Sentencia RI-771-17 — Registro 15078
Resumen
Acción de Inconsitucionalidad por vía de excepción interpuesta contra el artículo 39 reformado de la Ley De La Jurisdicción De Lo Contencioso Administrativo con relación a la demanda vía proceso ordinario para decretar la ilegalidad de un acto administrativo por impetrante en contra de la Corporación Municipal De San Pedro Sula,Cortés
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."5): Omisión del examen de inconstitucionalidad. Este alto tribunal de justicia, tomando en cuenta que la norma que es objeto de la presente garantía de inconstitucionalidad ya fue expulsada del orden normativo mediante la sentencia RI-SCO-1347-2014 de fecha trece de enero de dos mil veintidós, estima que no es pertinente hacer un nuevo pronunciamiento de la justicia constitucional en cuanto al decreto impugnado en la acción de inconstitucionalidad registrada bajo número SCO-711-2017, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad implicaría tácitamente volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales ya declaradas en la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós.-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): DE LA REGLA STARE DECISIS. Que en un sentido formal y estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la justicia constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo en su artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar cualquier acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad”. De igual manera, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis[3], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado o, en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. -CONSIDERANDO NUMERO SIETE (7): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaído en la acción registrada bajo número 1347-2014, al ser otorgado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA en su condición de apoderado legal de la señora MARIA ISABEL VELASCO DE PADILLA, por vía de excepción y por razón de contenido, de manera PARCIAL del DECRETO LEGISLATIVO No. 266-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,33 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, mediante el cual se reformó el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; sin perjuicio de reiterar la validez del fallo relacionado, torna en innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre el decreto impugnado, sobre las bases de los mismos motivos esgrimidos con anterioridad, resultando de todo lo anterior, la ostensible improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, dando lugar a su consiguiente sobreseimiento."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 93 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 94 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Este alto tribunal de justicia, tomando en cuenta que la norma que es objeto de la presente garantía de inconstitucionalidad ya fue expulsada del orden normativo mediante la sentencia RI-SCO-1347-2014 de fecha trece de enero de dos mil veintidós, estima que no es pertinente hacer un nuevo pronunciamiento de la justicia constitucional en cuanto al decreto impugnado en la acción de inconstitucionalidad registrada bajo número SCO-711-2017, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad implicaría tácitamente volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales ya declaradas en la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós.-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): DE LA REGLA STARE DECISIS. Que en un sentido formal y estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la justicia constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo en su artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar cualquier acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad”. De igual manera, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis[3], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado o, en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. -CONSIDERANDO NUMERO SIETE (7): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaído en la acción registrada bajo número 1347-2014, al ser otorgado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA en su condición de apoderado legal de la señora MARIA ISABEL VELASCO DE PADILLA, por vía de excepción y por razón de contenido, de manera PARCIAL del DECRETO LEGISLATIVO No. 266-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,33 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, mediante el cual se reformó el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; sin perjuicio de reiterar la validez del fallo relacionado, torna en innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre el decreto impugnado, sobre las bases de los mismos motivos esgrimidos con anterioridad, resultando de todo lo anterior, la ostensible improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, dando lugar a su consiguiente sobreseimiento."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 94 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en la garantía de inconstitucionalidad registrada bajo el número de expediente RI-SCO-0771-2017, la cual fue opuesta por vía de excepción por el abogado VÍCTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, quien actúa en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil INVERSIONES TRIUNFO DE LA FE S. de R.L. de C.V., contra el artículo 39 reformado de la LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO emitida por el honorable Congreso Nacional de la República el dieciséis de diciembre del año dos mil trece y publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República No. 33,336 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce[1]; con relación a la demanda vía proceso ordinario para decretar la ilegalidad de un acto administrativo, promovida ante el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés, por la sociedad mercantil INVERSIONES TRIUNFO DE LA FE S. de R.L. de C.V. en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Estima el amparista que la referida normativa legal le es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 60 y 82 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. -ANTECEDENTES PROCESALES.