Sentencia RP-149-21 — Registro 14877
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal con relación a la causa instruida contra impetrante por haber sido encontrado responsable de la comisión del delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de Testigo Protegido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor EDGAR OMAR AMADOR CARCAMO la pena principal de TRECE AÑOS CUATRO MESES DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como de un delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO MISTERIO; así mismo la pena de SEIS AÑOS OCHO MESES DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO MISTERIO. I. En relación a la conducta del Robo Agravado que se desprende de lo establecido en el hecho probado que corre a folio 124 del expediente del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, esta encaja en el artículo 361 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Agregando el ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Resultando una pena abstracta de ocho años a diez años con ocho meses. Y en relación al Robo de Vehículo Agravado, que se desprende de lo establecido en el hecho probado que corre a folio 124 del expediente del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa haciendo el respectivo análisis este encuadra en el artículo 364 del Código Penal Decreto 130-2017.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Agregando el ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Resultando una pena abstracta de ocho años a diez años con ocho meses. II. Haciendo la comparativa de ambas normas, nos encontramos que en cuanto al Robo de Vehículo Agravado es patente una benignidad de penas en relación al nuevo Código Penal. En relación al delito de Robo Agravado la pena ha imponer con el Código Penal decreto 130-2017 no resulta más benigna en relación a la impuesta con el Código Penal derogado. III. Este caso en concreto la ponderación de las penas de ambos códigos debe hacerse de manera global puesto que se trata de un concurso real de delitos. En este supuesto el articulo 616 del Código Penal decreto 130-2017 ya nos indica que debe hacerse la comparación de manera global. Es decir, hacer suma de todas las penas a imponer y comparar si el resultado de la aplicación del nuevo Código resulta o no más beneficiosa para el encausado. Con el Código Penal decreto 144-1983 (derogado) la pena global es de veinte años de reclusión. Y aplicando el Código Penal vigente la pena global es de dieciséis años de prisión. Una vez realizada esta operación es palmario que el Código Penal decreto 130-2017, arroja un resultado más benigno para el encausado. IV. En cuanto a lo manifestado por la ciudadana fiscal, sobre la fragmentación de la norma penal. La revisión en este caso se está realizando por ambos delitos y se está aplicando el Código Penal decreto 130-2017 a ambos delitos, por lo tanto, no se está discriminando lo que no conviene y haciendo uso únicamente de lo que le favorece al encausado. Esta Sala está aplicando el Código Penal vigente en su totalidad al caso concreto. IV. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y los parámetros de la sentencia donde se aplicó la pena mínima al encasado, y después de hacer la respectiva ponderación, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de ocho años de prisión por el delito de Robo y ocho años de prisión de por el delito de Robo de Vehículo Automotor. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EDGAR OMAR AMADOR CARCAMO de una norma vigente que les resulta más benigna VI. Es procedente aplicar el artículo 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Que el Juzgado de Ejecución realice un nuevo computo de la pena y proceda conforme a derecho corresponda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JOSE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor del señor EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, en fecha dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO, por el delito ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO MISTERIO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR a la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN de prisión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. SEGUNDO: CONDENANDO al señor EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO, por el delito de ROBO a la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN de prisión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ambas penas impuestas en concurso real"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Diez de junio del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal, a favor del señor Edgardo Omar Amador Cárcamo, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor Edgardo Omar Amador Cárcamo, por haber sido encontrado responsable de la comisión del delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de la Testigo Protegido “Faraón”. ANTECEDENTES 1) En fecha once de enero de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Tania Leticia Cano Vega, actuando como Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Edgardo Omar Cárcamo, Yeni Paola Hernández Maradiaga y Katherin Yamileth Andrade Ávila, por suponerlos responsables a título de autores directos de los delitos de Robo Agravado en perjuicio de Testigo Protegido denominado “MISTERIO”, Robo de Vehículo Agravado en perjuicio de Testigo Protegido denominado “FARAÓN”; y por el delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 2-5 del antecedente) 2) Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Que debemos condenar como en efecto condenamos los señores EDGARDO OMAR AMADOR CÁRCAMO y CATERINE YAMILETH ANDRADE ÁVILA, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, como coautores penalmente responsables de un delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO MISTERIO, a la pena de SEIS (6) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN, y condenarles por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO FARAÓN, a la pena de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN, penas que deberán cumplirse en CONCURSP REAL y la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución considere más conveniente, debiéndose descontar al cómputo de la pena el tiempo en que los acusados han permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se les hubiere impuesto por esta causa. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores EDGARDO OMAR AMADOR CÁRCAMO y CATERINE YAMILETH ANDRADE ÁVILA, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara a los señores EDGARDO OMAR AMADOR CÁRCAMO y CATERINE YAMILETH ANDRADE ÁVILA, responsables civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que son condenados. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los señores EDGARDO OMAR AMADOR CÁRCAMO y CATERINE YAMILETH ANDRADE ÁVILA. QUINTO: No procede declarar el comiso por no haberse puesto a disposición de este Tribunal ninguna pieza de convicción o ejecución. SEXTO: Que debemos absolver como en efecto absolvemos a los señores EDGARDO OMAR AMADOR CÁRCAMO y CATERINE YAMILETH ANDRADE ÁVILA, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, del delito de ASOCIACIÓN ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se ha acusado. SEPTIMO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos…" (Folios 123-130 del antecedente) 3) En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala, el Abogado Jorge Enrique Valladares Argeñal, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Edgardo Omar Amador Cárcamo, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a su representado. (Folios 1-5 del recurso de mérito) 4) En fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles nueve (9) de marzo de dos mil veintidós (2022), a las nueve con treinta minutos de la mañana (09: 30 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 59 del recurso de mérito) 5) En fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Silvia Sarahí García Almendarez, en su condición de Apoderada Legal del señor Edgardo Omar Amador Cárcamo; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratifica el recurso extraordinario de revisión penal interpuesto en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, por considerar que existe una ley penal más favorable para mi representado, recurso que se interpone en contra de la sentencia de fecha dieseis de diciembre del año dos mil dieciséis,…” El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de ROBO AGRAVADO Y ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, por los cuales se condenó al hoy imputado EDGARDO OMAR AMADOR CÁRCAMO, de tal suerte que, el Código Penal derogado sancionaba el delito de ROBO AGRAVADO en el artículo 218 párrafo primero: “El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años, de reclusión, relacionado con el artículo 219 que establecía: “Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán a in tercio (1/3) cuando el robo se cometa: 1) En despoblado o en cuadrilla. 2) Portando armas los malhechores, o en casa habitada o en una oficina pública, en un edificio destinado a un culto religioso, en un centro docente o cultural público o privado, en in establecimiento comercial, bancario o de asistencia social, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Escalamiento; b) Rompimiento de paredes, techos, suelos o pavimentos o fracturas de puertas o ventanas; c) Empleando llaves falsas, ganzúas u otros instrumentos semejantes. Se considera llave falsa la legitima sustraída al propietario; y, d) Fractura de armarios, cajas fuertes u otra clase de muebles u objetos sellados o cerrados o mediante la sustracción de los mismos para ser abiertos o violentados fuera del lugar del robo. El Nuevo Código Penal regula en el ARTICULO 361.-ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. “Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena, empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.”. Asimismo, con relación al delito de ROBO DE VEHICULO, en el anterior código penal estaba regulado en el artículo 218 párrafo segundo, que establecía: “Al culpable del delito de robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se aplicará una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. En el nuevo Código Penal, el delito de ROBO DE VEHICULO se encuentra regulado en el artículo 364.-HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR: Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor, debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) (12) horas. sustracción se empleará fuerza en las cosas, la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación, establecidas en el precitado artículo 361. ARTÍCULO 363.- ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes; 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Al examinar el fallo sub-judice, se extrae que el hoy imputado fue condenado a la pena mínima en ambos ilícitos, por lo que de conformidad a las normas transcritas las penas a imponer en el delito de ROBO DE VEHÍCULO es de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, la que aumentada en 1/3 resulta una pena de 8 años a 10 años 8 meses; de igual manera, el delito de ROBO AGRAVADO calificado en el artículo 361 del Nuevo Código Penal, Decreto 130-2017 es de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión aumentada en 1/3 resultando una pena de 8 años a 10 años 8 meses. En virtud de lo cual resulta evidente que la aplicación de la nueva Ley penal no resulta más favorable al reo, ya que el nuevo Código Penal exige que para efectos de determinar la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable que reconoce el artículo 615 de la norma sustantiva, es imperativo que las disposiciones del nuevo Código Penal resulten más favorables tomadas en su conjunto, ya que no es admisible la aplicación fragmentada de las dos (2) normas sustantivas. Dicho lo anterior, al realizar el análisis comparativo entre las penas impuestas en la presente causa y las penas aplicables conforme el Nuevo Código Penal, se aprecia que la sanción aplicable al delito de ROBO AGRAVADO se ve incrementada con relación a la condena de 6 años 8 meses que se le impuso conforme a la legislación penal derogada. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente causa, no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal, no resulta más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el Código anterior, por lo que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a lo dispuesto en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que regula el principio de retroactividad de la ley penal por esta más benigna al condenado. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señaladas.” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista “…ofertamos documentales, consistentes en la sentencia de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, misma que se registra bajo el numero de 10-353-2016, asimismo, el acta de registro personal y el acta de decomiso del señor Edgardo Omar Amador Cárcamo, esto con el propósito de verificar que al momento de que se realizó su registro personal no se le encontró ningún tipo de arma…” Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “propone la sentencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 61-65 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en su petición: “solicita la aplicación de la nueva normativa a favor del reo bajo el principio de retroactividad, así mismo los artículos 361, 364, y 615 del nuevo Código Penal ya vigente”. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS(6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas sin modificar los hechos concretos y probados. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis, a la pena de SEIS AÑOS OCHO MESES DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por el delito de ROBO AGRAVADO, y TRECE AÑOS CUATRO MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 217, 218; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado. III- Esta Sala examina si el caso encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor EDGAR OMAR AMADOR CARCAMO la pena principal de TRECE AÑOS CUATRO MESES DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como de un delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO MISTERIO; así mismo la pena de SEIS AÑOS OCHO MESES DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO MISTERIO. I. En relación a la conducta del Robo Agravado que se desprende de lo establecido en el hecho probado que corre a folio 124 del expediente del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, esta encaja en el artículo 361 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Agregando el ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Resultando una pena abstracta de ocho años a diez años con ocho meses. Y en relación al Robo de Vehículo Agravado, que se desprende de lo establecido en el hecho probado que corre a folio 124 del expediente del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa haciendo el respectivo análisis este encuadra en el artículo 364 del Código Penal Decreto 130-2017.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Agregando el ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Resultando una pena abstracta de ocho años a diez años con ocho meses. II. Haciendo la comparativa de ambas normas, nos encontramos que en cuanto al Robo de Vehículo Agravado es patente una benignidad de penas en relación al nuevo Código Penal. En relación al delito de Robo Agravado la pena ha imponer con el Código Penal decreto 130-2017 no resulta más benigna en relación a la impuesta con el Código Penal derogado. III. Este caso en concreto la ponderación de las penas de ambos códigos debe hacerse de manera global puesto que se trata de un concurso real de delitos. En este supuesto el articulo 616 del Código Penal decreto 130-2017 ya nos indica que debe hacerse la comparación de manera global. Es decir, hacer suma de todas las penas a imponer y comparar si el resultado de la aplicación del nuevo Código resulta o no más beneficiosa para el encausado. Con el Código Penal decreto 144-1983 (derogado) la pena global es de veinte años de reclusión. Y aplicando el Código Penal vigente la pena global es de dieciséis años de prisión. Una vez realizada esta operación es palmario que el Código Penal decreto 130-2017, arroja un resultado más benigno para el encausado. IV. En cuanto a lo manifestado por la ciudadana fiscal, sobre la fragmentación de la norma penal. La revisión en este caso se está realizando por ambos delitos y se está aplicando el Código Penal decreto 130-2017 a ambos delitos, por lo tanto, no se está discriminando lo que no conviene y haciendo uso únicamente de lo que le favorece al encausado. Esta Sala está aplicando el Código Penal vigente en su totalidad al caso concreto. IV. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y los parámetros de la sentencia donde se aplicó la pena mínima al encasado, y después de hacer la respectiva ponderación, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de ocho años de prisión por el delito de Robo y ocho años de prisión de por el delito de Robo de Vehículo Automotor. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor EDGAR OMAR AMADOR CARCAMO de una norma vigente que les resulta más benigna VI. Es procedente aplicar el artículo 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Que el Juzgado de Ejecución realice un nuevo computo de la pena y proceda conforme a derecho corresponda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JOSE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor del señor EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, en fecha dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO, por el delito ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO MISTERIO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR a la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN de prisión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. SEGUNDO: CONDENANDO al señor EDGARDO OMAR AMADOR CARCAMO, por el delito de ROBO a la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN de prisión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ambas penas impuestas en concurso real. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que ejecute el presente fallo. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de junio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-149-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.