Sentencia RP-10-21 — Registro 15031
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa de los delitos de robo de vehículo agravado y robo agravado, en perjuicio de testigo protegido Honus y privación injusta de la libertad en perjuicio de testigo protegido Cupido por suponerlo responsable de los delitos de robo de vehículo agravado y robo agravado, y portación ilegal de armas de fuego de uso comercial en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
I. En relación a la conducta del Robo Agravado que se desprende de lo establecido en el expediente del juzgado, esta encaja en el artículo 361 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Y en relación al Robo de Vehículo Agravado, haciendo el respectivo análisis de los hechos probados estos encajan en el artículo 364 del Código Penal Decreto 130-2017.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Siendo la pena aplicar de cuatro a ocho años de prisión. II. Haciendo un análisis nos encontramos que en cuanto al Robo de Vehículo Agravado es patente una benignidad de penas en relación al nuevo Código Penal. En relación al delito de Robo Agravado la pena ha imponer con el Código Penal decreto 130-2017 resulta más benigna en relación a la impuesta con el Código Penal derogado, tomando en cuenta la pena mínima que fue la pena utilizada por el juzgador. Una vez realizada esta operación es palmario que el Código Penal decreto 130-2017, arroja un resultado más benigno para el encausado. III. En cuanto a lo manifestado por el representante procesal del sentenciado, sobre las valoraciones referente a la tentativa acabada y los elementos del tipo penal no apreciados por el juez primario. Es oportuno aclarar que esta Sala de lo Constitucional en el ámbito de la Revisión en materia penal bajo la causal de la aplicación de la retroactividad de una ley penal por ser más benigna, no realiza valoraciones sobre cuestiones que competen exclusivamente al juez primario. Pues este no es un recurso de Casación u equivalente, [donde se examina valoraciones o interpretaciones del juzgador] sino que es un Recurso excepcional y se limita a verificar si los hechos probados encuadran en las descripciones del delito plasmado en el Código Penal invocado, y si encuadran y se constata que la pena del tipo penal de la nueva norma es mas benigna que la impuesta con el Código Penal que se aplicó al momento de la sentencia, se procede a la aplicación de la nueva norma penal, y como consecuencia se modifica la sentencia dictada por el juez primario. IV. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y los parámetros de la sentencia puesta en revisión. Sustanciando la rebaja de un cuarto (1/4) en le pena por haberse sometido el encausado al procedimiento abreviado y después de hacer la respectiva ponderación, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de tres años de prisión por el delito de Robo y tres años de prisión de por el delito de Robo de Vehículo Automotor. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JUAN OCTAVIO ESTRADA RAUDALES de una norma vigente que les resulta más benigna VI. En vista de que la pena a imponer desciende a seis (6) años de prisión, y al revisar los antecedentes y el computo emitido por el Juzgado de Ejecución competente (folio 40 del expediente de Revisión), verificamos que el condenado está recluido desde el 23 de octubre del 2014, concluyendo que tiene más de 7 años de efectiva reclusión a la fecha. Es procedente aplicar el artículo 101.1 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es patente que el encausado ya habría cumplido su tiempo de condena.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 364 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Juan Carlos Zelaya Turcios, a favor del señor Juan Octavia Estrada Raudales, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal del Departamento Francisco Morazán, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra los señores Javier Antonio Mejía Hernández y Julio Cesar Raudales Mejía, por suponerlos responsables de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en perjuicio de Testigo Protegido Honus y Privación Injusta de la Libertad en perjuicio de Testigo Protegido Cupido y Juan Octavio Estrada Raudales, por suponerlo responsable de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en perjuicio de Testigo Protegido Honus y Privación Injusta de la Libertad en perjuicio de Testigo Protegido Cupido y Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Grissell Portillo Espino, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Javier Antonio Mejía Hernández y Julio Cesar Raudales Mejía, por suponerlos responsables de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en perjuicio de Testigo Protegido Honus y Privación Injusta de la Libertad en perjuicio de Testigo Protegido Cupido y Juan Octavio Estrada Raudales, por suponerlo responsable de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en perjuicio de Testigo Protegido Honus y Privación Injusta de la Libertad en perjuicio de Testigo Protegido Cupido y Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 1-5 del antecedente) 2) Que en fecha tres de diciembre de dos mil quince, el Juzgado de Letras de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: “…PRIMERO: Que se debe condenar y se condena a los señores JAVIER ANTONIO MEJÍA HERNANDEZ, JULIO CESAR RAUDALES, a la PENA DE DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, por su culpabilidad en el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO HONUS. SEGUNDO: Condenar a los señores JAVIER ANTONIO MEJÍA HERNANDEZ, JULIO CESAR RAUDALES MEJÍA y JUAN OCTAVIO ESTRADA RAUDALES, a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN, por la culpabilidad en el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO HONUS, así como a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de las condenas principales, y a realizar trabajos de obras públicas dentro del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán de conformidad con la ley. SEGUNDO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. TERCERO: Que se notifique esta sentencia a las partes en el proceso.” (Folios 124-127 vuelto del antecedente) 3) Que el Abogado Juan Carlos Zelaya Turcios, compareció ante este Tribunal, en