-1. En fecha dos de noviembre de dos mil quince, compareció ante el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado VÍCTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, presentando demanda vía proceso ordinario para decretar la ilegalidad de un acto administrativo a favor de la sociedad mercantil, INVERSIONES TRIUNFO DE LA FE S. de R.L. DE C.V., en contra de la sociedad mercantil CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS; en el mismo escrito de demanda, opone por vía de excepción la garantía de inconstitucionalidad en contra del ARTÍCULO 39 REFORMADO DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EMITIDA POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece y publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República No. 33,336 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce. En virtud de dicha excepción, el mencionado juzgado en fecha cinco de noviembre de dos mil quince resolvió: (Sic) “1)… 2) Elévense las actuaciones a la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del recurso de inconstitucionalidad, promovida por vía de excepción para los efectos legales pertinentes 3)… 4)…”. (Folios 1–176 del antecedente).-2. En fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, esta Sala, tuvo por admitida la garantía de inconstitucionalidad de mérito; omitiendo el libramiento de comunicación al honorable Congreso Nacional de la República, y dando traslado de los antecedentes al fiscal del despacho, por el término de seis días hábiles, para que emitiera el correspondiente dictamen. (Folio 15 de la presente garantía).-3. En fecha doce de enero del año dos mil dieciocho, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, a través de su fiscal la abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, da por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Ministerio Publico dictamina porque SE DECLARE CON LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado en los términos expresados por esta representación fiscal, por razón de contenido de manera parcial.” (Folios 18–27 de la presente garantía).-4. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia RI-SCO-1347-2014 de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho mediante la cual declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la reforma al artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, contenido en el Decreto legislativo número 266-2013. El fallo judicial se fundamentó[2] en que dicha norma legal entra en conflicto con las disposiciones contenidas en los artículos 16, 17, 60, 61, 64, 82, 90, 103 y 303 de la Constitución de la República, y en consecuencia entra en conflicto con las normas internacionales sobre derechos humanos contenidas en los tratados y convenciones internacionales de la que Honduras es signataria, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos: 7 referido a la igualdad ante la ley sin distinción alguna e igualdad de protección de la ley y artículo 10 que contiene el derecho que tiene toda persona a ser oída públicamente en condiciones de plena igualdad e imparcialidad para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. La convención Americana sobre derechos humanos, en sus artículos 8 de las garantías judiciales, 24 de igualdad ante la ley, en relación con las obligaciones estatales establecidas en el artículo 1.1 y 1.2 de la referida convención; es decir, la obligación de cumplir con las normas de dichos tratados y convenciones, debiendo crear los mecanismos o medios idóneos para armonizar la legislación nacional y la normativa internacional sobre derechos humanos. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1): Sobre la garantía de inconstitucionalidad. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. Asimismo, dispone que le compete a la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva de dicha garantía, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.- Por su parte el artículo 185 constitucional dispone que la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, podrá solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1. Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia; 2. Por vía de excepción que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y, 3. También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2): Sobre la legitimación activa para impetrar la garantía de inconstitucionalidad. De conformidad con lo expresado por la Constitución en su artículo 185, quien impetre por vía de acción o excepción la garantía de inconstitucionalidad, deberá reunir como requisito el ostentar un interés directo, personal y legítimo. -En relación con este punto, el impetrante en el escrito de oposición de la presente garantía expone que el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo afecta a su poderdante, sociedad mercantil INVERSIONES TRIUNFO DE LA FE S. de R.L. de C.V., en su interés directo, personal y legítimo, debido a que con fecha treinta y uno de enero de dos mil trece promovió reclamo administrativo para la indemnización de daños y perjuicios en contra de la municipalidad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a raíz de la afectación de un predio de terreno propiedad de la familia Pedroza Rivera aprobada en fecha veintiuno de marzo de dos mil en acta número 51, punto número 25; el cual fue declarado sin lugar por parte de dicha corporación municipal mediante resolución de fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece en acta número 155, punto número 21.- Básicamente lo que el impetrante refiere es que el mencionado artículo 39 reformado no le permite a su poderdante reclamar judicialmente a la municipalidad sampedrana el pago de una indemnización por daños y perjuicios.-En su reclamo de inconstitucionalidad aduce que la obligación de exigir el pago previo del veinte por ciento como caución del valor que se demanda en concepto de daños y perjuicios, que impone el artículo 39 reformado en mención, restringe el acceso a la justicia. Señalando además que es injusto que para poder demandar tenga que pagar dicha caución después de haber sido dañado en sus intereses y patrimonio; o sea pagar caución después de haber sufrido un daño previo a la demanda.