Sentencia RI-862-14 — Registro 15775
Resumen
Artículo 9 del Decreto No. 278-2013 mediante el cual se creó la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión; La Sala indica que dictó fallo en recurso de inconstitucionalidad bajo número SCO-757-14 interpuesto por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido, no siendo pertinente hacer un nuevo pronunciamiento en cuanto al decreto impugnado, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad implicaría tácitamente volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consencuencias concretas y temporales ya declaradas en la sentencia de fehca veinticinco de junio de dos mil quince, razón por la cual se sobresee la acción de mérito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional dictó fallo en el recurso de inconstitucionalidad registrado bajo número SCO-757-14 interpuesto por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), para que se declare la Inconstitucionalidad de los artículos 9, 10, 11 y 18 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Anti Evasión, por estimar que los mismos entran en contradicción con lo preceptuado en los artículos: 16, 18, 31, 60, 61, 82, 89, 90, 94, 96, 109, 331, 351 y 363 de la Constitución de la República..."..."la motivación del ya referido fallo declarando la inconstitucionalidad impetrada, y que fuera dictado por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, recaído en el recurso de inconstitucionalidad registrado bajo número SCO-757-14, que establece en su parte conducente lo siguiente(sic)…” CONSIDERANDO (29):...CONSIDERANDO (30): Que en ese orden de ideas es menester señalar que si bien es cierto que el artículo 9 del Decreto Nº 290-2013, al reformar el artículo 45 del Decreto Nº 278-2013, deja claramente establecido el fin para el cual se destinarán los fondos que se obtengan como producto del aumento del tres por ciento (3%) del incremento al Impuesto Sobre Ventas; también lo es que tal disposición no contraria el párrafo segundo del articulo 363 constitucional, y ello se estila así, porque lo que se hace es modificar la tasa del impuesto, que precisamente fue creada con la emisión del Decreto Ley No. 24 del 20 de diciembre de 1963, contentivo de Ley del Impuesto Sobre Venta; en otras palabras nuestro legislador no ha creado ingreso alguno con fin específico, al reformar la referida tasa; por lo que la destinación que se le dé a tales fondos no contraría los principios constitucionales de unidad de fondo y de no afectación. La norma constitucional lo que sí prohíbe es la destinación específica de ingresos, cuando se crea una norma con tal fin, situación que en cuanto a la norma en comento no sucede así, puesto que como ya se dejó apuntado en el caso que nos ocupa el legislador lo que ha hecho es modificar una tasa de impuesto ya existente, por consiguiente, el principio Constitucional de Unidad de Fondo no se ve vulnerado...se estima que de los seis motivos de inconstitucionalidad alegados por el impetrante, únicamente el expuesto en el primer motivo resulta inconstitucional, esto es el artículo 7 del Decreto Nº 290-2013, de fecha cinco de abril de 2014, en cuanto que el mismo reformó el artículo 8 del Decreto Nº 278-2013, dicha reforma del artículo 8 que adiciona el literal c) y un penúltimo párrafo al artículo 22 de Ley del Impuesto Sobre la Renta..."..."en consecuencia se declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 7 del Decreto Legislativo No. 290-2013, que reforma el artículo 8 del Decreto No. 278-2013, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398, de fecha 5 de abril de 2014;..."..."ante lo expuesto y no siendo pertinente hacer un nuevo pronunciamiento de la justicia constitucional en cuanto al decreto impugnado en la acción de inconstitucionalidad registrada bajo número 757-2014, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad implicaría tácitamente volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales ya declaradas en la sentencia de fecha veinticinco de junio de dos mil quince..."..."resulta una certeza para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, recaído en la acción registrada bajo número 757-2014, al ser declarado ha lugar el primer motivo e inconstitucionalidad planteado, en consecuencia se declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 7 del Decreto Legislativo No. 290-2013, que reforma el artículo 8 del Decreto No. 278-2013, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398, de fecha 5 de abril de 2014; asimismo, declara no ha lugar los motivos de inconstitucionalidad segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que por razón de contenido, interpuesto por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP); sin perjuicio de reiterar la validez del fallo relacionado, torna en innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre el decreto impugnado, sobre las bases de los mismos motivos esgrimidos con anterioridad, resultando de todo lo anterior, la ostensible improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, dando lugar a su consiguiente sobreseimiento..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 184 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 88 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 93 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 94 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación de la Sentencia de fecha 13 de octubre del año 2022, recaída en el recurso de Inconstitucionalidad 0862-2014.