fecha siete de enero de dos mil veintiuno, presentando recurso de revisión penal a favor del señor Juan Octavio Estrada Raudales, contra la sentencia relacionada en el numera que antecede, solicitando la aplicación principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna para su representado, mediante la implementación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1—2 del recurso de mérito) 4) Que en fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, disponiendo librar comunicación con las inserciones de estilo a: 1) JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, Y; 2. JUZGADO DE EJECUCIÓN DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, a efecto de que remita dentro del plazo de dos (2) días hábiles, el expediente contentivo de la causa antes indicada. (Folio 13 del recurso de mérito) 5) Que en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, esta Sala, tuvo por recibidos los antecedentes de la causa instruida contra el señor Juan Octavio Estrada Raudales, en consecuencia, señálese oportunamente la respectiva audiencia. (Folio 27 del recurso de mérito) 6) En fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día jueves dieciocho(18) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), a las ocho de la mañana con cincuenta minutos (08: 50 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 28 del recurso de mérito) 7) En fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Lidia Álvarez Sagastume, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Juan Carlos Zelaya Turcios, en su condición de Apoderado Legal del señor Juan Octavio Estrada Raudales; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Ratifico el recurso de revisión presentado…El Ministerio Público consideró: Articulo 615: “RETROACTIVIDAD DE LEY PENAL MÁS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO por el cual se condenó al señor: VÍCTOR MANUEL OLIVA ALVARENGA, según lo regulado en el artículo 217, 218 párrafo segundo, 219 último párrafo y 225 numeral 3 del Código Penal Derogado, que establecían: Artículo 217. Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. Artículo 218. El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Al culpable del delito de robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se le aplicará una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión... Artículo 219. Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán a un tercio (1/3) cuando el robo se cometa: 1).... 2)... a)...; b)...c)... y, d)... El aumento a que se refiere el párrafo primero también se hará cuando concurra cualquiera de las circunstancias que se mencionan en el artículo 225. Artículo 225. Las penas aplicables según el artículo anterior se aumentarán en un tercio (1/3) si el hecho se cometiere: 1)... 2)...3); 4) Con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad, o empleado de un servicio público. Por lo que la nueva pena abstracta queda de 13 años 4 meses a 20 años de reclusión, y por haberse sometido al Procedimiento Abreviado se le debe hacer la rebaja de 1/4, por lo que la nueva pena abstracta es de 10 a 15 años de prisión. En el Nuevo Código Penal Vigente, encontramos que este tipo penal se encuentra regulado en el artículo 364, que señala: HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR "Quien sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas, la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia o intimidación. Conforme a lo establecido en el artículo 361 la pena a aplicarse en el presente caso es de cuatro (4) a ocho (8) años. Se procede a hacerle la rebaja correspondiente de 1/4 por haberse cometido el encausado al Procedimiento Abreviado, por lo que queda una nueva pena de tres (3) años a cuatro (4) años de reclusión. En cuanto al delito de ROBO AGRAVADO establecido en el Código Penal en su Artículo 217. Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que a lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. Artículo 218. El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. .... Artículo 219. Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán a un tercio (1/3) cuando el robo se cometa: 1).... 2) ... a)...; b)...C)... y, d... El aumento a que se refiere el párrafo primero también se hará cuando concurra cualquiera de las circunstancias que se mencionan en el artículo 225. Artículo 225. Las penas aplicables según el artículo anterior se aumentarán en un tercio (1/3) si el hecho se cometiere: 1)... 2) ...3) De noche, o si, para ejecutarlo, el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación; 4) Con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad, o empleado de un servicio público. Por lo que la nueva pena abstracta es de 6 años 8 meses a 12 años. Y con la rebaja de ¼ por haberse sometido al procedimiento especial del Procedimiento Abreviado la pena abstracta queda de 5 años a 9 años de prisión. En el nuevo Código Penal el artículo 361, establece: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Por lo que la nueva pena abstracta es de tres (3) años a cuatro (4) años de prisión, con la rebaja de ¼ por haberse sometido el ahora condenado Procedimiento Abreviado. Conforme lo antes expuesto, nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente procesado. "De ahí que dicho precepto constitucional contempla el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo, ante las premisas expuestas, estima esta Representación Fiscal que el Nuevo Código Penal efectivamente establece una pena más favorable a los hoy condenados, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista para que presentara la prueba que considerara pertinente, exponiendo lo siguiente: Sí, la prueba que presenta este recurrente, obra en el expediente de mérito que es la sentencia condenatoria dictada en nombre de la República de Honduras por el Juez en su momento, en el procedimiento abreviado…Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: Únicamente la sentencia que ya corre agregada a folios su señoría. La Magistrada manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 30-34 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Las recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en su petición: “Solicito se haga un análisis por analogía del nuevo Código Penal y que según el documento