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Sentencia RP-1094-20 — Registro 14647

Resumen

Acto recurrido mediante el cual se condenó al impetrante, con relación a la causa que se le instruyó por el delito de Extorsión

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Por lo cual es patente que con el nuevo Código Penal existe una penalización más benigna para el imputado. Como conclusión, la pena establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 resulta más benignas que la estatuida en el Código Penal decreto 144-1983, derogado, (Artículo 222) e impuesta en la sentencia en Revisión II. Que al analizar la sentencia que hoy es objeto de Revisión esta Sala constata que el señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ, se sometió al Procedimiento Abreviado, por lo cual su pena fue rebajada en un cuarto (1/4) según lo establecido en el artículo 404 del Código Procesal Penal que señala en su párrafo cuarto que “Cumplido lo prescrito en el párrafo primero de dicho artículo el Juez dictará sentencia, imponiendo las penas que correspondan, rebajadas en un cuarto (1/4)”. Aplicando el Juez sentenciador en aquel momento una pena concreta de once (11) años tres (3) meses y una multa de treinta y siete puntos cinco (37.5) salarios mínimos por el delito de EXTORSIÓN. En este caso concreto haciendo uso de identidad de circunstancias, al encausado se le debe imponer por el delito de EXTORSIÓN la pena concreta de siete (7) años con seis meses de prisión y una pena de multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de veinte lempiras por día. IV. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente o ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional que se proceda a emitir un nuevo computo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna..." ..." Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de marzo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de revisión Penal interpuesto por la Abogada HELEN ROXANA ESPINOZA PEREZ a favor del Señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa que se instruyó contra el Señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-416 AB-41. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de octubre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada ELSY ANDINO, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el Señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-416 AB-41. (Folios 01-04 de la pieza del A-Quo) 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado antes citado en Audiencia de Procedimiento Abreviado dictó Sentencia Condenatoria mediante la cual Resolvió: (SIC): “Por admitida la solicitud de Procedimiento Abreviado, juntamente con los documentos que lo acompañan, misma que reúne los requisitos establecidos en el artículo 403 del Código Procesal Penal. - 1). SE CONDENA a HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ, a título de autor por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB416, a sufrir una pena de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSION, más las penas accesorias de INHABILITACION ABOSLUTA e INTERDICCION CIVIL por todo el tiempo que dure la pena principal. - 2). Se impone la MULTA de 37.5 SLARIOS MINIMOS. - 3) Se revoca la Medida Cautelar consignadas en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal, y se enviara nota al director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara para informarle al respecto y a su vez que sea trasladado al Módulo de Sentenciados de dicho centro penitenciario.” (Folios 120-121 de la pieza del A-Quo) 3) Que la Abogada HELEN ROXANA ESPINOZA PEREZ compareció ante este Tribunal en fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018), fundamentando su acción en el artículo 96 numeral 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01-05 del recurso de mérito) 4) Que en fecha seis (06) de agosto de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 11 del recurso de mérito) 5) Que en fecha ocho (08) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada HELEN ROXANA ESPINOZA PEREZ en su condición de Apoderada Legal del Señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), la representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. Arguyendo lo siguiente: De lo expuesto por el revisionista, se procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes a los delitos por el cual se condenó al hoy imputado: En el Código Penal derogado de Extorsión, se encontraba en el artículo 222 con una pena de quince años a veinte años y multa de cincuenta salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan. En el Código Penal vigente (decreto 130-2017), reformado mediante decreto 93-2021, establece su artículo 4 reformar el artículo 373, que regula la figura penal de EXTORSION, y lo sanciona con una pena de prisión de quince a veinte años y multa de quinientos a mil días, en su nivel más alto. Al examinar el fallo emitido por el A quo, se condenó a HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ a la pena de once años, tres meses de reclusión y a la pena multa equivalente a la cantidad de trescientos sesenta y cuanto mil cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras con ochenta y siete centavos. En relación a la condena con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos a mil días multa, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras, ni mayor de cinco mil lempiras. Aplicando lo anterior al caso concreto, se aprecia que la pena señalada en el artículo 373 reformado del Código Penal vigente, (decreto 93-2021) se encuentra dentro del mismo rango punitivo que la legislación derogada, es decir, de quince a veinte años de prisión, la que rebaja un cuarto por la aplicación del procedimiento abreviado y aplicando la regla del articulo 69 en el numeral segundo queda de once años tres meses a quince años de reclusión. Así mismo una pena de trescientos setenta y cinco días a setecientos cincuenta días. De conformidad a los criterios establecidos para determinar la ley más favorable según e articulo 53 y 616 del nuevo Código Penal es del criterio que no resulta procedente lo solicitado por el revisionista, en tanto que las disposiciones contenidas en las reformas del Código Penal Vigente, respecto del marco punitivo aplicable al delito de Extorsión, no resulta mas beneficioso para el sentenciado. (Folios 31-34 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala: “En relación a la pena impuesta a mi representado con base a lo que establece el artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional en vista que el decreto 130-2017 el cual es el Código Penal que se encuentra vigente a la fecha favorable para mi representado” CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SEIS (6): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal.” CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[7]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO NUEVE (9): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos[8] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[9]. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en el caso sub examine, la peticionaria abogada HELEN ROXANA ESPINOZA PEREZ, comparecio ante este Alto Tribunal en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[10], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente el momento de dictar sentencia, ello es así pues el señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ, fue condenado por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando sus abogados la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Extorsión, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. CONSIDERANDO ONCE (11): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia. Asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al suplicante y no puede ser responsabilidad de este. En esta misma línea, esta Sala, atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, considera se debe aspirar a una interpretación jurídica acorde a esa idea. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional. Cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso demérito, donde encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, en materia de Revisiones Penales cuando exista una ley intermedia se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticiono o se apegó a ella en tiempo y forma. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ fue condenado mediante estricta conformidad por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha seis de diciembre del dos mil diecisiete a la pena de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-416, como pena principal; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que la sentencia condenatoria mediante la cual se condenó al encausado HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Juzgado aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto legislativo Número 144-83. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ, la pena principal de ONCE AÑOS CON TRES MESES DE RECLUSION Y MULTA DE TREINT y SIETE PUNTO CINCO SALARIOS MINIMOS y las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de EXTORSION, en perjuicio TESTIGO PROTEGIDO AB-416; I. Conforme las disposiciones del Código Penal vigente mediante Decreto 130-2017, el delito de EXTORSION, previsto en el artículo 373 dispone: “Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero debe ser condenado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y una multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados”; El tipo penal supra señalado encaja en lo estatuido en la Audiencia de Procedimiento Abreviado que corre en el folio treinta y seis del expediente de Revisión. Por lo cual es patente que con el nuevo Código Penal existe una penalización más benigna para el imputado. Como conclusión, la pena establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 resulta más benignas que la estatuida en el Código Penal decreto 144-1983, derogado, (Artículo 222) e impuesta en la sentencia en Revisión II. Que al analizar la sentencia que hoy es objeto de Revisión esta Sala constata que el señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ, se sometió al Procedimiento Abreviado, por lo cual su pena fue rebajada en un cuarto (1/4) según lo establecido en el artículo 404 del Código Procesal Penal que señala en su párrafo cuarto que “Cumplido lo prescrito en el párrafo primero de dicho artículo el Juez dictará sentencia, imponiendo las penas que correspondan, rebajadas en un cuarto (1/4)”. Aplicando el Juez sentenciador en aquel momento una pena concreta de once (11) años tres (3) meses y una multa de treinta y siete puntos cinco (37.5) salarios mínimos por el delito de EXTORSIÓN. En este caso concreto haciendo uso de identidad de circunstancias, al encausado se le debe imponer por el delito de EXTORSIÓN la pena concreta de siete (7) años con seis meses de prisión y una pena de multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de veinte lempiras por día. IV. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente o ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional que se proceda a emitir un nuevo computo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 53, 58 y 373 del Código Penal vigente; 403 y 404 del Código Procesal Penal. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada HELEN ROXANA ESPINOZA PEREZ, a favor del señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CURZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA en fecha diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor HENRY ROXANA ESPINOZA PEREZ, por el delito EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-416, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor HENRY ALDUVIN ORTIZ CRUZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de EXTORSIÓN, a la pena de SIETE AÑOS CON SEIS MESES DE PRISIÓN, y una pena de MULTA DE TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÍAS en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-416. Mas las penas accesorias correspondientes. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes y proceda a realizar un nuevo computo de la pena. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de abril de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número SCO-1094=2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[7] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[8] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.

[9] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.

[10] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.