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Sentencia RI-981-19 — Registro 15777

Resumen

Decreto Legislativo No. 106-2018 contentivo a la reforma al artículo 57 del Decreto No. 56-2015 contentivo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social; La Sala considera que se acciona contra disposiciones reformatorias de una norma legal que perdió su vigencia, en virtud de su derogatoria por lo que procede sobreseimiento al haber sobrevenido la pérdida de su objeto y se priva de cualquier interés jurídico tutelar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"evacuada la vista de la norma legal censurada como inconstitucional por la recurrente, resultó que ésta reformaba parcialmente otra norma legal, contenida en el Decreto Legislativo No. 56-2015, emitido por el Congreso Nacional en fecha dos de julio del año dos mil quince y publicado en esa misma fecha en el Diario Oficial la Gaceta número 33,771, contentivo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social; la cual fuera derogada, a su vez, por la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, cuya parte resolutiva textualmente reza: “Falla: Primero: Declarar la inconstitucionalidad por razón de contenido y forma del Decreto No 56-2015, contentivo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 33,771, y las publicaciones posteriores realizadas a dicha Norma por vulnerar los preceptos 142, 143, 189, 196, 205 numeral 1, 206, 213, 214, 215, 352 y 363 de la Constitución de la República; Segundo: Al declararse procedente la presente garantía de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No 56-2015, esta sentencia será de ejecución inmediata, con efectos generales y derogatorios de la norma señalada en el primer resolutivo de esta sentencia, y; Tercero: Esta sentencia tiene efectos ex nunc, y obtendrá firmeza de acuerdo al artículo 304 de la Constitución y los artículos 6 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.(…)..."..."Resulta innegable para esta Sala que la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto No 56-2015, contentivo de la “Ley Marco del Sistema de Protección Social”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 33,771, y las publicaciones posteriores realizadas a dicha Norma, por vulnerar los preceptos 142, 143, 189, 196, 205 numeral 1, 206, 213, 214, 215, 352 y 363 de la Constitución de la República; conlleva su ejecución inmediata, con efectos generales y derogatorios de la precitada norma legal. Ello resulta lógicamente extensivo, a la reforma de su artículo 57, denunciada como inconstitucional por vías del recurso presentado por la Abogada ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ, actuando en su condición de apoderada legal del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS. Se plantea así para la Sala un problema importante de validez en el tiempo en cuanto al decreto impugnado y los efectos del pronunciamiento definitivo que deberá recaer en la presente acción, resultando evidente que al haber perdido vigencia normativa legal contra la que se impetra la declaratoria de inconstitucionalidad, el recurso ha perdido su objeto; consecuentemente, el procedimiento que ha sido iniciado no puede continuar, no porque la impugnación pretendida hubiere sido infundada, sino porque la expulsión de la norma legal reformada del ordenamiento jurídico priva a la controversia de cualquier interés jurídico real. Consecuentemente, habiendo perdido el recurso de mérito todo su sentido, no resulta exigible pronunciamiento alguno, por parte de la Sala, en cuanto a la constitucionalidad material de la referida normativa, resultando innecesario efectuar control de constitucionalidad en el contenido de la norma impugnada..."..."de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, entre las formas de terminación del recurso de inconstitucionalidad no se incluye la figura del sobreseimiento, la cual ha sido reservada a la acción constitucional de amparo en los casos en los que se advierta una causal de inadmisibilidad de las establecidas en el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Jurisprudencia de esta Sala ya ha establecido como regla stare decisis,[5] el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma, o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de legitimación objetiva de los recurrentes. Adicionalmente, la ley faculta a su vez a la Sala a emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión del recurso, lo que implica a su vez la potestad de declarar la no admisión o desestimación de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos en forma taxativa por la ley.[6] De ahí entonces, que al dirigirse el presente recurso contra disposiciones reformatorias de una norma legal que perdió vigencia, en virtud de su derogatoria, resulta procedente sobreseer el recurso de inconstitucionalidad que se conoce, al haber sobrevenido la pérdida de su objeto; en tanto y en cuanto ha dejado de tener vigencia y efecto el DECRETO LEGISLATIVO No. 106-2018, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N.