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Sentencia RI-915-20 — Registro 15776

Resumen

Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020 declaró prioridad nacional del Apoyo al Sector Productor de Alimentos y Agroindustria Alimentaria, le confiere a la Secretaría de Agricultura (SAG) funciones propias de otras instituciones; La Sala estima legitimada la acción promovida por los impetrantes; Además, considera que el artículo 4 párrafo primero del citado Decreto Ejecutivo, soslaya las funciones propias y exclusivas del proceso de reforma agraria al pretender desplazar la competencia agraria, prefijada constitucionalmente, a través de disposiciones concernientes a la dirección política general del Estado, por lo que debe expulsarse definitivamente tal disposición normativa del ordenamiento jurídico nacional, teniéndose por derogada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"la Corte Suprema de Justicia, actuando por intermedio de la Sala de lo Constitucional, estima legitimada la acción promovida por los impetrantes, pues se ha evidenciado que la norma secundaria que acusan de inconstitucional tiene la potencialidad de traer consecuencias desfavorables a la fuerza normativa del ordenamiento jurídico hondureño, y, particularmente en el sector de la reforma agraria, normativizado constitucionalmente y del cual los garantistas representan procesalmente al sector reformado, como destinatario final de las disposiciones gubernativas que restringen su derecho; tal lo expuesto por los Abogados ZELAYA TURCIOS y ESCALANTE ALEGRÍA, en su representación legal debidamente acreditada..."..."Tales requisitos exigibles por la Constitución de la República, son cumplidos en la presente acción constitucional por los Abogados JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS y KARLA NINOSKA ESCALANTE ALEGRIA, quienes invocan, en el nombre y representación precitada, el artículo 78 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."..."oído que fue el parecer de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, se afirma la competencia la Sala para conocer de la presente garantía de inconstitucionalidad, profiriendo una resolución de fondo y verificando si, como cuestiona el colegiado pretensor, la norma de carácter y aplicación general no sometida al control de la jurisdicción contencioso administrativa, denominada Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020 , emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO, en fecha seis (06) de abril de dos mil veinte (2020), y publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35, 222 de fecha nueve (9) de abril de dos mil veinte (2020); infringe, o no, los preceptos constitucionales invocados...."..."enfocando su acción constitucional, principalmente, a los efectos que comportaría la vigencia de los artículos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020, con relación a la omisión de lo establecido en los artículos 246, 344 y 345 de la Constitución de la República, y a lo desarrollado legislativamente en los artículos 1, 2, 3 y 48 de la Ley de Reforma Agraria, con relación a la integralidad del proceso de reforma agraria; dado que a través de dicha normativa jurídica ha ordenado el señor Presidente de la República, de manera inconstitucional, que se elabore de forma inmediata un inventario de todas las tierras ejidales, fiscales y nacionales del país que, pudiendo dedicarse a la producción agrícola no estén siendo utilizadas y se ponga a disposición de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) (Ver: Articulo 4, párrafo primero del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020); lo cual tendría como ultima finalidad sean concesionadas a la agroindustria nacional y transnacional, con las consiguientes exoneraciones fiscales y aduaneras que van a desmedro de los altos intereses nacionales, para su administración ulterior, inclusive, a INVEST-H (Inversión Estratégica de Honduras), con el riesgo potencial de corrupción que esto conlleva..."..."la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en caso de proceder la extensión, a la norma jurídica completa. No siendo este último el presente caso, visto que el tenor normativo de la mayor parte del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020 resulta contentivo de disposiciones diversas, que procuran el aseguramiento multinivel de la soberanía y seguridad alimentaria, allende el campo de formulación y ejecución que corresponde al Instituto Nacional Agrario (INA), en lo concerniente al régimen económico de la Constitución, según normativizado en el Título VI, Capítulo III y particularmente, en el artículo 348 de la Constitución de la República, tales como: las acciones instruidas a las instituciones del Poder Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones y competencias legales, para implementar la declaratoria de prioridad nacional y de interés público; las instrucciones giradas a la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) y al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), para asegurar el abastecimiento total de la Reserva Alimentaria Estratégica del Estado y para la preparación e implementación de un Plan de Precio Máximo a la Producción Agrícola Nacional; las medidas normativas y ejecutivas instruidas a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y al Banco Central de Honduras (BCH), en el marco del artículo 7 del Decreto Ejecutivo en mención. Asimismo, se tiene en consideración que la declaratoria de prioridad y necesidad nacional del artículo 1, va dirigido a todos los sectores relacionados al sector productor y de procesamiento de alimentos; no así el precitado artículo 4, párrafo primero, del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020, el cual, soslaya imperativamente las funciones propias y exclusivas del proceso de reforma agraria; resultando, en tal sentido, derogatorio de las antedichas disposiciones constitucionales..."..."El numeral primero del Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, antes glosado, establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales; lo cual vendría siendo el caso bajo estudio, si bien de manera parcial, como ha quedado fundamentado y motivado en los anteriores considerandos..."