Sentencia RP-183-21 — Registro 15327
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia condenatoria dictada por el el a-quo, con relación a la causa que se instruyó por el delito de Ocultación de Vehículo Robado, Alteración de Vehículo y Transferencia de Vehículo Robado, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" En relación a lo esbozado por el recursista sobre la no tipificación del delito por el cual fue condenado su patrocinado aduciendo que los delitos no existen en el nuevo Código Penal, esto no es así, aunque el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, las conductas delictivas siguen siendo reconocidas el Código Penal decreto 130-2017. Es decir, en un sentido formal la conducta per se continúa siendo típica, el desvalor sobre esa acción no ha desaparecido. Por lo tanto, no ha sido despenalizada. VII- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia. Este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer al procesado la pena del delito de Encubrimiento en perjuicio de Marlon Alonso Palacios, a la pena de cuatro años de prisión; y por el delito de Encubrimiento en perjuicio de Pastor Maradiaga a la pena de cuatro años de prisión. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por cada delito. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor ISRAEL ALBERTO de una norma vigente que le resulta más benigna IX. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.-VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por los Abogados RENE ALTAMIRANO INTRIANO Y FARABUNDO MURILLO GODOY, favor del señor ISRAEL ALBERTO, contra las sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha nueve (9) de febrero del dos mil once (2011), con relación a la causa que se instruyó contra el señor ISRAEL ALBERTO, por el delito de OCULTACION DE VEHICILO ROBADO, ALTERACION DE VEHICULO Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de los señores PASTOR MARADIAGA y MARLON ALONSO PALACIOS.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil ocho (2008), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el Abogado MANUEL EDGARDO LOPEZ URQUIA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores CELSO RAMON GALEAS, ALBERTO IRAEL y ANTONIO ALBERTO AMAYA ROBLES , por el delito de ROBO DE VEHICULO , en perjuicio del señor PASTOR MARADIAGA ANDINO y MARLON ALONZO PALACIOS.-(Folio 1 al 3 de pieza del Juzgado).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil once (2011), el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS al señor SELSO RAMON GALEAS MOLINA, de generales ya conocidas y referenciadas en el preámbulo de esta sentencia como autor material, responsable penalmente de los delitos de OCULTACION DE VEHICILO ROBADO, ALTERACION DE VEHICULO Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de los señores PASTOR MARADIAGA y MARLON ALONSO PALACIOS, por lo que fue acusado.- SEGUNDO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor ISRAEL ALBERTO, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS CON TRES (3) MESES DE RECLUSION, como pena principal por considerarlo responsable de la comisión de un delito de ALTERACION DE VEHICULO ROBADO EN CURSO MEDIAL (IDEAL IMPROPIO) CON EL DELITO DE TRAFERENCIA DE VEHICULOS, en perjuicio del señor MARLON ALONSO PALACIOS, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en las labores que regula el régimen penitenciario, debiendo contarse a su favor, el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por la presente causa.- TERCERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor ISRAEL ALBERTO, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena principal de NUEVE AÑOS (9) AÑOS DE RECLUSION, como pena principal, por considerarlo responsable de la Comisión de un delito de OCULTAMIENTO DE VEHICULO ROBADO EN CONCURSO REAL CON LOS DELITOS DE ALTERACION DE VEHICULO ROBADO y TRAFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio del señor PASTOR MARADIAGA, pena que deberá cumplir en una Penitenciaría Nacional quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores que regula el régimen penitenciario, debiendo contarse a su favor, el abono del tiempo que ha encontrado en prisión preventiva por la presente causa.- CUARTO: De igual manera se condena al señor ISRAEL ALBERTO, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena de reclusión.- QUINTO: S e declara al condenado ISRAEL ALBERTO, responsable civilmente.- SEXTO: No procede decretar el comiso, al no haberse presentado evidencias durante el juicio.- SEPTIMO: No se condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- OCTAVO: Una vez firme la presente sentencia, que se remita certificación de la misma al respectivo centro penitenciario y al Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial para los consecuentes efectos…”(Folios 580 al 593 de la pieza del Juzgado).-3) Que los recurrentes RENE ALTAMIRANO INTRIANO Y FARABUNDO MURILLO GODOY, comparecieron ante este Tribunal en fecha veintidós de febrero del año dos mil veintiuno, presentando recurso de revisión penal a favor del señor ISRAEL ALBERTO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil once (2011) . ( Folio 1 al 2 de la pieza del Recurso de Revisión).-5) Que en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.