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido, por el Abogado FAUSTO MARTÍN RODRÍGUEZ MEDINA en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominado OLAM HONDURAS, S.A. DE C.V., para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido, del artículo 9 del Decreto No. 278-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil trece y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,316 en fecha treinta de diciembre del año dos mil trece, mediante el cual se creó la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, alegando el recurrente que dicho artículo disminuye, restringe y tergiversa disposiciones contenidas no solo en la Constitución de la Republicana sino también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscritos y ratificados por Honduras.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha treinta y uno de julio del año dos mil catorce, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado FAUSTO MARTÍN RODRÍGUEZ MEDINA en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominado OLAM HONDURAS, S.A. DE C.V., para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido, del artículo 9 del Decreto No. 278-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil trece y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,316 en fecha treinta de diciembre del año dos mil trece, mediante el cual se creó la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, alegando el recurrente que dicho artículo disminuye, restringe y tergiversa disposiciones contenidas no solo en la Constitución de la Republicana sino también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscritos y ratificados por Honduras.-2) Que en fecha ocho de agosto del año dos mil catorce, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido al contenido del citado decreto, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de seis (06) días hábiles, para que emitiese el correspondiente dictamen.-3) Que en fecha veintinueve de agosto del año dos mil catorce, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad de mérito.-CONSIDERANDO (1): Que el artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional otorga a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, el carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, con facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (2): Que el artículo 185, numeral 1) de la Constitución de la República, establece que la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación debe solicitarse por quien se considere lesionado en su interés directo personal y legitimo: 1) Por vía de acción que se debe entablar ante la Corte Suprema de Justicia. En el caso de autos, el abogado FAUSTO MARTIN RODRIGUEZ MEDINA, interpone el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Antievasión, contenida en el decreto No.278-2013 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil trece.-CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional conoce de la acción de inconstitucionalidad por la vía de acción que ha promovido el abogado FAUSTO MARTIN RODRIGUEZ MEDINA, quien actúa en su condición precitada, para que se declare la inconstitucionalidad del articulo 9 del Decreto número 278-2013 de la Ley del Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, alegando que dicho articulo disminuye, restringe y tergiversa disposiciones contenidas en la Constitución de la República, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscritos y ratificados por Honduras.-CONSIDERANDO (4): Que en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, esta Sala de lo Constitucional dictó fallo en el recurso de inconstitucionalidad registrado bajo número SCO-757-14 interpuesto por vía de acción, en forma parcial y por razón de contenido por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), para que se declare la Inconstitucionalidad de los artículos 9, 10, 11 y 18 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de Exoneraciones y Medidas Anti Evasión, por estimar que los mismos entran en contradicción con lo preceptuado en los artículos: 16, 18, 31, 60, 61, 82, 89, 90, 94, 96, 109, 331, 351 y 363 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (5): Que la motivación del ya referido fallo declarando la inconstitucionalidad impetrada, y que fuera dictado por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, recaído en el recurso de inconstitucionalidad registrado bajo número SCO-757-14, que establece en su parte conducente lo siguiente: (sic)…” CONSIDERANDO (29): Que la violación alegada del artículo 363 Constitucional referente a la distorsión a la unidad de fondo con la puesta en vigencia del artículo 9 que reforma el artículo 45 del Decreto Nº 278-2013,se desvanece con lo estipulado en el artículo 355 que a la letra dice: “ La Administración de los fondos públicos corresponde al Poder Ejecutivo. “Para la percepción, custodia y erogación de dichos fondos, habrá un servicio general de tesorería.” El Poder Ejecutivo, sin embargo, podrá delegar el Banco Central, las funciones de recaudador y depositario. También la ley podrá establecer servicios de pagadurías especiales”.- La Tesorería General de la República realiza el traslado de los fondos a la libreta Reserva Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social; y en concatenación con lo anterior, el artículo 45 del Decreto No.278-2013 reformado con el Decreto No. 290-2013, enuncia que el Fondo de Solidaridad y Protección Social se alimentará tomando como base o valor referencial el 3% del incremento al Impuesto sobre Ventas, lo que significa que solamente será un parámetro para la determinación de la cuantía que sustentará dicho fondo; razón por la cual es criterio de esta Sala que al tenor de la normativa antes citada el precepto cuestionado de inconstitucionalidad, no crea ingreso para un fin específico, porque el Impuesto Sobre Ventas fue creado mediante Decreto No.24-1963 y por medio de sus reformas se ha venido incrementando la Tasa del mismo, el cual está siendo depositado en la Cuenta Única abierta en el Banco Central de Honduras”. CONSIDERANDO (30): Que en ese orden de ideas es menester señalar que si bien es cierto que el artículo 9 del Decreto Nº 290-2013, al reformar el artículo 45 del Decreto Nº 278-2013, deja claramente establecido el fin