º 35,029 en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve; el cual es contentivo de reformas legislativas varias al Decreto No. 56-2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33, 771, en fecha dos de julio de dos mil quince, contentivo de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción y por razón de contenido, por la Abogada ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ, actuando en su condición de apoderada legal del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, contra el DECRETO LEGISLATIVO No. 106-2018, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N.º 35,029 en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve; el cual es contentivo de una reforma al artículo 57 del Decreto No. 56-2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33, 771 en fecha dos de julio de dos mil quince, contentivo de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante este Tribunal la Abogada ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNADEZ, actuando en su condición de apoderada legal del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad contra el DECRETO LEGISLATIVO No. 106-2018 EMITIDO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N.º 35,029 en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve. 2) Que en fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, esta Sala dispuso ADMITIR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción por la Abogada ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNADEZ, en su condición antes indicada, contra el Decreto No. 106-2018 emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 35,029, en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, y al haber indicado la recurrente que el presente recurso va dirigido por razón de contenido contra el citado Decreto, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (6) días hábiles, para que emita su correspondiente dictamen. 3) Que en fecha nueve de marzo de dos mil veinte, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, emitió dictamen a través de su Fiscal, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, siendo del parecer porque SE DECLARE SIN LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado, por razón de contenido, al no vislumbrarse vicios de inconstitucionalidad. Considerando (1): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Corte Suprema de Justicia, la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma. Considerando (2): Que el artículo 185 constitucional dispone que la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1. Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia; 2. Por vía de excepción que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y, 3. También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución. En el presente caso, la recurrente, quien actúa en su condición de representante procesal del Colegio Médico de Honduras, indica que el interés directo, personal y legítimo que motiva y asiste a sus poderdantes en el ejercicio de la presente acción constitucional, debido a que el Colegio Médico es una institución gremial de derecho público, constituida conforme a su Ley Orgánica como institución gremial con personalidad jurídica propia, cuya regulación obra en el artículo 177 de la Constitución de la República; contando entre sus funciones esenciales la de defender la integridad de los derechos profesionales del gremio médico, promoviendo su solidaridad y bienestar; de lo cual dimana legitimación suficiente para la promoción de la presente acción constitucional en interés, tanto de los derechos colectivos del pueblo hondureño, como del interés directo, personal y legítimo que asiste a los y las integrantes del gremio médico, para instar la protección de los derechos constitucionales a la previsión social, a la salud y su protección, y, el derecho a la propiedad, en cuanto a la libre decisión de las personas afiliadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para disponer sobre el uso de sus fondos. Por todo lo anterior, se hace plausible para esta Sala de lo Constitucional, proceder a la admisión de la presente garantía, acorde lo fundamentado en los artículos 76 numeral 1) y 77 párrafo primero de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Considerando (3): Que la garantista, Abogada ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ, explica el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad por vía de acción, y por razón de contenido, contra el Decreto Legislativo supra expresado, contentivo de una reforma parcial a la “LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL” (Decreto Legislativo No. 56-2015);[1] considerando el mismo ha violentado al gremio de sus representados las garantías, derechos y declaraciones consagradas en los artículos: 142, párrafo primero, de la Constitución de la República, que regula la seguridad social como un derecho humano; 145 de la Constitución de la República, el cual consagra el derecho a la salud, y; finalmente, los artículos 103 y 143 también de la Norma Fundamental, con relación al artículo 21.