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Sentencia RP-207-21 — Registro 15583

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente como autora responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras a quien se le impuso una pena de dieciséis años de reclusión más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; La Sala concluyó que se cumplen los requisitos legales para otorgar la acción de mérito en el sentido de la aplicación retroactiva en favor de recurrente de una norma vigente que le resulta más benigna y en este caso no ejecutar la pena impuesta ya que la conducta por la que fue condenada no tiene tipificación en la nueva norma penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA fue condenada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha treinta y un días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, a la pena de DIECISEIS AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, estimando que la condenada cometió el delito de Lavado de Activos. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando las procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA las siguientes penas: La pena principal de DIECISEIS AÑOS RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrada responsable como autora de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Para la emisión de dicho fallo el juez primario estimo probados los siguientes hechos: [PRIMERO: Los señores JOSE MIGUEL HANDAL PEREZ Y ENA ELIZABTEH HERNANDEZ AMAYA, fueron socios de varias empresas; no obstante, lo anterior, durante los años 2008 al 2013, únicamente tuvieron operatividad las empresas denominadas SUPER TIENDAS HANDAL S. DE R.L. y J & ES. DE RE.L. DE C.V. (CLEOPATRAS). La empresa SUPER TIENDAS HANDAL S DE R. L., fue constituida el 15/10/08, cuyos socios originalmente eran JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ (con una participación del 70%) y ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA (con una participación del 30%), siendo Gerente General el Sr. José Miguel Handal Pérez y subgerente la Sra. Ena Elizabeth Hernández. Sin embargo, según nota marginal del asiento registral, el 11/02/09 el señor José Handal Pérez vendió una fracción de su parte social al señor José Handal Larach, equivalente al 20%, por lo que el señor Handal Pérez termino teniendo una parte social del 50%. Dicha empresa reporto más perdidas que utilidades. Realizando los señores JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ y ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA, operaciones financieras con dinero cuya procedencia no se desprende de las operaciones propias de la empresa, ni se sus socios, ni de sus empresas manejando fondos al menos por un total de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE LEMPIRAS (L 10,238,893.77), de los que se desconoce licita procedencia. En tanto, que la empresa J & E S. DE R.L. DE C.V. (CLEOPATRAS), fue constituida el 29/07/2009, siendo los socios JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ, ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA Y JOSÉ MIGUEL HANDAL LARACH. Dicha empresa tuvo flujos operativos positivos para todos los años del 2009 al 2013; no obstante, los socios JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ Y ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, realizaron operaciones financieras, depositando fondos en sus cuentas bancarias por al menos, un valor de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 13,817,205,.68), de los que se desconoce su lícita procedencia. SEGUNDO: La señora ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, compro bienes inmuebles y los vendió, algunos inclusive con mejoras, desconociéndose el origen del dinero con el que realizo dichas transacciones, todos ellos, por un valor que oscila, al menos, en TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (3,300,000.00); de igual forma efectuó depósitos en cuentas bancarias de los que tampoco se conoce origen, en un monto, al menos de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICNCO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTVOS DE LEMPIRAS (L. 5,629,725.35). Manejando fondos por un total de, al menos, OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL STECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS LEMPIRAS (L 8,929,725.35), cuyo origen no se logró justificar. TERCERO: El señor JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ, compró inmuebles por valores que sumaron al menos, CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL LEMPIRAS (L 5,700,000.00), desconociéndose el origen del dinero con el que realizó dichas transacciones; de igual forma, efectuó depósitos en cuentas bancarias, de los que tampoco se conoce su origen, en un monto de, al menos, CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE LEMPIRA (L 5,898,303,.92). Manejando fondos por un total de ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE LEMPIRA (11,598,303.92), cuyo origen no se logró justificar. Haciendo un total, al menos, de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS (L. 44,584,128.72); de dinero manejado en diversas transacciones, entre los esposos JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ Y ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, cuyo origen licito no se logró justificar.] (folio 24,949 vuelto del expediente del Tribunal de Sentencia) ...V. Que la comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Decreto Legislativo No 93-2021, contiene una mayor benignidad en relación a las normas penales derogadas y reformadas. VI. En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021 puesto que en ellos no se establece que por sí o por interpósita persona, la persona haya adquirido, convertido, invertido, posea, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. En tales hechos supra mencionados solo se establece, la constitución de sociedades mercantiles de la señorea ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA CON EL SEÑOR JOSE MIGUEL HANDAL PEREZ Y JOSE MIGUEL HANDAL LARACH. Manejo de fondos, transacciones, compra y venta de bienes inmuebles, no logrando justificar todos los valores descritos en los tres hechos probados. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia no encuadran en la norma penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en el Código Penal vigente. VI. En el caso que nos ocupa, la fiscalía manifestó que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorable al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616, ya que en el delito de lavado de activos, si bien es cierto aprecia una disminución en lo que respecta a la pena privativa de libertad, sin embargo, la misma se ve agravada con la pena principal de multa a imponer a los sentenciados por las cantidades antes enunciadas en la descripción del tipo penal de Lavado de Activos, artículo 439 del Código Penal vigente. Haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía esta Sala considera que se tuvo que haber presentado una manifestación haciendo referencia a la reforma realizada al artículo 439 del Código Penal vigente. VII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA de una norma vigente que le resulta más benigna. En este caso, en el sentido de no ejecutar la pena impuesta en razón de que la conducta por la que fue condenada no tiene tipificación en la nueva norma penal..."..."esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA fue condenada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha treinta y un días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, a la pena de DIECISEIS AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, estimando que la condenada cometió el delito de Lavado de Activos. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando las procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA las siguientes penas: La pena principal de DIECISEIS AÑOS RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrada responsable como autora de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Para la emisión de dicho fallo el juez primario estimo probados los siguientes hechos: [PRIMERO: Los señores JOSE MIGUEL HANDAL PEREZ Y ENA ELIZABTEH HERNANDEZ AMAYA, fueron socios de varias empresas; no obstante, lo anterior, durante los años 2008 al 2013, únicamente tuvieron operatividad las empresas denominadas SUPER TIENDAS HANDAL S. DE R.L. y J & ES. DE RE.L. DE C.V. (CLEOPATRAS). La empresa SUPER TIENDAS HANDAL S DE R. L., fue constituida el 15/10/08, cuyos socios originalmente eran JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ (con una participación del 70%) y ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA (con una participación del 30%), siendo Gerente General el Sr. José Miguel Handal Pérez y subgerente la Sra. Ena Elizabeth Hernández. Sin embargo, según nota marginal del asiento registral, el 11/02/09 el señor José Handal Pérez vendió una fracción de su parte social al señor José Handal Larach, equivalente al 20%, por lo que el señor Handal Pérez termino teniendo una parte social del 50%. Dicha empresa reporto más perdidas que utilidades. Realizando los señores JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ y ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA, operaciones financieras con dinero cuya procedencia no se desprende de las operaciones propias de la empresa, ni se sus socios, ni de sus empresas manejando fondos al menos por un total de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE LEMPIRAS (L 10,238,893.77), de los que se desconoce licita procedencia. En tanto, que la empresa J & E S. DE R.L. DE C.V. (CLEOPATRAS), fue constituida el 29/07/2009, siendo los socios JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ, ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA Y JOSÉ MIGUEL HANDAL LARACH. Dicha empresa tuvo flujos operativos positivos para todos los años del 2009 al 2013; no obstante, los socios JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ Y ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, realizaron operaciones financieras, depositando fondos en sus cuentas bancarias por al menos, un valor de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 13,817,205,.68), de los que se desconoce su lícita procedencia. SEGUNDO: La señora ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, compro bienes inmuebles y los vendió, algunos inclusive con mejoras, desconociéndose el origen del dinero con el que realizo dichas transacciones, todos ellos, por un valor que oscila, al menos, en TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (3,300,000.00); de igual forma efectuó depósitos en cuentas bancarias de los que tampoco se conoce origen, en un monto, al menos de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICNCO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTVOS DE LEMPIRAS (L. 5,629,725.35). Manejando fondos por un total de, al menos, OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL STECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS LEMPIRAS (L 8,929,725.35), cuyo origen no se logró justificar. TERCERO: El señor JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ, compró inmuebles por valores que sumaron al menos, CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL LEMPIRAS (L 5,700,000.00), desconociéndose el origen del dinero con el que realizó dichas transacciones; de igual forma, efectuó depósitos en cuentas bancarias, de los que tampoco se conoce su origen, en un monto de, al menos, CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE LEMPIRA (L 