Sentencia RP-148-21 — Registro 15582
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente por los delitos de robo agravado a quien se le impuso una pena de siete años seis meses de reclusión y extorsión con una pena de once años de reclusión en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Testigo Protegido AL 264; Del análisis del caso La Sala concluyó que no se cumple con los requisitos legales por lo que no procede la aplicación retroactiva en favor de recurrente de una nueva norma penal vigente por no ser más benigna
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), a la pena de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL264 (MARCO TULIO SOSA ARTEAGA) y a la pena de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSION por el delito de EXTORSIÓN EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL264 (MARCO TULIO SOSA ARTEAGA), como penas principales, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal..."..."esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme, antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 217 y 218 numerales 1 y 2 del Código Penal decreto 144-1983 relativos al delito de ROBO AGRAVADO y los artículos 222 y 15 del Código Penal decreto 144-1983 relativos al delito de EXTORSIÓN EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA..."..."Esta Sala considera que el caso sub examine no encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ, dos penas de reclusión en concurso real, una de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSION por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL264 (MARCO TULIO SOSA ARTEAGA) y otra pena de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSION por el delito de EXTORSIÓN EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL264 (MARCO TULIO SOSA ARTEAGA), como penas principales, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal..."..."Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor del señor HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016), con relación a la causa que se instruyó en contra del señor HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, por haber sido encontrado responsable de la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO y EXTORSIÓN EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de Testigo Protegido AL 264. (Marco Tulio Soto Arteaga).-ANTECEDENTES : 1) En fecha treinta (30) de abril del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ELSY MARICEL ANDINO, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra los señores HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ Y OTRO, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO EN PERJUICIO DE TESTIGO PROTEGIDO AL 264, asimismo contra HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, Y OTROS, por suponerlos responsables a título de autores de la comisión de los delitos de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AL 264; contra HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ Y OTROS, por suponerlos responsables del delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 2-9 del antecedente).-2) Que en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“… PRIMERO: Que debemos condenar como en efecto condenamos los señores MARNOLD ALI FERRUFINO LOPEZ y HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, como coautores penalmente responsables de un delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AL264 (MARCO TULIO SOTO ARTEAGA), a la pena de SIETE (7) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, y condenarles por el delito de EXTORSION EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AL264 (MARCO TULIO SOTO ARTEAGA), a la pena de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSION, penas que deberán cumplirse en CONCURSO REAL y la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución considere más conveniente, debiéndose descontar al cómputo de la pena el tiempo en que los acusados han permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se les hubiera impuesto por esta causa. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores MARNOLD ALI FERRUFINO LOPEZ y HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara a los señores MARNOLD ALI FERRUFINO LOPEZ y HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ, responsables civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que son condenados. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los señores MARNOLD ALI FERRUFINO LOPEZ y HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ ni al Ministerio Público. QUINTO: No procede declarar el comiso por no haberse puesto a disposición de este Tribunal ninguna pieza de convicción o ejecución. SEXTO: Que debemos absolver como en efecto absolvemos a los señores MARNOLD ALI FERRUFINO LOPEZ, HENRY WILFREDO MEDINA HERRERA y HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se le ha acusado. SEPTIMO: Que debemos absolver como en efecto absolvemos al señor HENRY WILFREDO MEDINA HERRERA, cuyas generales ya han sido anteriormente detalladas, del delito de EXTORSION EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AL264 (MARCO TULIO SOTO ARTEAGA), por el cual se le ha acusado. SEPTIMO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 233-246 vuelto del antecedente).-3) En fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante esta Sala, el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, interponiendo recurso de revisión a favor del señor HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a su representado. (Folios 1-8 del recurso de mérito) .-4) En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022), a las nueve de la mañana con treinta minutos (09: 30 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 64 del recurso de mérito).-5) En fecha ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, con la comparecencia de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, en su condición de Apoderado Legal del señor HÉCTOR JOSUÉ PONCE MARTÍNEZ; Quienes expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 66-70 del recurso de mérito)
CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en su recurso: “Encontramos el Precepto autorizante en el artículo 96 de la Constitución de la República el cual establece: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.” De igual forma el artículo 186 de la Constitución de la República dice: “Ningún poder ni autoridad puede abocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de estos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio.” Por su parte el artículo 96 numerales 6 y 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, consigna: “DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: 6.- Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra una norma más favorable; o se produzca cambio de doctrina legal que favorece al reo; 8.- Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.” La objeción contra la sentencia firme, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, y de donde resulta el Motivo del recurso Extraordinario de Revisión, lo constituye que al hacer el estudio de la sanción correspondiente a los delitos juzgados, con aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos, pero novada con posterioridad al juzgamiento respectivo, esta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria, a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, YA QUE, AHORA, APARECE REGULADO EL DELITO DE CONCUSION Y LOGICAMENTE ES MENOR LA SANCION POR ESE ILÍCITO PENAL, EN LE NUEVO CÓDIGO PENAL VIGENTE, aun y cuando el momento de la realización de los hechos sea antes de su vigencia, en tanto el juzgador de primera instancia, procedió a individualizar la pena aplicando con una norme penal vigente en ese entonces, pero, como se promulgó, una nueva ley al respecto, encuadra el precepto autorizando en los numerales citados, porque es una norma penal que le beneficia, y además en cumplimiento del principio de legalidad citado, subyace en el fondo, que se le puede aplicar a mi defendido una norma más favorable en virtud de haberse producido un cambio de doctrina legal, que le es más beneficiosa; asimismo el artículo 101 numeral 4 de la Ley de Justicia Constitucional establece: “DE LAS DISPOSICIONES REFERENTES A LA SENTENCIA QUE DECLARE PROCEDENTE LA ACCIÓN. La sentencia que dicte la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ordenará según el caso… 4) La ejecución de la nueva pena o la práctica de un nuevo cómputo, cuando en la nueva sentencia se imponga pena al condenado, con abono del tiempo que ya haya estado en prisión.”-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha ocho (8) de junio del año dos mil veintidós (2022) se celebró audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, en la que cedida que le fue la palabra al Abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, en su condición de defensor privado del señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ manifestó, de manera resumida lo siguiente: “… ratificamos lo que es la presentación del recurso extraordinario de revisión penal, basado en este caso particular en dos aspectos importantes, uno, en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y el artículo 96 de nuestra constitución…” El Ministerio Público consideró: “…Ante las premisas expuestas se aprecia que el señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ se le condenó a una pena de ONCE (11) AÑOS de reclusión, y conforme las disposiciones del Código Penal Vigente, la pena a imponer prisión es de a quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) en su nivel más alto, que al ser aumentada en un tercio (1/3) por concurrir la agravante antes señalada queda una pena de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (8) meses, misma que debe ser rebaja de 1/4 por tratarse de una tentativa acabada, resultando en una pena trece (13) años cuatro (4) meses a veinte (20) años y con relación a la pena de multa de 500 a 1000 días, aumentada queda una pena de 625 a 1250 días, que al ser disminuida resulta la pena de 469 a 938 días, en su nivel más alto. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada por el delito de Extorsión es de once (11) años tres (3) meses a quince (15) años de reclusión, la cual resulta inferior al pena que tendría que imponerse conforme el nuevo Código Penal, con un rango de pena abstracta de trece (13) años cuatro (4) meses a veinte (20) años que se encuentra dentro del mismo a los delitos antes relacionados, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” (Folios 66-70 del recurso de mérito) .-CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. -CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. -CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro-
CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. -CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.
CONSIDERANDO DOCE (12): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño, no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma, ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos[13] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[14].-CONSIDERANDO TRECE (13): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, compareció ante este Alto Tribunal en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[15], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues el señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ, fue condenado por el delito de Extorsión en su grado de ejecución de tentativa, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Extorsión, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. -CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), a la pena de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL264 (MARCO TULIO SOSA ARTEAGA) y a la pena de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSION por el delito de EXTORSIÓN EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL264 (MARCO TULIO SOSA ARTEAGA), como penas principales, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme, antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 217 y 218 numerales 1 y 2 del Código Penal decreto 144-1983 relativos al delito de ROBO AGRAVADO y los artículos 222 y 15 del Código Penal decreto 144-1983 relativos al delito de EXTORSIÓN EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA. III. Que el garantista ha invocado como uno de sus preceptos autorizantes del recurso de revisión, el artículo 96 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Fundamenta su petición argumentando en referencia al delito de extorsión, que “ahora aparece regulado el delito de concusión y lógicamente es menor la sanción por ese delito penal, en el nuevo Código Penal Vigente.” Es decir, que a consideración del recurrente los hechos probados de la sentencia en revisión de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), específicamente los relacionados al delito de extorsión, encuadran en una norma más favorable, y en este caso ubica los hechos probados, dentro del tipo penal de CONCUSIÓN comprendido en el artículo 497 del Nuevo Código Penal Decreto 130-2017, que establece: “El funcionario o empleado público que abusando de su cargo o de sus funciones exige, obliga, fuerza o induce a alguien a dar o prometer al mismo funcionario o empleado público o a un tercero, dinero O cualquier otra utilidad indebida, incurre en las penas de cinco (5) a siete (7) años de prisión, de cien (100) a cuatrocientos (400) días multa, e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión.” Nótese preliminarmente, que la conducta criminal de extorsión por la cual fue condenado el señor Héctor Josué Ponce Martínez, no ha sido suprimida en la nueva normativa penal, dicho delito se encuentra regulado en el artículo 373 del Nuevo Código Penal Vigente Decreto 130-2017. Debemos ser claros también, que el delito de CONCUSIÓN se encuentra comprendido dentro del Título XXVII, DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, es decir que el bien jurídico protegido es la administración pública, mientras que el delito de extorsión el mismo se encuentra regulado dentro del Título XX, DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, consecuentemente, bajo ese examen, no puede considerarse que los hechos declarados como probados bajo los cuales fue sentenciado el señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ, y que se enmarcan dentro del tipo penal extorsión, se encuadren dentro de otro tipo penal que protege la administración pública y no el patrimonio, y que la circunstancia de haber ejecutado el hecho bajo su condición de servidor público, no lo ubica dentro del tipo penal de concusión, ante tal situación debe declararse sin lugar dicha pretensión del recurrente en cuanto a la invocación de este precepto autorizante. IV. Esta Sala considera que el caso sub examine no encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. -CONSIDERANDO DIECISEIS (16): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la República. III. Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ, dos penas de reclusión en concurso real, una de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSION por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL264 (MARCO TULIO SOSA ARTEAGA) y otra pena de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSION por el delito de EXTORSIÓN EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AL264 (MARCO TULIO SOSA ARTEAGA), como penas principales, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal. IV. En cuanto al delito de ROBO AGRAVADO la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 218 que establece que “El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión.” Y el tribunal sentenciador aplicó al sentenciado el artículo 219 que dispone: “Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán a un tercio (1/3) cuando el robo se cometa: 1) En despoblado o en cuadrilla. 2) Portando armas los malhechores, en casa habitada o en una oficina pública, en un edificio destinado a un culto religioso, en un centro docente o cultural público o privado, en un establecimiento comercial, bancario o de asistencia social, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes…” Por lo tanto, el marco de penas abstractas oscilaba entre seis (6) años y ocho (8) meses a doce (12) años, siéndole aplicada por el tribunal sentenciador una pena concreta en su nivel medio de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, en atención a las circunstancias personales del penado y del hecho. Realizando una comparativa con el NUEVO CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017, el artículo 361 dispone: “ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” Y realizando un examen de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, el artículo 363 en cuanto a las agravantes específicas para la conducta criminal ejecutada dispone: “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… 8)… 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.” Siendo aplicable la agravante del numeral 9 del artículo 363 relacionado, por cuanto de la sentencia en revisión se desprende el uso de armas en la ejecución del hecho criminoso, por lo tanto, haciendo el respectivo aumento de la pena, resulta una pena abstracta de OCHO (8) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISIÓN. Consecuentemente, es patente que el marco de penas abstractas del Código Penal decreto 130-2017 no es más favorable al penado, incluso resultan por encima de la pena impuesta, aunado a que en caso que fuese aplicable debemos tomar como parámetro la sentencia de fecha veintidós (22) de agosto del dos mil dieciséis en cuanto a la aplicación de la pena concreta donde se determinó imponer una pena media. V. En cuanto al delito de EXTORSIÓN EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 222 establece “EXTORSIÓN. Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes, u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan.” No obstante, dichas penas abstractas fueron rebajadas en un tercio por ser tentativa, es así que en aplicación del artículo 66 de dicho cuerpo penal derogado, resultó una pena abstracta de diez (10) a trece (13) años cuatro (4) meses de reclusión y multa de treinta y tres (33) salarios mínimos, de la cual le fue aplicada una pena concreta entre el mínimo y el medio que la ley señalaba, de ONCE (11) AÑOS DE RECLUSIÓN. Realizando una comparativa con el NUEVO CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017, el artículo 373 dispone: “EXTORSIÓN: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados…” Y realizando un examen de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, el artículo 374 en cuanto a las agravantes específicas para la conducta criminal ejecutada dispone: “ARTÍCULO 374. AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito; 3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o, 4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.” Siendo aplicable la agravante del numeral 4 del artículo 374 por cuanto de la sentencia en revisión se desprende que el sentenciado era agente de investigación que actuó en abuso de sus funciones, por lo tanto, haciendo el respectivo aumento de la pena, resulta una pena abstracta de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE MIL (1,000) A MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (1,333) DÍAS. No obstante, debe ser también aplicado el artículo 21 inciso “b” de dicha normativa, por encontrarnos ante una tentativa acabada, relacionado con el artículo 62 del mismo cuerpo legal, debiendo disminuirse un cuarto (1/4) a la pena abstracta anteriormente señalada, resultando una nueva pena abstracta de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES a QUINCE (15) AÑOS DE PRISION Y MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA (750) A MIL (1,000) DÍAS, consecuentemente, es patente que el marco de penas abstractas del Código Penal decreto 130-2017 no es más favorable al penado, incluso resultan por encima de la pena impuesta para cada conducta delictiva, ya que, con el Código Penal nuevo, la forma de aumentar la pena parte de la pena máxima a la cual se le aplica el aumento y el resultado de esta, en la línea abstracta queda como pena máxima y la que antes era pena máxima queda como pena mínima (artículo 69). En el caso que nos ocupa las penas abstractas del actual Código Penal rebasan considerablemente la pena impuesta con el Código Penal derogado, incluso si se impusiera la pena mínima. VI. Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna. -POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal presentada por el abogado JORGE ENRIQUE VALLADARES ARGEÑAL, a favor del señor HECTOR JOSUE PONCE MARTINEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó el Magistrado ZELAYA. NOTIFÍQUESE. -Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0148-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.
[13] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.
[14] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.
[15] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.