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Sentencia RI-873-14 — Registro 15521

Resumen

Considera impetrantes que decreto impugnado acarrea consecuencias directas para la desaparición de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)por la Privatización de los Servicios de Energía Eléctrica, trayendo como consecuencia la obstaculización de la Prestación de Servicios Básicos de Forma Pública y Sin Fines de Lucro, como un Derecho Humano,dicho en otras palabras, sacan del Mercado del Sub sector Eléctrico a la ENEE, y consolidan la Privatización del Servicio de Energía Eléctrica con Fines de Lucro,sin impórtarles violar la Garantía. establecida en el artículo 260 numeral 2 de la Constitución, la cual garantiza que el Servicio debe ser Publico y Sin Fines de Lucro

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que del estudio y análisis del presente recurso de inconstitucionalidad no existe motivos para decretar la inconstitucionalidad por razón de forma del Decreto Legislativo No. 404-2013 esto porque no se esta suprimiendo a la empresa Nacional de Energía Eléctrica, con la creación del nuevo órgano, esto porque la primera persona jurídica antes mencionada no desaparece y sigue manteniendo su existencia legal así como su competencia y atribuciones ni tampoco existe modificaciones presupuestaria ni al plan operativo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, motivo este por lo que no se aplica lo ordenado en el artículo 261 de la Constitución de la República para realizar las reformas para su creación. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que dé misma forma no existen motivos para decretar la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo descrito en el considerando que antecede porque el contenido del mismo no va en contra de las disposiciones constitucionales ya que el Estado con la creación de la Ley General de la Industria Eléctrica entre otros pretende eficientar los servicios que ha venido prestado a través de la Empresa Nacional de Eléctrica, así como el funcionamiento en armonía del mercado eléctrico nacional, todo esto procurando el bienestar común de la ciudadanía; asimismo no se estima vulneración del artículo 64 de la Constitución de la República, esto porque firmar o no un contrato de suministro de Energía es una decisión propia del usuario, existiendo en consecuencia una libertad de contratación, de misma forma no hay violación del carácter impositiva porque el impuesto sobre venta se trastada al consumidor final siendo este que consume y paga y el otro un mero recaudador. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que el depósito señalado de inconstitucionalidad no violenta la Constitución de la República porque al buscar el Estado la modernización del sector energético lo que busca es garantizar el pago del servicio energético evitando incurrir en perdidas que van en contra del beneficio de los habitantes del país ya que lo que busca es proporcionarles a estos practicas y estructuras modernas del sector eléctrico y las deficiencias que se puedan producir en la prestación del servicio energético no pueden ser trasladadas al consumidor y en la misma norma tachada de inconstitucional se establece un principio de ponderación para calcular el valor agregando de distribución por parte de la empresa distribuidora señalando esta taxativamente como se calculara el mismo. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que el fondo social de desarrollo eléctrico al llevar como fin financiar obras de electrificación de interés social para el desarrollo energético del país es de misma forma buscando un beneficio a los habitantes del país por lo que su autorización va aparejada a lo presente en la norma constitucional en los artículos 363 y 59. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que el artículo 3 numeral 10 señala las funciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) va en consonancia con la prohibición expresa establecida en el artículo 329 de la Constitución de la República, la que, dando claro la prohibición de conductas anticompetitivas, mono políticas, o discriminatorias. Por lo que no violenta el artículo 339 de la Constitución de la República; que dé misma forma no existe vulneración a la garantía constitucional establecida en el artículo 298 de la Constitución de la República esto porque el simple hecho de imponer una prohibición de no cobrar tasas o cánones, las corporaciones municipales no pierden su autonomía e independencia al existir la norma constitucional establecida en el artículo 205 que le da esa atribución al Congreso Nacional de la República, que de misma forma no existe vulneración al derecho a la salud puesto que la finalidad del Decreto Legislativo impugnado de inconstitucional al buscar impulsar el desarrollo energético potenciando su eficiencia lo que busca como antes se ha explicado es generar mejores condiciones de vida de los habitantes, siendo con esto consecuentes con lo ordenado en el artículo 59 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que en consecuencia se debe declarar sin lugar el Recurso de Inconstitucionalidad intentado al no existir conflicto entre la norma Constitucional y el Decreto Legislativo número 404-2013"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICIACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.-Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, en forma total y por razón de forma y contenido, por los Abogados RIKI NELSON DUBON TURCIOS y VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ en su condición de Apoderados Legales del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (STENEE), contra el DECRETO LEGISLATIVO No. 404-2013 aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil catorce (2014), publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 33,431 de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil catorce (2014), mediante el cual se aprobó la LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA; alegando los recurrentes que con dicho Decreto se vulneran algunos Artículos establecidos en la Constitución de la República como ser el 63, 64, 260, 261 y 271. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco (05) de agosto del año dos mil catorce, comparecieron ante esta Sala de lo Constitucional, los Abogados RIKI NELSON DUBON TURCIOS y VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ en su condición de Apoderados Legales del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (STENEE), para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción, en forma total y por razón de forma y contenido del DECRETO LEGISLATIVO No. 404-2013 aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil catorce (2014), publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 33,431 de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil catorce (2014), alegando los recurrentes que ese Decreto se aprobó sin que previamente se solicitaran los dictámenes correspondientes del Poder Ejecutivo que la Constitución de la República exige; se aprobó sin mayoría calificada que ordena el Artículo 261 constitucional; y, en lo relativo a su contenido, se aprobó con violación a los Artículos concernientes a la Forma de Gobierno y a los Artículos 1, 59, 60, 62, 63, 64, 260 numerales 2, 5 y 6, 261, 271, 333 y 339 de la Constitución de la República, relacionados con el Artículo 49 de la Ley General de la Administración Pública, el Decreto No.48 de la Ley Constitutiva de la ENEE. 2) Que en fecha once (11) de agosto del año dos mil catorce (2014), este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el recurso de inconstitucionalidad interpuesto vía acción, ordenando librar la respectiva comunicación al Congreso Nacional de la República a efecto de remitir los antecedentes correspondientes al proceso de formación del decreto impugnado. 3) Que con fecha dos (02) de septiembre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por recibo en este Tribunal el informe solicitado al Congreso Nacional de la República, habiéndose en consecuencia dispuesto conceder el traslado de los antecedentes por el término de seis (06) días hábiles al Fiscal del Despacho para que emitiese el correspondiente dictamen. 4) Que en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil catorce, la Fiscal del Ministerio Público, Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, se abstiene de rendir dictamen en vista que consta en autos, el informe enviado por el Congreso Nacional, en el cual no se establecen los extremos alegados por los impetrantes; por lo que no se puede determinar si realmente ocurrió o no; ya que en el informe hacen referencia a otro recurso de inconstitucionalidad es decir al número (0032-2014) y en el presente caso de autos, es en relación al recurso de inconstitucionalidad número SC0-0873-2014; situación que hace necesario se libre nuevamente comunicación al Congreso Nacional, solicitándole informe sobre dicho aspecto y de esta manera poder emitir un dictamen. 5) En fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil catorce (2014) este Alto Tribunal emitió Auto ordenando librar nueva comunicación a la Secretaría del Soberano Congreso Nacional de la República, a efecto de que proceda a la remisión del informe en el cual se contenga la información requerida por el Fiscal de la Constitución para emitir su opinión. 6) Que en fecha quince (15) de octubre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por recibida la información del Congreso Nacional de la República, en virtud de cuya ausencia se abstuvo de emitir dictamen el Fiscal del Despacho, en consecuencia, se dispuso a conceder nuevo traslado al Fiscal del Despacho para que emitiese el correspondiente dictamen. 7) Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil catorce (2014), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE NO HA LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad planteado. CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad. CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma. CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los Abogados RIKI NELSON DUBON TURCIOS y VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ en su condición de Apoderados Legales del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (STENEE), indican en su escrito que, La Ley General de la Industria Eléctrica, acarrea consecuencias directas para la desaparición de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), y para toda la población en general (Ciudadanos, Usuarios, Consumidores, Abonados, Juntas de Agua, etc.) por la Privatización de los Servicios de Energía Eléctrica, trayendo como consecuencia la obstaculización de la Prestación de Servicios Básicos de Forma Pública y Sin Fines de Lucro, como un Derecho Humano, poniendo en severo riesgo aún más las precarias condiciones de Salud del Pueblo hondureño. Privatización que se consolida y se evidencia en el Artículo 29 de la Ley impugnada, la cual ordena a la Junta Directiva de la ENEE, a modernizar la empresa antes del 1 de julio de 2015, Y se transforme en Entidad (Sociedad Mercantil) y complete el proceso para escindirse en una Empresa de Generación, una de Transmisión y Operación del Sistema y al menos una de Distribución, es decir, en otro léxico y ya coloquial, ordena despedazar o segmentar a la ENEE en tres partes, sin embargo, paradójicamente el Considerando Sexto de la misma Ley, convierte a esta Empresa Pública Descentralizada del Estado en un apéndice de la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) y del Instituto de Conservación Forestal (ICF), pues el mencionado Considerando, manda a la ENEE, que concentre sus esfuerzos en el desarrollo de los Recursos Naturales Renovables del País, dicho en otras palabras, sacan del Mercado del Sub sector Eléctrico a la ENEE, y consolidan la Privatización del Servicio de Energía Eléctrica con Fines de Lucro, sin impórtales violar la Garantía. establecida en el artículo 260 numeral 2 de la Constitución, la cual garantiza que el Servicio debe ser Publico y Sin Fines de Lucro. Incorporado a lo anterior y para no dejar dudas al respecto, esa Ley también sustrae del Patrimonio de la ENEE, sus Bienes y Derechos, los Flujos de Caja, la Administración y Operación de sus sistemas, a través de Inversionistas Operadores Privados, pues integra y hace suyos los Fideicomisos Inconstitucionales aprobados por el Congreso Nacional de la República, mediante Decretos No. 118-2013, 119-2013 y 163-2013, publicados en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 19 de julio de 2013 y 18 de septiembre de 2013, respectivamente, por medio de los cuales la ENEE, Cede Sin Restricción alguna a favor de Instituciones Bancarias (Fiduciarios), todos sus Bienes y Derechos (Clausula número 2 de los Contratos de Fideicomisos y artículo 29 de la Ley General de la Industria Eléctrica), los cuales también Suplantan y Suprimen las Garantías, Funciones y Finalidades de la ENEE, de prestar un Servicio Público de Energía Eléctrica Sin Fines de Lucro. Es así que la Cláusula No. 1 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), reconoce como fin supremo mantener la Vigencia Publica de la ENEE, como un Patrimonio Nacional con la más amplia cobertura a nivel nacional, libre de corrupción, con un adecuado, responsable y racional uso de los recursos humanos, naturales y materiales; teniendo como Objetivo el Ofrecer al Usuario un Servicio Público Ininterrumpido, Seguro y al Menor Costo Posible, cuidando de la mejor manera el Medio Ambiente. Para los propósitos anteriores, la ENEE reconoce en el STENEE, su papel como factor de concertación y de estabilidad; y, a dicho Contrato Colectivo, como el instrumento idóneo para estimular y promover mejores condiciones de trabajo, económicas, morales, sociales y culturales para el logro y consolidación de la armonía en las relaciones laborales haciendo nuestro el Principio Universal de Estabilidad Laboral. Además, la ENEE y el STENEE, aceptan y reconocen que el Suministro de Energía Eléctrica, constituye un sector clave para insertar a nuestro País en la Sociedad del Nuevo Milenio, lo cual es decisivo para la integración y Felicidad del Pueblo, mediante el Acceso Universal de los hondureños a los Servicios de Energía Eléctrica, lo cual es congruente con el Artículo 59 de la Constitución de la República, la que establece que la Persona Humana es el Fin Supremo de la Sociedad y el Estado. Sin embargo, con dicha Ley, se pretende desconocer la Vigencia Publica de la ENEE, que tanto la ENEE y el STENEE, manifiestan y reconocen mantener, lo cual trae como consecuencia la afectación ineludible de los Derechos Laborales y Sociales consignados en la Constitución de la República, Código del Trabajo y Contrato Colectivo de todos y cada uno de Trabajadores de la ENEE, de donde se deriva nuestro Interés Directo, Personal y Legítimo. Así lo dice el Artículo 128 Constitucional, entre otros, Derecho al Trabajo y a la Protección contra el Desempleo; tenemos Derecho a la Libre Sindicalización y a que se preserven los mismos y como contrapartida, el Estado está en la obligación de tutelarlos, teniendo como eje central a la Persona Humana que es el Fin Supremo de la Sociedad y el Estado (art. 59 Constitucional). De este modo, cualquier modificación del entorno laboral, normativo y de relaciones que conlleven una limitación como trabajadores o provoquen un trastorno