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Sentencia RP-1167-20 — Registro 15098

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Extorsión Continuada,en perjuicio de Testigo Protegido en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...". Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora Anny Raquel Rivera Hernández, fue condenada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (LPS 646,639.13), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-R-296; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Nacional Penitenciario. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, a través de la cual se condenó a la ciudadana Anny Raquel Rivera Hernández, el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 37 y 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que la condenada cometió el delito de Extorsión Continuada. III.- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una ley intermedia, por ser la norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme, ley intermedia vigente al momento de la petición del garantista, en cuanto a rever la sentencia condenatoria penal; Debiéndose aplicar la vigente al momento de la petición formulada por el garantista, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora Anny Raquel Rivera Hernández, la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (LPS 646,639.13); así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Nacional Penitenciario, por haber sido encontrada responsable como coautora de un delito de Extorsión Continuada, en perjuicio Testigo protegido JPTP-R-296. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, relacionado con el artículo 68 en cuanto al delito continuado, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Por tratarse de un delito continuado debe castigarse con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Conforme a las disposiciones de la pena a imponer por tratarse de un delito continuado, en el caso en comento Extorsión, la pena abstracta quedaría en doce (12) años seis (6) meses a veinte (20) años de prisión y una multa mínima de 500 días, aumentada en un tercio (1/3). Como bien se indica en la audiencia de Oposición celebrada, en la sentencia que se revisa de fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia Definitiva imponiendo la pena mínima en relación a los parámetros de la pena abstracta, que por ser un delito continuado oscilaba entre veinticinco (25) a treinta y tres (33) años, cuatro (4) meses de reclusión, por ello la imputada fue condenada a la pena mínima de 25 años de reclusión y la multa establecida para el tipo penal contenido en el artículo 222 del Decreto 144-83 y sus reformas, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos, como lo peticiona el revisionista; en atención a ello, los días multa a criterio de este Tribunal de Justicia, se deben imponer a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día. La comparativa de penas entre las tres legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la norma penal vigente, o ley intermedia al momento de la petición de revisión penal, Decreto 130-2017, preveía sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado y las contenidas en el Decreto 93-2021 vigente a partir del 2 de noviembre del año 2021, según lo dispuesto en el artículo 11 del referido decreto, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley intermedia en favor de la señora Anny Raquel Rivera Hernández. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 68, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado SERGIO GARIBALDI ALBIR FERRERA, a favor de la señora ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-R-296, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA a la pena de DOCE (12) AÑOS, SEIS (6) MESES DE PRISIÓN y MULTA DE SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (666) DÍAS, a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-R-296, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado SERGIO GARIBALDI ALBIR FERRERA, a favor de la señora ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se condenó a la señora ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-R-296. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince de octubre del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Wendy Xiomara Pineda, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de las señoras Anny Raquel Rivera Hernández, Idalmy Selenia Rojas Sarmiento y Gabriela Mercedes Romero Castro, por suponerlas responsables de la comisión del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido con clave “R-296”. (Folios del 1-6 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia definitiva mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Debemos condenar y condenamos por Unanimidad de votos a las señoras ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ, IDALMI SELENIA ROJAS SARMIENTO Y GABRIELA MERCEDES ROMERO CASTRO cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautoras responsables del delito consumado de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO JPTP-R-296 a la pena principal de VEINTICINCO AÑOS de reclusión y multa de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (LPS 646,639.13) para cada una de las encausadas. La pena de reclusión deberán cumplirla en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) debiéndose computar la misma desde el día en que fueron detenidas o privadas de su libertad de manera efectiva y la pena de multa la deberán enterarla en la Tesorería General de la República. SEGUNDO: como consecuencia de la condena de reclusión, se condena a las señoras ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ, IDALMI SELENIA ROJAS SARMIENTO y GABRIELA MERCEDES ROMERO CASTRO a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, en la forma señalada en esta Sentencia; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Nacional Penitenciario. TERCERO: Debemos declarar y declaramos la responsabilidad Civil de las condenadas ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ, IDALMI SELENIA ROJAS SARMIENTO y GABRIELA MERCEDES ROMERO CASTRO la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta Sentencia, en el Juzgado de Ejecución correspondiente. CUARTO: No procede la condena de las acusadas, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procede