-Para la Sala de lo Constitucional, luego de practicar el examen sobre los argumentos del compareciente, estima que el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se fundamenta precisamente en la afectación que esta norma le produce a la sociedad mercantil INVERSIONES TRIUNFO DE LA FE S. de R.L. de C.V. a su interés personal y directo de demandar a la municipalidad sampedrana debido a la afectación del predio con el que desarrollaba su actividad mercantil. Dicho interés es además legítimo por cuanto la ley permite acceder a la vía jurisdiccional para reclamar en casos como el planteado.- En virtud de lo cual corresponde la práctica del examen de fondo. -CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen de los argumentos en que se apoya el garantista para oponer por vía de excepción la garantía de inconstitucionalidad del artículo 39 reformado de la LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El impetrante en la garantía de mérito demanda por vía de excepción la inconstitucionalidad del artículo 39 reformado de la LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO emitida por el honorable Congreso Nacional de la República el dieciséis de diciembre del año dos mil trece y publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras No.33,336 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce.- Como primer motivo expone que dicho artículo es violatorio al artículo 82 constitucional, el cual garantiza el derecho de defensa y al libre acceso a los tribunales de justicia; en ese sentido explica que la norma que se impugna violenta los mencionados derechos porque obliga a los demandantes del Estado al pago de una caución por un valor igual al veinte por ciento del valor que se pretenda como reclamo indemnizatorio por daños y perjuicios.-Al respecto reclama que dicha disposición es injusta porque cuando un particular es dañado en sus intereses o patrimonio y tiene que demandar al Estado para su reparación, ya ha sufrido un daño previo a la demanda y con la obligación de afianzar su demanda a favor del Estado le vuelve imposible las acciones civiles que pueda emprender al tener que sacar de su patrimonio semejante cantidad de dinero equivalente al veinte por ciento del monto de la demanda.-Por otra parte, señala que la norma cuya inconstitucionalidad se reclama es discriminatoria, ya que sólo se aplica a los particulares que demandan al Estado por cuestiones de derecho privado, pero no a los empleados públicos que demandan al Estado; aun cuando la causa de pedir sea la misma. Señala que, así como los empleados que prestan servicios al Estado no se les puede obligar a sacar dinero de su patrimonio para ofrecer una fianza para demandar sus pretensiones económicas, los particulares que demandan al Estado también han sufrido un daño en sus patrimonios y es una obligación del Estado reparar estos daños cuando se aprueba la causa de pedir y los daños ocasionados, sin que los particulares tengan la obligación de ofrecer caución sobre su demanda contra el Estado.- Como segundo motivo expone que se entiende por acceso a la justicia a la posibilidad de que toda persona independientemente de su condición económica o de otra naturaleza pueda acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de derechos protegidos de los cuales es titular.-Menciona que Honduras es signataria de tratados internacionales que garantizan los derechos de defensa y de libre acceso a los tribunales, a la sazón hace referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o (CADH) en sus artículos 8.1 y 25. Señala además que de acuerdo a estas disposiciones los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de la protección de sus derechos. Consecuentemente, cualquier norma o medida estatal en el orden interno, que dificulte de cualquier manera este acceso, es violatoria del artículo 82 constitucional. A manera de ejemplo también menciona la imposición de costos para el acceso de los individuos a los tribunales y que no esté justificado por necesidades razonables de la propia administración de justicia, ya que la razón para justificar la reforma al artículo 39 es disminuir la cantidad de demandas contra el Estado, lo cual en su opinión no tiene ningún sentido de razonabilidad o justificación para imponer al ciudadano semejante traba económica cuando presenta una acción en contra del Estado. -Seguidamente hace mención de lo que prescribe el artículo 25.4 de la CADH explicando que dicha norma establece la obligación positiva del Estado para que conceda a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos fundamentales reconocidos por la convención o la ley interna.- Opina que conforme a esto cualquier norma o medida que impida o dificulte el acceso a los tribunales constituye una violación al derecho de acceso a la justicia. De igual manera el derecho de defensa garantizado por nuestra Constitución en el artículo 82 se imposibilita por el artículo 39 reformado, ya que impide por completo la defensa de los ciudadanos ante los abusos del Estado, volviéndolo un trámite oneroso, imposible para los ciudadanos. Menciona que el derecho de defensa incluye el derecho de presentarse en juicio o ante cualquier procedimiento administrativo o judicial y ser vencido en juicio. Asimismo, menciona que la doctrina al referirse a la inviolabilidad del derecho consiste radicalmente en que el justiciable disponga de “oportunidad suficiente” para participar con utilidad en el proceso, lo cual no sucede y prácticamente se imposibilita con la reforma del artículo 39 mencionado.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen del dictamen elaborado por la agente de tribunales del Ministerio Público. La Sala de lo Constitucional en fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete recibió de parte de la fiscal SUSSY G. COELLO GARCÍA el respectivo dictamen, en el cual expresa que la garantía de inconstitucionalidad de mérito debía ser declarada CON lugar.