Sentencia RP-1014-20 — Registro 14603
Resumen
Sentencia condenatoria firme dictada por el Juzgado de letras penal de Tegucigalpa contra recurrente por el delito de extorsión agravada en perjuicio de testigos protegidos "A" y "B"; La Sala determina que la norma penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas por el código penal derogado, por lo que procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente el momento de dictar sentencia, ello es así pues la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVÓN, fue condenada por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Extorsión,..."..."del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVÓN fue condenado por el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veinticinco de febrero del año dos mil quince, a la pena de DIECIOCHO AÑOS Y NUEVE MESES DE RECLUSION Y UNA PENA MULTA DE 62.5 SALARIOS MINIMOS por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A Y B, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena..."..."esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la condenado cometió el delito de Extorsión Simple. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente,..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a GLADIZ ALISET RODAS PAVÓN, condena de DIECIOCHO AÑOS Y NUEVE MESES DE RECLUSION Y UNA PENA MULTA DE 62.5 SALARIOS MINIMOS, por el tiempo que dure la condena principal; así, por haber sido encontrada responsable como autor de un delito de Extorsión, en perjuicio Testigo protegido “A Y B”. I. Que la comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 373 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado..."..."En el presente caso la imputada no confeso y aporto pruebas al proceso, solo se limito -a acceder- a una medida simplificadora del proceso penal, como lo es el proceso abreviado..."..."la fiscalía en su pronunciamiento sobre la solicitud de la Revisión Penal, señalo que se debía aplicar lo establecido en el articulo 68 del Código Penal, atinente a la valoración del delito continuado, lo que al examinar la sentencia en Revisión para hacer la debida comparación, no se encuentra en su fundamentación y parte dispositiva el reconocimiento por parte del Juzgado de Letras Penal (órgano que emitió la sentencia) de una Extorsión Continuada, y siguiendo los cánones de la aplicación retroactiva de ley penal más benigna, esta Sala de lo Constitucional no puede entrar a hacer valoraciones jurídico-penales sobre los hechos probados o reclamados por las partes, y solo debe limitarse a comparar la norma aplicada con la norma invocada por el recursista y si existe benignidad de una sobre la otra, proceder a la aplicación tomando en cuenta todas las circunstancias reconocidas en ambas normas. V. En la parte dispositiva de la Sentencia examinada se establece a la imputada como autora del delito de Extorsión Agravada; al momento de examinar los hechos probados (folio 99 del expediente del Juzgado) para verificar si sobre los mismos encaja alguna de las agravantes específicas para Extorsión (artículo 373 Código Penal decreto 130-2017)[15] nos encontramos con que no caben agravantes del nuevo Código en la acción realizada por la sentenciada; por lo cual no procede la aplicación de las mismas, en tanto se debe proceder a la Revisión como una Extorsión sin agravantes específicas. VI. La encausada se sometió al procedimiento abreviado, dicha especialidad del proceso indica la rebaja de un cuarto (1/4) en la pena que corresponda. Siguiendo los parámetros de la sentencia donde se impuso la pena superior rebajada, procede la imposición de condena en los mismos términos, en atención a ello, la pena a imponer seria de once (11) años con tres (3) meses y la multa de setecientos cincuenta (750) días, que a criterio de este Sala y siguiendo las consideraciones de la sentencia en revisión, se deben imponer a razón de veinte Lempiras (L 20.00) por día..."..."VII. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la norma penal vigente, o ley intermedia al momento de la petición de revisión penal, Decreto 130-2017, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado y las contenidas en el Decreto 93-2021 vigente a partir del 2 de noviembre del año 2021, según lo dispuesto en el artículo 11 del referido decreto, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley intermedia en favor del señora GLADIZ ALISABETH RODAS PAVÓN..."..."en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y el artículo 96 de la Constitución de la Republica, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 97 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Trece de enero del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, a favor de la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVON también conocida como GLADIS ELIZABETH RODAS PAVON, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVON conocida como GLADIS ELIZABETH RODAS PAVON, por el delito de EXTORSION AGRAVADA, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS “A y B”. ANTECEDENTES 1)Que en fecha uno de marzo de dos mil tres, el Abogado ALEXIS MELANIO CASTILLO VASQUEZ actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; presentando Requerimiento Fiscal contra la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVON también conocida como GLADIS ELIZABETH RODAS PAVON, por suponerla responsable a Titulo de Autora del delito de EXTORSION AGRAVADA, en perjuicio de TESTIGOS PROTEGIDOS “A y B”. (Folios 01 al 07 de la primera pieza de los antecedentes.) 