..."al ser aplicada hermenéuticamente, nos lleva a colegir que la asignación de funciones a órganos y entidades instituciones de la administración pública nacional, fuera del área de competencia atribuida constitucionalmente, resulta inexequible desde la perspectiva del derecho constitucional sustantivo;[9] pues se ha pretendido ordenar la sustitución de funciones coparticipativas de planificación y decisión, asignadas constitucionalmente al proceso de reforma agraria;[10] con órdenes como la emanada del Presidente de la República, a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), a efecto que, en un plazo no mayor de quince (15) días: “… ponga a disposición de la Secretaría de Agricultura y Ganadería las tierras fiscales, nacionales y ejidales que pudiendo dedicarse a la producción agrícola no estén siendo utilizadas (…)”; según consta en el artículo 4, párrafo primero, del Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS; que pretende desplazar la competencia agraria, prefijada constitucionalmente, a través de disposiciones concernientes a la dirección política general del Estado; no resultando ello exequible constitucionalmente, debiendo expulsarse definitivamente tal disposición normativa del ordenamiento jurídico nacional, teniéndose por derogada..."..."la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrá declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa; lo cual es el supuesto efectivo que se denota de la presente garantía constitucional, en vista a la incompatibilidad del artículo 4, párrafo primero, del Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, con el proceso de reforma agraria tutelado constitucionalmente..."..."en el presente caso, se puede colegir que el Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO, en fecha seis (06) de abril de dos mil veinte (2020), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35, 222, de fecha nueve (9) de abril de dos mil veinte (2020), mediante la cual SE DECLARA PRIORIDAD NACIONAL DEL APOYO DEL SECTOR PRODUCTOR DE ALIMENTOS Y AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA, SE DECRETEN MEDIDAS PARA ASEGURAR LA SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA es contraria parcialmente a la Constitución de la República, al existir un conflicto ostensible entre las reglas, principios y valores ínsitos en la normativa primaria y lo dispuesto en el artículo 4, párrafo primero, del Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, en tanto norma secundaria, de lo cual resulta la procedencia de declarar su inconstitucionalidad y consiguiente derogatoria por vulnerar los artículos 344, 345 y 348 de la Constitución de la República, con la puesta en vigencia del citado Decreto; como coinciden los demandantes de inconstitucionalidad y el Ministerio Publico; no así en cuanto a los demás componentes normativos del precitado Decreto Ejecutivo, los cuales se pueden separar de la totalidad del mismo; preservando su presunción de legitimidad constitucional, por ser susceptibles de una lectura conforme a la Constitución de la Republica, en cuando a los demás fines, declarados y ejecutivamente propuestos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre del dos mil veintidós. VISTO Para dictar sentencia el recurso de inconstitucionalidad interpuesto Vía Acción y por razón de contenido, por los Abogados JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS y KARLA NINOSKA ESCALANTE, quienes actúan en nombre y representación de la CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES DEL CAMPO (CNTC), CONSEJO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER CAMPESINA (CODIMCA), SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA), CONSEJO COORDINADOR DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE HONDURAS (COCOCH) Y DE LA CONFEDERACIÓN HONDUREÑA DE MUJERES CAMPESINAS (CHCM), contra el Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO, en fecha seis (06) de abril de dos mil veinte (2020), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35, 222, de fecha nueve (9) de abril de dos mil veinte (2020), mediante la cual SE DECLARA PRIORIDAD NACIONAL DEL APOYO AL SECTOR PRODUCTOR DE ALIMENTOS Y AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA, SE DECRETAN MEDIDAS PARA ASEGURAR LA SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha doce de octubre de dos mil veinte, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, los Abogados JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS y KARLA NINOSKA ESCALANTE, quienes actúan en nombre y representación de la CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES DEL CAMPO (CNTC), CONSEJO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER CAMPESINA (CODIMCA), SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), CONSEJO COORDINADOR DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE HONDURAS (COCOCH) Y DE LA CONFEDERACIÓN HONDUREÑA DE MUJERES CAMPESINAS (CHCM), interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad por Vía de Acción y por razón de su contenido, contra el Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO, en fecha seis (06) de abril de dos mil veinte (2020), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,222, de fecha nueve (9) de abril de dos mil veinte (2020), mediante la cual y de manera ilegal, según los recurrentes, se concesionan las tierras Fiscales, Nacionales y Ejidales a la Agroindustria Nacional y Transnacional, creando beneficios inconstitucionales de tipo financiero, logístico y exoneraciones fiscales, obviando la implementación y el fortalecimiento institucional de la Reforma Agraria integral y científica para asegurar la justicia social en el campo y la seguridad alimentaria del pueblo que se traduzca en desarrollo humano de los hondureños. 