- (Folio 10 de la pieza de la pieza del Recurso de Revisión).-6) Que en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado FARABUNDO MURILLO GODOY, en su condición de Apoderada Legal del señor ISRAEL ALBERTO, y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que se Otorgue, en la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por la revisionista está conforme a la Ley.-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): El Garantista expone sus fundamentos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por las partes en audiencia: El recurrente expone: “La norma constitucional establece a la altura del artículo 96 que cuando exista una ley favorable en el reino constitucional, pues puede ser aplicable por ser más beneficiosa. Se interpuso este recurso en virtud de que se considera que la conducta por la cual mi representado fue declarado culpable con la promulgación de una nueva ley penal contenida en el Código Penal actual, favorece y despenaliza la conducta por el cual fue condenado, por lo que se solicita se aplique la nueva ley...” Manifestando el Ministerio Publico. “De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Publico procede a efectuar la revisión de ambas leyes. El Código Penal derogado regulaba el delito de Alteración y Transferencia de Vehículo robado en el artículo 218-B, el cual disponía: “Sera sancionado con pena de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Al contrastastar la legislación penal con las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal vigente (decreto 130-2017), encontramos que, si bien es cierto, los tipos penales en referencia no se encuentran tipificados como tales en el nuevo Código Penal, no obstante, de la declaración de hechos probados contenidos en la referida sentencia, se evidencia que la intención del legislador no ha sido les despenalización de las conductas que se le atribuyen al condenado, por el contrario , estas siguen siendo castigadas en el tipo pena de Encubrimiento regulado ene artículo 513 que establece: “Quien con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:1) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, o los instrumentos o cualquier otra prueba que los incrimine, dificultando o impidiendo su descubrimiento 2)… 3)… Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponde al delito de encubierto rebajada en 2/3… Se aumenta la pena las penas en 1/3 si el encubrimiento se realiza en forma habitual por precio, recompensa o promesa remuneratoria.” “Al examinar el fallo sub judice, se extrae de los hechos probado que el hoy condenado ISRAEL ALBERTO en dos ocasiones llevo dos vehículos diferentes a un taller de pintura ubicado En el Progreso, Yoro, solicitándoles al propietario del taller que los reparara y les cambiara el color a dichos automotores, por lo que deberá imponérsele la pena establecida en el artículo 364, relativo al HURTO Y ROBO DE USO DE VEHICULOS AUTOMOTOR, que en su párrafo ultimo nos remite al articulo 361 que regula el delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN, el cual debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, mismo que deberá ser rebajada en 2/3 que corresponde al delito encubierto que corresponde a un año cuatro meses como pena mínima a cuatro años como pena máxima, la que a su vez deberá ser aumentada en un tercio por ser dicho encubrimiento habitual, tal como acontece e en el caso que nos ocupa. Siendo que fueron dos los vehículo que el hoy condenado altero y oculto, resultando una pena de cuatro (4) a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, por cada una de las acciones cometidas. De las premisas expuestas, esta representación fiscal no comparte el planteamiento del revisionista, en tanto que el Código penal vigente no despenaliza la ocultación de Vehículo Robado, ya que la conducta de ocultar bienes (vehículos) que proceden de otros delitos si se encuentra claramente descrita en la norma sustantiva, bajo el tipo penal de Encubrimiento, descrita en el precitado articulo 513, en este sentido, no solo es posible adecuar la norma reprochada, en el tipo penal contenido en el nuevo Código Penal, sino que la misma es mas favorable, pues la pena a imponer al condenado es de cuatro a cinco años cuatro meses de prisión, por los dos delitos de Encubrimiento, lo cual efectivamente representa un beneficio al hoy condenado.”-CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. “En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.- CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.-CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario.-CONSIDERANDO DOCE(12): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”[13].- CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor ISRAEL ALBERTO fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, mediante la resolución de fecha nueve de febrero del año dos mil once, a la pena de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el delito de ALTERACIÓN DE VEHICULO ROBADO EN CONCURSO MEDIAL (IDEAL IMPROPIO) CON EL DELITO DE TRANSFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de MARLON ALONSO PALACIOS. Y a la pena de NUEVE AÑOS DE RECLUSION, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el delito de OCULTACIÓN DE VEHICULO ROBADO EN CONCURSO REAL CON EL DELITO DE ALTERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de PASTOR MARADIAGA. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 218-A, C Y D del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de TRANSFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, ALTERACIÓN DE VEHICULO ROBADO Y OCULTACIÓN DE VEHICULO ROBADO. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando las procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. -CONSIDERANDO QUINCE (15): I- En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II- El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. III- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, DICE: Artículo 218-B. Será sancionado con pena de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, quien hiciere las alteraciones a que se refiere el artículo anterior, sobre un vehiculo de ajena pertenencia o que hubiese sido objeto de robo, hurto o abandono. Será sancionado con la misma pena establecida en el párrafo anterior, quien a sabiendas colabore, proporcionando equipo, instalaciones o servicios personales para ese fin. Artículo 218-C. Será sancionado con la pena de reclusión de seis (6) a nueve (9) años, quien desarme, o cambie de apariencia un vehículo automotor que se encuentre en las condiciones del artículo anterior. Artículo 218-D. Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehiculo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe.; El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva con un nomen iuris, diferente: Encubrimiento. Que describe el tipo penal de la siguiente forma: “Conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, o los instrumentos o cualquier otra prueba que los incrimine, dificultando o impidiendo su descubrimiento; Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). Se aumentan las penas en un tercio (1/3) si el encubrimiento se realiza en forma habitual o por precio, recompensa o promesa remuneratoria.” (Artículo 513 decreto 130-2017). El delito del cual proceden los bienes al cual se le debe realizar la rebaja de dos tercios y posteriormente un aumento de un tercio, es al delito de Hurto de Vehículo Automotor estatuido en el Artículo 364.- hurto y robo de uso de vehículo automotor. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Siguiendo lo estipulado en el artículo 361 del código Penal vigente ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Haciendo las operaciones pertinentes tenemos como resultado final una pena abstracta de cuatro años a cinco años cuatro meses de prisión. Ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado. IV- En el examen de los hechos concretos, estampados en la sentencia (folio 23 vuelto del expediente de Revisión), estos encuadran en los artículos 361,364,y 513 del Código Penal Vigente. V- En relación a lo esbozado por el recursista sobre la no tipificación del delito por el cual fue condenado su patrocinado aduciendo que los delitos no existen en el nuevo Código Penal, esto no es así, aunque el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, las conductas delictivas siguen siendo reconocidas el Código Penal decreto 130-2017. Es decir en un sentido formal la conducta per se continúa siendo típica, el desvalor sobre esa acción no ha desaparecido. Por lo tanto, no ha sido despenalizada. VII- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia. Este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer al procesado la pena del delito de Encubrimiento en perjuicio de Marlon Alonso Palacios, a la pena de cuatro años de prisión; y por el delito de Encubrimiento en perjuicio de Pastor Maradiaga a la pena de cuatro años de prisión. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por cada delito. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor ISRAEL ALBERTO de una norma vigente que le resulta más benigna IX. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados RENE ALTAMIRANO INTERIANO Y FARABUNDO MURILLO GODOY, a favor del señor ISRAEL ALBERTO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor ISRAEL TABORA, por los delitos de ALTERACIÓN DE VEHICULO ROBADO EN CONCURSO MEDIAL (IDEAL IMPROPIO) CON EL DELITO DE TRANSFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de MARLON ALONSO PALACIOS. Y por el delito de OCULTACIÓN DE VEHICULO ROBADO EN CONCURSO REAL CON EL DELITO DE ALTERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de PASTOR MARADIAGA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor ISRAEL ALBERTO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ENCUMBRIMIENTO en perjuicio de MARLON ALONSO PALACIOS, a la pena de CUATRO AÑOS de prisión Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. SEGUNDO: CONDENANDO Al Señor ISRAEL ALBERTO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ENCUMBRIMIENTO en perjuicio de PASTOR MARADIAGA, a la pena de CUATRO AÑOS de prisión. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrada Reina Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año (2022), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 183-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.
[13] Aplicación Temporal de la Ley Penal, Validez y Eficacia en Infracciones de Agresión al Estado. Renata Melissa Yunda López. RFJ, No. 3, 2018. pp. 119-142, ISSN 2588-0837.