a los derechos que la Constitución proclama y a la forma de ejercerlos, Legitiman nuestro Interés como Seres Humanos para que de manera Individual o como Organización Sindical ejerzamos las acciones que correspondan. La Garantía Constitucional como la que en este acto interponemos, es precisamente la que el Constituyente previo en protección de nuestros intereses contra los actos producidos por el Congreso Nacional cuando acarrean una modificación al Pacto Social contenido en nuestra Constitución. La Ley General de la Industria Eléctrica, y en general la totalidad del Decreto Legislativo impugnado, afectan el interés personal de nuestros representados y de todo el Pueblo en general, al perder como Trabajadores Individuales, como Miembros de la Organización Sindical, la relación laboral establecida por muchos años con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Afectan el Interés Personal y Legítimo de nuestros representados para actuar, porque implican que las autoridades públicas que representan sus intereses y el de la colectividad en general dejan o dejarán de cumplir con el mandato que le dimos de gobernar para asegurarnos el “… Goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social” (art. 1 Constitucional). Afectan también el Interés Personal de nuestros representados y los Legitiman para accionar en el ámbito jurisdiccional, tal como en este momento lo hacen, porque violentan el Derecho a la Sindicalización, pues al suprimir a la ENEE, también desaparece el Sindicato, en consecuencia se violenta también el Convenio N° 87 y 98 de la OIT, que se refiere a la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindica1ización y de negociación colectiva en su artículo 3.2 expresa: “Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”. CONSIDERANDO CINCO (5): Que los demandantes de inconstitucionalidad señalan como motivos de inconstitucionalidad por razón de forma 1) VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 260, 261, 271 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. La aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica mediante Decreto Legislativo N° 404-2013, implica eliminar las Finalidades y Atribuciones que corresponden a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), lo cual significa suprimir un Organismo Descentralizado, que conforme al Artículo 260 de la Constitución de la República y la Ley General de la Administración Publica, establecen que solo a través de Instituciones Descentralizadas, se garantiza Mayor Eficiencia en la Administración de los intereses nacionales, la Satisfacción de Necesidades Colectivas de Servicio Público, Sin Fines de Lucro, la Exclusividad de la Competencia, de modo tal que su creación no supone Duplicación con otros Órganos de la Administración Pública ya existentes, el Aprovechamiento y Explotación de Bienes y Recursos pertenecientes al Estado; La participación de éste en aquellas áreas de actividades económicas que considere necesarias y convenientes para cumplir sus fines de Progreso Social y Bienestar General. (Artículo 260 Constitucional). Es por eso que la Ley General de la Industria Eléctrica resulta Inconstitucional, ya que la misma establece normas contrarias a las disposiciones antes descritas, al disponer que a través de un Órgano Desconcentrado y Empresas Mercantiles, regulen y controlen el Suministro y Servicio Público de Energía Eléctrica Sin Fines de Lucro, a bajo costo, el cual solo lo garantiza la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y no la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), ni los Comités de Agentes del Mercado, ni el Operador del Sistema, y mucho menos los Agentes del Mercado (Distribuidoras, Consumidores Calificados, Generadoras, Comercializadoras) todas Empresas Mercantiles, que suplantan y suprimen garantías, funciones, finalidades para un Servicio Público de Energía Eléctrica Sin Fines de Lucro. Expresa el párrafo primero del Artículo 261 Constitucional: “Para crear o suprimir un organismo descentralizado, el Congreso Nacional resolverá por dos tercios 2/3 de los votos de sus miembros”. La Ley Constitutiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en su Artículo 1, establece que la ENEE, es un Organismo Autónomo de Servicio Público, y como tal forma parte de la Administración Publica Descentralizada, así lo dispone el artículo 47 de la Ley General de la Administración Pública. Por consiguiente la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica mediante Decreto Legislativo N° 404-2013, implica Suprimir un Organismo Descentralizado del Estado como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pues a todas luces es indiscutible que con esa Ley se elimina las Facultades, Finalidades y Atribuciones que por Mandato Constitucional le corresponden a la ENEE y razonablemente, si la ENEE, ya no tiene las Funciones y Facultades expresadas en su Ley Constitutiva y para lo cual fue creada, prácticamente se estaría suprimiendo de forma tácita e Inconstitucional. Incorporado a lo anterior y para no dejar dudas al respecto, esa Ley también sustrae del Patrimonio de la ENEE, sus Bienes y Derechos, los