2) Que en fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, este alto Tribunal dictó providencia mediante el cual resolvió admitir el recurso de inconstitucionalidad de que se hace referencia, y al dirigirse el mismo por razón de contenido contra el mencionado decreto ejecutivo, se dispuso omitir el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República, y se ordena dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis días para que emitiera su dictamen. (Folio 21 del recurso)3) Que con fecha veintiuno de julio de dos mil veintiuno, el Ministerio Público emitió su dictamen, a través de la Fiscal Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en el cual concluye: “haberse creado un conflicto de competencia, figurando como una omisión del Poder Ejecutivo, en virtud de dictar un decreto en incumplimiento a lo ordenado por la Constitución de la República, al ser tal designación contraria desde el punto de vista constitucional, al conferirle a la Secretaría de Agricultura (SAG) funciones propias de otras instituciones. Con lo antes expuesto, no se desconoce la imperiosa necesidad de fomentar las actividades de producción agrícola, pero tales labores resultan ajenas a la Secretaría supra referida, en ese sentido, la puesta en vigencia del citado decreto, aleja del espíritu, valores superiores y principios de la Constitución de la República, al instruir a las Secretarías de Estado como Organismos de la Administración General, donde la Ley determina su organización, competencia y funcionamiento.” En fundamentación de tal aserto, se transcribe en el dictamen lo estipulado en los artículos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020 (Norma jurídica sujeta a control constitucional); con relación a lo establecido en los artículos 246, 344 y 345 de la Constitución de la República, y a lo desarrollado legislativamente en los artículos 1, 2, 3 y 48 de la Ley de Reforma Agraria; y, finalmente, en el Decreto 266-2013, en lo concerniente a las competencias de las Secretarías de Estado. En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, fue de la opinión porque: (SIC) “SE DECLARE CON LUGAR la acción de inconstitucionalidad planteada en los términos expresados por esta representación fiscal, por razón de contenido de manera total.” (Folios 24 al 34 del presente recurso) 4) Que en fecha veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por evacuado el traslado concedido a la Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma su dictamen. (Folio 36 del presente recurso) Considerando (1): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Corte Suprema de Justicia, la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma. Considerando (2): Que el artículo 185 constitucional dispone que la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1. Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia; 2. Por vía de excepción que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y, 3. También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución. En el presente caso, los recurrentes actúan en nombre y representación de la CENTRAL NACIONAL DE TRABAJADORES DEL CAMPO (CNTC), CONSEJO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER CAMPESINA (CODIMCA), SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), CONSEJO COORDINADOR DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE HONDURAS (COCOCH) Y DE LA CONFEDERACIÓN HONDUREÑA DE MUJERES CAMPESINAS (CHCM), indicando que el interés directo, personal y legítimo que motiva y asiste a sus poderdantes en el ejercicio de la presente acción constitucional, es debido a que son organismos concernidos a la concesión que se pretende efectuar por el gobierno de las Tierras Fiscales, Nacionales y Ejidales a la Agroindustria Nacional y Transnacional, creando beneficios inconstitucionales de tipo financiero, logístico y exoneraciones fiscales; obviando la implementación y el fortalecimiento institucional de la Reforma Agraria integral y científica, como corresponde para el aseguramiento de la justicia social en el campo y la seguridad alimentaria del pueblo que se traduzca en desarrollo humano de los hondureños; exponiendo que la Constitución de la República es la ley suprema del Estado y que del tenor de las disposiciones repelidas resulta su evidente inconstitucionalidad, afectando el interés personal, directo y legítimo de las personas colectivas agraviadas; a quienes les violenta, disminuye y tergiversa los derechos constitucionales, los beneficios laborales y otras conquistas sindicales; así como reducciones presupuestarias que afectan, asimismo, los intereses nacionales reconocidos en los artículos 344 y 345 de la Constitución de la República y la reforma agraria, en el marco del Estado de Derecho. CONSIDERANDO (3): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que quien tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción ante la Honorable Corte Suprema de Justicia la garantía de inconstitucionalidad, contra una ley que considere contraria a la norma fundamental; determinando que la sentencia en que se declare la inconstitucionalidad de una norma, será objeto de ejecución inmediata, tendrá efectos generales y, por lo tanto, derogará dicha norma. CONSIDERANDO (4): Que, al tenor de lo anteriormente preceptuado, fundamentándose en el artículo 185 Constitucional en relación con los artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad de una norma podrá solicitarse por quien se considere lesionado su interés directo, personal y legítimo, así como la explicación del concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, actuando por intermedio de la Sala de lo Constitucional, estima legitimada la acción promovida por los impetrantes, pues se ha evidenciado que la norma secundaria que acusan de inconstitucional tiene la potencialidad de traer consecuencias desfavorables a la fuerza normativa del ordenamiento jurídico hondureño, y, particularmente en el sector de la reforma agraria, normativizado constitucionalmente y del cual los garantistas representan procesalmente al sector reformado, como destinatario final de las disposiciones gubernativas que restringen su derecho; tal lo expuesto por los Abogados ZELAYA TURCIOS y ESCALANTE ALEGRÍA, en su representación legal debidamente acreditada. CONSIDERANDO (5): Que el artículo 79 No. 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por su parte, establece que la demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener entre otros requisitos, el señalamiento de la ley o alguno (s) de sus preceptos, cuya declaración de Inconstitucionalidad se pretende, en virtud de tenerse un interés directo, personal y legítimo. Tales requisitos exigibles por la Constitución de la República, son cumplidos en la presente acción constitucional por los Abogados JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS y KARLA NINOSKA ESCALANTE ALEGRIA, quienes invocan, en el nombre y representación precitada, el artículo 78 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “La Declaración de inconstitucionalidad de una Ley o alguno (s) de sus preceptos podrá solicitarse en cualquier tiempo posterior a su vigencia”; solicitud que tiene por objeto se declare la inconstitucionalidad total del DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 030-2020, según creado en Consejo de Secretarios de Estado en fecha seis (06) de abril de dos mil veinte (2020), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35, 