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, tutelares del derecho de propiedad y del sostenimiento tripartito del Seguro Social. Considerando (4): Que en el escrito de la acción se explica el precepto cuya declaración de inconstitucionalidad y derogación se pretende, explicando la garantista, Abogada ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ, quien actúa en su condición de apoderada legal del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS, que la reforma legal impugnada se dirige contra la reforma del artículo 57 del Decreto Legislativo No. 56-2015, la cual transcribe; manifestando la misma surge de la iniciativa de ley del Poder Ejecutivo, de manera inconsulta y en abierta conculcación al principio del “Tripartismo”, que inspira la Administración y Gestión del Sistema de Previsión Social; accionando, inclusive, a través de la reforma por adición de la denominada “Fe de erratas” del artículo 8 numeral 19) la citada Ley Marco; cuyo contenido general apunta a regular las normas del régimen del piso de protección social, pilar no contributivo que garantiza el acceso a los servicios esenciales y transferencias sociales, con énfasis en las personas más pobres y vulnerables, según contenido en el artículo 7 de la citada Ley. Sostiene, asimismo la garantista, que tal reforma atenta, eventualmente, contra la suficiencia y sostenibilidad del Régimen de Atención a la Salud, el derecho de propiedad y, en definitiva, al derecho a una pensión digna; pues se está operando en el contexto de una adecuación presupuestaria que sacrifica los ahorros constituidos por las aportaciones de las y los derechohabientes; quienes continúan financiando los déficits financieros de la institución, contra todo principio de justicia y equidad. Considerando (5): Que, de conformidad con el artículo 184 de la Constitución, las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. Asimismo, dispone que es a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, a quien le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. Considerando (6): Que, el objeto del control en la garantía de inconstitucionalidad lo conforman las leyes y disposiciones normativas con rango de ley, censuradas por vía de acción al estimar la recurrente, en su condición precitada, que su vigencia atenta contra el articulado iusfundamental relacionado; por lo que debe ser objeto de depuración por confrontar la Constitución de la República, expulsándola definitivamente del Ordenamiento Jurídico. Considerando (7): Abrogación del Decreto Legislativo No. 56-2015, contentivo de la referida “LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL”. Que evacuada la vista de la norma legal censurada como inconstitucional por la recurrente, resultó que ésta reformaba parcialmente otra norma legal, contenida en el Decreto Legislativo No. 56-2015, emitido por el Congreso Nacional en fecha dos de julio del año dos mil quince y publicado en esa misma fecha en el Diario Oficial la Gaceta número 33,771, contentivo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social; la cual fuera derogada, a su vez, por la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, cuya parte resolutiva textualmente reza: “Falla: Primero: Declarar la inconstitucionalidad por razón de contenido y forma del Decreto No 56-2015, contentivo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 33,771, y las publicaciones posteriores realizadas a dicha Norma por vulnerar los preceptos 142, 143, 189, 196, 205 numeral 1, 206, 213, 214, 215, 352 y 363 de la Constitución de la República; Segundo: Al declararse procedente la presente garantía de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No 56-2015, esta sentencia será de ejecución inmediata, con efectos generales y derogatorios de la norma señalada en el primer resolutivo de esta sentencia, y; Tercero: Esta sentencia tiene efectos ex nunc, y obtendrá firmeza de acuerdo al artículo 304 de la Constitución y los artículos 6 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.(…)Notifíquese.” [2] Considerando (8): Sobre los efectos y alcances de la derogación de una ley. Criterio de la Sala. La Sala ha dicho que la derogación de una norma jurídica conlleva a la cesación de su vigencia por efecto de lo dispuesto en otra norma posterior. Esta derogación, como se sabe, puede ser expresa o tácita, total o parcial y referirse a una ley determinada o genéricamente a todas las disposiciones que se opongan a la nueva ley derogatoria. Esta Sala asiente que el efecto propio de la derogación es la pérdida de la vigencia de la norma, la que una vez derogada pierde su fuerza vinculante para el futuro, y aunque no deje de pertenecer al ordenamiento jurídico, esta pertenencia ya no es “actual y activa”, puesto que sólo regulan (salvo los supuestos de retroactividad favorable o ultraactividad),[3] las situaciones que quedaron subsumidas en su respectivo supuesto de hecho, antes del momento en que ocurre la derogación.