2)Que en fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; FALLA: “PRIMERO: CONDENAMOS al imputada GLADIZ ALISET RODAS PAVON también conocida como GLADIS ELIZABETH RODAS PAVON como autora del delito de EXTORSION AGRAVADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “A y B”, a la pena principal de DIECIOCHO (18) AÑOS, NUEVE (9) MESES DE RECLUSION, MAS UNA MULTA DE SESENTA Y DOS 62.5 SALARIOS MINIMOS.- SEGUNDO: También se les condena como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INAHBILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- TERCERO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio, estando firme la presente Sentencia, se remitan copias certificadas de la misma al Juzgado de Ejecución, Antecedentes Penales y copia certificada al Director de la Penitenciaria Nacional de Tamara en vista que el imputado antes mencionado se encuentra recluido en ese Centro Penal. (Folios 98 al 100 de los antecedentes de primera instancia) 3) Que en fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO interponiendo recurso de revisión penal a favor de la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVON también conocida como GLADIS ELIZABETH RODAS PAVON, contra la sentencia en fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, su acción en los artículos 96 y 101, de la Ley de Justicia Constitucional; 1, 59, 60, 80, y 96 de la Constitución de la República 4) Que en fecha doce de abril de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 11 del recurso de mérito) 5) Que en fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, en su condición de apoderado legal de la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVON también conocida como GLADIS ELIZABETH RODAS PAVON, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, expuso “En el Código Penal derogado el delito de Extorsión estaba regulado en el artículo 222, que sancionaba al culpable de este delito con las penas de reclusión de 15 a 20 años y multa de 50 salarios mínimos, más las accesorias que corresponda, lo anterior en relación con el artículo 37 del mismo texto legal, que establecía el aumento de 2/3 a la pena del delito continuado. En el nuevo Código Penal Vigente el delito de Extorsión Simple se encuentra regulado en el artículo 373, que sanciona al culpable del delito con la pena de prisión de 10 a 15 años y multa de quinientos a mil días, asimismo, el delito continuado se encuentra regulado en el artículo 68, Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3). El articulo 53 dispone La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000). De las normas trascritas se extrae que en el nuevo Código penal, el delito de Extorsión Continuada contempla una pena de 15 a 20 años, la cual, por la aplicación del delito continuado aumentada en un 1/3 conforme al artículo 68 queda en una pena de 15 a 20 años de reclusión, rebajada en ¼ por la aplicación del Procedimiento Abreviado, resulta una pena de 11 años 3 meses a 15 años de reclusión de acuerdo a las reglas en el artículo 69 del nuevo Código Penal; asimismo este ilícito penal contempla una pena multa por la cual también fue condenada la hoy imputada, al equivalente de una multa de 62.5 salarios mínimos, por lo que correspondería imponer un multa mínima de 500 días aumentada un tercio por ser delito continuado lo que equivale a 667 días y rebaja de un cuarto, quedando una multa de 500 días conforme a la figura procesal de procedimiento abreviado. La fiscalía fue de la opinión porque se OTORGUE la acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. (Folios 27 al 30 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Las recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Los garantistas señalan en los antecedentes: El articulo 96 de la procedencia de la acción, del texto de la ley sobre Justicia Constitucional, nos detalla en su primer párrafo: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 8) Se proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[11] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos[12] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[13]. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, comparecio ante este Alto Tribunal en fecha nueve de noviembre del año dos mil veinte, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVÓN, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN AGRAVADA estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días-. No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[14], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente el momento de dictar sentencia, ello es así pues la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVÓN, fue condenada por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Extorsión, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. CONSIDERANDO TRECE (13): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada prima facie, fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario y no puede significar perjuicio un para este. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticiono o se apegó a ella en tiempo y forma. CONSIDERANDO CATORCE (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO QUINCE (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVÓN fue condenado por el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veinticinco de febrero del año dos mil quince, a la pena de DIECIOCHO AÑOS Y NUEVE MESES DE RECLUSION Y UNA PENA MULTA DE 62.5 SALARIOS MINIMOS por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO A Y B, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la condenado cometió el delito de Extorsión Simple. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a GLADIZ ALISET RODAS PAVÓN, condena de DIECIOCHO AÑOS Y NUEVE MESES DE RECLUSION Y UNA PENA MULTA DE 62.5 SALARIOS MINIMOS, por el tiempo que dure la condena principal; así, por haber sido encontrada responsable como autor de un delito de Extorsión, en perjuicio Testigo protegido “A Y B”. I. Que la comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 373 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. II. El sentenciado, al tenor del artículo 373 del nuevo Código Penal llevo a cabo el delito de Extorsión, puesto que, con intimidación y ánimo de lucro, obligo a otras a realizar un acto en perjuicio de su patrimonio. Para tal conducta el precitado artículo prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. La descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados plasmados en la sentencia revisada (folio 99 del expediente del Juzgado). III. El recursista en su solicitud expresa que se debe tomar en cuenta una atenuante, por haber la imputada confesado el delito, lo que no encuadra con lo establecido en articulo 375 que literalmente dice: ATENUANTES ESPECÍFICAS. Las penas previstas en los artículos anteriores, excepto la de prisión a perpetuidad, deben reducirse en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) Confesión de las actividades de extorsión en las que haya participado el culpable y la consecuente aportación u obtención de pruebas. En el presente caso la imputada no confeso y aporto pruebas al proceso, solo se limito -a acceder- a una medida simplificadora del proceso penal, como lo es el proceso abreviado. IV. Por otro lado la fiscalía en su pronunciamiento sobre la solicitud de la Revisión Penal, señalo que se debía aplicar lo establecido en el articulo 68 del Código Penal, atinente a la valoración del delito continuado, lo que al examinar la sentencia en Revisión para hacer la debida comparación, no se encuentra en su fundamentación y parte dispositiva el reconocimiento por parte del Juzgado de Letras Penal (órgano que emitió la sentencia) de una Extorsión Continuada, y siguiendo los cánones de la aplicación retroactiva de ley penal más benigna, esta Sala de lo Constitucional no puede entrar a hacer valoraciones jurídico-penales sobre los hechos probados o reclamados por las partes, y solo debe limitarse a comparar la norma aplicada con la norma invocada por el recursista y si existe benignidad de una sobre la otra, proceder a la aplicación tomando en cuenta todas las circunstancias reconocidas en ambas normas. V. En la parte dispositiva de la Sentencia examinada se establece a la imputada como autora del delito de Extorsión Agravada; al momento de examinar los hechos probados (folio 99 del expediente del Juzgado) para verificar si sobre los mismos encaja alguna de las agravantes específicas para Extorsión (artículo 373 Código Penal decreto 130-2017)[15] nos encontramos con que no caben agravantes del nuevo Código en la acción realizada por la sentenciada; por lo cual no procede la aplicación de las mismas, en tanto se debe proceder a la Revisión como una Extorsión sin agravantes específicas. VI. La encausada se sometió al procedimiento abreviado, dicha especialidad del proceso indica la rebaja de un cuarto (1/4) en la pena que corresponda. Siguiendo los parámetros de la sentencia donde se impuso la pena superior rebajada, procede la imposición de condena en los mismos términos, en atención a ello, la pena a imponer seria de once (11) años con tres (3) meses y la multa de setecientos cincuenta (750) días, que a criterio de este Sala y siguiendo las consideraciones de la sentencia en revisión, se deben imponer a razón de veinte Lempiras (L 20.00) por día. VII. La comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la norma penal vigente, o ley intermedia al momento de la petición de revisión penal, Decreto 130-2017, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 recién derogado y las contenidas en el Decreto 93-2021 vigente a partir del 2 de noviembre del año 2021, según lo dispuesto en el artículo 11 del referido decreto, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la ley intermedia en favor del señora GLADIZ ALISABETH RODAS PAVÓN. VIII. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y el artículo 96 de la Constitución de la Republica, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 68, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado MANUEL DE JESÚS MEMBREÑO ANDINO, a favor de la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVÓN; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticinco de febrero del año dos mil quince; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVÓN, por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-ER-173-2017, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora GLADIZ ALISET RODAS PAVÓN, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de EXTORSIÓN a la pena de ONCE AÑOS CON TRES MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE 750 DÍAS, a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “A Y B”, más las penas accesorias correspondientes. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1014-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[9] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[11] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.
[12] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.
[13] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.
[14] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el articulo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.
[15] ARTÍCULO 374.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 2) Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito;3) Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña; o, 4) Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso, además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.