5,898,303,.92). Manejando fondos por un total de ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE LEMPIRA (11,598,303.92), cuyo origen no se logró justificar. Haciendo un total, al menos, de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS (L. 44,584,128.72); de dinero manejado en diversas transacciones, entre los esposos JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ Y ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, cuyo origen licito no se logró justificar.] (folio 24,949 vuelto del expediente del Tribunal de Sentencia) ...V. Que la comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Decreto Legislativo No 93-2021, contiene una mayor benignidad en relación a las normas penales derogadas y reformadas. VI. En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021 puesto que en ellos no se establece que por sí o por interpósita persona, la persona haya adquirido, convertido, invertido, posea, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. En tales hechos supra mencionados solo se establece, la constitución de sociedades mercantiles de la señorea ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA CON EL SEÑOR JOSE MIGUEL HANDAL PEREZ Y JOSE MIGUEL HANDAL LARACH. Manejo de fondos, transacciones, compra y venta de bienes inmuebles, no logrando justificar todos los valores descritos en los tres hechos probados. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia no encuadran en la norma penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en el Código Penal vigente. VI. En el caso que nos ocupa, la fiscalía manifestó que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorable al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616, ya que en el delito de lavado de activos, si bien es cierto aprecia una disminución en lo que respecta a la pena privativa de libertad, sin embargo, la misma se ve agravada con la pena principal de multa a imponer a los sentenciados por las cantidades antes enunciadas en la descripción del tipo penal de Lavado de Activos, artículo 439 del Código Penal vigente. Haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía esta Sala considera que se tuvo que haber presentado una manifestación haciendo referencia a la reforma realizada al artículo 439 del Código Penal vigente. VII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA de una norma vigente que le resulta más benigna. En este caso, en el sentido de no ejecutar la pena impuesta en razón de que la conducta por la que fue condenada no tiene tipificación en la nueva norma penal..."..."esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la Abogada GEORGINA MARIBEL SIERRA RODRIGUEZ, a favor de la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que según antecedentes en fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, celebró Audiencia de Juicio Oral y Público, en la causa instruida contra los señores José Miguel Handal Pérez y ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, en la causa por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, siendo declarados culpables por dicho delito. (Folios 24,344 al 24,474 del Tomo 49 de la pieza de antecedentes) 2) Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dictó sentencia en la cual: “FALLA: PRIMERO:… SEGUNDO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, a la señora ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autora responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Imponiéndole la pena de DIECISÉIS (16) AÑOS DE RECLUSIÓN, que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine; debiendo de igual manera, computársele el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa. TERCERO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, a los señores JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ y ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la condena de reclusión…” (Folios 24,475 al 24,597 del Tomo 49 de la pieza de Primera Instancia.) 4) Que en fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la Abogada GEORGINA MARIBEL SIERRA RODRIGUEZ, compareció ante la Sala de lo Constitucional, presentando recurso de revisión penal a favor de la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA, contra la sentencia de dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal en fecha treinta y uno de agosto de dos mil dos mil dieciocho, manifestando la recurrente que su representada fue condenada bajo lo estipulado por la Ley Especial de Lavado de Activos, la cual ya está derogada, por el Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal Vigente, por lo que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folios 01-04 del recurso) 5) Que en fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, la Sala de lo Constitucional resolvió admitir el recurso de revisión de que se hace relación y se dispuso librar las respectivas comunicaciones, a efecto de que remitieran los expedientes de la causa. En consecuencia, y una vez recibidos los antecedentes, esta Sala ordenó la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 132 del recurso de mérito) 6) Que en fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado Henry Alexander Fuentes, en su condición de apoderado legal de la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA, y la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que interpuso el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representada, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), y el Decreto Legislativo No. 93-2021, por ser éste más beneficioso para su representada.- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de haber presentado el Ministerio Público recurso de inconstitucionalidad, contra el Decreto Legislativo No. 93-2021, en el cual solicitaba su inaplicabilidad. (Folios 172 al 176 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de la condenada cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Aduciendo que el Código Penal decreto 130-2017 le es más favorable a su patrocinada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por la parte recurrente en audiencia: El representante procesal de la sentenciada, abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJIA [Segundo apoderado en el expediente] quien expreso: “Se presentó Recurso de Revisión de Pena ante esta Sala Constitucional, a favor de mi representada ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, después de haberse sometido a un Juicio Oral y Público, en donde fue CONDENADA mediante Sentencia Definitiva dictada el treinta y uno de agosto del años dos mil dieciocho, por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Territorial Nacional, Sala I, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a cumplir la Pena de dieciséis (16) años de reclusión por el delito de Lavado de Activos en perjuicio De La Economía del Estado De Honduras, más las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el mismo tiempo que dure su condena, pena que según el Computo de la misma, practicada por el Secretario del despacho judicial del Juzgado de Ejecución con Jurisdicción Nacional, comenzaron a cumplir el día de su detención, sentencia que tiene carácter de firmeza; Pero Resulta Honorables Magistrados, que, al momento de emitirse la condena contra mi patrocinada, se encontraba vigente la ley Especial Contra el delito de Lavado de Activos (Decreto 144-2014) de fecha 30 de abril del 2015, el cual, estipulaba el Tipo Penal de LAVADO DE ACTIVOS que literalmente decía: ARTÍCULO 36.- DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en el delito de lavado de activos y debe ser sancionado con pena de seis (6) a quince (15) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona: Adquiera, invierta………………etc, No obstante, la Pena debe ser de: 1, 2 y 3) Quince (15) años un (1) día a veinte (20) años de reclusión si el valor de los activos objeto de lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona; pues esa misma Ley Especial Contra lavado de Activos, que fue derogada el día 25 de junio del 2020, día que entró en vigor el Decreto 130-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,940 de fecha diez de mayo del año dos mil nueve, contentivo del Código Penal, en el cual, se establece el tipo penal de Lavado de Activos, en el artículo 439 de dicho decreto que literalmente dice: Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. Penándose de acuerdo al monto del Lavado. Que al ser publicado y entrar en vigencia inmediata el día primero de noviembre del 2021 el decreto 93-2021, en donde reforma el Articulo 439.-LAVADO DE ACTIVOS: el cual pues literalmente dice pue Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje o extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. Penándose de acuerdo con el monto del Lavado. Y en la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, se condenó a la señora ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, de generales conocidas, por considerarla responsable, a título de autor, del delito Lavado de Activos en perjuicio de La Economía Del Estado De Honduras. En los Antecedentes Procesales: en su acápite PRIMERO: se refiere que la base de la investigación del Ministerio Publico, fue por no tener causa o justificación legal, mi representada (PAG.2 )de dicha sentencia y en la FUNDAMENTACION JURIDICA, (primero, segundo, tercero cuarto y quinto) también se fundamenta que mi representada no tiene causa o justificación de sus bienes (pág. 229-235), sin tener como base de esa investigación, requerimiento, audiencia inicial, audiencia preparatoria, ni en debate exista un delito precedente, tal como lo establece la reforma del delito de Lavado de Activos. (decreto 93-2021). Por la entrada en vigor de este decreto 93-2021, es importante mencionar, que antes de la reforma se consideraba delito de Lavado de Activos todo ingreso no justificado, pero con la reforma citada no es procedente el delito mencionado únicamente por la no justificación, exigiéndose además la existencia de un delito precedente entendiéndose como tal, a aquel o aquellos hechos punibles que preceden o anteceden al lavado, es decir, aquellas actividades ilícitas que dan paso al lavado de activos, las que si no existieran hacen que también sea inexistente el delito, es decir que la conducta por la cual fue declarada culpable la señora ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, y no habiendo elementos de hechos de la existencia de un delito precedente, dicha conducta ya no está tipificada como delito y la misma ya no es punible, por la cual se le condeno a mi representada, por el delito de Lavado de Activos. Por todo lo antes argumentado y fundamentado en los artículos 80, 96 de la Constitución de la Republica, decreto 93-2021 de fecha primero de noviembre del 2021, articulo 96 #6 de la Ley de Justicia Constitucional, artículo 615 del Código Penal Vigente, solicito ante Vos Honorable Sala Constitucional, revisar de oficio la Sentencia Condenatoria que se le impuso a mi representada y decretar la procedencia de esta Acción de Revisión, estableciendo que es aplicable el principio de RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL, otorgándole sobreseimiento definitivo a mis representados, dándole su carta de libertad definitiva y ordenando la devolución del comiso realizado de sus productos bancarios, vehículos y de sus propiedades.” CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los alegatos proferidos por la agencia fiscal en audiencia: De viva voz la abogada SANDRA LORENZA ZUNIGA GARCÍA manifestó: “Del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, condenó a la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA a la pena concreta de dieciséis (16) años de reclusión, como autora directa por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, Si bien es cierto, la reforma al artículo 439 del Código Penal vigente, realizada a través del Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N0. 