presentado se haga una operación aritmética para que como lo especifico en el documento se modifique a pena aplicada en su momento tomado en cuenta el principio de retroactividad de la ley penal. Según este recurrente hay un elemento del tipo en lo que habla de delitos de la propiedad, ahora el robo que habla de ánimo lucro, entonces mi cliente, según la tesis mía, mi cliente no obtuvo beneficio económico de lo que robo, sino que según los hechos que suceden en la sentencia, el cuándo iba en posesión del vehículo robado fue interceptado por la policía y se le decomiso íntegramente el producto, el carro y lo que le había robado a la supuesta víctima”. CONSIDERANDO TRES (3):El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. […] El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO CINCO(5): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SEIS (6): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO NUEVE (9): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DIEZ (10): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JUAN OCTAVIO ESTRADA RAUDALES fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha tres de diciembre del año dos mil quince, a la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, y CINCO AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO AGRAVADO más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 217, 218, 219 y 225; del Código Penal decreto 144-1983, estimando que los condenados cometieron el delito de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado. III- Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DOCE (12): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JUAN OCTAVIO ESTRADA RAUDALES la pena principal de DIEZ AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como de un delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO HONUS; así mismo la pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO HONUS. I. En relación a la conducta del Robo Agravado que se desprende de lo establecido en el expediente del juzgado, esta encaja en el artículo 361 del Código Penal decreto 130-2017 que dice: ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Y en relación al Robo de Vehículo Agravado, haciendo el respectivo análisis de los hechos probados estos encajan en el artículo 364 del Código Penal Decreto 130-2017.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Siendo la pena aplicar de cuatro a ocho años de prisión. II. Haciendo un análisis nos encontramos que en cuanto al Robo de Vehículo Agravado es patente una benignidad de penas en relación al nuevo Código Penal. En relación al delito de Robo Agravado la pena ha imponer con el Código Penal decreto 130-2017 resulta más benigna en relación a la impuesta con el Código Penal derogado, tomando en cuenta la pena mínima que fue la pena utilizada por el juzgador. Una vez realizada esta operación es palmario que el Código Penal decreto 130-2017, arroja un resultado más benigno para el encausado. III. En cuanto a lo manifestado por el representante procesal del sentenciado, sobre las valoraciones referente a la tentativa acabada y los elementos del tipo penal no apreciados por el juez primario. Es oportuno aclarar que esta Sala de lo Constitucional en el ámbito de la Revisión en materia penal bajo la causal de la aplicación de la retroactividad de una ley penal por ser más benigna, no realiza valoraciones sobre cuestiones que competen exclusivamente al juez primario. Pues este no es un recurso de Casación u equivalente, [donde se examina valoraciones o interpretaciones del juzgador] sino que es un Recurso excepcional y se limita a verificar si los hechos probados encuadran en las descripciones del delito plasmado en el Código Penal invocado, y si encuadran y se constata que la pena del tipo penal de la nueva norma es mas benigna que la impuesta con el Código Penal que se aplicó al momento de la sentencia, se procede a la aplicación de la nueva norma penal, y como consecuencia se modifica la sentencia dictada por el juez primario. IV. En el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y los parámetros de la sentencia puesta en revisión. Sustanciando la rebaja de un cuarto (1/4) en le pena por haberse sometido el encausado al procedimiento abreviado y después de hacer la respectiva ponderación, se concluye que al imputado se le debe imponer la pena de tres años de prisión por el delito de Robo y tres años de prisión de por el delito de Robo de Vehículo Automotor. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JUAN OCTAVIO ESTRADA RAUDALES de una norma vigente que les resulta más benigna VI. En vista de que la pena a imponer desciende a seis (6) años de prisión, y al revisar los antecedentes y el computo emitido por el Juzgado de Ejecución competente (folio 40 del expediente de Revisión), verificamos que el condenado está recluido desde el 23 de octubre del 2014, concluyendo que tiene más de 7 años de efectiva reclusión a la fecha. Es procedente aplicar el artículo 101.1 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es patente que el encausado ya habría cumplido su tiempo de condena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS, a favor de los señores JUAN OCTAVIO ESTRADA RAUDALES; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por JUZGADO DE LETRAS DE LAS SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, en fecha tres de diciembre de dos mil quince; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JUAN OCTAVIO ESTRADA RAUDALES, por el delito ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO HONUS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JUAN OCTAVIO ESTRADA RAUDALES, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN de prisión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. SEGUNDO: CONDENANDO al señor JUAN OCTAVIO ESTRADA RAUDALES, por el delito de ROBO a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN de prisión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ambas penas impuestas en concurso real. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que ejecute el presente fallo. Redactó la Magistrada Reina Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.-FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-0010-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.