222, de fecha nueve (9) de abril de dos mil veinte (2020); ordenando el Presidente de la República, de manera inconstitucional, que elabore de forma inmediata un inventario de todas las tierras ejidales, fiscales y nacionales del país para que sean concesionadas a la agroindustria nacional y transnacional; conllevando, asimismo, a la instauración de exoneraciones fiscales, procesos de simplificación ilegal aduanera y administrativa, en general, con implicación de subsidio para estos menesteres; creando las condiciones para la construcción de infraestructura física y logística para parques agroindustriales en el país y el correlativo drenaje de fondos, dada la poca claridad y transparencia de lo normativizado, al otorgarse el mismo, para su administración a INVEST-H (Inversión Estratégica de Honduras); señalando más adelante, en expresión del objeto de la solicitud, que tales fondos se debieron haber canalizado y ejecutado a través del Instituto Nacional Agrario (INA) y desde allí, con base a un estudio integral de orden administrativo, a las demás instituciones de la administración señaladas como auxiliares y coadyuvantes de esa institución gestora de la reforma agraria; la cual es, conforme lo prescrito por la Constitución de la República y la Ley de Reforma Agraria un proceso integral, coadyuvante a la promoción y ejecución de la transformación de la estructura agraria del país, por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social, a la vez que aumente la productividad del sector agrario. Por lo tanto, siendo que la reforma agraria constituye parte esencial del desarrollo de la nación, todas las demás políticas económicas y sociales que el gobierno apruebe deberán formularse y ejecutarse, en forma armónica con ésta; a efecto no incurrir en inconstitucionalidad, ni en ilegalidad, ni ocasionar lesividad a los altos intereses nacionales. CONSIDERANDO (6): Que, el artículo 76 de La Ley Sobre Justicia Constitucional, normativiza de forma expresa: “DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE LA ACCIÓN. Procede la acción de inconstitucionalidad: 1) Contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales (…)”. Los recurrentes han señalado de inconstitucionalidad el decreto ejecutivo, aprobado en Consejo de Secretarios de Estado bajo el No. PCM-030-2020, en fecha seis (06) de abril de dos mil veinte (2020), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35, 222, de fecha nueve (9) de abril de dos mil veinte (2020), solicitando se declare inconstitucional por infracción a la normativa iusfundamental en referencia, ordenándose su derogación total. Es competente la Sala de lo Constitucional, por tratarse de normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan, eventualmente, preceptos constitucionales, en aplicación del artículo 76, numeral 1), de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual se entiende en recta inteligencia con la cláusula jurisdiccional excluyente de los artículos 1 y 4 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso – Administrativa; pues si bien se reconoce a dicha Jurisdicción como la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular, o general, de la Administración Pública sujetos al derecho administrativo; también se le excluye expresamente del conocimiento de los asuntos que correspondan al derecho agrario, tal lo relacionado el presente caso. CONSIDERANDO (7): Que la atribución de competencia a la jurisdicción constitucional, motivada y razonada jurídicamente en el anterior Considerando, no resulta en desmedro alguno para la legitimación genérica que establece el artículo 13 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo; la cual faculta a demandar la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la Administración Pública, a quienes tuvieren interés legítimo y directo en ello.[1] CONSIDERANDO (8): Que en la exposición de los motivos a efecto que se declarare la inconstitucionalidad y consiguiente derogatoria del Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO, en fecha seis (06) de abril de dos mil veinte (2020), señalan los impetrantes, con especial intensidad, los contenidos normativos de los artículos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020; lo cual fue refrendado en análisis específico que efectuara la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, al colegirse que el propósito de dichas enunciados normativos es nada más, y nada menos, que contravenir contenidos constitucionales, al conferírsele a la Secretaría de Agricultura (SAG) funciones propias de otras instituciones del Estado. Conllevaría la vigencia del citado decreto, alejamiento del espíritu, valores superiores y principios de la Constitución de la República, al pretender atribuírsele fuerza de ley a la emisión de un Decreto Ejecutivo, dictado en Consejo de Ministros; en grado tal como para sobreponerse, y derogar tácitamente, los enunciados constitucionales atinentes al sector social agrario; y al régimen económico de la Constitución, inclusive. CONSIDERANDO (9): Que es sumamente ilustrativo, en relación a lo anterior, lo expresado por el tratadista Allan R. CARÍAS – BREWER, en el siguiente sentido: “…En consecuencia, la justicia constitucional, como competencia judicial para velar por la integridad y supremacía de la Constitución, en Venezuela se ejerce por todos los jueces y no sólo por el Tribunal Supremo de Justicia, en cualquier causa o proceso que conozcan y, además, en particular, cuando conozcan de acciones de amparo o de las acciones contencioso administrativas al tener la potestad para anular actos administrativos por contrariedad a la Constitución (como forma de contrariedad al derecho)(art. 259)”;[2] considerando también de importancia comparar el anterior enunciado con la adscripción del ordenamiento jurídico hondureño, a lo que el exmagistrado costarricense Luis Paulino MORA denominara, siguiendo a Rodolfo PIZA ESCALANTE, como el Modelo Iberoamericano de Justicia Constitucional, uno de cuyos rasgos sobresalientes es: “La concurrencia de dos vías paralelas de control de constitucionalidad, el acceso de todo interesado por un lado, la de una justicia constitucional “difusa”, ante cualquier tribunal de la jurisdicción común; y, simultáneamente, la de una jurisdicción “concentrada”, ante un tribunal constitucional especializado, o por lo menos especial. La primera, para garantizar en casos concretos, la vigencia y supremacía de la Constitución y de los derechos y libertades fundamentales de toda persona sometida a la jurisdicción estatal, inclusive con la desaplicación de leyes u otros textos incompatibles con las normas, principios o valores constitucionales; y, la segunda, para depurar definitivamente al ordenamiento de normas o actos incompatibles con el derecho de la Constitución. (…)”.