Sentencia RP-1283-21 — Registro 15706
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia de condena del a-quo, con relación a la causa que se instruyó y haber sido encontrada responsable del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; no es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora CESIA BERENICE VARGAS RODRIGUEZ de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna "...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de la señora Cesia Berenice Vargas Rodríguez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra la señora Cesia Berenice Vargas Rodríguez, por haber sido encontrada responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AC-124. ANTECEDENTES 1) En fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Francys Maldonado, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de la señora Cesia Berenice Vargas Rodríguez, por suponerla responsable del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido “AC124”. (Folios 2-6 del antecedente) 2) Que en fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic)“… PRIMERO: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, y con las facultades que la ley le confiere CONDENA a la encausada CESIA BERENICE VARGAS RODRIGUEZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como autora del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AC124", a la pena principal de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES DE RECLUSION más una multa de SESENTA Y DOS PUNTO CUATRO (62.4) Salarios Mínimos, los que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social.- SEGUNDO: Asimismo se CONDENA a la imputada CESIA BERENICE VARGAS RODRIGUEZ, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario por el tiempo que dure la condena.- TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL de la condenada, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia.- CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio.- Y MANDA: 1) Que encontrándose el procesado presente en esta audiencia y las partes renunciando a los términos correspondientes quedando firme la misma.- 2) Envíese copia certificada de este fallo al Juzgado de Ejecución, Antecedentes Penales y a la Directora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) para los efectos legales pertinentes, asimismo que se remita el expediente al Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial, para los efectos legales correspondientes, a través de la Unidad de Sentencias que tiene este Juzgado.- 3) Se ordena a la Directora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) trasladar a la señora Cesia Berenice Vargas Rodríguez al módulo de Sentencias para la ejecución de esta Sentencia.- NOTIFÍQUESE ESTE FALLO A LAS PARTES INTERVINIENTES.- Redactó esta Sentencia GORKIANA ESPINAL MONZON.- JUEZ DE LETRAS PENAL.” (Folios 116-119 vuelto del antecedente) 3) En fecha doce de noviembre del dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala, el Abogado Ramón Matamoros, interponiendo recurso de revisión a favor la señora Cesia Berenice Vargas Rodríguez, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a su representada. (Folios 1-2 del recurso de mérito) 4) En fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022), a las once con treinta minutos de la mañana (11: 30 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 19 del recurso de mérito) 5) En fecha once de mayo de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de Apoderado Legal de la señora Cesia Berenice Vargas Rodriguez; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratificamos el recurso que hemos presentado a favor de nuestra representada, la señora CESIA BERENICE VARGAS RODRIGUEZ, nuestra base de sustento es que la señora Cesia Berenice, fue condenada por el delito de Extorsión Continuada, el Código Penal derogado contenía una pena de 25 a 33 años de reclusión, el cual lleva una multa de 75 salarios mínimos; para el caso concreto, ella aceptó la figura de procedimiento abreviado y fue condena a una pena de dieciocho años, nueve meses, actualmente con una multa de 62.4 salarios mínimos, que equivalen a seiscientos mil lempiras (L. 600,000.00), con lo cual ese pago es inalcanzable, en tal sentido, solicitamos que se aplique el principio de retroactividad en base al artículo 373 y se le aplique una pena de diez años y multa en el rango entre 500 a 1000 días…” El Ministerio Público consideró: “…Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique.... De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSIÓN CONTINUADA por el cual se condenó a CESIA BERENICE VARGAS RODRIGUEZ. El artículo 222 del Código Penal derogado, establecía: "Comete el delito de Extorsión, quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE(20) AÑOS y multa cincuenta salarios mínimos, en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que se pudieran imponer por los actos de violencia física realizados. La extorsión se considera consumada y corresponderá como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo percibido con la violencia o intimidación, el que realiza la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero de forma personal, por medio de transferencia electrónicas o a través de sus cuentas financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito". -Relacionado con el artículo 37 del mismo cuerpo legal que establecía: Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan concebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como uno solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos tercios 2/3. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto…. Por lo que la nueva pena abstracta queda de veinticinco (25) años a treinta y tres (33) años con cuatro (4) meses de reclusión y una multa de 83.4 salarios mínimos.-Rebajada en ¼ por haberse sometido al Procedimiento Abreviado, queda una pena de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES A VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE SESENTA Y DOS PUNTO CUATRO (62.4) SALARIOS MINIMOS.- En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSIÓN se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021.- EXTORSIÓN. "Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia intimidación". El delito continuado se encuentra regulado en el artículo 68.-DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA: Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizada una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio 1/3…En el caso subjudice corresponde aplicar una multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, aumentada en 1/3 por ser delito continuado, quedando una pena de multa de mil (1000) a mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1,333.33), rebajada en ¼ por aplicación de procedimiento abreviado, quedando una nueva pena de multa que oscila entre setecientos cincuenta (750) a mil (1000) días en su nivel más alto, es decir, de cinco mil lempiras por día…Ante las premisas expuestas, estima esta representación Fiscal, que en el caso sub-examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal no le son más favorables a la condenada respecto a la pena multa, que aplicando la misma resulta de tres millones setecientos cincuenta mil lempiras (L. 3, 750,000.00)…-OPINIÓN:…El Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista “…puedo ofertar la fotografía solamente para ilustración de nuestra representada…” Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “no tiene medios de prueba que presentar.”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 22-25 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral 8 de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en su recurso: “Con el debido respeto comparezco ante ustedes, a solicitarle la revisión de la sentencia condenatoria y se aplique el principio de retroactividad de la ley penal.” CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora CESIA BERENICE VARGAS RODRIGUEZ fue condenada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN mediante la sentencia definitiva y firme de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC124”; y a la multa de SESENTA Y DOS PUNTO CUATRO (62.4) salarios mínimos; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal derogado Decreto 144-83, estimando que la acción ejecutada por la sentenciada se subsume en el tipo penal de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC124”. III.- Esta Sala considera que el caso sub examine no encaja en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. CONSIDERANDO CATORCE (14): I.- Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora CESIA BERENICE VARGAS RODRIGUEZ, la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AC124” más multa de SESENTA Y DOS PUNTO CUATRO (62.4) salarios mínimos; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II.- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, Artículo 141. Penalizaba el delito EXTORSIÓN con una pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, y por tratarse de un DELITO CONTINUADO se aplicó a la sentenciada lo establecido en el artículo 37, segundo párrafo de dicho Código Penal derogado, es decir la pena más grave aumentada en dos tercios, por lo que el rango de la pena abstracta a imponer era de veinticinco (25) años a treinta y tres (33) años y cuatro (4) meses de reclusión y multa de ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos. No obstante, se desprende de los autos, que la sentenciada se sometió a la figura del procedimiento abreviado, por lo que se le aplicó la rebaja de un cuarto a la pena abstracta anteriormente señalada, dando como resultado una pena de dieciocho (18) años y nueve (9) meses a veinticinco (25) años de reclusión y una multa de sesenta y dos punto cuatro (62.4) salarios mínimos (folio 118 del expediente del juzgado). III. - En cuanto al Código Penal Vigente Decreto 130-2017 describe y penaliza la misma acción delictiva en el artículo 373, con una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días. IV. En cuanto a la existencia de agravantes específicas para el delito de EXTORSIÓN, de los hechos probados de la sentencia (folio 116) se estableció en los hechos probados que la sentenciada era miembro de una banda delictiva, circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que se encuentra configurada en el artículo 374 numeral 1 del Código Penal Vigente: “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas del artículo anterior se incrementarán en un tercio (1/3) al concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 1. Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado…” Que, como resultado del incremento de un tercio, resulta una pena abstracta de veinte (20) a veintiséis (26) años y ocho (8) meses de reclusión y multa de mil (L.1,000.00) a mil trescientos treinta y tres (L.1,333.33) salarios mínimos. V.- Que, de igual manera debe estudiarse la concurrencia de concurso de delitos que implique el aumento o disminución en grados de la pena abstracta, en ese sentido, el juzgador ha determinado la concurrencia de un delito continuado. Establece el artículo 68 del Código Penal Vigente: “DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA: Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3).” Es decir que, a la pena anteriormente señalada, se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), dando como resultado una pena de veintiséis (26) años y ocho (8) meses a treinta y cinco (35) años y siete (7) meses de prisión y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1,333.33) a mil setecientos setenta y siete punto sesenta y seis (1777.66) días. IV.- Debemos tomar en cuenta, que la encausada sometió el proceso a proceso abreviado, es así que para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió la encausada, la cual fue el procedimiento abreviado. Debiendo Aplicar la rebaja de un cuarto ¼ a la pena. (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando una pena abstracta de VEINTE (20) AÑOS A VEINTISEIS (26) AÑOS Y OCHO MESES DE RECLUSION, Y MULTA DE MIL (L.1,000.00) a MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO TREINTA Y TRES DÍAS (L.1,333.33), consecuentemente, es patente que el marco de penas abstractas del Código Penal decreto 130-2017 no son más favorable a la encausada, incluso resultan por encima de la media establecida para cada conducta delictiva, ya que, con el Código Penal nuevo, la forma de aumentar la pena parte de la pena máxima a la cual se le aplica el aumento y el resultado de esta, en la línea abstracta queda como pena máxima y la que antes era pena máxima queda como pena mínima (artículo 69). En el caso que nos ocupa la pena mínima sería de ocho años y la máxima de diez años ocho meses. La pena abstracta del actual Código Penal rebasa considerablemente la pena impuesta con el Código Penal derogado. V. La conducta desarrollada por la encausada establecida en la sentencia que hoy es objeto de revisión, folio 116 al 117 de la pieza del Juzgado, encuadra en lo plasmado en el artículo 373 del Código Penal decreto 130-2017. VI. Esta Sala considera que el caso sub judice no se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente; no es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora CESIA BERENICE VARGAS RODRIGUEZ de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal presentada por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor de la señora CESIA BERENICE VARGAS RODRIGUEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. -FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1283-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.