35,760, derogó lo atinente “O que no tenga causa o justificación económica o licita se su procedencia.” No menos cierto es, que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tengan causa o, justificación económica o lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en su artículo 12 numeral 7): “Los Estados Partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”. De ahí que al ser el Estado de Honduras, parte de estos Tratados internacionales constituye obligatoriedad de cumpliendo conforme al principio fundamental que los tratados deben ser cumplidos (PACTA SUNT SERVANDA), contemplado en la convención de Viena de 1969, en el artículo 26: “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”, mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice:” sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos. En razón a ello el Ministerio Público solicita a esta Honorable Sala de lo Constitucional aplique el respectivo Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. Aunado a lo anterior, el ente acusador presentó ante la Sala de lo Constitucional recurso de Inconstitucionalidad por vía de acción por razón de forma y contenido contra el decreto legislativo número 93-2021, publicado en el diario oficial la gaceta número 35,750 de fecha 01 de noviembre del 2021, por colisionar con el contenido esencial de los artículos 16, 18, 63, 232 y 320 de nuestra ley fundamental. iii. Opinión: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer: Que no se otorgue la solicitud presentada conforme los argumentos que anteceden.” CONSIDERANDO SEIS (6): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[6] CONSIDERANDO SIETE (7): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [7] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[8], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[9]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[10]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[11] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[12]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[13] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614,615,616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO QUINCE (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA fue condenada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha treinta y un días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, a la pena de DIECISEIS AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, estimando que la condenada cometió el delito de Lavado de Activos. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando las procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. III. Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA las siguientes penas: La pena principal de DIECISEIS AÑOS RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrada responsable como autora de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Para la emisión de dicho fallo el juez primario estimo probados los siguientes hechos: [PRIMERO: Los señores JOSE MIGUEL HANDAL PEREZ Y ENA ELIZABTEH HERNANDEZ AMAYA, fueron socios de varias empresas; no obstante, lo anterior, durante los años 2008 al 2013, únicamente tuvieron operatividad las empresas denominadas SUPER TIENDAS HANDAL S. DE R.L. y J & ES. DE RE.L. DE C.V. (CLEOPATRAS). La empresa SUPER TIENDAS HANDAL S DE R. L., fue constituida el 15/10/08, cuyos socios originalmente eran JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ (con una participación del 70%) y ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA (con una participación del 30%), siendo Gerente General el Sr. José Miguel Handal Pérez y subgerente la Sra. Ena Elizabeth Hernández. Sin embargo, según nota marginal del asiento registral, el 11/02/09 el señor José Handal Pérez vendió una fracción de su parte social al señor José Handal Larach, equivalente al 20%, por lo que el señor Handal Pérez termino teniendo una parte social del 50%. Dicha empresa reporto más perdidas que utilidades. Realizando los señores JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ y ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA, operaciones financieras con dinero cuya procedencia no se desprende de las operaciones propias de la empresa, ni se sus socios, ni de sus empresas manejando fondos al menos por un total de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE LEMPIRAS (L 10,238,893.77), de los que se desconoce licita procedencia. En tanto, que la empresa J & E S. DE R.L. DE C.V. (CLEOPATRAS), fue constituida el 29/07/2009, siendo los socios JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ, ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA Y JOSÉ MIGUEL HANDAL LARACH. Dicha empresa tuvo flujos operativos positivos para todos los años del 2009 al 2013; no obstante, los socios JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ Y ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, realizaron operaciones financieras, depositando fondos en sus cuentas bancarias por al menos, un valor de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE LEMPIRA (L. 13,817,205,.68), de los que se desconoce su lícita procedencia. SEGUNDO: La señora ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, compro bienes inmuebles y los vendió, algunos inclusive con mejoras, desconociéndose el origen del dinero con el que realizo dichas transacciones, todos ellos, por un valor que oscila, al menos, en TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL LEMPIRAS (3,300,000.00); de igual