[3] CONSIDERANDO (10): Que, en vista a lo anterior, y a lo fundamentado en los artículos 75, 76 y 77 de la Ley sobre Justicia Constitucional, oído que fue el parecer de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, se afirma la competencia la Sala para conocer de la presente garantía de inconstitucionalidad, profiriendo una resolución de fondo y verificando si, como cuestiona el colegiado pretensor, la norma de carácter y aplicación general no sometida al control de la jurisdicción contencioso administrativa, denominada Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO, en fecha seis (06) de abril de dos mil veinte (2020), y publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35, 222 de fecha nueve (9) de abril de dos mil veinte (2020); infringe, o no, los preceptos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (11): Que, en fecha veintiuno (21) de julio del dos mil veintiuno (2021), el Ministerio Público, actuando por intermedio de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, emitió dictamen porque SE DECLARASE CON LUGAR, la acción de Inconstitucionalidad planteada, en los términos expresados, de manera total y por razón de contenido; según la exposición razonada de motivos que consta en el Antecedente 3) de la presente sentencia, en cuya parte esencial se colige: “(…) haberse creado un conflicto de competencia, figurando como una omisión del Poder Ejecutivo, en virtud de dictar un decreto en incumplimiento a lo ordenado por la Constitución de la República, al ser tal designación contraria desde el punto de vista constitucional, al conferirle a la Secretaría de Agricultura (SAG) funciones propias de otras instituciones.” CONSIDERANDO (12): Que, en la fundamentación jurídica esgrimida por los garantistas se invoca el artículo 344 de la Constitución de la República en cuanto a que, la Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario. Declarándose de necesidad y utilidad pública la ejecución de la Reforma Agraria. Asimismo, el artículo 345 Constitucional establece que la Reforma Agraria constituye parte esencial de la estrategia global del desarrollo de la nación, por lo que las demás políticas económicas y sociales que el gobierno apruebe, deberán formularse y ejecutarse en forma armónica con aquella, especialmente las que tienen que ver entre otras, con la educación, la vivienda, el empleo, la infraestructura, la comercialización y la asistencia técnica y crediticia; enfocando su acción constitucional, principalmente, a los efectos que comportaría la vigencia de los artículos 1 y 4 del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020, con relación a la omisión de lo establecido en los artículos 246, 344 y 345 de la Constitución de la República, y a lo desarrollado legislativamente en los artículos 1, 2, 3 y 48 de la Ley de Reforma Agraria, con relación a la integralidad del proceso de reforma agraria; dado que a través de dicha normativa jurídica ha ordenado el señor Presidente de la República, de manera inconstitucional, que se elabore de forma inmediata un inventario de todas las tierras ejidales, fiscales y nacionales del país que, pudiendo dedicarse a la producción agrícola no estén siendo utilizadas y se ponga a disposición de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) (Ver: Articulo 4, párrafo primero del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020); lo cual tendría como ultima finalidad sean concesionadas a la agroindustria nacional y transnacional, con las consiguientes exoneraciones fiscales y aduaneras que van a desmedro de los altos intereses nacionales, para su administración ulterior, inclusive, a INVEST-H (Inversión Estratégica de Honduras), con el riesgo potencial de corrupción que esto conlleva. CONSIDERANDO (13): Que, como queda visto, la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en caso de proceder la extensión, a la norma jurídica completa. No siendo este último el presente caso, visto que el tenor normativo de la mayor parte del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020 resulta contentivo de disposiciones diversas, que procuran el aseguramiento multinivel de la soberanía y seguridad alimentaria, allende el campo de formulación y ejecución que corresponde al Instituto Nacional Agrario (INA), en lo concerniente al régimen económico de la Constitución, según normativizado en el Título VI, Capítulo III y particularmente, en el artículo 348 de la Constitución de la República, tales como: las acciones instruidas a las instituciones del Poder Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones y competencias legales, para implementar la declaratoria de prioridad nacional y de interés público; las instrucciones giradas a la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) y al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), para asegurar el abastecimiento total de la Reserva Alimentaria Estratégica del Estado y para la preparación e implementación de un Plan de Precio Máximo a la Producción Agrícola Nacional; las medidas normativas y ejecutivas instruidas a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y al Banco Central de Honduras (BCH), en el marco del artículo 7 del Decreto Ejecutivo en mención. Asimismo, se tiene en consideración que la declaratoria de prioridad y necesidad nacional del artículo 1, va dirigido a todos los sectores relacionados al sector productor y de procesamiento de alimentos; no así el precitado artículo 4, párrafo primero, del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020, el cual, soslaya imperativamente las funciones propias y exclusivas del proceso de reforma agraria; resultando, en tal sentido, derogatorio de las antedichas disposiciones constitucionales. CONSIDERANDO (14): Que el principio de separación de poderes como elemento esencial de un Estado de Derecho, supone la separación de funciones de los tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo, como poderes independientes, para que pueda establecerse un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales y colectivos de los habitantes de un Estado. Es importante en este punto recordar que Honduras hace suyos los Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. En democracia, la voluntad del Soberano se encuentra representada por medio de sus autoridades, dividida en tres Poderes, a saber: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para evitar precisamente el monopolio de la función pública, delegando en cada uno de éstos Poderes funciones específicas en el marco del respeto a la Constitución, como Ley primaria, y de esta forma mantener el orden justo y la paz social que amerita la persona humana,[4] en tanto fin supremo de la sociedad y del Estado; según preceptuado en los artículos 1 y 59 de la Constitución de la República. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos,[5] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[6] Para Remedio SÁNCHEZ FERRIZ,[7] lo que realmente determina la existencia de un Estado de Derecho son las siguientes notas definitorias: “a) Una organización estatal basada en el principio de la División de Poderes. b) Reconocimiento y garantía constitucional de derechos y libertades fundamentales. e) Imperio de la ley. d) Legalidad de la Administración.”. La misma autora citando a Montesquieu dice que: “la tendencia natural que todo poder tiene a expansionarse porque este extiende siempre su actuación hasta donde encuentre límites. La experiencia eterna demuestra que todo hombre que tiene poder se ve tentado a abusar de él; por ello, (…) a fin de que no sea posible abusar del poder, es preciso disponer las cosas de tal manera que el poder sea limitado por el poder”. CONSIDERANDO (15): Que, en concordancia a lo anterior, se cita el razonamiento de N. BOBBIO, cuando expresa en el ámbito de su teoría general de las normas, que la norma fundamental es el criterio supremo que permite establecer la pertenencia de una norma a un ordenamiento: “…, en otras palabras, es el fundamento de validez de todas las normas del sistema. Por lo tanto, no sólo la exigencia de la unidad del ordenamiento, sino también la exigencia de fundar la validez del ordenamiento, nos llevan a exigir la norma fundamental, la cual es, asimismo, el fundamento de validez y el principio unificador de las normas de un ordenamiento. Y como un ordenamiento presupone la existencia de un criterio para establecer la pertinencia de las partes al todo y un principio que las unifique, no podrá existir ordenamiento sin norma fundamental”. Lo anterior, guarda indubitable relación con el concepto kelseniano de la estructura jerárquica de las normas jurídicas, la cual es un imperativo categórico dentro del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO (16): Que hemos visto que la creación normativa efectuada por los órganos del estado se realiza sistemáticamente según los dictados de la norma superior o fundante, la cual resulta “condicionante” de la validez de la norma creada. Pero ¿qué ocurre cuando el órgano del Estado produce normas excediéndose de los límites impuestos por la norma superior? Son los casos de inconstitucionalidad (ley inconstitucional) e ilegalidad reglamentos, (normas jurídicas individualizadas, sentencias, negocios jurídicos, resoluciones administrativas contra la ley). Al respecto, la legalidad constitucional hondureña es clara al establecer que, la inconstitucionalidad puede declararse por razón de fondo, o de forma. El numeral primero del Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, antes glosado, establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales; lo cual vendría siendo el caso bajo estudio, si bien de manera parcial, como ha quedado fundamentado y motivado en los anteriores considerandos. CONSIDERANDO (17): Que, aunando a los fundamentos y motivación, cabe aun agregar que la expresión fuerza de ley desde un principio, en la teoría del derecho constitucional se utilizó básicamente como el elemento más definitorio de una ley, distinguiendo entre la fuerza activa de la ley, la cual denota la capacidad de cambiar el ordenamiento jurídico previo, y la fuerza pasiva de la ley, la cual se refería a la imposibilidad de ser derogada o cambiada mediante otra ley. Como concepto básicamente mutable y que varía en su aplicación, no puede ser utilizado para caracterizar a cualquier tipo de ley. El rango de ley, se refiere exclusivamente al principio de jerarquía normativa e indirectamente, al hablar de dicho principio se refiere también al régimen de impugnación de una norma, esto es al “valor de ley", por ello, cabe decir que cuando hablamos de “rango de ley” nos referimos básicamente al elemento jerárquico. Como conclusión sería adecuado decir que la fuerza de ley tiene que ver con la posibilidad de cambiar el ordenamiento jurídico y con la posibilidad ser derogada, o no, posteriormente. Y el rango de ley es una manifestación del principio de jerarquía, la que le otorga el “valor de ley”. Es notoria la diferencia de régimen jurídico entre la ley y el reglamento o decreto ejecutivo; partiendo de la supremacía del concepto jurídico formal (reserva de ley), de la función legislativa; coligiéndose no puede comprender a los reglamentos, o el nombre que se les dé, por cuyo contenido sean similares; pues los órganos administrativos, no ejercen, en sentido propio, la función legislativa. CONSIDERANDO (18): Que la descripción y definición de Supremacía Constitucional aparecidas en el Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional (2014), escrito por Marcos Francisco DEL ROSARIO RODRÍGUEZ y publicado por el Poder Judicial de la Federación (mexicana) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Se considera que las normas constitucionales son jerárquicamente superiores bajo dos perspectivas: lógica y axiológica. Bajo una perspectiva lógica, la Constitución se entiende como ley jerárquicamente suprema, cuando existe un reconocimiento expreso de la primacía que posee dentro de la estructura normativa de un Estado, teniendo como consecuencia lógica que todo acto jurídico se adecue a su contenido. En cambio, una Constitución será jerárquicamente suprema desde una vertiente axiológica, cuando se asume como depositaria de los principios fundamentales y derechos humanos de las personas. Otra acepción trascendental del término “supremacía constitucional”, es la que hace referencia a su superioridad como norma, por reconocer, y en su caso maximizar los efectos de los principios fundamentales y los derechos humanos, esto implica advertir la idea de supremacía bajo una óptica material. Después de la Segunda Guerra Mundial se generó una conciencia colectiva internacional, en torno a la necesidad