Sentencia RP-121-21 — Registro 14574
Resumen
Revisión sentencia condenatoria por aplicabilidad de Principio de retroactividad de la Ley en la causa que se instruyó contra recurrente por el delito de Secuestro
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.... Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor NOEL FRANCISCO MARTINEZ LEÓN fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diez de abril del año dos mil trece, a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO en perjuicio de HEBLIN RAMOS PADILLA ADRIANO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor NOEL FRANCISCO MARTINEZ LEÓN, la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 240 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años prohibición de residencia por el doble que dure la condena. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. El sentenciado, al tenor del artículo 239 Y 240 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privo de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla, estableciendo la norma penal en el artículo 240 del vigente Código Penal que este se convierte en Secuestro Agravado si concurre una circunstancia de las establecidas en el precepto antes mencionado; agregando dicho artículo que cuando concurra dos (2) de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición,2…,3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) hora,4),5…,6…, se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso la pena mínima. Se debe imponer al encausado la pena de quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro. IV. Es procedente aplicar el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere, la ejecución de la nueva pena"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101, numeral 4 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 239 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 240 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de revisión interpuesto por las Abogadas SUYAPA YANESSI ARIAS MOLINA y EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ a favor del Señor NOE FRANCISCO MARTINEZ LEON, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha dos (02) de agosto de dos mil trece (2013), en la causa que se instruyó contra el Señor NOEL FRANCISCO MARTINEZ LEON por el delito de SECUESTRO en perjuicio de HEBLIN RAMON PADILLA ADRIANO. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, la Abogada JEANNIE BONILLA OLIVA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores NOE FRANCISCO MARTINEZ LEON, CARLOS JOEL LICONA ERAZO, OSCAR NAHUN GUERRERO SANCHEZ, DANIEL JESUS DOMNGUEZ SOTO Y ELDER ELIEL RAMIREZ AMAYA, por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO en perjuicio de HEBLIN RAMON PADILLA ADRIANO. (Folios 01-62 del Tomo I de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha diez (10) de abril de dos mil trece (2013), el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, antes citado dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: Que debemos Condenar de responsabilidad penal del NOE FRACISCO MARTINEZ LEON, como autor responsable de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de HEBLIN RAMON PADILLA ADRIANO, ya definida y circunstanciada, a la pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION POR EL DELITO DE SECUESTRO, debiéndose computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional de la ciudad de Comayagua, departamento de la Comayagua. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos, al señor NOE FRACISCO MARTINEZ LEON, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del condenado NOE FRACISCO MARTINEZ LEON, en cuanto a que debe responder por la indemnización de los daños morales y económicos, ocasionados al señor a HEBLIN RAMON PADILLA ADRIANO en su condición de victima, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: Que debemos Absolver al señor NOE FRACISCO MARTINEZ LEON, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, conforme al artículo 332-B del código penal, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS por considerar este Tribunal que no existe prueba suficiente para condenarles por los aludidos delitos. QUINTO: Que debemos Absolver al señor CARLOS JOEL LICONA ERAZO de los delitos de SECUESTRO y PRTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de HEBLIN RAMON PADILLA ADRIANO y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, conforme al artículo 192 y 332-B del código penal, por considerar este Tribunal que no existe prueba suficiente para condenarles por los aludidos delitos. SEXTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni en gastos ocasionados por el presente juicio. SEPTIEMO: Se ordena el comiso de un teléfono celular de la marca ACE de color negro, IMEI 355065030300192 con número asignado 9556-0835 decomisado al señor NOE FRACISCO MARTINEZ LEON, para su destino respectivo.” (Folios 02-16 de la pieza del A-Quo) 3) Que las Abogadas SUYAPA YANESSI ARIAS MOLINA y EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ comparecieron ante este Tribunal en fecha dos (02) de febrero de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor NOE FRANCISCO MARTINEZ LEON, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha diez (10) de abril de dos mil trece (2013), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-22 del recurso de mérito) 4) Que en fecha doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 24 del recurso de mérito) 5) Que en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y las Abogadas SUYAPA YANESSI ARIAS MOLINA y EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ en su condición de Apoderadas Legales del Señor NOE FRANCISCO MARTINEZ LEON, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), esgrimiendo lo siguiente: El señor, NOÉ FRANCISCO MARTÍNEZ LEÓN, fue condenado a la pena de VEINTE (20) AÑOS. En el procedimiento de revisión que realice esta Honorable Sala, con base al Código Penal vigente, debe establecerse la nueva pena que la máxima seria de doce años, considerando el proceso de reinserción favorable que el señor NOÉ FRANCISCO MARTÍNEZ LEÓN ha tenido mediante la cual él ha estudiado y se graduó en el año 2015 de bachiller en ciencias y letras y en el año 2017 se graduó en bachiller en ciencias y humanidades por medio del instituto del de educación por radio en la penitenciaria, y actualmente da clases en el mismo centro, solicito que se le imponga la pena que equivalga a ONCE AÑOS SIETE MESES que es el tiempo que ha cumplido en prisión , dando como resultado la nueva pena en de prisión. Y en caso de que este tribunal considere imponerle la pena de doce años que es la máxima de este delito, que esta misma sala lo pueda dejar en libertad bajo medidas reguladoras de la libertad hasta que cumpla la pena En cuanto a la responsabilidad civil no hay ninguna objeción al cumplimiento. PETICIÓN: a) Con todo respeto pido se tenga por ratificado el recurso de revisión interpuesto a favor del imputado; b) Se pida certificación íntegra de la sentencia definitiva; c) Se declare que ha lugar el recurso de revisión con base al artículo 96 número 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, se aplique el principio de retroactividad imponiendo una pena con base al nuevo Código Penal estableciéndola en ONCE AÑOS 6 MESES Y DOS DIAS de prisión, d) Se notifique al Juzgado de Ejecución enviado la certificación respectiva, ordenando la inmediata elaboración del nuevo cómputo. La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. Esgrimiendo los siguientes argumentos: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público aprecia de los hechos probados de la sentencia sub judice, que el Tribunal Sentenciador estableció que en el presente caso los padres de la víctima realizaron el desembolso respectivo de la cantidad de 90,000.00 lempiras en una agencia bancaria, por lo que se llegó a la consumación en esa etapa de transacción a cambio de la libertad del ofendido, lo anterior de conformidad al artículo 192 del Código Penal derogado, que tipificaba el delito de SECUESTRO, el cual señalaba: Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida… En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de SECUESTRO AGRAVADO se encuentra regulado en el artículo 240, que señala: “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.- El autor logra el cumplimiento de la condición. 2)…; 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas, tal como se aprecia de los hechos probados. 4)…; 5)…; 6)...; Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Al examinar lo peticionado por el revisionista, en el presente caso concurren las agravantes antes citadas por lo que la pena a imponer será de 15 a 20 años de reclusión, de ahí, que de conformidad a la ocurrencia de los hechos, correspondería imponer la pena de 20 años de reclusión, en virtud de lo cual resulta evidente que la aplicación de la nueva Ley penal no resulta más favorable al reo, de conformidad al artículo 616 de la ley supra relacionada, cuarto párrafo, que señala: “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente código sea más favorable, cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal”; en tanto no es procedente el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República.(Folios 40-51 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Las recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Los garantistas señalan en los antecedentes: “La Constitución de la Republica establece el principio de irretroactividad de la ley a menos que sea de manera penal y la nueva ley sea más favorable al reo. La Convención Americana sobre Derechos Humano también conocida como Pacto de San José, en su artículo 9 establece el principio de legalidad y de retroactividad”. “El artículo 1 del Código Penal en su párrafo cuarto establece el principio de retroactividad, en el mismo sentido, señalando que la ley más favorable se aplicara al penado. Los artículos contendidos e en las disposiciones de dicho Código Penal, específicamente los 614, 615 y 616, nos indican el procedimiento y criterios a tomar en cuenta para aplicar la ley más favorable al imputado. En el caso por el cual fue condenado mi defendido, las consideraciones propias que se tomaron en cuenta para la imposición de la pena, así como las particulares que establecen dichos artículos no causan ningún perjuicio a la reducción que por ley le corresponde al señor NOE FRANCISCO MARTINEZ LEON” … CONSIDERANDO TRES (3): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO CINCO(5): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SEIS (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO NUEVE (9): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DIEZ (10): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor NOEL FRANCISCO MARTINEZ LEÓN fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha diez de abril del año dos mil trece, a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO en perjuicio de HEBLIN RAMOS PADILLA ADRIANO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor NOEL FRANCISCO MARTINEZ LEÓN, la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 240 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años prohibición de residencia por el doble que dure la condena. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. El sentenciado, al tenor del artículo 239 Y 240 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privo de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla, estableciendo la norma penal en el artículo 240 del vigente Código Penal que este se convierte en Secuestro Agravado si concurre una circunstancia de las establecidas en el precepto antes mencionado; agregando dicho artículo que cuando concurra dos (2) de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición,2…,3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) hora,4),5…,6…, se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso la pena mínima. Se debe imponer al encausado la pena de quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de Secuestro. IV. Es procedente aplicar el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere, la ejecución de la nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por las abogadas SUYAPA YANESSI ARIAS MOLINA y EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ, a favor del señor NOEL FRANCISCO MARTINEZ LEÓN; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, en fecha diez de abril del año dos mil trece; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor NOEL FRANCISCO MARTINEZ LEÓN, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de HEBLIN RAMÓN PADILLA ADRIANO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor NOEL FRANCISCO MARTINEZ LEÓN, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de QUINCE (15) AÑOS de prisión y prohibición de residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo ejecutando la nueva pena. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito que antecede contentivo de una petición de corrección de un error material contenido en la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós, presentado vía electrónica por las Abogadas SUYAPA YANESSI ARIAS MOLINA y EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ, en el recurso de revisión penal interpuesta por ellas, a favor del señor NOE FRANCISCO MARTINEZ LEON, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha dos de agosto de dos mil trece, en la causa que se instruyó contra el señor NOE FRANCISCO MARTINEZ LEON por el delito de SECUESTRO en perjuicio de HEBLIN RAMON PADILLA ADRIANO. CONSIDERANDO (1): Que las recurrentes solicitan la corrección del nombre del imputado en la emisión de la sentencia antes relacionada, exponiendo que: “…en vista que se dictó fallo a favor del Señor NOEL FRANCISCO MARTINEZ LEON agregándole una “L” a su primer nombre, siendo el nombre del señor NOE FRANCISCO MARTINEZ LEON por tal razón solicita que se haga la enmienda respectiva…”. CONSIDERANDO (2): Que la reglas de interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos, en consecuencia, se estima pertinente en el caso de autos, la aplicación analógica de la regla especial que rige la justicia constitucional, de formalismo moderado, contenida en el artículo 4 numeral 5 de dicha normativa, que en su parte conducente dispone: “...en la tramitación de las acciones de amparo prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los defectos procesales no impedirán la expedita sustanciación de los asuntos, las partes podrán corregir sus propios errores, siempre que fueren subsanables…”. CONSIDERANDO (3): Que al revisar las alegaciones de las recurrentes, se evidencia la existencia del error material, antes relacionado, en el preámbulo, considerando 11, considerando 12 y la parte dispositiva de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós, el cual, es subsanable por las razones antes expuestas, en tal virtud, es procedente acceder a lo solicitado por las recurrentes y enmendar la sentencia recaída en el presente recurso de revisión penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 4 numeral 5, 5, 7, 41, 45, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; RESUELVE: 1° Declarar con lugar, la solicitud de corrección de un error material contenido en la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós, presentada vía electrónica por las Abogadas SUYAPA YANESSI ARIAS MOLINA y EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ en el recurso de revisión penal de mérito; y 2° Enmendar dicha sentencia, en el único sentido, que donde dice: “NOEL FRANCISCO MARTINEZ LEON”, se debe leer: “NOE FRANCISCO MARTINEZ LEON”; Y MANDA: Que una vez firme esta resolución, se certifique la misma a la autoridad recurrida y a las recurrentes, para los efectos legales que sean pertinentes y en definitiva se archiven las presentes diligencias.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de abril de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia y resolución de fechas trece de enero de dos mil veintidós y cuatro de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0121=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.