declarar el comiso de ningún objeto relacionado con el delito, en virtud de no haberlo solicitado ninguna de las partes. SEXTO: Que se notifique la presente Sentencia a las partes procesales y una vez que adquiera el carácter de firme, que se remitan sus antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, que se libre copia certificada de la misma a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial así como al Centro Penitenciario donde se encuentran recluidas las señoras ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ, IDALMI SELENIA ROJAS SARMIENTO y GABRIELA MERCEDES ROMERO CASTRO para los efectos legales correspondientes.” (Folios 173-181 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que, el Abogado Sergio Garibaldi Albir Ferrera, compareció ante este Tribunal, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veinte (2020), presentando recurso de revisión penal a favor de la señora Anny Raquel Rivera Hernández, contra la sentencia relacionada en el numera que antecede, solicitando se aplique retroactivamente las disposiciones del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), que establece una pena más favorable para su representada. (Folios del 1—7 de los autos) 4) Mediante providencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil veintiuno, este Tribunal habiendo recibido los antecedentes, ordena citar a las partes para audiencia que se celebrará el día jueves veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), a las ocho de la mañana con cincuenta minutos (8:50 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, omitiéndose la opinión del Fiscal del Despacho en virtud de ser parte en el proceso. (Folio 37 de los autos) 5) En fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Sergio Garibaldi Albir Ferrera, en su condición de Apoderado Legal de la señora Anny Raquel Rivera Hernández; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Mi representada ANNY RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, fue CONDENADA, mediante sentencia Definitiva dictada el veintiséis (26) de Marzo del 2019, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a cumplir la Pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-R-296, más las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el mismo tiempo que dure su condena, también al pago de una multa de Ochenta y Tres punto Treinta (83.33) salarios mínimos, pena que comenzó cumplirse el día de su detención ocurrida el CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, estando en prisión por ya casi CINCO AÑOS, sentencia que tiene carácter de firme. Honorables Magistrados, la condena a mi representada se efectuó en el marco de la Ley vigente en ese momento, o sea el Código Penal decreto 144-83 y sus reformas, que estipulaba el Tipo Penal de EXTORSIÓN, que literalmente decía: ARTÍCULO 222: Comete el delito de extorsión e incurrirá en la pena de 15 como pena mínima a 20 años como pena máxima, quien usando amenazas, violencia o intimidación para obtener para sí, para su organización delictiva dinero u otros bienes, obligare a una persona, a un grupo de personas o a una persona jurídica o… Con la entrada en vigencia del Decreto número 130-2017, en fecha 25 de junio del 2020, contentivo del CÓDIGO PENAL VIGENTE y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,940 en fecha diez de mayo del año dos mil diecinueve, se deroga el decreto 144-83 y sus reformas, y se establece un nuevo tipo penal del delito de EXTORSIÓN, contemplado en el artículo número 373 de dicho decreto, que literalmente dice: ARTÍCULO 373.- EXTORSIÓN. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio… Siendo que el artículo 373 del Código Penal Vigente, y de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional en los artículos 1, 3 #4, 95, 96 #8, 101 # 3 y 4, y 106, le es aplicable por estar conforme con la RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL y se debe mantener EL MISMO CRITERIO RESPECTO A LA DETERMINACIÓN DE LA PENA, dentro del rango de pena establecida en la legislación penal vigente como norma más favorable, DE LA MISMA MANERA QUE LO CONCIBIÓ EL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN como TRIBUNAL SENTENCIADOR. Según el Código Penal Vigente, el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, a la pena es de TRECE (13) AÑOS TRES (3) MESES A VEINTE (20) AÑOS de reclusión como pena abstracta, lo cual constituye la esencia misma del principio de RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL, habida cuenta el ámbito temporal de validez de la ley penal, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, de igual manera, considerando el Código Penal vigente, como NORMA MÁS FAVORABLE, se le deberá aplicar a mi mandante LA PENA MINIMA DE TRECE (13) AÑOS TRES (03) MESES, de reclusión, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, como pena principal… El Ministerio Público consideró: … Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique..." El recurrente solicita en representación de la condenada ANNY RAQUEL RIVERA HERNANDEZ se aplique retroactivamente la nueva legislación penal vigente por ser esta más benigna. Que se establezca la nueva pena y se emita el computo correspondiente tomando en cuenta que la pena por el delito de EXTORSIÓN es de DIEZ (10) A QUINCE (15) años y multa de quinientos 500 a mil 1000 días, por lo que se le deberá imponer a su representada la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSION. De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes a los delitos por el cual se condenó al hoy imputado: En el Código Penal derogado el delito de EXTORSIÓN se encontraba regulado en el artículo 222, el cual dispone lo siguiente: "Comete el delito de EXTORSIÓN quien con violencia o intimidación y animo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las que las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados, en relación con el 37 del mismo texto Legal que establecía el aumento de 2/3 a la pena del delito continuado, resultando en una pena de veinticinco (25) años de reclusión a treinta y tres (33) años cuatro (4) meses de reclusión y multa de 83.33 salarios mínimos. En el Nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) con relación al delito de EXTORSIÓN se encuentra regulado en el Artículo 373: EXTORSIÓN. Quien, violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Asimismo, el Nuevo Código Penal Vigente el delito continuado se encuentra regulado en el artículo 68. DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Y en el artículo 53, dispone: PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). De las normas transcritas, se extrae que en el Nuevo Código Penal el delito de extorsión contempla una pena de 10 a 15 años de reclusión, la cual, por la aplicación del delito continuado que establece que la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en tercio (1/3), de lo cual resulta una pena de 12.6 a 20 años de reclusión, de acuerdo a la regla establecida en el artículo 69 numeral 1 del nuevo Código Penal; asimismo este ilícito penal contempla una pena de multa por la cual la señora ANNY RAQUEL RIVERA HERNANDEZ también debe ser condenada a pagar una multa entre quinientos (500) días, aumentada en un tercio (1/3), tal como lo contempla el delito continuado, el cual queda seiscientos sesenta y siete (667) días, a un valor no menor de veinte (L.20.00) lempiras por día, ni mayor de cinco mil lempiras (L.5000.00), conforme lo dispuesto en el artículo 53 del referido Código… OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados… (Folios del 48-52 de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala que en el caso que nos ocupa, resulta evidente que en el Código Penal contenido en el Decreto 130-2017 de reciente vigencia, se establece un tratamiento mas favorable para la persona que cometa el delito de Extorsión, puesto que el rango de la pena abstracta para dicho tipo penal es prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o intimidación realizados. Que es el caso de su representada, ya que fue condenada con la pena mas alta por la continuidad en el delito; en comparación con el rango de pena abstracta mas alta que establecía en la reforma del Código Penal, era de reclusión de quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, mas 2/3 por la agravante establecida en el artículo 37 del Código Penal. Razón por la cual, es imperativo que la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, proceda a revisar oficiosamente esta sentencia condenatoria y aplique a su patrocinada el mismo tratamiento respecto a la determinación de la pena, dentro del rango de pena establecida en la legislación penal vigente como norma más favorable, de la misma manera que lo concibió el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas, se celebró en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Sergio Garibaldi Albir Ferrera, como garantista a favor de la ciudadana Anny Raquel Rivera Hernández y la abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al abogado Sergio Garibaldi Albir Ferrera, quien expuso: Siendo que el artículo 373 del Código Penal vigente y de acuerdo a la Ley de justicia Constitucional en los artículos 1, 3.4, 95, 96.8, 101.3.4 y 106, le es aplicable por estar conforme con la retroactividad de la ley penal y se debe mantener el mismo criterio respecto a la determinación de la pena, dentro del rango de pena establecida en la legislación penal vigente como norma mas favorable, de la misma manera que lo concibió el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, como tribunal sentenciador. Según el Código Penal vigente, el delito de Extorsión Continuada, a la pena de trece (13) años (3) meses a veinte (20) años de reclusión como pena abstracta, lo cual constituye la esencia misma del principio de retroactividad de la ley penal, habida cuenta el ámbito temporal de validez de la ley penal, por el delito de Extorsión Continuada de igual menara considerando el Código Penal vigente como norma mas favorable. Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea quien hizo uso de la palabra, expresando de las normas transcritas, se extrae que en el nuevo Código Penal el delito de Extorsión contempla una pena de 10 a 15 años de reclusión, la cual por la aplicación del continuado que establece que la pena señalada para la infracción mas grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), de lo cual resulta una pena de 12.6 a 20 años de reclusión, de acuerdo a la regla establecida en el artículo 69 numeral 1 del nuevo Código penal; asimismo este ilícito penal contempla una pena de multa por la cual la señora Anny Raquel Rivera Hernández también debe ser condenada a pagar una multa entre quinientos (500) días, aumentada en un tercio (1/3), tal como lo contempla el delito continuado, el cual queda en seiscientos sesenta y siete (667) días, a un valor no menor de veinte (L.20.00) lempiras por día, ni mayor de cinco mil lempiras (L. 5000.00), conforme lo dispuesto en el artículo 53 del referido Código. CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal creado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado….” CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, la señora Anny Raquel Rivera Hernández, fue condenado mediante sentencia definitiva dictada en fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, por el delito de Extorsión Continuada, tipificado en los Artículos 222 y 37 de la norma derogada[5] que disponían en su orden: Artículo 37 “Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como uno solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos (2/3) tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si le resulta más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. Lo prescrito en la última parte del segundo párrafo de este Artículo y en el párrafo anterior, será aplicable a lo estatuido en el Artículo 36”. Artículo 222[6] “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencias y con el fin de obtener para si o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligue a una persona natural o jurídica a: 1. Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2. Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; 3. Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá una pena de reclusión de 15 a 20 años y multa de 50 salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito, se le da muerte a la víctima, a su conyugue o compañero (a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable, la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considerará un delito de crimen organizado”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 373 el delito de Extorsión el que dispone: Artículo 373. “Extorsión. Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. El Delito Continuado y Delito Masa se encuentra regulado en el artículo 68 el que textualmente dispone: “Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3)…”. CONSIDERANDO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (10): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisionomía normativa. Para el jurista René Suazo Lagos[10] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[11]. CONSIDERANDO (11): Que en el caso sub júdice, el peticionario Abogado Sergio Garibaldi Albir Ferrera, compareció ante este Alto Tribunal en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veinte (2020), presentando recurso de revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley mas benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representada la señora Anny Raquel Rivera Hernández, fue condenada por el delito de Extorsión Continuada estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena mas benigna para el delito de Extorsión a saber: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días- relacionado con el artículo 68 de la misma norma que contiene las disposiciones relativas al delito continuado y delito masa. No obstante, a ello en el ínterin de la petición del recurso de revisión penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[12], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión a saber: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso en estudio nos encontramos ante la situación de la promulgación de una ley mas benigna que no se encuentra vigente el momento de dictar sentencia, ello es así pues la señora Anny Raquel Rivera Hernández, fue condenada por el delito de Extorsión Continuada, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena mas benigna para el delito de Extorsión, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora Anny Raquel Rivera Hernández, fue condenada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (LPS 646,639.13), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-R-296; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Nacional Penitenciario. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, a través de la cual se condenó a la ciudadana Anny Raquel Rivera Hernández, el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 37 y 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que la condenada cometió el delito de Extorsión Continuada. III.- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una ley intermedia, por ser la norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme, ley intermedia vigente al momento de la petición del garantista, en cuanto a rever la sentencia condenatoria penal; Debiéndose aplicar la vigente al momento de la petición formulada por el garantista, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora Anny Raquel Rivera Hernández, la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (LPS 646,639.13); así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Nacional Penitenciario, por haber sido encontrada responsable como coautora de un delito de Extorsión Continuada, en perjuicio Testigo protegido JPTP-R-296. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, relacionado con el artículo 68 en cuanto al delito continuado, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Por tratarse de un delito continuado debe castigarse con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). Conforme a las disposiciones de la pena a imponer por tratarse de un delito continuado, en el caso en comento Extorsión, la pena abstracta quedaría en doce (12) años seis (6) meses a veinte (20) años de prisión y una multa mínima de 500 días, aumentada en un tercio (1/3). Como bien se indica en la audiencia de Oposición celebrada, en la sentencia que se revisa de fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia Definitiva imponiendo la pena mínima en relación a los parámetros de la pena abstracta, que por ser un delito continuado oscilaba entre veinticinco (25) a treinta y tres (33) años, cuatro (4) meses de reclusión, por ello la imputada fue condenada a la pena mínima de 25 años de reclusión y la multa establecida para el tipo penal contenido en el artículo 222 del Decreto 144-83 y sus reformas, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos, como lo peticiona el revisionista; en atención a ello, los días multa a criterio de este Tribunal de Justicia, se deben imponer a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día. La comparativa de penas entre las tres legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la norma penal vigente, o ley intermedia al momento de la petición de revisión penal, Decreto 130-2017, preveía sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado y las contenidas en el Decreto 93-2021 vigente a partir del 2 de noviembre del año 2021, según lo dispuesto en el artículo 11 del referido decreto, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley intermedia en favor de la señora Anny Raquel Rivera Hernández. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 68, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado SERGIO GARIBALDI ALBIR FERRERA, a favor de la señora ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ, por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-R-296, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora ANNY RAQUEL RIVERA HERNÁNDEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA a la pena de DOCE (12) AÑOS, SEIS (6) MESES DE PRISIÓN y MULTA DE SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (666) DÍAS, a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-R-296, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. - NOTIFÍQUESE.-FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-1167-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[5] Código Penal. Decreto 144-83; publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,264 de fecha 12 de marzo de 1984 y vigente a partir del 12 de marzo de 1985.

[6] Reformado mediante Decreto Legislativo 16-2012 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 32,798 de fecha 18 de abril del año 2012.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.

[11] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.

[12] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.