Sentencia RP-1156-20 — Registro 15336
Resumen
Acto recurrido contra la sentencia del a-quo, con relación a la causa que se instruyó por el delito de Estafa. en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"..." L a comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación”. Sumado a esto se debe tomar en cuenta la gravedad expresada al importe de lo defraudado, la pérdida económica causada al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, como circunstancias para valorar la gravedad de la infracción. Por lo tanto, se le tendría que imponer a la encausada una pena por encima de la mitad superior, pena que llegaría a igualar la pena impuesta con anterioridad. III. Que la comparativa del quantum de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la sustanciación del Código Penal vigente no representa sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al Código Penal Decreto 144-1983, derogado, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por consiguiente, no procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil veintidós. -VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado KEVIN WILFREDO VASQUEZ HERNANDEZ, a favor de la señora YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil quince (2015), con relación a la causa que se instruyó contra la señora YAMELI ORVELINA FLORES ENRIQUEZ, por el delito de ESTAFA en perjuicio de la señora TOMASA HERNANDEZ RIVERA.-ANTECEDENTES :1) Que en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de Gracias del departamento de Lempira, la Abogada LILYAN MELISA ACOSTA MOLINA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora YAMELI ORVELINA FLORES ENRIQUEZ, por suponerla responsable a Titulo de Autor de la Comisión del delito de ESTAFA, en perjuicio de la señora TOMASA HERNANDEZ RIVERA. (Folios 01 al 06 de pieza del Juzgado).-2) Que, seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil quince (2015), el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, DECIDE: PRIMERO: ABSOLVER de toda responsabilidad penal a LUIS ALFREDO MIRANDA por el delito de ESTAFA, en perjuicio de TOMASA HERNANDEZ RIVERA, por el que fue acusado. SEGUNDO: CONDENAR, a YAMELI ORVELIN FLORES HENRIQUEZ, como autor responsable materialmente de un delito consumado de ESTAFA en perjuicio de TOMASA HERNANDEZ RIVERA, a la pena de SEIS AÑOS (6) DE RECLUSION, y al pago de una MULTA DE NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (1.9234.51) la que equivale al diez por ciento (10%) de lo defraudado, que deberá enterar la condenada YAMELY ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, a la Tesorería General de la Republica como pena principal; la pena reclusión deberá cumplirla en La Penitenciaria Nacional de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según el régimen penitenciario, debiendo abonársele el tiempo que ha permanecido privado de su libertad por esta causa. TERCERO: CONDENAR, a YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTAS e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la pena de reclusión. CUARTO. - Se declara a la condenada YAMELY ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, responsable civilmente de la reparación de los daños materiales y morales y de la compensación de los gastos ocasionados por el delito por el que hoy se le condena. QUINTO: Sin COSTAS. SEXTO: No se procede el COMISO. SEPTIMO: Una vez firme la presente sentencia que se remita junto con sus antecedentes al Juzgado de Ejecución de esta sección judicial para que surta los respectivos efectos; asimismo que se libre copia certificada de esta sentencia al señor director del respectivo centro penitenciario. (Folios 325 al 335 de la pieza del Juzgado.)-3) Que el recurrente, Abogado KEVIN WILFREDO VASQUEZ HERNANDEZ, vía correo electrónico interpuso recurso de revisión penal ante este Tribunal, en fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, a favor de la señora YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, contra la sentencia condenatoria en veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil quince (2015), dictada por Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira.-4) Que en fecha catorce (14) de abril del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.-5) Que en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado KEVIN WILFREDO VASQUEZ HERNANDEZ, en su condición de Apoderado Legal de la señora YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE DENIEGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. (Folios 18 al 21 del recurso de mérito).- CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].- CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en el primer párrafo de los antecedentes “Mi representada fue condenada a seis años de reclusión, con el Código Penal ya derogado, y la pena impuesta en el nuevo Código Penal (decreto 130-2017) su pena mayor no excede de 4 años. Es por tanto que solicito el Recurso de Revisión de una pena, en vista de que YAMELY ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, goza del principio constitucional de Retroactividad”.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día veintitrés de septiembre del año dos mil veintiuno, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado KELVIN WILFREDO VASQUEZ HERNANDEZ, quien actúo en representación de la señora YAMELY ORVELINA FLORES HENRIQUEZ y la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra al abogado KELVIN WILFREDO VASQUEZ HERNANDEZ, expuso: “Ratifico el recurso de revisión de una pena por el principio de retroactividad de la ley penal en vista de la entrada en vigencia del nuevo código penal, a favor de la señora YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ quien comete estafa en perjuicio de la señora TOMASA HERNANDEZ, delito que se encuentra estipulado en el artículo 365 acápite número dos, el cual dice que debe de ser castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años si el valor de lo defraudado excede de cinco mil lempiras, en este caso su señoría mi representada fue condenada a seis años de reclusión con el Código Penal ya derogado y la pena impuesta en el nuevo Código Penal, Decreto 130-2017, su pena mayor no excede de 4 años; por lo tanto, se solicita el recurso de revisión de una pena, en vista que mi representada goza del beneficio constitucional de retroactividad tal como lo establece la Carta Magna en su artículo 96; asimismo solicito que se habilite a mi representada para que pueda laborar como maestra, en vista de que en el nuevo Código Penal, decreto 130-2017, articulo 44, en uno de sus acápites manifiesta que se impondrá dicha medida accesoria de inhabilitación especial siempre que haya tenido una relación directa con el delito cometido, lo cual es ajeno ya que es una maestra de educación y que trabaja para la Secretaria de Educación solicitamos también se le pueda habilitar para que vaya a trabajar.” Seguidamente se le cedió el uso de la palabra a la agente fiscal quien manifestó: “En fecha veinticuatro (24) de Noviembre del año dos mil quince (2015), el Tribunal de Sentencia de la ciudad la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, dictó Sentencia Condenatoria, contra la señora YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ, por el delito de ESTAFA, en perjuicio de la señora TOMASA HERNÁNDEZ , a una pena de 6 años de reclusión y al pago de una multa de Nueve mil doscientos treinta y cuatro Lempiras con cincuenta y un centavos (L.9,234.51), la que equivale al 10% de lo defraudado, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil.” “Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha veinticuatro (24) de Noviembre del año dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representada es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…,5)…, 6) … 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,…” relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal” .