forma efectuó depósitos en cuentas bancarias de los que tampoco se conoce origen, en un monto, al menos de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICNCO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTVOS DE LEMPIRAS (L. 5,629,725.35). Manejando fondos por un total de, al menos, OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL STECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS LEMPIRAS (L 8,929,725.35), cuyo origen no se logró justificar. TERCERO: El señor JOSE MIGUEL HANDAL PÉREZ, compró inmuebles por valores que sumaron al menos, CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL LEMPIRAS (L 5,700,000.00), desconociéndose el origen del dinero con el que realizó dichas transacciones; de igual forma, efectuó depósitos en cuentas bancarias, de los que tampoco se conoce su origen, en un monto de, al menos, CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE LEMPIRA (L 5,898,303,.92). Manejando fondos por un total de ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE LEMPIRA (11,598,303.92), cuyo origen no se logró justificar. Haciendo un total, al menos, de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS (L. 44,584,128.72); de dinero manejado en diversas transacciones, entre los esposos JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ Y ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA, cuyo origen licito no se logró justificar.] (folio 24,949 vuelto del expediente del Tribunal de Sentencia) IV. Que en el caso sub examine, la peticionaria abogada GEORGINA MARIBEL SIERRA RODRIGUEZ, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintiséis de febrero del año dos mil veintiuno, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal. En consideración a que su representada la señora ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA, fue condenada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS estando vigente la Ley Contra el Lavado de Activos, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal invocada por la recursista, establecía en el artículo 439 LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: […]. No obstante, a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido en tiempo y forma, y en el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[14], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos: ARTÍCULO 439. LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. Por tanto, de las legislaciones posteriores a la aplicada en la sentencia, por el principio de retroactividad se debe tomar en consideración, de las leyes posteriores a la norma derogada la que más beneficie al sentenciado. V. Que la comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Decreto Legislativo No 93-2021, contiene una mayor benignidad en relación a las normas penales derogadas y reformadas. VI. En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021 puesto que en ellos no se establece que por sí o por interpósita persona, la persona haya adquirido, convertido, invertido, posea, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. En tales hechos supra mencionados solo se establece, la constitución de sociedades mercantiles de la señorea ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA CON EL SEÑOR JOSE MIGUEL HANDAL PEREZ Y JOSE MIGUEL HANDAL LARACH. Manejo de fondos, transacciones, compra y venta de bienes inmuebles, no logrando justificar todos los valores descritos en los tres hechos probados. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia no encuadran en la norma penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en el Código Penal vigente. VI. En el caso que nos ocupa, la fiscalía manifestó que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorable al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616, ya que en el delito de lavado de activos, si bien es cierto aprecia una disminución en lo que respecta a la pena privativa de libertad, sin embargo, la misma se ve agravada con la pena principal de multa a imponer a los sentenciados por las cantidades antes enunciadas en la descripción del tipo penal de Lavado de Activos, artículo 439 del Código Penal vigente. Haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía esta Sala considera que se tuvo que haber presentado una manifestación haciendo referencia a la reforma realizada al artículo 439 del Código Penal vigente. VII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA de una norma vigente que le resulta más benigna. En este caso, en el sentido de no ejecutar la pena impuesta en razón de que la conducta por la que fue condenada no tiene tipificación en la nueva norma penal. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada GEORGINA MARIBEL SIERRA RODRIGUEZ, a favor de la señora ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA. II) SE REFORMA la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el sentido dejar sin valor y efecto la pena principal y accesoria establecida sobre la señora ENA ELIZABETH HERNÁNDEZ AMAYA por el delito de LAVADO DE ACTIVOS. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes a efecto de proceder conforme a derecho, sin perjuicio de otras causas pendientes que pesen sobre la encausadoa. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. – Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0207-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.

[7] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[8] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[9] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[10] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[11] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[12] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[13] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.

[14] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.