCIA LAS PARTES PROCESALES. ASÍ POR NUESTRA SENTENCIA, LO PRONUNCIAMOS MANDAMOS Y FIRMAMOS.” (Folios 236-258 del antecedente) 3) Que el Abogado José Manuel Aguilar Rivas, compareció ante este Tribunal, en fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, presentando recurso de revisión penal a favor del señor Whunter Salay Maradiaga, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1—3 del recurso de mérito) 4) Que en fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, esta Sala, tuvo por recibidos los antecedentes de la causa instruida contra el señor Whunter Salay Maradiaga, en consecuencia, señálese oportunamente la respectiva audiencia. (Folio 25 del recurso de mérito) 5) En fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal y en virtud de haber sido imposible el señalamiento de la audiencia dentro del plazo contemplado por el artículo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por causas no previstas atinentes a la agenda del pleno de esta Sala de lo Constitucional, en consecuencia, se dispone en aplicación de lo establecido en el artículo 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, citar a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles nueve (9) de marzo de dos mil veintidós (2022), a las diez con cuarenta y cinco minutos de la mañana (10: 45 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 29 del recurso de mérito) 6) En fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado José Manuel Aguilar Rivas, en su condición de Apoderado Legal del señor Whunter Salay Maradiaga; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…mi representado fue condenado en fecha nueve de febrero de dos mil doce, tipificado por diversos delitos, pero por el que presentamos el recurso de revisión, es por el delito de Transferencia de Vehículo Robado en este Nuevo Código Penal, ya que esa figura ya no se encuentra estipulada o establecida, esa figura fue derogada, ya en una nueva figura jurídica, en el articulo 364 del del Nuevo Código Penal Vigente, ya la figura se tipifica como Hurto, Robo y Uso de Vehículo Automotor, bajo ese planteamiento conforme a los artículos 96 constitucional, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y los artículos 615 y 616 del Código Penal Vigente, esta defensa solicita que se anule la sentencia de fecha nueve de febrero de dos mol doce….” El Ministerio Público consideró: “…3.) El delito FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS se preceptúa en el artículo 456, que determina: Comete falsedad en documento público o mercantil, quien ejecuta alguna de las conductas siguientes: 1) ..., 2) ..., 3) Falta en la verdad en la narración de los hechos, inserta declaraciones o manifestaciones diferentes de verdaderas o que no hayan tenido lugar, de modo que induzca error sobre la veracidad del documento en alguno de sus elementos esenciales. El delito de falsedad descrito en los numerales anteriores debe ser castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años y multa de 240 a 400 días, si se trata de documentos mercantiles y de 4 a 8 años de prisión y multa de 300 a 500 días si se trata de documentos públicos. Que el artículo 53, dispone. PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de cinco Mil Lempiras (L5,000). De tal modo que al haber incurrido el condenado en falsificación de documentos públicos la pena a imponer será de 4 a 8 años, y siendo que dicho delito es el que tiene señalada la pena más grave debe aumentarse en 1/3 al haber sido condenado en concurso ideal, por lo que corresponde una pena abstracta de 8 años a 10 años con 8 meses de prisión y multa que va de 500 a 666.33 días. En atención a lo antes descrito es evidente que la pena de mayor gravedad es la que corresponde al delito de Falsificación de Documentos Públicos por ende debe aumentarse a dicha pena el aumento de 1/3 al perpetrarse en concurso ideal correspondiendo en ese sentido una pena de 8 años a 10 años con 8 meses de prisión y multa de 500 a 666.33 días. Que al haber sido sentenciado WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA a la pena de 11 años con 3 meses, más las penas accesorias y tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, es procedente aplicar el Código Penal vigente que contempla el principio de favorabilidad, al ser la nueva ley más benigna al condenado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista “…no su señoría ya se encuentra en el expediente…”. Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “No tiene pruebas que presentar”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 33-36 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes:” De conformidad al artículo 96 de la Constitución de la Republica y el artículo 615 del nuevo Código Penal vigente. Establece la retroactividad de la ley, siempre que esta favorable al reo, y solo en materia penal, y siendo que mi representado fue condenado a una pena de nueve años por el delito de transferencia de vehículo robado y alteración de series, por lo que existe una contradicción y un perjuicio para los imputados por este delito, en visita que no define con claridad el delito tipificado en el Código anterior” CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por las partes en audiencia: El recurrente expone: “mi representado fue condenado en fecha nueve de febrero del dos mil doce tipificado por diversos delitos, pero básicamente por el que presentamos recurso de revisión, es por e delito de transferencia de vehículo robado, en este nuevo código penal vigente esta figura ya no se encuentra estipulada o establecida, esa figura jurídica fue derogada, ya en una nueva figura jurídica en el artículo 364 del Código Penal vigente, ya la figura se configura como hurto, robo y uso de vehículo autor, bajo ese planteamiento y conforme a los artículos 96 constitucional, 95, 96, 97, 98, 99, 100, y 101 de la Ley sobre Justicia constitucional y los artículos 615 y 6161 del Código Penal vigente esta defensa solicita que se anule la sentencia de fecha nueve de febrero del dos mil doce en cuanto a la transferencia del vehículo robado porque esa figura ya fue derogada y no existe, una vez que el nuevo fallo se anule que se remita al Juzgado de Ejecución a efecto de que se establezca un nuevo computo...” Manifestando el