- CONSIDERANDO CINCO (5): Como conclusión el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de ESTAFA por el cual se condenó a la hoy imputada YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ. En el Código Penal derogado el delito de ESTAFA estaba regulado en el Artículo 241 que señalaba: El delito de Estafa será sancionado: 1)…2). Con cuatro (4) a siete (7) años de reclusión, si la cuantía supera los cinco (L.5, 000.00) y no excede de cien mil lempiras (L. 100.000.00); por lo que el Tribunal sentenciador, tomando en cuenta que el valor del inmueble objeto del juicio es de L. 92,345.12, cantidad que supera los L.5, 000.00 y además estimó la existencia de la agravante contenida en el artículo 27 numeral 24 y los antecedentes personales de la acusada, impuso una pena de 6 años de reclusión. En el Código Penal Vigente, el delito de ESTAFA se encuentra regulado en el artículo 365, que señala: ESTAFA. Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno…. El delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado, excede de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). Por otra parte, el ARTÍCULO 366 dispone: AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas previstas en este capítulo se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) Los hechos recaen sobre cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, de titularidad pública o privada o a la vivienda; tal como acontece en el presente caso, pues de los hechos probados se desprende que la hoy condenada, valiéndose de las circunstancias contenidas en dicho penal, indujo a la ofendida a firmar el traspaso de su vivienda a favor del señor Luis Alfredo Miranda” 2)…; 3) Los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada. “El valor del inmueble objeto del juicio es de L. 92,345.12” En el caso de concurrir dos o más de las circunstancias anteriores las penas se podrán incrementar hasta en dos tercios (2/3). Asimismo, el artículo 53 del Nuevo Código Penal, dispone. PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). De las normas transcritas, se extrae que en el nuevo Código Penal el delito de ESTAFA contempla una pena de 2 a 4 años de reclusión la cual debe ser aumentada en dos tercios (2/3) por concurrir las 2 agravantes antes descritas, por lo que de conformidad a la regla establecida en el artículo 69 numeral 1 del nuevo Código Penal, resulta una pena de 4 a 6 años 8 meses de reclusión. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, en tanto no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE DENIEGUE la presente acción de revisión.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor.- CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. -CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. - CONSIDERANDO ONCE (9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualizan los concretos hechos de estatuidos en la sentencia, y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en el cuerpo normativo derogado y la nueva norma penal, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO ONCE (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ fue condenada por el Tribunal de Sentencia de Gracias Lempiras, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, a la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSION y MULTA DE NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LMEPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L. 9,234.51) por el delito de ESTAFA en perjuicio de TOMASA HERNANDEZ RIVERA; así como las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 240,241 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la condenada cometió el delito de Estafa. III- Esta Sala considera que el caso puesto en revisión no encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto la pena establecida en el nuevo código penal para el delito cometido por la encausada, no representa una pena más benigna, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora YAMELI OREVELINA FLORES HENRIQUEZ, la pena principal de SEIS AÑOS DE RECLUSION y MULTA DE NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L. 9,234.51) por el delito de ESTAFA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I- Analizando el concreto hecho establecido en el folio 327 de la pieza del juzgado, concluimos que la conducta por la que fue condenada la imputada encuadra en la conducta descrita en el artículo 365.- ESTAFA. Que dice: “Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno” … El delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Para la determinación de la pena en estos delitos se debe atender al importe de lo defraudado, la pérdida económica causada al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por el reo y cualesquiera otras circunstancias similares que sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Encontrándose en los concretos hechos dos agravantes especificas establecidas en el artículo 366 que literalmente expresa: “Agravantes Específicas. Las penas previstas en este capítulo se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) Los hechos recaen sobre cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, de titularidad pública o privada o a la vivienda;2) … 3) Los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada;4… 5) … 6) … En el caso de concurrir dos o más de las circunstancias anteriores las penas se podrán incrementar hasta en dos tercios (2/3). Con estas circunstancias la nueva pena abstracta seria de 4 años a 6 años con 8 meses. II. En el examen de la sentencia que es objeto de revisión se verifica en su fundamentación, que la encausada fue condenada a la pena media hacia arriba, atendiendo dichos parámetros de la pena media, la nueva pena seria de 5 años 4 meses a 6 años 8 meses y siguiendo los criterios de la sentencia, y los criterios para determinar la ley más favorable establecidos en el artículo 616 del Código Penal Decreto 130-2017 que especifica “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación”. Sumado a esto se debe tomar en cuenta la gravedad expresada al importe de lo defraudado, la pérdida económica causada al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, como circunstancias para valorar la gravedad de la infracción. Por lo tanto, se le tendría que imponer a la encausada una pena por encima de la mitad superior, pena que llegaría a igualar la pena impuesta con anterioridad. III. Que la comparativa del quantum de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la sustanciación del Código Penal vigente no representa sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al Código Penal Decreto 144-1983, derogado, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por consiguiente, no procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado KELVIN WILFREDO VASQUEZ HERNANDEZ, a favor de la señora YAMELI ORVELINA FLORES HENRIQUEZ; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de Agosto del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1156-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.