[4] Considerando (9): Pérdida de objeto en el recurso de inconstitucionalidad. Resulta innegable para esta Sala que la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto No 56-2015, contentivo de la “Ley Marco del Sistema de Protección Social”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 33,771, y las publicaciones posteriores realizadas a dicha Norma, por vulnerar los preceptos 142, 143, 189, 196, 205 numeral 1, 206, 213, 214, 215, 352 y 363 de la Constitución de la República; conlleva su ejecución inmediata, con efectos generales y derogatorios de la precitada norma legal. Ello resulta lógicamente extensivo, a la reforma de su artículo 57, denunciada como inconstitucional por vías del recurso presentado por la Abogada ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ, actuando en su condición de apoderada legal del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS. Se plantea así para la Sala un problema importante de validez en el tiempo en cuanto al decreto impugnado y los efectos del pronunciamiento definitivo que deberá recaer en la presente acción, resultando evidente que al haber perdido vigencia normativa legal contra la que se impetra la declaratoria de inconstitucionalidad, el recurso ha perdido su objeto; consecuentemente, el procedimiento que ha sido iniciado no puede continuar, no porque la impugnación pretendida hubiere sido infundada, sino porque la expulsión de la norma legal reformada del ordenamiento jurídico priva a la controversia de cualquier interés jurídico real. Consecuentemente, habiendo perdido el recurso de mérito todo su sentido, no resulta exigible pronunciamiento alguno, por parte de la Sala, en cuanto a la constitucionalidad material de la referida normativa, resultando innecesario efectuar control de constitucionalidad en el contenido de la norma impugnada. Considerando (10): El sobreseimiento como forma de terminación de la acción de inconstitucionalidad. Aplicación de jurisprudencia de la Sala. No obstante que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, entre las formas de terminación del recurso de inconstitucionalidad no se incluye la figura del sobreseimiento, la cual ha sido reservada a la acción constitucional de amparo en los casos en los que se advierta una causal de inadmisibilidad de las establecidas en el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Jurisprudencia de esta Sala ya ha establecido como regla stare decisis,[5] el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma, o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de legitimación objetiva de los recurrentes. Adicionalmente, la ley faculta a su vez a la Sala a emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión del recurso, lo que implica a su vez la potestad de declarar la no admisión o desestimación de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos en forma taxativa por la ley.[6] De ahí entonces, que al dirigirse el presente recurso contra disposiciones reformatorias de una norma legal que perdió vigencia, en virtud de su derogatoria, resulta procedente sobreseer el recurso de inconstitucionalidad que se conoce, al haber sobrevenido la pérdida de su objeto; en tanto y en cuanto ha dejado de tener vigencia y efecto el DECRETO LEGISLATIVO No. 106-2018, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N.º 35,029 en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve; el cual es contentivo de reformas legislativas varias al Decreto No. 56-2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33, 771, en fecha dos de julio de dos mil quince, contentivo de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 61, 62, 82, 184, 185 No.2, 303, 304, 308, 313 No. 5, 316 No. 1 y 320 de la Constitución de la República; 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3 No. 3, 4, 5, 8, 74, 75, 76, 89, 92 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 227 reformado del Código Penal; FALLA: SOBRESEYENDO la garantía de inconstitucionalidad bajo expediente número RI-0981-2019, opuesta por vía de acción, por razón fondo y en forma parcial, por la abogada ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ, actuando en su condición de apoderada legal del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS contra el DECRETO LEGISLATIVO No. 106-2018, emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” N.º 35,029 en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve; el cual es contentivo de una reforma al artículo 57 del Decreto No. 56-2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33, 771 en fecha dos de julio de dos mil quince, contentivo de la LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, al haber sobrevenido la pérdida de objeto del presente recurso al momento de perder vigencia y, por ende, efecto el precitado Decreto No. 56-2015, dejando de formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, privando a la presente acción de cualquier interés jurídico tutelar. Y MANDA: Que la presente sentencia sea notificada a la garantista, y se archiven las presentes diligencias, pertenecientes a la Sala de lo Constitucional. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-981-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Emitido por el Congreso Nacional en fecha dos de julio del año dos mil quince y publicado, en esa misma fecha, en el Diario Oficial la Gaceta número 33,771.

[2] Ver la sentencia recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad No.SCO-0858-2015, de fecha 19 de junio de 2019.

[3] La ultraactividad de la ley suele entenderse como un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración.

[4] Delgado Echeverría, “Las normas derogadas, validez, vigencia aplicabilidad”,

[5] Ver en igual sentido al caso que se resuelve sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98; y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306=13.

[6] Artículos 80, 84 y 86 de la Ley Sobre Justicia Constitucional