de que se sustrajera de los Estados la facultad discrecional de regular y proteger a los derechos humanos. Esto trajo como efecto, la supra-nacionalización de los derechos humanos, los cuales vinieron a dotar de fuerza legitimadora a los textos constitucionales, fungiendo como auténticas coordenadas para el desarrollo de los Estados. Por ello no es posible concebir la existencia de un modelo constitucional, sin que se contenga una dimensión de índole sustancial o axiológica. Como consecuencia de la expansión y ubicación de los derechos humanos como factores rectores de la actuación estatal, en diversos sistemas jurídicos se han diseñado bloques de derechos humanos o de constitucionalidad, conformados por normas de carácter supremo, las cuales guardan un mismo nivel jerárquico. En tal sentido, la Constitución ya no se erige como el único parámetro de validación del sistema, sino que comparte esa función y posición con los tratados internacionales, jurisprudencia internacional, y en su caso, con las leyes ordinarias que reconocen derechos humanos. Los bloques de constitucionalidad resaltan la supremacía material de la Constitución, conformada por los derechos de la persona y los principios fundamentales, que dan soporte y legitimación a la actuación estatal. Se puede decir que, en la actualidad, la acepción de “supremacía constitucional” se basa en la noción, de que el texto constitucional es el receptor de derechos humanos, y que sus respectivas garantías propician la intangibilidad de la dignidad de la persona. Bajo esta perspectiva, el principio de supremacía no se ha reducido o mermado, sino que ha evolucionado en cuanto a su contenido. El ensanchamiento material garantiza de una mejor forma el ejercicio y tutela de los derechos humanos, fortaleciendo el estado constitucional y democrático de derecho, ubicando a la persona como razón central de cualquier sistema jurídico. CONSIDERANDO (19): Que la Constitución es la norma primaria de la nación y prevalece por sobre toda norma legal ordinaria, así lo estipula el artículo 320 Constitucional, que dispone que, en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera. De igual manera la Constitución establece en forma implícita la Supremacía de la Constitución sobre las leyes y disposiciones gubernativas al estipular la no aplicación de las mismas cuando contradigan las declaraciones, derechos y garantías establecidas por la Constitución: Artículo 64. No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversen. CONSIDERANDO (20): Que, consecuentemente las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, aprobadas que sean, no pueden infringir ni contravenir la Constitución, debiendo estar acordes a ella, no obstante, de existir discrepancia con el texto constitucional, debe someterse al órgano encargado de la depuración normativa mediante el procedimiento establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Así, se prevé el control de constitucionalidad, como potestad exclusiva de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo la norma constitucional que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. En la forma, cuando no se ha observado el proceso legislativo establecido en la Constitución de la República, o cuando a una disposición se le atribuya el carácter de ley sin haber sido creada por el órgano legislativo. En el contenido, cuando una ley es contraria a la Constitución de la República. La Ley Sobre Justicia Constitucional dispone en su artículo 76 que procede la acción de inconstitucionalidad: 1) Contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales; 2) Cuando se ponga en vigencia una reforma constitucional con inobservancia de los requisitos establecidos en la Constitución de la República; 3) Cuando al aprobarse un tratado internacional que afecte una disposición constitucional, no se siga el procedimiento establecido en el artículo diecisiete de la Constitución de la República; y, 4) Cuando la ley ordinaria contraríe lo dispuesto en un Tratado o convención internacional del que Honduras forma parte; tal y como acaece en el presente caso, donde resulta pertinente la norma jurídica impetrada en el artículo 76, numeral 1), de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (21): Que se ha sostenido por esta Sala de lo Constitucional que constituye carga procesal del garantista explicitar de qué forma la norma o el acto recurrido confronta las normas constitucionales concernidas; impidiendo su compatibilidad deóntica respecto a los enunciados normativos que dimanan de la norma primaria. Como señala el jurista argentino LINARES QUINTANA en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”, será preponderante la interpretación constitucional conforme de la legalidad aplicable, según la cual: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema”.[8] CONSIDERANDO (22): Que tal metodología, al ser aplicada hermenéuticamente, nos lleva a colegir que la asignación de funciones a órganos y entidades instituciones de la administración pública nacional, fuera del área de competencia atribuida constitucionalmente, resulta inexequible desde la perspectiva del derecho constitucional sustantivo;[9] pues se ha pretendido ordenar la sustitución de funciones coparticipativas de planificación y decisión, asignadas constitucionalmente al proceso de reforma agraria;[10] con órdenes como la emanada del Presidente de la República, a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), a efecto que, en un plazo no mayor de quince (15) días: “… ponga a disposición de la Secretaría de Agricultura y Ganadería las tierras fiscales, nacionales y ejidales que pudiendo dedicarse a la producción agrícola no estén siendo utilizadas (…)”; según consta en el artículo 4, párrafo primero, del Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS; que pretende desplazar la competencia agraria, prefijada constitucionalmente, a través de disposiciones concernientes a la dirección política general del Estado; no resultando ello exequible constitucionalmente, debiendo expulsarse definitivamente tal disposición normativa del ordenamiento jurídico nacional, teniéndose por derogada. CONSIDERANDO (23): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO (24): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia; para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO (25): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrá declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa; lo cual es el supuesto efectivo