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Sentencia RP-1107-20 — Registro 14637

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia condenatoria del a-quo, con relación a la causa instruida contra el impetrante por los Delitos de Violación especial y Adquisición de Vehículo Robado. en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias en relación a los fundamentos de derecho de la sentencia, donde se impuso la pena mínima al encausado y siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de nueve años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión por el delito de Violación y se debe imponer la pena de dos años de prisión por el delito de Hurto Y Robo De Uso De Vehículo Automotor. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JAVIER JACOBO BARRERA RAMOS de una norma vigente que le resulta más benigna V. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAUL ALBERTO RIVERA PERDOMO, a favor del señor JAVIER JACOB BARRERA RAMOS, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha nueve de febrero de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor JAVIER JACOB BARRERA RAMOS, por los delitos de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la joven O. M. R. C. y ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de la señora DELMY LISSETT ESCOBAR ENAMORADO.-ANTECEDENTES:1)Que en fecha veintinueve de julio de dos mil doce, el Abogado VIRGILIO FRANCISCO CARIAS GOMEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JAVIER JACOB BARRERA RAMOS, por suponerlo responsable a Titulo de Autor de VIOLACION ESPECIAL en perjuicio de la joven O. M. R. C. y ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de la señora DELMY LISSETT ESCOBAR ENAMORADO. (Folios 01 al 03 de la primera pieza de los antecedentes.).-2) Que en fecha nueve de febrero de dos mil quince, el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; FALLA: “PRIMERO: Que CONDENAMOS al señor CLAUDIO DENIS ORDOÑEZ VIGIL, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, por la comisión del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la joven O. M. R.…. SEGUNDO: Que CONDENAMOS al señor JAVIER JACOB BARRERA RAMOS, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, por la comisión del delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la joven O. M. R. C.… TERCERO: Que CONDENAMOS al señor JAVIER JACOBO BARRERA RAMOS, a la pena principal de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSION, por la comisión del delito de ADQUISION DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de la señora DELMY LISSETT ESCOBAR ENAMORADO…. CUARTO: El condenado JAVIER JACOBO BARRERA RAMOS, deberá cumplir las penas de reclusión correspondientes a los dos delitos por los que fue condenado, una en pos de otra, principiando por la de mayor pena o sea l señalada por el delito más grave. QUINTO: De igual manera se le condena a las penas accesorias de INAHBILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure las penas principales. SEXTO: Se declara al condenado, responsable civilmente. SEPTIMO: No procede la Condena en costas procesales, personales no gastos ocasionados por el juicio. OCTAVO: No procede el comiso por no haberse puesto a la orden pieza de convicción o ejecución alguna. (Folios 235 al 244 de los antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha once de diciembre de dos mil veinte, esta Sala de lo Constitucional, recibió, recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado RAUL ALBERTO RIVERA PERDOMO, a favor del señor JAVIER JACOB BARRERA RAMOS, contra la sentencia en fecha nueve de febrero de dos mil quince, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; fundamentando su acción en los artículos 96 y 101, de la Ley de Justicia Constitucional; 1, 80, 96, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República .-4) Que en fecha quince de abril de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 6 del recurso de mérito).-5) Que en fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAUL ALBERTO RIVERA PERDOMO, en su condición de apoderado legal del señor JAVIER JACOB BARRERA RAMOS; y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público fue de la opinión porque se OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. Arguyendo lo siguiente: Al examinar lo peticionado por el revisionista, cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efecto retroactivo, conforme lo proclama el articulo 96 de la constitución. Que del examen de los antecedentes se aprecia que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes condeno al señor JAVIER JACOBO BARRERA quien fue condenado por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de O. M. R. a una pena de quince años de reclusión por otra parte el actual Código Penal aprobado mediante decreto 130-2017 dispone en su artículo 249 que el delito de Violación Especial debe ser castigado con una pena de nueve a trece años de reclusión, que deberá ser aumentada un tercio (1/3) por concurrir la agravante especifica del articulo 255 numeral 5 que refiere ”Cuando los hechos se comentan por la actuación conjunta de dos o más personas”. Resultado una pena de trece años a diecisiete años con cuatro meses de reclusión. Además, el señor JAVIER JACOBO BARRERA fue condenado por el delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de la señora DELMY LISSET ESCOBAR ENAMORADO a una pena de nueve años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación e interdicción civil . Se revisan ambas leyes penales en relación a este delito, el cual en el Código derogado estaba regulado En el artículo 218 Del cual establecida una pena de nueve a doce años. En el nuevo Código dicho delito está regulado articulo 364 HURTO Y ROBO DE USO DE VEHICULO AUTOMOTOR: Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Al examinar el fallo sub-judice, y de conformidad a las normas transcritas las penas a imponer en el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL son de trece a diecisiete años cuatro meses de prisión y por el delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO es de dos a cuatro años de prisión, resultado estas disposiciones más favorables. (Folios 16 al 20 del recurso de mérito).