para el cual se destinarán los fondos que se obtengan como producto del aumento del tres por ciento (3%) del incremento al Impuesto Sobre Ventas; también lo es que tal disposición no contraria el párrafo segundo del articulo 363 constitucional, y ello se estila así, porque lo que se hace es modificar la tasa del impuesto, que precisamente fue creada con la emisión del Decreto Ley No. 24 del 20 de diciembre de 1963, contentivo de Ley del Impuesto Sobre Venta; en otras palabras nuestro legislador no ha creado ingreso alguno con fin específico, al reformar la referida tasa; por lo que la destinación que se le dé a tales fondos no contraría los principios constitucionales de unidad de fondo y de no afectación. La norma constitucional lo que sí prohíbe es la destinación específica de ingresos, cuando se crea una norma con tal fin, situación que en cuanto a la norma en comento no sucede así, puesto que como ya se dejó apuntado en el caso que nos ocupa el legislador lo que ha hecho es modificar una tasa de impuesto ya existente, por consiguiente, el principio Constitucional de Unidad de Fondo no se ve vulnerado. CONSIDERANDO (31): Que a la luz de lo anteriormente expuesto en el presente fallo se estima que de los seis motivos de inconstitucionalidad alegados por el impetrante, únicamente el expuesto en el primer motivo resulta inconstitucional, esto es el artículo 7 del Decreto Nº 290-2013, de fecha cinco de abril de 2014, en cuanto que el mismo reformó el artículo 8 del Decreto Nº 278-2013, dicha reforma del artículo 8 que adiciona el literal c) y un penúltimo párrafo al artículo 22 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.-CONSIDERANDO (6): Que como ha quedado relacionado en la presente acción de inconstitucionalidad, el fallo de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, registrado bajo número 757-2014, observando la motivación ya expuesta, por unanimidad de votos en la resolución definitiva se falló declarando ha lugar el primer motivo de inconstitucionalidad planteado, en consecuencia se declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 7 del Decreto Legislativo No. 290-2013, que reforma el artículo 8 del Decreto No. 278-2013, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398, de fecha 5 de abril de 2014; asimismo, declara no ha lugar los motivos de inconstitucionalidad segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que por razón de contenido interpuesto por el Abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de representante legal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP).”-CONSIDERANDO (7): Que ante lo expuesto y no siendo pertinente hacer un nuevo pronunciamiento de la justicia constitucional en cuanto al decreto impugnado en la acción de inconstitucionalidad registrada bajo número 757-2014, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad implicaría tácitamente volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales ya declaradas en la sentencia de fecha veinticinco de junio de dos mil quince.-CONSIDERANDO (8): Que, en un sentido formal y estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la justicia constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo en su artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar cualquier acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad”. De igual manera, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis[1], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado o, en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes.-CONSIDERANDO (9): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, recaído en la acción registrada bajo número 757-2014, al ser declarado ha lugar el primer motivo de inconstitucionalidad planteado, en consecuencia se declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 7 del Decreto Legislativo No. 290-2013, que reforma el artículo 8 del Decreto No. 278-2013, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398, de fecha 5 de abril de 2014; asimismo, declara no ha lugar los motivos de inconstitucionalidad segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que por razón de contenido, interpuesto por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP); sin perjuicio de reiterar la validez del fallo relacionado, torna en innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre el decreto impugnado, sobre las bases de los mismos motivos esgrimidos con anterioridad, resultando de todo lo anterior, la ostensible improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, dando lugar a su consiguiente sobreseimiento.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los artículos 1, 8, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 18, 60, 62, 63, 64, 80, 184, 185 No. 3, 205 No. 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 87, 88, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: Que al ser firme el fallo dictado por esta Sala de lo Constitucional, en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, recaído en el Recurso de Inconstitucionalidad No.757-14 interpuesto por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP) donde se declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 7 del Decreto Legislativo No. 290-2013, que reforma el artículo 8 del Decreto No. 278-2013, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398, de fecha 5 de abril de 2014; asimismo, declara no ha lugar los motivos de inconstitucionalidad segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que por razón de contenido, se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado; razón por la cual SE SOBRESEE el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el abogado FAUSTO MARTIN RODRIGUEZ MEDINA, por constituirse en similares motivos a los ya plasmados en el supra mencionado precedente. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente acción, se certifique la misma para los efectos legales pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de octubre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0862-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver en igual sentido al caso que se resuelve, sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98, y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras, las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306-13.