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Sentencia RP-1023-21 — Registro 16036

Resumen

Sentencia en revisión dictada por Autoridad recurirda condenó a recurrente a una pena de reclusión de Trece años, Cuatro meses como autor responsable de los delitos de Asociación Ilícita, Almacenamiento Ilegal de Municiones de Guerra, Posesión Ilegal de Armas de uso comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y Uso indebido de insignias policiales en perjuicio de la Fe Pública; Además, se le condenó por los delitos de Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones de uso prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones de uso comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, por el delito de Uso Indebido de insignias policiales en perjuicio de la Fe Publica, imponiendole una pena de Ocho (8) años, más multa de cantidad determinada; penas impuestas en concurso ideal; Se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; Declarándo su responsabilidad civil; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente; en consecuencia, en la Parte Dispositiva se modifica la sentencia revisada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor WILMER LARA GUARDADO fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil quince (2015), por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA a la pena de TRECE (13) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE RECLUSION; por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PROHIBIDO, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL, Y POR EL DELITO USO INDEBIDO DE INSIGNIAS POLICIALES a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN EN CONCURSO IDEAL; más MULTA de TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.35,000.00) para cada uno de los condenados, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 332, 332A, 332B Y 294 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que los condenados cometieron los delitos de Asociación Ilícita, Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Uso Indebido de Insignias Policiales. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, ..."..."la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor WILMER LARA GUARDADO, una pena de TRECE (13) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE RECLUSION por el delito de ASOCIACION ILÍCITA en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. y una pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN EN CONCURSO IDEAL por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PROHIBIDO, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y por el delito de USO INDEBIDO DE INSIGNIAS POLICIALES en perjuicio DE LA FE PÚBLICA; más una MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L.5,000.00) POR CADA ARMA HACIENDO UN TOTAL DE TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.35,000.00) como penas principales; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones de los tipos penales se enmarcan los siguientes: A) En cuanto al delito de Asociación Ilícita, contemplado en el artículo 332 del Código Penal decreto 144-1983 (derogado), establece lo siguiente:...Es decir que el Código Penal decreto 144-1983 derogado, establecía una pena abstracta por la comisión de ese delito, de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L. 100,000.00) a Trescientos Mil (L. 300,000.00) lempiras, rebajándose la pena en un tercio cuando el imputado no sea jefe o cabecilla de la estructura criminal; haciendo una comparativa el Código Penal Decreto 130-2017 (vigente), en su artículo 554 establece:...Los sentenciados, al tenor de los artículos 473, 554, 580 numeral 1 y 580 numeral 2 cometieron los delitos de Asociación Para Delinquir, Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Permitidas), Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Prohibidas) y Uso indebido de Uniforme, Insignias y Equipo Policial o Militar. Dichos preceptos legales encuadran con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folio 610 vuelto al 611 vuelto, de la pieza del Tribunal sentenciador). III. Por lo tanto en vista de que las circunstancias de los hechos manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes, circunstancias estas que son modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde a los encausados se les impuso la pena mínima por los delitos de Asociación ilícita, y por los delitos de Almacenamiento Ilegal de armas y municiones de uso prohibido, Almacenamiento Ilegal de armas y municiones de uso comercial y por el delito de Uso Indebido de Insignias Policiales, en CONCURSO IDEAL, razones por las cuales se debe imponer al sentenciado las penas siguientes: A) Por el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR LA PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE CIEN (100) DÍAS.- B) Por los delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PERMITIDA), TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PROHIBIDA) y USO INDEBIDO DE UNIFORME, INSIGNIAS Y EQUIPO POLICIAL O MILITAR, La pena de DIEZ (10) AÑOS Y OCHO(8) MESES DE PRISIÓN EN CONCURSO IDEAL. C) MÁS LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA. - IV. En relación a la multa por el impacto de la conducta criminal y en atención a lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal decreto 130-2017, se debe imponer multa de trescientos lempiras (L. 300.00) por día. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que los sentenciados hayan estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós.-VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión interpuesto por los Abogados NELSON DAVID GUZMAN SALGADO y JOSE RUBEN LOPEZ RIVERA, a favor del señor WILMER LARA GUARDADO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil quince (2015), con relación a la causa que se instruyó contra el señor WILMER LARA GUARDADO Y OTROS, por el delito de ASOCIACION ILICITA, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICIONES DE GUERRA, POSESION ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y USO INDEBIDO DE INSIGNIAS POLICIALES, en perjuicio de LA FE PÚBLICA.-ANTECEDENTES: 1)Que en fecha siete (7) de marzo del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Penal Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, la abogada MARCELA KARINA NUÑEZ ARMIJO, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor WILMER LARA GUARDADO y OTROS, por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE MUNICIONES DE GUERRA, POSESION ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE GUERRA, TENENCIA ILEGAL DE EQUIPO POLICIAL y ASOCIACIONES ILICITAS, todo en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y del delito de ALTERACION DE DESCRIPCIONES DE TRES VEHICULOS ROBADOS. (Folios 01 al 07 de la pieza del Juzgado).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil quince (2015), el Tribunal de Sentencias con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: CONDENAR como al efecto condenamos al señor WILMER LARA GUARDADO, como autor responsable penalmente de los delitos de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndole como pena principal TRECE AÑOS CUATRO MESES (13 AÑOS 4 MESES) DE RECLUSION. Pena que se impone en calidad de miembros.- Debiéndose descontar de la misma en el tiempo que ya permanecieron en efectiva prisión y que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente.- SEGUNDO:… TERCERO: CONDENAR como en efecto CONDENAMOS a los señores… WILMER LARA GUARDADO, como autores penalmente responsables de los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PROHIBIDO, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el delito de USO INDEBIDO DE INSIGNIAS POLICIALES, en perjuicio de LA FE PUBLICA, como consecuencia de haber sido condenados como autores responsables de los delitos antes descritos, se les impone una pena de ocho años (8) de reclusión, más multa de cinco mil lempiras (L.5,000.00) por cada arma y que es respecto a las siguientes: Tres armas de fuego tipo Fusil AK 47, dos sin serie y uno con serie no legible, un arma de fuego tipo fusil M16, serie # 9574-451, un arma de fuego tipo fusil Fal, serie FN 1391, un arma de fuego tipo Fusil SKS, serie 1218589. Y un arma de fuego tipo mini USI con serie # 87-0000252, marca cobre, PENAS QUE SON IMPUESTAS EN CONCURSO IDEAL.- CUARTO: SE CONDENA a los señores… WILMER LARA GUARDADO a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de aquella en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional.- QUINTO: Se declara la responsabilidad civil de los condenados la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia.- SEXTO: No procede condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, para el condenado.- SEPTIMO: Absolver como en efecto absolvemos a los señores… WILMER LARA GUARDADO, por el delito de ALTERACIONES DE CARACTERISTICAS DE VEHICULO, que venía siendo acusado.- OCTAVO: Declárese sin lugar la excepción en cuanto a la ilicitud del allanamiento.- NOVENO: Declárese sin lugar la consideración del Decreto 184-2013.- DECIMO: Se declara el comiso…” (Folio 635 vuelto al 636 vuelto del expediente del Tribunal).-3) Que los recurrentes Abogados NELSON DAVID GUZMAN SALGADO y JOSE RUBEN LOPEZ RIVERA, comparecieron ante este Tribunal en fecha diez (10) de noviembre del año dos mil veinte y veintisiete (27) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor WILMER LARA GUARDADO, contra las sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil quince (2015).-4) Que en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala dispuso la acumulación de los expedientes registrados bajo los números 1023-2020 y 519-2021 para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, y que dichas acciones de mérito produzcan una sola sentencia.-5) Que en fecha uno (1) de junio del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado NELSON DAVID GUZMAN SALGADO, en su condición de apoderado legal del señor WILMER LARA GUARDADO, y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Apoderado legal garantista expuso lo siguiente: “Esta defensa ratifica la solicitud presentada a favor de mi representado WILMER LARA GUARDADO en fecha veinte de noviembre del dos mil quince fue condenado a la pena de veintiún años cuatro meses de reclusión por los delitos de asociación ilícita, almacenamiento ilegal de armas comerciales, y uso indebido de insignias policiales, fundamentándose en el artículo 96 de la Constitución de la República, asimismo en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, artículo 614, 615 y 616 del Decreto 130-2017 solicita la revisión de sentencia y que a mi representado le sean aplicadas las penas establecidas en el artículo 554 del Decreto 130-17 con una pena de seis a diez años por el delito de asociación para delinquir, asimismo lo establecido en el artículo 473 del uso indebido de uniformes e insignias policial con una pena de dos a cuatro años, asimismo lo establecido en el artículo 580 numeral uno con una pena de uno a cuatro años, todo esto fundamentado en lo que ya ha establecido esta defensa.” Por su parte la representación fiscal expuso: “De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes a los delitos