Ministerio Publico. “De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Publico procede a efectuar el respectivo análisis, el acusado Whunter Salay Parada Maradiaga fue condenado en concurso ideal por los delitos de Transferencia De Vehículo Robado, Alteración De Series Y Falsificación De Documentos Públicos a una pena de once años tres meses de reclusión más las penas accesorias. La norma sustantiva derogada contempla el concurso ideal en el artículo 36 que dispone: Las disposiciones del artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos (2) o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte.” Es así que al contemplar el delito de Transferencia de Vehículo Robado y Alteración de Series (Articulo 218-B y 218-D) una pena de mayor sanción de 9 a 12 años de reclusión, se aumenta en un cuarto, resultando la pena a la que fue condenado WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA. Al contrastar las normas penales en comentó con las disposiciones contendías en el código Penal vigente (decreto 130-2017) encontramos en el artículo 67 que estipula el concurso ideal: Hay concurso ideal cuando con una (1) sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. Si bien es cierto, los tipos penales en referencia no se encuentran tipificados como tales en el nuevo Código Penal, no obstante, de loes hechos declarados probados que se le atribuyen al condenado dichas conducta siguen siendo castigadas en la nueva norma sustantiva. Es así que: 1 El delito de trasferencia de vehículo robado encuadra en el tipo penal de Receptación regulado en el artículo 438 que establece: Quien, con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos, rebajada en un tercio (1/3). En atención a dicha norma el delito precedente se enmarca en lo dispuesto en el artículo 364 que refiere al delito de USO DE VEHICULO ROBADO, estableciéndose en el último párrafo: “Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del Robo con violencia e intimidación. Es así que al desprenderse del hecho probado que la acción de despojo de vehículo que dio en venta el sentenciado se realizó con intimidación al haberse utilizado armas, en ese sentido el ilícito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION se encuentra tipificado en el artículo 361: Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Que al realizar el cálculo aritmético se debe disminuir 1/3 de la pena de cuatro a ocho años de prisión, conforme lo dispone e artículo 438, resultando una pena abstracta de 2 años y ocho mees a cuatri años de prisión, misma que corresponde agravar en 1/3, al concurrir la agravante del artículo 363 numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevase consigo el sujeto; lo anterior en vista que de los hechos probados se desprende que para despojar el propietario del vehículo en que se transportaba utilizaron armas correspondiendo una pena abstracta de cuatro años a cinco años con cuatro meses. En cuanto al delito de alteración de series, este se subsumen en el ilícito penal de Encubrimiento (Articulo 513) que establece lo siguiente: Quien con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:1) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, o los instrumentos o cualquier otra prueba que los incrimine, dificultando o impidiendo su descubrimiento;2) 3) Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3), en ese sentido corresponde disminuir la pena del delito de robo con Violencia de cuatro años a ocho años de prisión, resultando una pena abstracta de una año cuatro meses a cuatro años de prisión. 3) El delito de Falsificación de Documentos Públicos se preceptúa en el articulo 456, que determina: Comete falsedad en documento público o mercantil, quien ejecuta alguna de las conductas siguientes: 1)…;2); o, 3) Falta a la verdad en la narración de los hechos, o inserta declaraciones o manifestaciones diferentes de las verdaderas o que no han tenido lugar, de modo que induzca a error sobre la veracidad del documento en alguno de sus elementos esenciales. El delito de falsedad descrito en los numerales anteriores debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de doscientos cuarenta (240) a cuatrocientos (400) días, si se trata de documento mercantil y de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público. Que el artículo 53 dice: La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000). De tal modo que al haber incurrido el condenado en falsificación de documentos públicos la pena a imponer será de 4 a 8 años, y siendo que dicho delito es el que tiene señalada la pena más grave debe aumentarse en 1/3 al haber sido condenado en concurso ideal, por lo que corresponde una pena abstracta de ocho a diez años con ocho meses de prisión y multa que va de 500 a 666.33 días. En atención a lo antes descrito es evidente que la pena de mayor gravedad es la que corresponde al delito de Falsificacuon de documentos públicos por ende debe aumentarse a dicha pena el aumento de un tercio al perpetrarse en concurso ideal, correspondiendo en ese sentido una pena de ocho a diez años con ocho meses de prisión y multa de 500 a 66.3 días. Que al haber sido sentenciado WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA a la pena de once años con tres meses, mas las penas accesorias y tal como lo dispone el articulo 96 constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal, es procedente favorabilidad al ser la nueva ley más benigna.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. “En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE(12): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[13] CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, mediante la resolución de fecha nueve de febrero del año dos mil doce, a la pena de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el delito de TRANSFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, ALTERACIÓN DE SERIES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICO, en perjuicio de JORGE JAFETT DUBON Y LA FE PUBLICA. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 218-A,B Y D del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de TRANSFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, ALTERACIÓN DE SERIES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICO. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando las procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): I- En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II- El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. III- 1. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en el artículo 218 dice: Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe; El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva con un nomen iuris diferente: Receptación; Quien, con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos, rebajada en un tercio (1/3).(Artículo 438 decreto 130-2017). El delito del cual proceden los bienes al cual se le debe realizar la rebaja de un tercios, es al delito de Hurto de Vehículo Automotor: Artículo 364.- hurto y robo de uso de vehículo automotor. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Siguiendo lo estipulado en el artículo 361 del código Penal vigente ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Teniendo como resultado final una pena abstracta de dos años ocho meses a cuatro años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado. 2. En relación al delito de Alteración de Series el Artículo 218-B del Código Penal derogado dice: Será sancionado con pena de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, quien hiciere las alteraciones a que se refiere el artículo anterior, sobre un vehículo de ajena pertenencia o que hubiese sido objeto de robo, hurto o abandono. Esta hecho típico es reconocido en el articulo 513 del Código Penal vigente que literalmente dice: Encubrimiento; Quien con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, o los instrumentos o cualquier otra prueba que los incrimine, dificultando o impidiendo su descubrimiento; 2); o, 3) Auxiliando a los responsables para que se beneficien u obtengan provecho del delito cometido. Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios. (2/3). En este caso, el delito Encubierto al que se le debe realizar la rebaja de dos tercios es, es al delito de Hurto de Vehículo Automotor: Artículo 364.- hurto y robo de uso de vehículo automotor. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Siguiendo lo estipulado en el artículo 361 del código Penal vigente ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Teniendo como resultado final una pena abstracta de un año cuatro meses a cuatro años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado en cuanto a esta conducta delictiva. 3. En relación al delito de Falsificación de Documentos Públicos, el Código Penal derogado expresaba en el Artículo 284.sancion de tres (3) a nueve (9) años de reclusión. El Código Penal vigente establece en el artículo 465: FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y MERCANTILES. Comete falsedad en documento público o mercantil, quien ejecuta alguna de las conductas siguientes: 1) 2) 3) Falta a la verdad en la narración de los hechos, o inserta declaraciones o manifestaciones diferentes de las verdaderas o que no han tenido lugar, de modo que induzca a error sobre la veracidad del documento en alguno de sus elementos esenciales. El delito de falsedad descrito en los numerales anteriores debe ser castigado con las penas de prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de doscientos cuarenta (240) a cuatrocientos (400) días, si se trata de documento mercantil y de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público. Ponderando el quantum de la pena es palmario la benignidad de penas en relación a este delito. Como conclusión: el nuevo Código Penal contiene penas más benignas para castigar los hechos realizados por el sentenciado. IV- En el examen de los hechos concretos, estampados en la sentencia (folio 40 del expediente de Revisión), estos encuadran en los artículos 361,364, 438, 465 y 513 del Código Penal Vigente. V- Aplicando la retroactividad de la ley penal a los hechos concretos y siguiendo los parámetros de la fundamentación jurídica modelada en la Sentencia primaria, estos deben valorarse como concurso ideal. VI- En relación a lo esbozado por el recursista sobre la no tipificación del delito por el cual fue condenado su patrocinado aduciendo que los delitos no existen en el nuevo Código Penal, esto no es así, puesto que las conductas delictivas siguen siendo reconocidas el código Penal decreto 130-2017 es decir en un sentido formal la conducta per se continúa siendo típica, el desvalor sobre esa acción no ha desaparecido. Por lo tanto, no ha sido despenalizada. VII- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia. Aplicando lo establecido en el artículo 67 sobre el CONCURSO IDEAL. “Hay concurso ideal cuando con una (1) sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos.” Este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer al procesado la pena del delito de Falsificación De Documentos Públicos Y Mercantiles, cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, por ser las más grave. A dicha pena se le debe hacer un aumento de un tercio quedando como pena abstracta de ocho años a diez años ocho meses y multa de quinientos a seiscientos sesenta y seis días. Por lo tanto, se le debe imponer al encausado una pena de ocho (8) años de prisión y multa de quinientos días a razón de cien lempiras por día; este monto debido a la gravedad del hecho realizado por el encausado. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA de una norma vigente que le resulta más benigna IX. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JOSE MANUEL AGUILAR RIVAS, a favor del señor WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA, por los delitos de TRANSFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, ALTERACIÓN DE SERIES Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICO, en concurso ideal, en perjuicio de JORGE JAFETT DURON Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor WHUNTER SALAY PARADA MARADIAGA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de RECEPTACIÓN, ENCUMBRIMIENTO, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS Y MERCANTILES en concurso ideal, a la pena de OCHO AÑOS de prisión y multa de quinientos días a razón de cien lempiras por día. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0211-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.

[13] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.