-Llega a esta conclusión, luego analizar la disposición jurídica consistente en la exigencia de que previo a la admisión de una demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativo se otorgue una caución equivalente al veinte por ciento del valor reclamado por concepto de indemnización de daños y perjuicios, la cual se encuentra contenida en el artículo 39 reformado del decreto legislativo número 266-2013, emitido el dieciséis de diciembre de dos mil trece y que a su vez contiene la Ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno.-La fiscal estima que dicho requisito contraviene los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva que se encuentran reconocidos en la Constitución de la República e instrumentos internacionales suscritos por Honduras.- Para la fiscal el acceso a la justicia conlleva la posibilidad de que cualquier persona pueda acudir sin limitaciones a los órganos jurisdiccionales y exigir la solución del litigio; además señala que este derecho guarda íntima relación con el derecho de acción mediante el cual se acude a los tribunales de justicia para obtener la tutela del Estado.-Según la opinión de la fiscalía un órgano jurisdiccional no puede rehusarse a examinar el contenido de una demanda exigiendo el pago de una caución, ya que implica erogaciones de carácter económico, limitando con ello el acceso a la administración de justicia para todas las personas y en especial de aquellas que no cuentan con capacidad económica de rendir la caución referida del veinte por ciento. Lo anterior en consonancia con el artículo 1 constitucional que señala la obligación estatal de asegurar a sus habitantes el goce de la justicia. -En el caso sub examine, señala la fiscal, que el pago de una caución del veinte por ciento como requisito previo de admisión de la demanda, constituye también una exigencia injustificada para acceder a la administración de justicia, por considerarla una limitante que impide a los ciudadanos acudir a los tribunales en busca de que sus derechos sean protegidos; asimismo señala que la caución del veinte por ciento vulnera la gratuidad del derecho de acceso a la administración de justicia, porque constituye un gasto en perjuicio del accionante. -Señala que el artículo 59 constitucional en consonancia con instrumentos internacionales proclama como deber primordial del Estado tener a la persona humana como fin primordial del Estado, los cuales reconocen el derecho toda persona a una tutela judicial efectiva imparcial y expedita de sus derechos con sujeción a los principios de celeridad. -Cita los artículos 8 numeral 1, 25 numeral 1 de la CADH; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.- Luego la fiscal expone que siendo Honduras un Estado de Derecho garante de derechos fundamentales no debe poner obstáculos a sus habitantes para que acudan a los tribunales de justicia para el reconocimiento de algún derecho; por lo que cualquier norma legal que dificulte el acceso a los tribunales imponiendo costos en forma injustificada porque no responden a necesidades razonables propias de la administración de justicia, constituye una vulneración a normas constitucionales e instrumentos internacionales como los citados.- Señala que el enfoque del derecho a la tutela judicial efectiva comprende además el derecho de acceso a la justicia que incluye la eliminación de todos los obstáculos para el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, por lo que siendo dicha garantía de carácter genérico puede ser invocada por cualquier persona ante cualquier acto que suponga indefensión en cualquier tipo de proceso legal, tal como acontece en el caso de autos donde la exigencia de rendir caución para presentar una demanda en la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suponer por parte del legislador:“1. Impedir de alguna forma el derecho de acción en el caso de acudir injustificadamente ante los tribunales de justicia, lo que sin duda alguna podría contrariar la eficiencia en el sistema judicial.-2. Imposibilitar el abuso en las demandas contra el Estado de Honduras como históricamente ha sucedido y de eta manera salvaguardar los intereses del Estado y por ende todos los habitantes.”-Tales circunstancias, señala la fiscal si bien trae como consecuencia la reducción de la presentación de demandas, y que el Estado cuente además con un respaldo de cobro generado por la acción, no posibilita para que el legislador adopte medidas que signifiquen una clara vulneración de derechos constitucionales e instrumentos internacionales, como sucede en el presente caso.-No obstante, lo anterior se podrá enterar una caución que suponga un fin constitucional legítimo, si se estima necesario con posterioridad a la calificación de la demanda y en determinados tipos ce casos que los justifique. O sea que para el fiscal la inconstitucionalidad del artículo 39 reformado no es tanto la imposición de rendir caución, la cual se puede dictar si hubiera justificación para ello, sino la obligatoriedad indiscriminada de su imposición, condicionando la admisión de la demanda a su efectivo pago.-Para la fiscalía entonces el artículo 39 reformado aludido contraviene los derechos constitucionales invocados por el recurrente ya que el requisito de rendir caución, previo a la admisión de la demanda, no es compatible con las garantías constitucionales establecidas también en los instrumentos internacionales; puesto que se estarían rechazando sin más trámite las demandas al condicionar el acceso a la administración de justicia mediante la consignación de de un determinado valor monetario en concepto de caución.-Concluye entonces que siendo la finalidad de la garantía de inconstitucionalidad la determinación del respeto a los derechos constitucionales por parte de las normas sometidas a examen; en el caso bajo estudio, al realizar el estudio del artículo 39 reformado, encuentra que éste contradice los derechos reconocidos en la carta magna invocados por el impetrante en consecuencia es procedente declararle inconstitucional, debiendo ser inaplicable.- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Omisión del examen de inconstitucionalidad. Este alto tribunal de justicia, tomando en cuenta que la norma que es objeto de la presente garantía de inconstitucionalidad ya fue expulsada del orden normativo mediante la sentencia RI-SCO-1347-2014 de fecha trece de enero de dos mil veintidós, estima que no es pertinente hacer un nuevo pronunciamiento de la justicia constitucional en cuanto al decreto impugnado en la acción de inconstitucionalidad registrada bajo número SCO-711-2017, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad implicaría tácitamente volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales ya declaradas en la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintidós.-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): DE LA REGLA STARE DECISIS. Que en un sentido formal y estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la justicia constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo en su artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar cualquier acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad”. De igual manera, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis[3], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado o, en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. -CONSIDERANDO NUMERO SIETE (7): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaído en la acción registrada bajo número 1347-2014, al ser otorgado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA en su condición de apoderado legal de la señora MARIA ISABEL VELASCO DE PADILLA, por vía de excepción y por razón de contenido, de manera PARCIAL del DECRETO LEGISLATIVO No. 266-2013 emitido por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 33,33 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, mediante el cual se reformó el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; sin perjuicio de reiterar la validez del fallo relacionado, torna en innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre el decreto impugnado, sobre las bases de los mismos motivos esgrimidos con anterioridad, resultando de todo lo anterior, la ostensible improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, dando lugar a su consiguiente sobreseimiento. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los artículos 1, 8, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 18, 60, 62, 63, 64, 80, 184, 185 No. 3, 205 No. 1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 87, 88, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: Que al ser firme el fallo dictado por esta Sala de lo Constitucional, en fecha trece de enero de dos mil veintidós, recaído en el Recurso de Inconstitucionalidad No.1374-14 interpuesto por el abogado LEONEL DE JESUS AVILA en su condición de apoderado legal de los señores MARIA ISABEL VELASCO DE PADILLA, también conocida como MARIA ISABEL ANTONIA VELASCO LAINEZ Y ROBERTO AUGUSTO PADILLA VELASCO, quien a su vez actúa como Apoderado Legal de las sociedades mercantiles denominadas ALCAZAR PANAMA S.A. Y HEATHERWOOD CONTINENTAL INC., mismo que declara LA INCONSTITUCIONALIDAD del articulo 3 último párrafo de la LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO reformado mediante decreto número 266-2013 emitido por el Congreso Nacional de República en fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, y publicado en el Diario oficial La Gaceta en fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado; razón por la cual SE SOBRESEE el Recurso de Inconstitucionalidad que fue opuesta por vía de excepción por el abogado VÍCTOR MANUEL ORTEGA ULLOA, quien actúa en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil INVERSIONES TRIUNFO DE LA FE S. de R.L. de C.V., contra el artículo 39 reformado de la LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO emitida por el honorable Congreso Nacional de la República el dieciséis de diciembre del año dos mil trece y publicado en La Gaceta Diario Oficial de la República No. 33,336 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce[4]; con relación a la demanda vía proceso ordinario para decretar la ilegalidad de un acto administrativo, promovida ante el honorable Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, departamento de Cortés, por la sociedad mercantil INVERSIONES TRIUNFO DE LA FE S. de R.L. de C.V. en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente acción, se certifique la misma para los efectos legales pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022), recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0771 - 2017 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] La garantía de inconstitucionalidad se dirige parcialmente en contra del artículo 4 de la Ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno, contenida en el decreto legislativo número 266-2013 de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece, promulgada mediante su publicación en La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras, No. 33,336 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce. Específicamente la parte que corresponde a la reforma que se hace al artículo 39 de la LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[2] Según los términos del considerando número 17 de dicha sentencia.
[3] Ver en igual sentido al caso que se resuelve, sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98, y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras, las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306-13.
[4] La garantía de inconstitucionalidad se dirige parcialmente en contra del artículo 4 de la Ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno, contenida en el decreto legislativo número 266-2013 de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece, promulgada mediante su publicación en La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras, No. 33,336 de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce. Específicamente la parte que corresponde a la reforma que se hace al artículo 39 de la LEY DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.