por el cual se condenó al hoy imputado, de tal manera que el Código Penal regulaba el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA en el artículo 332 reformado, que señalaba:… En el Código Penal vigente (Decreto 130-2017), establece en el artículo 554, que el tipo penal de ASOCIACION PARA DELINQUIR, será sancionado, en el caso de los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita, con pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, mientras que los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.” En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal vigente dispone en el artículo 53 que la pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de Cinco mil Lempiras (L.5,000). Por otra parte, el señor WILMER LARA GUARDADO fue condenado por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES PROHIBIDAS, el cual se regulaba en el artículo 332-A del Código Penal derogado que establecía:… De igual manera fue condenado por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, el cual se encontraba regulado en el artículo 332-B del Código Penal derogado, respectivamente que establecía: … Sobre este punto el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), en su artículo 580 regula el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, el cual establece:… Por su parte el artículo 584 refiere las agravantes específicas, al señalar: … Misma que a su vez debe ser aumentada en un tercio (1/3), conforme lo establece el artículo 67 del Código Penal, al constar en autos que el señor WILMER LARA GUARDADO, fue condenado por los delitos de ALMACENAMIENOT ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PROHIBIDO, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL Y USO INDEBIDO DE INSIGNIAS, en concurso ideal, resultando en una pena a imponer de ocho (8) a diez (10) años, ocho (8) meses de reclusión, que de ser aplicada en los mismos términos de la sentencia impugnada, queda en la misma pena de ocho (8) años de reclusión por cada arma. Conforme lo antes expuesto, del análisis comparativo de ambas normas sustantivas se aprecia que las disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, respecto al delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR son más favorables al sentenciado, por lo que si bien en lo que respecta a los delitos ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PROHIBIDO, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS DE USO COMERCIAL Y USO INDEBIDO DE INSIGNIAS, por los cuales fue condenado el sentenciado en concurso ideal, la pena a imponer, conforme lo establecido en el artículo 580 relacionado con los artículos 67 y 584.1 del actual Código Penal, resulta en la misma pena aplicar de ocho (8) años de reclusión por cada arma, no representa un perjuicio al sentenciado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la legislación penal vigente. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión.” (Folios 48 al 51 del expediente de revisión).-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Argumenta el recurrente en el antecedente: “Según el artículo 96 de la Constitución de la República, en lo que se refiere a la RETROACTIVIDAD DE LA LEY solamente cuando favorece al reo. EXPOSICION DEL MOTIVO DE REVISION CUANDO PROCEDA LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE UNA LEY PENAL POR SER MÁS BENIGNA.- MOTIVO ÚNICO: Precepto autorizante, el presente motivo de revisión se encuentra comprendido en el nuevo Código Penal vigente en el artículo 614 y 615, 616 del decreto número 130-2017 de fecha 10 de mayo del año 2019 con número de gaceta 34,940, EXPLICACIÓN DEL MOTIVO siendo este caso que nos ocupa de este nuevo CÓDIGO PENAL VIGENTE las penas aplicables a mi representado se encuentran enmarcadas en los artículos 554.- ASOCIACION PARA DELINQUIR, ARTÍCULO 580.- TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. ARTÍCULO 473.- USO INDEBIDO DE UNIFORME, INSIGNIAS Y EQUIPO POLICIAL O MILITAR. Siendo que se debe aplicar el PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL consignado en el artículo 96 de nuestra Constitución de la República de Honduras numeral 8 de la Ley de Justicia constitucionales sentencias firmes podrían ser revisadas en cualquier tiempo en favor al condenado en cualquiera de los siguientes casos siguientes con su numeral 8 cuando proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.”-CONSIDERANDO CUATRO (4): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. […] En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. -CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.-CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.-CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor WILMER LARA GUARDADO fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil quince (2015), por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA a la pena de TRECE (13) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE RECLUSION; por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PROHIBIDO, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL, Y POR EL DELITO USO INDEBIDO DE INSIGNIAS POLICIALES a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN EN CONCURSO IDEAL; más MULTA de TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.35,000.00) para cada uno de los condenados, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 332, 332A, 332B Y 294 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que los condenados cometieron los delitos de Asociación Ilícita, Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Uso Indebido de Insignias Policiales. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor WILMER LARA GUARDADO, una pena de TRECE (13) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE RECLUSION por el delito de ASOCIACION ILÍCITA en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. y una pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN EN CONCURSO IDEAL por los delitos de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PROHIBIDO, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL en perjuicio DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y por el delito de USO INDEBIDO DE INSIGNIAS POLICIALES en perjuicio DE LA FE PÚBLICA; más una MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L.5,000.00) POR CADA ARMA HACIENDO UN TOTAL DE TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.35,000.00) como penas principales; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones de los tipos penales se enmarcan los siguientes: A) En cuanto al delito de Asociación Ilícita, contemplado en el artículo 332 del Código Penal decreto 144-1983 (derogado), establece lo siguiente: “ASOCIACIÓN ILÍCITA. Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de cien mil (L. 100, 000.00) a trescientos mil (L. 300, 000.00) lempiras, a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo rebaja en un tercio (1/3) se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Son jefes o Cabecillas aquellos que se destaquen o identifiquen como tales y cuyas decisiones influyan en el ánimo y acciones del grupo.” Es decir que el Código Penal decreto 144-1983 derogado, establecía una pena abstracta por la comisión de ese delito, de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L. 100,000.00) a Trescientos Mil (L. 300,000.00) lempiras, rebajándose la pena en un tercio cuando el imputado no sea jefe o cabecilla de la estructura criminal; haciendo una comparativa el Código Penal Decreto 130-2017 (vigente), en su artículo 554 establece: “ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR. Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales. Asimismo, se consideran asociaciones ilícitas las que después de constituidas lícitamente dedican su actividad, en todo o en parte a la comisión de delitos. Poseen también la consideración de asociaciones ilícitas las que aun teniendo como objeto uno lícito, emplean como estrategia permanente y definida medios violentos, intimidatorios u otros ilícitos para el logro de aquél. El delito se considera cometido con independencia de que la asociación haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleve a cabo algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras. Los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.” Es decir que la pena abstracta contemplada en el Nuevo Código Penal oscila entre penas de prisión de SEIS (6) A DIEZ (10) AÑOS Y MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS por tratarse de simples integrantes de la asociación, es decir que se ha determinado en el Nuevo Código Penal una rebaja a la pena abstracta conforme a esta conducta típica realizada por el sentenciado. B) En cuanto al delito de Fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones. Establece el artículo 332A del Código Penal, decreto 144-1983 (derogado) lo siguiente: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (lps. 5, 000.00) a diez mil (lps. 10, 000.00) lempiras por cada arma incautada…” Es decir que el Código Penal decreto 144-1983 derogado, establecía una pena abstracta por la comisión de ese delito, de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (lps. 5, 000.00) a diez mil (lps. 10, 000.00) lempiras por cada arma incautada…; Realizando una comparativa en cuanto al Código Penal vigente Decreto 130-2017 conforme a la conducta típica establecida en los hechos probados en la sentencia revisada, señala en el artículo 580 numeral 2 como delito de “TENENCIA O PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO (PROHIBIDA): La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas;…, No debemos olvidar que debe tomarse en cuenta también en la determinación de la pena abstracta del delito la concurrencia o ausencia de circunstancias agravantes, atenuantes o mixtas, para el caso en concreto, señalan los hechos probados realizados por el Tribunal sentenciador, dicha tenencia de armas de fuego prohibidas debe aumentarse en grados en un tercio (1/3), ello en aplicación de lo que establece el artículo 584 numeral 1 por haberse cometido el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado, dando como resultado una pena abstracta de SEIS (6) A OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN. C) En cuanto al delito de “Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales” establece el artículo 332B del Código Penal decreto 144-83 (derogado), que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” Es decir que el Código Penal decreto 144-1983 derogado, establecía una pena abstracta por la comisión de ese delito, de tres (3) a seis (6) años de reclusión; Realizando una comparativa, el Código Penal Vigente Decreto 130-2017 que señala en el artículo 580 numeral 1, conforme a su construcción típica, como delito de “TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO (PERMITIDA): La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas;…, De igual manera, no debemos olvidar que debe tomarse en cuenta también en la determinación de la pena abstracta del delito la concurrencia o ausencia de circunstancias agravantes, para el caso en concreto, según los hechos probados realizados por el Tribunal sentenciador, dicha tenencia de armas de fuego