que se denota de la presente garantía constitucional, en vista a la incompatibilidad del artículo 4, párrafo primero, del Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, con el proceso de reforma agraria tutelado constitucionalmente. CONSIDERANDO (26): Que la sentencia en que se declara la y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegítima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales. CONSIDERANDO (27): Que en el presente caso, se puede colegir que el Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO, en fecha seis (06) de abril de dos mil veinte (2020), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35, 222, de fecha nueve (9) de abril de dos mil veinte (2020), mediante la cual SE DECLARA PRIORIDAD NACIONAL DEL APOYO DEL SECTOR PRODUCTOR DE ALIMENTOS Y AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA, SE DECRETEN MEDIDAS PARA ASEGURAR LA SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA es contraria parcialmente a la Constitución de la República, al existir un conflicto ostensible entre las reglas, principios y valores ínsitos en la normativa primaria y lo dispuesto en el artículo 4, párrafo primero, del Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, en tanto norma secundaria, de lo cual resulta la procedencia de declarar su inconstitucionalidad y consiguiente derogatoria por vulnerar los artículos 344, 345 y 348 de la Constitución de la República, con la puesta en vigencia del citado Decreto; como coinciden los demandantes de inconstitucionalidad y el Ministerio Publico; no así en cuanto a los demás componentes normativos del precitado Decreto Ejecutivo, los cuales se pueden separar de la totalidad del mismo; preservando su presunción de legitimidad constitucional, por ser susceptibles de una lectura conforme a la Constitución de la Republica, en cuando a los demás fines, declarados y ejecutivamente propuestos. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer de la Fiscal para la Defensa de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos de sus miembros, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos: 1, 4, 16, 18, 63, 64, 184, 185 No. 1, 206, 221, 245 Numerales 1), 2), 11), 20), y 45); 246, 247, 248, 252, 255, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 344, 345, 347, 348 y 350 de la Constitución de la República; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 3), 4, 5, 7, 8, 74, 75, 76 numeral 1), 77 numeral 1), 78, 79, 80, 89, 92, 94, 114 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; profiere y FALLA: 1.- DECLARAR HA LUGAR LA INCONSTITUCIONALIDAD POR VÍA DE ACCIÓN, POR RAZÓN DE FORMA, Y DE FORMA PARCIAL, del DECRETO EJECUTIVO No. PCM-030-2020, emitido por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO en fecha seis (06) de abril de dos mil veinte (2020), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35, 222, de fecha nueve (9) de abril de dos mil veinte (2020), mediante la cual SE DECLARA PRIORIDAD NACIONAL DEL APOYO AL SECTOR PRODUCTOR DE ALIMENTOS Y AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA, SE DECRETAN MEDIDAS PARA ASEGURAR LA SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA; DECLARANDO específicamente la inconstitucionalidad y, por consiguiente, la derogatoria del artículo 4, párrafo primero, del Decreto Ejecutivo No. PCM-030-2020, descrito y referenciado. 2.- DECLARAR EXPRESAMENTE que la presente sentencia será de ejecución inmediata, que tendrá efectos generales y que no tiene efectos retroactivos de conformidad a la expresión latina ex nunc, en aplicación del artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: 1) Que la presente sentencia sea notificada a los recurrentes, personalmente o de oficio mediante cédula fijada en la Tabla de Avisos, a más tardar al día siguiente de su fecha. 2) Que se proceda a certificar el presente fallo. 3) Subsiguientemente, que se proceda a comunicar la presente sentencia al Congreso Nacional, para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. - Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número SCO-0915-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Ver, asimismo, con similar orientación y carácter ilustrativo, la Sentencia de la Sala de lo Constitucional de fecha veinte de agosto de dos mil ocho recaída en el Recurso de Amparo Administrativo venido en Consulta, No. 81=08, interpuesto por la Abogada DIANA FLORES LANZA a favor del ESTADO DE HONDURAS.

[2] Véase BREWER-CARÍAS, Allan R. Instituciones Políticas y Constitucionales. Tomo VII, La Justicia Contencioso-Administrativa, Caracas, 1997. Págs. 26 y sigs.

[3] Véase MORA, Luis Paulino: “La relación entre Justicia Constitucional y Poder Judicial: diversos modelos”, en: Revista Centroamericana Justicia Penal y Sociedad (Enero – Junio 2004) No. 20. Págs. 173-196.

[4] Luis Fernando SOLANO CARRERA, citando al jurista venezolano Allan R. BREWER-CARÍAS, nos dice que “si partimos del supuesto de que la Constitución es manifestación de la voluntad del pueblo que debe prevalecer sobre la voluntad de los órganos constituidos, el primer y principal derecho constitucional que los ciudadanos tienen en un Estado de derecho, el derecho a dicha supremacía, es decir, al respeto de la propia voluntad popular expresada en la Constitución. Nada se ganaría con señalar que la Constitución, como manifestación de la soberanía del pueblo, debe prevalecer sobre los órganos del Estado, si no existiere el derecho de los integrantes del pueblo de exigir el respeto de esa Constitución.” Constitución y Justicia Constitucional. Jornadas de Derecho Constitucional en Centroamérica II. Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe, Barcelona, 2012. Pág. 17.

[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978. La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977. Artículos 23.1 inciso a) y c), 23.2 y 24

[6] Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1996. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. La Gaceta No. 28293 de 24 de junio de 1997. Artículos 25. a) y c) y 26.

[7] Remedio SÁNCHEZ FERRIZ, El Estado Constitucional, Configuración Histórica y Jurídica. Organización Funcional. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. Págs. 112 y 113.

[8] LINARES QUINTANA, S., citado en: AGURCIA VALENCIA, Gilma. Introducción a la interpretación y aplicación al Derecho Hondureño. Tegucigalpa: OIM, 2013. Pág. 136.

[9] Ver artículo 247 de la Constitución de la República.

[10] Ver artículo 348 de la Constitución de la República.