-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO DOS (2): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en su petición: “Es imperativo que esta honorable sala de lo Constitucional revise oficiosamente esta sentencia condenatoria y aplique a mi patrocinado la pena mínima establecida en la legislación penal vigente, como norma más favorable lo cual constituye, esencia misma de la retroactividad de la penal más favorable.”-CONSIDERANDO TRES (3):El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. […] El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.-CONSIDERANDO CINCO(5): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.-CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO NUEVE (9): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JAVIER JACOBO BARRERA RAMOS fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha nueve de febrero del año dos mil quince, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure las penas principales y fue condenado a la pena de NUEVE AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHICULO en perjuicio de LISETT ESCOBAR ENAMORADO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure las penas principales. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 140 Y 218 d; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Violación Especial y Adquisición de Vehículos Robados. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JAVIER JACOBO BARRERA RAMOS la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la pena principal, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de O. M. R. C.; Y fue condenado a la pena de NUEVE AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHICULO en perjuicio de LISETT ESCOBAR ENAMORADO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure las penas principales. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en cuanto al delito de Violación Especial, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. (Artículo 140) y el Código Penal vigente Decreto 130-2017. Establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. (Artículo 249). Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. En cuanto al delito de Adquisición De Vehículo Robado el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, establecía una pena abstracta de la pena de nueve (9) a doce (12) años, (Artículo 218 D); y el Código Penal vigente Decreto 130-2017. Establece para la misma conducta delictiva con el nomen iuris de Hurto Y Robo De Uso De Vehículo Automotor la pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años de prisión (Articulo 364). Ponderando el quantum de la pena, en cuanto a este delito, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. III- En el examen de los concretos hechos estampados en el expediente de Revisión (específicamente en el folio 23), estos encuadran en el artículo 249 del Código Penal Vigente que expresamente dice: Violación: “Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia o intimidación; 2)… 3)…. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión”. Así mismo encuadran en el artículo 364 que literalmente dice: Hurto Y Robo De Uso De Vehículo Automotor. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. IV. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias en relación a los fundamentos de derecho de la sentencia, donde se impuso la pena mínima al encausado y siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de nueve años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión por el delito de Violación y se debe imponer la pena de dos años de prisión por el delito de Hurto Y Robo De Uso De Vehículo Automotor. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JAVIER JACOBO BARRERA RAMOS de una norma vigente que le resulta más benigna V. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAÚL ALBERTO RIVERA PERDOMO, a favor del señor JAVIER JACOBO BARRERA RAMOS; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, en fecha diecisiete de enero del año dos mil veinte; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JAVIER JACOBO BARRERA RAMOS, por el delito VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de O. M. R. C., la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JAVIER JACOBO BARRERA RAMOS, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de VIOLACIÓN a la pena de NUEVE AÑOS de prisión y prohibición de residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito o aquel en que resida la víctima o su familia y prohibición de aproximarse a la víctima, por el doble del tiempo de la pena de prisión. Mas las penas accesorias correspondientes. SEGUNDO: CONDENANDO al señor JAVIER JACOBO BARRERA RAMOS, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR a la pena de DOS AÑOS de prisión. Mas las penas accesorias correspondientes. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. Redactó la Magistrada Reina Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1107-2020 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.