permitidas debe aumentarse en grados en un tercio (1/3), ello en aplicación de lo que establece el artículo 584 numeral 1 del Nuevo Código Penal, por haberse cometido el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado, dicha pena debe ser aumentada en grados en un tercio (1/3), dando como resultado una pena abstracta de CUATRO (4) AÑOS A CINCO (5) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. D) En cuanto al delito de USO INDEBIDO DE INSIGNIAS POLICIALES, contenido en el artículo 294-A del Código Penal, decreto 144-1983 (derogado), establecen lo siguiente: “A quien fabrique, tenga, almacene, transporte o use sin estar autorizado para ello uniformes, insignias, condecoraciones y equipo de uso exclusivo de la policía Nacional, se le impondrá pena de cinco (5) a ocho (8) años de reclusión” Es decir que el Código Penal decreto 144-1983 derogado, establecía una pena abstracta por la comisión de ese delito, de cinco (5) a ocho (8) años de reclusión, versus el Código Penal Decreto 130-2017 (vigente), que en su artículo 473 establece lo siguiente: “USO INDEBIDO DE UNIFORME, INSIGNIAS Y EQUIPO POLICIAL O MILITAR. Quien sin estar autorizado usa públicamente uniforme, insignias o equipo exclusivamente pertenecientes a los Cuerpos de Seguridad e Investigación del Estado o las Fuerzas Armadas, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años o multa de doscientos (200) a cuatrocientos (400) días. La pena a imponer debe ser la de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años si el uniforme, insignia o equipo mencionados en el párrafo anterior se emplean para facilitar o encubrir la comisión de un delito. Si tales efectos se poseen con dichos fines, la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años.” En cuanto a estos tres últimos delitos señalados el Tribunal sentenciador apreció CONCURSO IDEAL, por lo que procedería imponer la pena en los mismos lineamientos. II. Los sentenciados, al tenor de los artículos 473, 554, 580 numeral 1 y 580 numeral 2 cometieron los delitos de Asociación Para Delinquir, Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Permitidas), Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Prohibidas) y Uso indebido de Uniforme, Insignias y Equipo Policial o Militar. Dichos preceptos legales encuadran con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folio 610 vuelto al 611 vuelto, de la pieza del Tribunal sentenciador). III. Por lo tanto en vista de que las circunstancias de los hechos manifiestan concurrencia de agravantes o atenuantes, circunstancias estas que son modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal; siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo usanza de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, y replicando los parámetros dictados por el juzgador primario, donde a los encausados se les impuso la pena mínima por los delitos de Asociación ilícita, y por los delitos de Almacenamiento Ilegal de armas y municiones de uso prohibido, Almacenamiento Ilegal de armas y municiones de uso comercial y por el delito de Uso Indebido de Insignias Policiales, en CONCURSO IDEAL, razones por las cuales se debe imponer al sentenciado las penas siguientes: A) Por el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR LA PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE CIEN (100) DÍAS.- B) Por los delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PERMITIDA), TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PROHIBIDA) y USO INDEBIDO DE UNIFORME, INSIGNIAS Y EQUIPO POLICIAL O MILITAR, La pena de DIEZ (10) AÑOS Y OCHO(8) MESES DE PRISIÓN EN CONCURSO IDEAL. C) MÁS LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA. - IV. En relación a la multa por el impacto de la conducta criminal y en atención a lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal decreto 130-2017, se debe imponer multa de trescientos lempiras (L. 300.00) por día. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que los sentenciados hayan estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados NELSON DAVID GUZMAN SALGADO y JOSE RUBEN LOPEZ RIVERA a favor del señor WILMER LARA GUARDADO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL, en fecha veinte (20) de noviembre del años dos mil quince (2015); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor WILMER LARA GUARDADO, por los delitos de ASOCIACION ILÍCITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO COMERCIAL, ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO PROHIBIDO en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS Y POR EL DELITO DE USO INDEBIDO DE INSIGNIAS POLICIALES, en perjuicio de LA FE PÚBLICA la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor WILMER LARA GUARDADO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR A LA PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE CIEN (100) DÍAS A RAZON DE TRESCIENTOS LEMPIRAS (L.300.00) POR DÍA; Por los delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PERMITIDA), TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO (PROHIBIDA) y USO INDEBIDO DE UNIFORME, INSIGNIAS Y EQUIPO POLICIAL O MILITAR, La pena de DIEZ (10) AÑOS Y OCHO(8) MESES DE PRISIÓN EN CONCURSO IDEAL, MÁS LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los ocho (8) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de octubre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Revisión Penal (Acumulados), registrado en este Tribunal bajo el número 1023-2020 y 519-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin .discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.