Flujos de Caja, la Administración y Operación de sus Sistemas, a través de Inversionistas Operadores Privados, pues integra y hace suyos los Fideicomisos Inconstitucionales aprobados por el Congreso Nacional de la República, mediante Decretos No. 118-2013, 119-2013 y 163-2013, publicados en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 19 de julio de 2013 y 18 de septiembre de 2013, respectivamente, por medio de los cuales la ENEE, Cede Sin Restricción alguna a favor de Instituciones Bancarias (Fiduciarios), todos sus Bienes y Derechos (Clausu1a número 2 de los Contratos de Fideicomisos y artículo 29 de la Ley General de la Industria Eléctrica), mismos que también Suplantan y Suprimen las Garantías, Funciones y Finalidades de la ENEE, de prestar un Servicio Público de Energía Eléctrica Sin Fines de Lucro. De esta forma el Congreso Nacional de la República en completa flagrancia violentó el párrafo primero del artículo 261 Constitucional, al suprimir un Organismo Descentralizado como la ENEE, sin haber seguido el Debido Proceso que establece esa Norma Constitucional, la cual exige que para Suprimir un Organismo Descentralizado del Estado, el Congreso Nacional deberá aprobarlo con los dos tercios (2/3) de los votos de sus miembros, situación que nunca sucedió, trasgrediendo así el Proceso de Formación de la Ley que impone la Constitución de la República y para que este aspecto violatorio de la Ley, no quede en duda, ahora señalamos, como dicha Ley, de Manera Expresa Suprime la ENEE, como Empresa Pública Descentralizada. Es así, que el Artículo 29 de la Ley impugnada, ordena a la Junta Directiva de la ENEE, a modernizar a la Empresa antes del 1 de julio de 2015, y se transforme en Entidad (Sociedad Mercantil) y complete el proceso para escindirse en una Empresa de Generación, una de Transmisión y Operación del Sistema y al menos una de Distribución, es decir, en otro léxico y ya coloquial, ordena despedazar o segmentar a la ENEE en tres partes, sin embargo, paradójicamente el Considerando Sexto de la misma Ley, convierte a esta Empresa Pública Descentralizada del Estado en un apéndice de la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) y del Instituto de Conservación Forestal (ICF), pues el mencionado Considerando, manda a la ENEE, que concentre sus esfuerzos en el desarrollo de los Recursos Naturales Renovables del País, dicho en otras palabras, sacan del Mercado del Sub sector Eléctrico a la ENEE, y consolidan la Privatización del Servicio de Energía Eléctrica con Fines de Lucro, sin impórtales violar la Garantía establecida en el Artículo 260 numeral 2 de la Constitución, el cual garantiza que el Servicio debe ser Público y Sin Fines de Lucro. 2) VIOLACIÓN AL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 261 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Expresa esta norma, de manera general: “Previa la emisión de leyes relativas a las instituciones descentralizadas, el Congreso Nacional deberá solicitar la opinión del Poder Ejecutivo”. Además de la Obligación Constitucional impuesta al Congreso Nacional de aprobar con los dos tercios (2/3) de los votos de sus miembros, las Leyes que impliquen la Supresión Total o Parcial de un Ente Descentralizado, también se le impone al Congreso la obligación ineludible de solicitar la opinión del Poder Ejecutivo, cuando exista la pretensión de aprobar normas que afecten su Ley Constitutiva (ENEE), situación que tampoco ocurrió en la aprobación del Decreto Legislativo No. 404-2013. Dichos Dictámenes que exige la Constitución en su artículo 261, son parte fundamental del Proceso de Formación de la Ley, pues también están concebidos para los casos que se refieran a la Creación o Supresión de Instituciones Descentralizadas, y sin lugar a dudas, este párrafo segundo no se contrae solo a esas dos posibilidades, por el contrario, al expresar “Previa la emisión de leyes relativas a las instituciones descentralizadas” consideramos que en este caso, el Constituyente analizó y consideró aplicarlo para cualquier otra decisión que afecte a una Institución Descentralizada, sea ésta la Supresión Parcial o Total, la Modificación en cuanto a sus Activos o en cuanto a la Forma de su Administración y definitiva, para cualquier otro tema que afecte su vida jurídica y operacional, disposición que se relaciona también con el Artículo 271 de la Constitución de la República. Por lo dicho, el Congreso Nacional al transgredir la Garantía Constitucional referida, también violenta la Norma de Orden Público y Estricto cumplimiento, establecida en el artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública que literalmente dice: “La creación, modificación o supresión de los órganos de la Administración Pública Centralizada, incluyendo los Desconcentrados y las instituciones Descentralizadas, solamente podrá hacerse previa definición del fin Público a satisfacer cuando se acredite su factibilidad económico-administrativa, considerando el costo de su funcionamiento, el rendimiento especializado o, en su caso el ahorro previsto. No podrán crearse nuevos órganos de la administración centralizada o instituciones descentralizadas que supongan duplicación de otros ya existentes si al propio tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos.” 3) VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 271 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Esta norma expresa: “Cualquier modificación sustancial al Plan Operativo y al presupuesto de una institución descentralizada, requerirá previamente el dictamen favorable del Consejo Superior de Planificación Económica y de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas.” Como prueba de esta violación, es la modificación del Presupuesto de la ENEE, que hace la Ley impugnada en su artículo 3 inciso G), donde ordena Financiar a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), obligando a la ENEE, poner a disposición de la CREE, en los primeros cinco días de cada mes, el 0.25% del monto total que haya facturado en el mes previo al mes anterior, y según valores oficiales publicados en boletines de la ENEE, la Empresa tuvo ingresos en el año de 2013 de Diecinueve Mil Ochocientos Treinta Millones, Quinientos Tres Mil Trescientos Lempiras, por lo que el 0.25%, en base a esos ingresos representan para la ENEE, una erogación anual, para Financiar a la CREE, de Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Setenta Y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Lempiras. Con lo cual se demuestra, que dicha Comisión, no tiene Independencia Presupuestaria, Capacidad Financiera, ni Capacidad Técnica y lo único que viene a hacer es Suplantar las Funciones y Finalidades para la cual fue creada la ENEE, y agudizar las finanzas de la misma. Lo antes expuesto, quiere decir que aun en el caso, que no lo sea, de que el Decreto impugnado no implicara la Supresión de la ENEE, el Congreso Nacional de la República estaba obligado Constitucionalmente, previó a la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica, a solicitar conforme al Artículo 271 Constitucional, antes descrito, los Dictámenes respectivos, incluso, aunque la Modificación del Organismo Descentralizado fuera mínima, siempre requeriría la insoslayable obligación que impone la Constitución del Dictamen favorable aludido, Razón por la cual resulta Inconstitucional el Decreto Legislativo No. 404-2013 por Razón de Forma. Por todo lo expresado, la Ley General de la Industria Eléctrica, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 404-2013. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el numeral primero del Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 62 de la Normal Constitucional establece que “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 63 de la Carta Magna estipula que: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, si bien es cierto, el Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan la Constitución de la República; pero también es cierto que el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública. CONSIDERANDO ONCE (11): Que las personas jurídicas, tales como las sociedades mercantiles representadas por los recurrentes de la inconstitucionalidad, en nuestra legislación vigente, además de ser responsable civilmente es posible sancionarlas penalmente por un delito o falta, o por una infracción administrativa. Si bien no pueden imponérsele todos los tipos de penas, existen algunas, como las pecuniarias o las inhabilitaciones, que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o tributarios o infracciones administrativas. De todos modos, por lo general, se acepta la posibilidad de exigir responsabilidad penal a una persona jurídica, y a las personas físicas que están detrás de una persona jurídica y toman las decisiones. CONSIDERANDO DOCE (12): Que es por eso que se justifica la existencia del Derecho Penal Administrativo, como aquel constituido por un grupo de disposiciones, emanadas del poder público, que son parte del ordenamiento jurídico, y que asocian a una pena grupos de hechos consistentes en el incumplimiento de deberes para con la Administración pública, no previstos en el código penal, que se denominan faltas o contravenciones. CONSIDERANDO TRECE (13): Que, en este caso, se debe entender que estamos frente a mecanismos represivos que nuestro ordenamiento pone a disposición del Estado para cumplir su función constitucional al servicio de la persona humana y de promoción del bien común. Sin embargo, para su ejercicio, el primer paso que debe dar el Estado es por medio de la ley. El principio de legalidad es un elemento común e ineludible en la determinación de los ilícitos y las penas. A su vez, el siguiente paso será determinar si el castigo o represión de dichas conductas se realizará por la autoridad judicial o por la autoridad administrativa. En esta segunda función, el legislador dispone de una facultad discrecional para seguir uno u otro camino, pues él debe ponderar su eficacia, mérito u oportunidad, aunque sujeto a una serie de limitaciones: el principio de proporcionalidad respecto de la sanción que se aplicará y que toda medida que implique privación de libertad, ya sea de forma directa o sustitutiva, requiere de la intervención de la autoridad judicial. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 63 de la Constitución establece: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre." CONSIDERANDO QUINCE (15): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas. CONSIDERANDO DIECISIETE (16): Que del estudio y análisis del presente recurso de inconstitucionalidad no existe motivos para decretar la inconstitucionalidad por razón de forma del Decreto Legislativo No. 404-2013 esto porque no se esta suprimiendo a la empresa Nacional de Energía Eléctrica, con la creación del nuevo órgano, esto porque la primera persona jurídica antes mencionada no desaparece y sigue manteniendo su existencia legal así como su competencia y atribuciones ni tampoco existe modificaciones presupuestaria ni al plan operativo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, motivo este por lo que no se aplica lo ordenado en el artículo 261 de la Constitución de la República para realizar las reformas para su creación. CONSIDERANDO DIECIOCHO (18): Que dé misma forma no existen motivos para decretar la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo descrito en el considerando que antecede porque el contenido del mismo no va en contra de las disposiciones constitucionales ya que el Estado con la creación de la Ley General de la Industria Eléctrica entre otros pretende eficientar los servicios que ha venido prestado a través de la Empresa Nacional de Eléctrica, así como el funcionamiento en armonía del mercado eléctrico nacional, todo esto procurando el bienestar común de la ciudadanía; asimismo no se estima vulneración del artículo 64 de la Constitución de la República, esto porque firmar o no un contrato de suministro de Energía es una decisión propia del usuario, existiendo en consecuencia una libertad de contratación, de misma forma no hay violación del carácter impositiva porque el impuesto sobre venta se trastada al consumidor final siendo este que consume y paga y el otro un mero recaudador. CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que el depósito señalado de inconstitucionalidad no violenta la Constitución de la República porque al buscar el Estado la modernización del sector energético lo que busca es garantizar el pago del servicio energético evitando incurrir en perdidas que van en contra del beneficio de los habitantes del país ya que lo que busca es proporcionarles a estos practicas y estructuras modernas del sector eléctrico y las deficiencias que se puedan producir en la prestación del servicio energético no pueden ser trasladadas al consumidor y en la misma norma tachada de inconstitucional se establece un principio de ponderación para calcular el valor agregando de distribución por parte de la empresa distribuidora señalando esta taxativamente como se calculara el mismo. CONSIDERANDO VEINTE (20): Que el fondo social de desarrollo eléctrico al llevar como fin financiar obras de electrificación de interés social para el desarrollo energético del país es de misma forma buscando un beneficio a los habitantes del país por lo que su autorización va aparejada a lo presente en la norma constitucional en los artículos 363 y 59. CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que el artículo 3 numeral 10 señala las funciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) va en consonancia con la prohibición expresa establecida en el artículo 329 de la Constitución de la República, la que, dando claro la prohibición de conductas anticompetitivas, mono políticas, o discriminatorias. Por lo que no violenta el artículo 339 de la Constitución de la República; que dé misma forma no existe vulneración a la garantía constitucional establecida en el artículo 298 de la Constitución de la República esto porque el simple hecho de imponer una prohibición de no cobrar tasas o cánones, las corporaciones municipales no pierden su autonomía e independencia al existir la norma constitucional establecida en el artículo 205 que le da esa atribución al Congreso Nacional de la República, que de misma forma no existe vulneración al derecho a la salud puesto que la finalidad del Decreto Legislativo impugnado de inconstitucional al buscar impulsar el desarrollo energético potenciando su eficiencia lo que busca como antes se ha explicado es generar mejores condiciones de vida de los habitantes, siendo con esto consecuentes con lo ordenado en el artículo 59 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que en consecuencia se debe declarar sin lugar el Recurso de Inconstitucionalidad intentado al no existir conflicto entre la norma Constitucional y el Decreto Legislativo número 404-2013. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en el Decreto Legislativo 404-2013, en los artículos 1, 18, 63, 64, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar sin lugar, el recurso de inconstitucionalidad promovido contra el Decreto Legislativo N.º 404-2013. Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente. - Redactó el Magistrado Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL."

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número SCO-0873-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL