Sentencia RI-711-17 — Registro 15890
Resumen
mediante el cual el referido artículo 9 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, reforma la Ley del Impuesto sobre la renta,argumentando recurrente que la reforma de dicho artículo violenta los Derechos Constitucionales de defensa, igualdad de derechos y debido proceso, en vista que estamos ante un hecho de discriminación empresarial y de forma particular de los socios de las empresas haciendo incluso que muchas de ellas estén o hayan llegado a una situación de quiebra y la razón clara lo constituye que a mayor volumen de producción se reduce significativamente el margen porcentual de ganancia,no obstante la Sala Constitucional estima sobreseer la presente acción en observancia la Principio de Stares Decisis desestimando cualquier acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(30): Que en ese orden de ideas es menester señalar que si bien es cierto que el artículo 9 del Decreto Nº 290-2013, al reformar el artículo 45 del Decreto Nº 278-2013, deja claramente establecido el fin para el cual se destinarán los fondos que se obtengan como producto del aumento del tres por ciento (3%) del incremento al Impuesto Sobre Ventas; también lo es que tal disposición no contraria el párrafo segundo del artículo 363 constitucional, y ello se estila así, porque lo que se hace es modificar la tasa del impuesto, que precisamente fue creada con la emisión del Decreto Ley No. 24 del 20 de diciembre de 1963, contentivo de Ley del Impuesto Sobre Venta; en otras palabras nuestro legislador no ha creado ingreso alguno con fin específico, al reformar la referida tasa; por lo que la destinación que se le de a tales fondos no contraría los principios constitucionales de unidad de fondo y de no afectación. La norma constitucional lo que sí prohíbe es la destinación específica de ingresos, cuando se crea una norma con tal fin, situación que en cuanto a la norma en comento no sucede así, puesto que como ya se dejó apuntado en el caso que nos ocupa el legislador lo que ha hecho es modificar una tasa de impuesto ya existente, por consiguiente, el principio Constitucional de Unidad de Fondo no se ve vulnerado. CONSIDERANDO (31): Que a la luz de lo anteriormente expuesto en el presente fallo se estima que de los seis motivos de inconstitucionalidad alegados por el impetrante, únicamente el expuesto en el primer motivo resulta inconstitucional, esto es el artículo 7 del Decreto Nº 290-2013, de fecha cinco de abril de 2014, en cuanto que el mismo reformó el artículo 8 del Decreto Nº 278-2013, dicha reforma del artículo 8 que adiciona el literal c) y un penúltimo párrafo al artículo 22 de Ley del Impuesto Sobre la Renta. CONSIDERANDO (5): Que como ha quedado relacionado en la presente acción de inconstitucionalidad de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, registrado bajo número 0757-2014, observando la motivación ya expuesta, por unanimidad de votos en la resolución definitiva se FALLO: I.- DECLARANDO HA LUGAR EL PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUNALIDAD planteado, en consecuencia SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 7 del Decreto Legislativo Nº 290-2013, que reforma el artículo 8 del Decreto Nº 278-2013, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 33,398, de fecha 5 de abril de 2014.- II.- DECLARANDO NO HA LUGAR LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, que por razón de contenido, interpuesto por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP).- CONSIDERANDO (6): Que ante lo expuesto y no siendo pertinente hacer un nuevo pronunciamiento de la justicia constitucional en cuanto al decreto impugnado en la acción de inconstitucionalidad registrada bajo número 0757-2014, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad implicaría tácitamente volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales ya declaradas en la sentencia de fecha veinticinco de junio de dos mil quince. CONSIDERANDO (7): Que, en un sentido formal y estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la justicia constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo en su artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar cualquier acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad”. De igual manera, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis[4], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado o, en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. CONSIDERANDO (8): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha veinticinco de julio de dos mil quince, recaído en la acción registrada bajo número 0757-2014, al ser otorgado el recurso de inconstitucionalidad en su PRIMER motivo y declarado no ha lugar en los motivos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO alegados por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), por vía de acción y por razón de contenido del artículo 9 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas Decreto No.278-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 33,316 publicada en fecha lunes treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013) y el artículo 22-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mediante el cual el referido artículo 9 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, reforma la Ley del Impuesto sobre la renta contenida en el Decreto No.25 del veinte (20) de diciembre de mil novecientos sesenta y tres (1963) y sus reformas, sin perjuicio de reiterar que la validez del fallo relacionado, torna en innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre el decreto impugnado, sobre las bases de los mismos motivos esgrimidos con anterioridad, resultando de todo lo anterior, la ostensible improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, dando lugar a su consiguiente sobreseimiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los artículos 1, 8, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 18, 60, 61, 64, 82, 90, 184, 185 No. 1, 205 No.1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 87, 88, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: Que al ser firme el fallo dictado por esta Sala de lo Constitucional, en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, recaído en el Recurso de Inconstitucionalidad No.0757-2014 interpuesto por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), esta Sala ya se pronunció específicamente en el considerando once (11) y doce (12) de la referida sentencia en donde se desarrolló y se resolvió el segundo motivo de Inconstitucionalidad promovido en dicha acción, el cual tenía por objeto atacar la disposición contenida en el artículo 9 del Decreto número 278-2013 que reformo la Ley del Impuesto Sobre la Renta adicionándole el artículo 22-A; del referido fallo se desprende en su parte resolutiva que la Sala de lo Constitucional resolvió con respecto a ese motivo lo siguiente: II.- DECLARANDO NO HA LUGAR LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, es decir la Sala en aquel fallo declaro no ha lugar precisamente el Recurso de Inconstitucionalidad promovido en contra del artículo 9 del Decreto número 278-2013 que reformo la Ley del Impuesto Sobre la Renta adicionándole el artículo 22-A, en ese sentido se determina que esta sala ya ha vertido un pronunciamiento idéntico al Recurso de Inconstitucionalidad que ahora promueve la parte recurrente, destacando lo que al efecto señala el artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que literalmente señala: “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad”. En el presente caso de autos de la detenida lectura del Recurso de Inconstitucionalidad impetrado por el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, se desprende que son los mismos motivos, e inclusive la misma disposición legal que ya fue resuelta en el Recurso de Inconstitucionalidad citado al principio de este fundamento de derecho, por lo tanto se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado; razón por la cual SE SOBRESEE el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción, por el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, por constituirse en similares motivos a los ya plasmados en el supra mencionado precedente"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 91 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.-Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción y por razón de contenido, por el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción y por razón de contenido, del artículo 9 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas Decreto No.278-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 33,316 publicada en fecha lunes treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013) y el artículo 22-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mediante el cual el referido artículo 9 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, reforma la Ley del Impuesto sobre la renta contenida en el Decreto No.25 del veinte (20) de diciembre de mil novecientos sesenta y tres (1963) y sus reformas, en el sentido de adicionar el artículo 22-A, alegando el recurrente que la reforma de dicho artículo violenta los Derechos Constitucionales de defensa, igualdad de derechos y debido proceso, en vista que estamos ante un hecho de discriminación empresarial y de forma particular de los socios de las empresas haciendo incluso que muchas de ellas estén o hayan llegado a una situación de quiebra y la razón clara lo constituye que a mayor volumen de producción se reduce significativamente el margen porcentual de ganancia. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha quince de agosto del año dos mil catorce, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción y por razón de contenido, del artículo 9 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas Decreto No.278-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 33,316 publicada en fecha lunes treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013) y el artículo 22-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mediante el cual el referido artículo 9 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, reforma la Ley del Impuesto sobre la renta contenida en el Decreto No.25 del veinte (20) de diciembre de mil novecientos sesenta y tres (1963) y sus reformas, en el sentido de adicionar el artículo 22-A, alegando el recurrente que la reforma de dicho artículo violenta los Derechos Constitucionales de defensa, igualdad de derechos y debido proceso, en vista que estamos ante un hecho de discriminación empresarial y de forma particular de los socios de las empresas haciendo incluso que muchas de ellas estén o hayan llegado a una situación de quiebra y la razón clara lo constituye que a mayor volumen de producción se reduce significativamente el margen porcentual de ganancia. 2) Que en fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido al contenido del citado decreto, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiese el correspondiente dictamen. 3) Que en fecha dos de noviembre del año dos mil diecisiete, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DESESTIME LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD planteada. CONSIDERANDO (1): Que el artículo 74 de la Ley Sobre Justicia Constitucional otorga a la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, el carácter de intérprete último y definitivo de la Constitución, en los casos concretos sometidos a su conocimiento, con facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de Inconstitucionalidad y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que el artículo 185, numeral 1) de la Constitución de la República, autoriza la inconstitucionalidad promovida vía de acción por los órganos jurisdiccionales, al señalar: “1). - Por vía de acción que se puede entablar ante la Corte Suprema de Justicia. En el caso de autos, el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, actuando en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada “Negocios varios S.A. (NEVA) y del señor HECTOR ARMANDO FLORES LAZO”, interpone vía acción el recurso de inconstitucionalidad contra artículo 9 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas Decreto No.278-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 33,316 publicada en fecha lunes treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013) y el artículo 22-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional conoce de la acción de inconstitucionalidad por la vía de acción que ha promovido el señor recurrente CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, quien actúa en condición precitada, al señalar que su interés y legitimación radica en la existencia de inconstitucionalidad por razón de forma y contenido, en vista que violenta derechos Constitucionales como ser el derecho a defensa, igualdad de derechos y debido proceso. CONSIDERANDO (4): Que la motivación del ya referido fallo declarando la inconstitucionalidad impetrada, y que fuera dictado por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco de junio del año dos mil quince recaído en el recurso de inconstitucionalidad registrado bajo numero RI-0757-2014, interpuesto por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP). Establece en su parte conducente lo siguiente: (sic)…” CONSIDERANDO (11): Que el recurrente, alega como SEGUNDO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa de los artículos 96 y 109 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 60, 82, 89, 90, 94 y 351 constitucionales. Argumenta que el artículo 9 del Decreto Nº 278-2013 reformó la Ley del Impuesto Sobre la Renta adicionándole el articulo 22-A , con la referida adición se establece una obligación tributaria para las personas naturales y jurídicas domiciliadas en Honduras que consiste en el pago del uno punto cinco por ciento (1.5%) sobre los ingresos brutos iguales o superiores a Diez Millones de Lempiras (L.10,000.000.00) del periodo impositivo, cuando la aplicación de las tarifas señaladas en los literales a) y b) del artículo 22 del Impuesto Sobre la Renta, resultaren menores al uno punto cinco por ciento (1.5%) de los bienes brutos declarados. Estableciendo además que la tasa del impuesto será del cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%), en el caso de los ingresos obtenidos por las personas que operan en la distribución de cemento, servicios públicos prestados por empresas estatales, producción; y, el sector o industria de panadería. Señala que en ambos casos el articulo 22-A dispone que por ingresos brutos se entenderán los ingresos totales menos los descuentos, las rebajas y las devoluciones, sin perjuicio del posterior desarrollo reglamentario por parte de la Secretaria de Estado en el despacho de Finanzas en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Señala que dispone también el artículo 22-A que el impuesto que resultare de la aplicación del uno punto cinco por ciento (1.5%) será la base para determinar las cuotas a pago a cuenta del periodo fiscal 2014; y que las empresas que declaren pérdidas de operación, estarán sujetas a lo establecido en el Decreto 96-2012 del 20 de junio del 2012. Alega el recurrente que el adicionado artículo 22-A distorsiona la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para ello expone que tal distorsión se ocasiona porque los ingresos brutos que perciben las empresas se obtienen esencialmente por la venta de bienes y servicios en el mercado; con lo cual señala que estamos ante una situación en que nuestro legislador con el referido artículo ha creado un impuesto aplicable al monto total de las ventas declaradas por los contribuyentes, en otras palabras se ha creado un impuesto que sustituye al que antes del 1 de enero de 2014, se aplicaba a la renta neta gravable que se obtiene restando los gastos y deducciones permitidas por la ley al total de las ventas o ingresos brutos, concluye que se ha creado pues, una obligación de pago, con base a los ingresos o ventas brutas de los contribuyentes, eliminando toda posibilidad de aplicar los gastos y deducciones permitidas por la ley, convirtiendo al Impuesto Sobre la Renta en un impuesto que grava directamente las ventas o ingresos brutos, con lo cual se distorsiona el concepto universalmente aceptado del Impuesto Sobre la Renta.- Aduce el recurrente que en nuestro país ya existen leyes especiales que gravan las ventas y las rentas de manera separada, por una parte esta la Ley del Impuesto Sobre la Renta contenida en el Decreto Nº 25 del 20 de diciembre de 1963, misma que establece un impuesto anual que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de ambos, el que descansa en el principio de la habilidad o capacidad de pago, y, por otra lado está la Ley del Impuesto Sobre Ventas contenido en el Decreto Nº 24 del 20 de diciembre de 1963, por el cual se creó un Impuesto Sobre las Ventas realizadas en todo el territorio de la República, mismo que se aplicará en forma no acumulativa en la etapa de importación y en cada una de las etapas de venta de que sean objeto las mercaderías o servicios. Siendo que las referidas leyes se aprobaron en la misma fecha, por lo que en ese tiempo los legisladores tenían muy claro lo que se pretendía gravar con ambos impuestos, preocupándose además por establecer diferencias entre ambos por lo que los mismos no están relacionados entre sí, como si ha ocurrido con la cuestionada reforma del artículo 9. Manifiesta el impetrante que la supra citada reforma atenta contra el Principio de Legalidad, Irretroactividad y no confiscatoriedad de los tributos, para ello expone que al tenor de la normativa nacional las obligaciones tributarias son aquellas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, creando vínculos de carácter personal y que nace con la realización de un hecho generador que conlleva el pago de un tributo, una contribución o una tasa; y que de lo preceptuado en los artículos 17, 18, 39 y 42 del Código Tributario, que establecen la competencia del Congreso Nacional de la República en crear, modificar o suprimir tributos o contribuciones; así mismo la referida normativa define el hecho generador, la base imponible y la tarifa, tributo o contribución, así como los sujetos activos y pasivos de los mismos; por lo que en ese sentido nuestro legislador al momento de legislar en materia tributaria no sólo deberá tener en cuenta la disposición constitucional del artículo 351, sino que también lo dispuesto por el Código Tributario, y así no incurrir en posibles vulneraciones del artículo 109 constitucional en el sentido de que los impuestos no serán confiscatorios. Que si bien cierto que los referidos Decretos números 278-13 y 290-13, están investidos de una legalidad formal, al ser aprobados por el Congreso Nacional de la República y ser publicados en el Diario Oficial La Gaceta, también lo es que por razón de su contenido y alcance se concluye que violentan el principio de legalidad que rige el sistema tributario hondureño, constatándose los siguientes vicios: a) Se crea una obligación tributaria en el marco de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para gravar directamente la venta de los contribuyentes cuando ya existe otra ley que grava las ventas; b) Obliga a los contribuyentes a pagar el impuesto sin consideración a los gastos incurridos y las deducciones permitidas por la ley, desvirtuando o desnaturalizando así la razón de ser del Impuesto Sobre la Renta; y c) Obliga a los contribuyentes a calcular las cuotas de pago a cuenta que deben hacerse efectivas en el 2014, con base al impuesto del año anterior; es decir del 2013 para lo cual inevitablemente, el impuesto se calculó tomando en consideración los ingresos obtenidos en el 2012. En otras palabras, se aplica retroactivamente la ley, con lo cual se contraviene lo preceptuado en el artículo 96 de la Constitución de la República, en relación con lo preceptuado por el artículo 8 del Código Tributario, que literalmente expresa: “Las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo. Los derechos incorporados definitivamente al patrimonio de los contribuyentes bajo el imperio de una ley anterior no podrán ser afectados por una ley tributaria posterior. Los actos, hechos, relaciones o situaciones que comenzaron a producirse bajo el imperio de una ley anterior, pero que no se han consumado o perfeccionado en el momento de entrada en vigencia de la nueva ley, quedan sujetos a lo dispuesto por aquella.”; señala el impetrante que respecto a la señalada irretroactividad de la ley se hace necesario explicar que al tenor de lo preceptuado por el artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se obliga a pagar por adelantado el impuesto en cuatro cuotas pagaderas el 30 de junio, el 30 de septiembre, el 31 de diciembre y la última al momento de presentar la declaración anual de ingresos, respectivamente (esto es lo que se conoce como cuotas de pago a cuenta). El cálculo se debe hacer dividiendo entre cuatro el impuesto del año anterior; por lo que en ese orden de ideas se establece que la retroactividad del artículo 22-A se suscita desde el momento en que obliga a los contribuyentes a calcular los pagos a cuenta del 2014, con base en el impuesto pagado en el 2013, para lo cual inevitablemente se tuvieron que tomar en consideración los ingresos obtenidos en el 2012; siendo importante señalar que en ninguno de esos años (2012 y 2013), se encontraba vigente el artículo 22-A, es decir que en esos años los contribuyentes no estaban obligados al pago del 1.5% y el 0.75% de sus ventas o ingresos brutos, tal y como lo establece el ya referido artículo 22-A. Que la señalada reforma por adición del artículo 22-A ha creado un impuesto partiendo del supuesto que para generar los ingresos gravados, los contribuyentes no incurren en gastos o que ningún contribuyente puede tener un ingreso gravable menor al 1.5% y el 0.75% de sus ventas o ingresos brutos, lo que contraviene la lógica sobre la cual se diseñó originalmente el Impuesto Sobre la Renta, misma que en su artículo 11 establece: “La renta neta gravable de empresa mercantil es determinada deduciendo de su renta bruta el importe de los gastos ordinarios y necesarios en la generación de la renta gravable del periodo contributivo, debidamente comprobados y pagados o incurrido tales como….”, y lo establecido en el artículo 13: “De la renta gravable de la persona natural se aceptarán las deducciones siguientes…….”; de esta manera dice el recurrente que el citado artículo adicionado anula la base imponible del impuesto, ya que para pagarlo no se toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente, tal y como lo exige el artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el segundo párrafo del artículo 40 del Código Tributario; concluyéndose que la referida reforma deviene en un impuesto confiscatorio ya que obliga a pagar un monto que afecta negativamente la capacidad económica del contribuyente. Sigue manifestando el recurrente que el artículo 22-A por adición devine en ser atentatorio contra el Principio de capacidad Contributiva e Igualdad ante la ley; y que del análisis del mismo se concluye que rompe el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 351 constitucional, ya que la principal característica que toda ley tributaria debe poseer es la de establecer contribuciones o tributos que sean precisamente proporcionales y equitativos, y que en ese sentido generalmente se entiende por proporcionalidad la correcta distribución entre las cuotas, tasas o tarifas previstas en las leyes tributarias y la capacidad económica de los sujetos pasivos por ella gravados, por lo que en ese sentido cuando la señalada reforma dispone el pago del 1.5% o el 0.75% sobre las ventas o ingresos brutos obtenidos durante un ejercicio fiscal, aun y cuando de la aplicación de los literales a) y b) del artículo 22 del Impuesto Sobre la Renta resulte una cifra menor, se violenta con ello el llamado principio de proporcionalidad que se encuentra ligado con la capacidad económica del contribuyente. Señala la vulneración del principio de igualdad que consagra el artículo 60 constitucional, ello porque los gravámenes deben de estar de acuerdo con la capacidad económica de los contribuyentes, esto es para que las personas con un mayor ingreso tributen en forma cualitativa superior a aquellos de mediano a reducidos recursos, pero que con la cuestionada reforma por adición del artículo 22-A no se permite lo anterior, y que lo que sí se permite es que unos contribuyentes sean gravados de conformidad con los ingresos brutos y otros sean gravados de conformidad a la renta neta gravable; que la Ley del Impuesto Sobre la Renta tiene como fin principal gravar las utilidades o ganancias, pero al hacerlo no puede obviar el principio de igualdad ante la ley, y en ese sentido lo que la ley persigue es que ante la misma o similar capacidad contributiva debe de aplicarse igual gravamen. Señala el recurrente que no comparte el criterio esgrimido por el legislador en el sentido de que la reforma por adición del artículo 22-A es una medida anti evasión, y dice no compartirla porque de lo se trata es que se ha creado en forma disfrazada un impuesto directo a las ventas o ingresos brutos, partiendo para ello del supuesto de que para generar las ventas o ingresos brutos gravables, los contribuyentes no incurren en gastos, razonamiento éste que contraviene la lógica sobre la cual originalmente se creó la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Aduce también el impetrante que el citado artículo 22-A tiene una connotación discriminatoria, puesto que crea una obligación de pago que se limita o sólo es aplicable a los contribuyentes que tienen ingresos brutos iguales o superiores a L.10,000.000.00; con lo cual arguye se genera una obligación de pago diferenciada que no se aplica a todos los contribuyentes que tienen ventas o ingresos brutos menores, y que en ese sentido la Ley del Impuesto Sobre la Renta no tiene este tipo de exclusiones. En cuanto al Principio de Defensa y el Debido Proceso, los mismos son vulnerados porque obliga al contribuyente a realizar un pago mínimo del impuesto sobre la renta equivalente al 1.5% o el 0.75% sobre las ventas o ingresos brutos obtenidos durante un ejercicio fiscal, aún y cuando de la aplicación de los literales a) y b) del artículo 22 del Impuesto Sobre la Renta resulte una cifra menor, dice que el artículo 22-A parte del supuesto que en el caso de los contribuyentes existe la mala fe de evadir el pago del impuesto sobre la renta, con lo cual se les penaliza indirectamente al obligarlos a pagar más de lo que exige la ley; de esta manera se les limita en su derecho de defensa, ya que no pueden agotar las instancias administrativas así como de hacer uso de las acciones legales ante los tribunales de la República. Que también se suscita la vulneración de la seguridad jurídica, porque se ha creado nuevamente un impuesto que ya se había declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en sendas sentencias de fechas 1 de febrero de 2012, 6 y 13 de noviembre de 2013, por medio de las cuales se declaró la inconstitucionalidad de los Decretos 42-2011 del 12 de abril de 2012 y el 108-2011 del 24 de junio del 2011, ambos relacionados con una pretendida reforma del artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; ocasión en la que se pretendió poner en vigencia un mecanismo de pago del impuesto muy similar al que ahora se ha puesto en vigencia. CONSIDERANDO (12): Que respecto de los argumentos planteados en el SEGUNDO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD, es decir la vulneración de los artículos 96 y 109 constitucionales, que se suscita con la puesta en vigencia de la reforma al artículo 9 del Decreto Nº 278-13, mediante el cual se adiciona el artículo 22-A, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contenida en el Decreto Ley No. 25 del 20 de diciembre de 1963; es menester señalar que no debemos olvidar la preponderancia que en materia tributaria reviste el Principio de Proporcionalidad, sobre el cual el jurista Mayolo Sánchez Hernández expresa: “La proporcionalidad es un principio en cumplimiento del cual, las leyes tributarias deben establecer cuotas, tasas o tarifas progresivas que graven al contribuyente atendiendo a su capacidad económica, distribuyendo la carga tributaria equilibradamente entre todas las fuentes de riqueza existente, con el objeto de que tenga que ser soportada tan sólo por una o varias fuentes en particular.”[1] . En relación, el principio de proporcionalidad es la correcta disposición entre las cuotas tasas o tarifas previstas en la ley y la capacidad económica de los sujetos pasivos. CONSIDERANDO (13): Que en ese mismo sentido y de acuerdo con el principio de legalidad, todo tributo requiere de una ley previa que la establezca y la competencia para imponerla es del Congreso Nacional de la República, o las municipalidades. La norma que establece el impuesto ha fijado el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Y en razón del principio de irretroactividad de la ley que impone un impuesto no puede aplicarse a hechos generadores ocurridos antes de su vigencia. Señalado lo anterior y específicamente sobre la infracción del artículo 96 constitucional, es importante referirnos a lo dispuesto en el Decreto 22-97 contentivo del código tributario, el cual en su artículo 7 dispone: “Las leyes tributarias son de orden público. Cuando los actos, hechos, relaciones o situaciones efectuadas den como origen el nacimiento de una obligación tributaria anual que constituya el hecho generador o imponible y este se modifique, conforme a una nueva ley, se entenderá que siempre regirá la condición anual del impuesto o tributo para los efectos legales”. El artículo 16 el código en referencia establece que: “… los impuestos o contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, éstos coincidirán con el año civil calendario, que principia el uno (1) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre.”; ello en relación con el artículo 8 del mismo cuerpo legal que establece “Las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo. Los derechos incorporados definitivamente al patrimonio de los contribuyentes bajo el imperio de una ley anterior, no podrán ser afectados por una ley posterior. Los actos, hechos, relaciones o situaciones que comenzaron a producirse bajo el imperio de una ley anterior, pero, que no se han consumado o perfeccionado en el momento de entrada en vigencia de la nueva ley, quedarán sujetos a lo dispuesto por aquella”. Igualmente, el Decreto No. 25 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 18161 de fecha 27 de diciembre de 1963, que contiene la ley del impuesto Sobre la renta, en su artículo 1 establece que es un impuesto anual y en el artículo 27 preceptúa que “El periodo anual para el cómputo del Impuesto Sobre la Renta gravable, principia el uno (1) de enero y termina el treinta y uno de diciembre”. El monto de los pagos a cuenta a pagar en cuatro cuotas, será como mínimo, el promedio que resulte de los impuestos anuales correspondientes a los tres ejercicios anteriores al último ejercicio concluido. Esta modalidad permite que dicho impuesto se pague a medida que se genera la renta gravable en cuatro cuotas trimestrales. Las cuotas de los pagos a cuenta se deben pagar durante el ejercicio gravable y se enteran a más tardar el 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. La cuarta cuota será el saldo del impuesto según el propio cómputo declarado a favor del Fisco, y se pagará a más tardar el 30 de abril siguiente al año imponible; se colige que cualquier modificación al Impuesto Sobre la Renta, debe entrar en vigencia al inicio del siguiente periodo fiscal. El Decreto 278-2013 en su artículo 51 establece: “Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2014, previa publicación en el Diario Oficial La Gaceta”; por lo que el referido Decreto no resulta aplicable en forma retroactiva, ya que el período fiscal correspondiente a ese año 2014, inició el 1 de enero de ese año, con lo cual no se contraviene lo dispuesto en el artículo 96 constitucional. CONSIDERANDO (14): Que respecto de la vulneración del artículo 109 constitucional, esta Sala estima que, en el presente caso, no se ha demostrado que la norma en cuestión contenga una disposición de carácter confiscatorio. La confiscación se configura cuando se pruebe que la absorción por parte del Estado respecto a una parte sustancial de la renta o del capital gravado, por lo que sería confiscatorio lo que excede el límite que razonablemente puede admitirse como posible en un régimen democrático de Derecho. El Estado ha organizado la propiedad con límites infranqueables que impiden la confiscatoriedad de la misma, ni por la vía directa ni por otra vía. El artículo 22-A adicionado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, constituye una medida anti evasión mediante la cual se busca cumplir con el principio Constitucional de generalidad, contenido en el artículo 351 de la Constitución de la República; la ley permite solicitar ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos declarar su impuesto bajo el articulo 22 literal a) o b) según corresponda como lo establece el artículo 13 del Reglamento contenido en el Decreto 278-2013, que entre otras cosas dispone: “Las personas naturales o jurídicas que demuestren a la Dirección Ejecutiva de Ingresos mediante un informe de auditoría fiscal realizado por una firma auditora externa, diferente a la que audita sus estados financieros, debidamente registrados en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que su situación económica ha experimentado cambios financieros negativos ajenos a su voluntad, los cuales inciden en el cálculo de sus cuotas de pagos a cuenta en el periodo impositivo vigente y de su cuarta cuota a liquidar en su declaración de Impuestos Sobre la Renta y que hubiere pagado sus pagos a cuenta a la fecha de su petición; no estarán sujetos al pago del uno punto cinco por ciento (1.5%) y al cero punto setenta y cinco por ciento (0.75%), según corresponda, y quedaran sujetos a la aplicación de los incisos a) o b) del artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus Reformas, debiendo la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) emitir la resolución respectiva”.- Con lo anterior se agota la vía administrativa y tienen expeditos los recursos ante la vía jurisdiccional correspondiente, para hacer prevalecer el debido proceso. CONSIDERANDO (15): En el presente caso, el actor no planteó argumentos concretos que demostrasen que el tributo en mención resulta confiscatorio. Esta Sala de lo Constitucional considera que el tributo del 1.5% y el 0.75% de las ventas o ingresos brutos, tal y como lo establece el ya referido artículo 22-A, no resulta ser confiscatorio pues no excede la capacidad económica o financiera del particular, ni lo deja en situación ruinosa. Y esto es así, porque el principio de confiscatoriedad constituye un límite sustancial al poder tributario del Estado, puesto que el derecho de propiedad únicamente se vería lesionado si el Estado absorbe una parte sustancial de la renta o del capital gravado; dado que la potestad tributaria que ejerce el Estado no debe convertirse en un arma que podría llegar a ser destructiva de la economía, de las familias y de la sociedad, en el caso que exceda los límites más allá de los cuales los habitantes de un país no están dispuestos a tolerar su carga. En este sentido, debemos comprender bien el límite entre lo tributable y lo confiscatorio. Se considera que un tributo es confiscatorio cuando el monto de su parte alícuota es irrazonable. Así, se sostiene que para que un tributo sea constitucional y funcione como manifestación de soberanía, debe reunir distintos requisitos, entre los cuales se ubica en lugar preferente “la razonabilidad del tributo”, lo cual quiere decir que el tributo no debe constituir un despojo, y en este caso no se produce una sustracción ilegitima de la propiedad por vulneración de otros principios tributarios (legalidad, igualdad por ejemplo) sin que interese el monto de lo sustraído, pudiendo ser incluso soportable por el contribuyente, tampoco se puede afirmar en términos cuantitativos que el tributo sea oneroso para el contribuyente que lo obliga a extraer parte sustancial de su patrimonio o renta, o porque excede totalmente sus posibilidades económicas. Respecto de lo manifestado por el recurrente en cuanto que con la puesta en vigencia del articulo 9 del Decreto Nº 278-13, mediante el cual se adiciona el artículo 22-A, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que el mismo suscita la vulneración de la seguridad jurídica, puesto que anteriormente este Alto Tribunal mediante sentencias de fechas 1 de febrero de 2012, 6 y 13 de noviembre de 2013, declaró la inconstitucionalidad de los Decretos 42-2011 del 12 de abril de 2012, y el 108-2011 del 24 de junio del 2011, ambos relacionados con una pretendida reforma del artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; ocasión en la que se pretendió poner en vigencia un mecanismo de pago del impuesto muy similar al que ahora se ha puesto en vigencia. Alegatos que no son de recibo, puesto que en el presente caso la situación es diferente, como ha quedado relacionado en el considerando precedente. En base a las consideraciones anteriores, esta Sala, estima que el artículo 109 de la Constitución de la República, no se ve vulnerado con la puesta en vigencia de la reforma al artículo 9 del Decreto Nº 278-13, mediante el cual se adiciona el artículo 22-A ya referido.CONSIDERANDO (16): Que se alega como TERCER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del articulo 109 y 351 de la Constitución de la República, en relación con lo señalado en el artículo 331 Constitucional; concerniente los mismos a que los impuestos no pueden ser confiscatorios; que el Estado reconoce garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualquier otra que emanen de los principios que conforman la Constitución, y la de que el sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente; se alega que la infracción de tales artículos constitucionales se produce con la puesta en vigencia del artículo 10 del Decreto Nº 278-2013 que reformó el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; articulo éste que una vez reformado se lee de la siguiente manera: “ARTICULO 25.- Los ingresos percibidos por las personas naturales y jurídicas residentes o domiciliadas en el país en concepto de dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades de reserva, estarán gravados con un impuesto del diez por ciento (10%) el cual será retenido y enterado por la sociedad mercantil. En este caso, los ingresos están excluidos del gravamen establecido en la escala progresiva del artículo 22 de esta Ley de Impuesto Sobre la Renta. Asimismo, queda exento del pago de cualquiera impuesto la capitalización de reserva o utilidades. Se consideran dividendos cuando los mismos hayan sido declarados y no estuvieren pagados a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Publico, de igual forma se consideran dividendos por anticipado las cuentas por cobrar a socios o empresas relacionadas que no surjan de una operación comercial y que tengan un plazo mayor a cien (100) días calendario.” Expone también el impetrante que con la reforma del antes citado artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se ha dejado establecido por parte de nuestro legislador, que los ingresos que perciban las personas naturales o jurídicas están sujetas al pago de un diez por ciento (10%), del monto percibido; situación que rompe con el principio de no-confiscatoriedad tributaria a que se refiere el artículo 109 de la Constitución de la República, y que si bien es cierto la referida normativa hace una distinción entre el impuesto que deberá pagar la empresa por la utilidades que obtenga y el impuesto que deberá pagar el socio a título individual, también es cierto que en ambos casos se está grabando por el mismo concepto, esto es por ingresos que perciben los contribuyentes; y que en nuestro país las sociedades mercantiles que operan ya sean nacionales o extranjeras, las mismas están integradas por socios que pueden ser personas naturales o jurídicas los cuales pueden ser nacionales o extranjeros, quienes al final de cada ejercicio esperan recibir los dividendos que les corresponden por las actividades lucrativas de esas empresas como retorno por el capital invertido. Que en cuanto al pago de impuestos por concepto de dividendos, se puede alegar que existe una doble imposición sobre la misma fuente y que por lo tanto el mismo se vuelve confiscatorio, y que en la reforma del ya citado artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta nuestro legislador no ha establecido los límites naturales que deben tener los tributos y así evitar que los mismos se vuelvan confiscatorios como producto de la doble imposición; a vía de ejemplo relata el impetrante que en Honduras existen varias empresas tenedoras de acciones y partes sociales de otras empresas y sociedades, por lo que con la reforma del artículo 25 se obliga a las segundas a retener el 10% en concepto del impuesto a dividendos a las primeras y éstas deberán hacer lo mismo una vez que paguen dividendos a los socios; en el caso de que esos socios sean personas jurídicas, al decretar a su vez el dividendo correspondiente, también deberán retener el 10% en concepto de impuesto a sus socios y así se debe seguir hasta que en la cadena ya no se encuentren personas jurídicas que distribuyan dividendos; situación ésta, que afirma es una doble imposición sobre la misma fuente. Amén de lo anterior señala el impetrante que el artículo 351 constitucional se ve vulnerado puesto que la reforma del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta colisiona dos principios tributarios a saber: el de legalidad y el de proporcionalidad; y que de forma indirecta también se violenta las libertades de inversión e iniciativa privada consagradas en el artículo 331 constitucional, puesto que no resulta correcto que al inversionista que viene a invertir al país, las ganancias que perciba sean confiscadas vía impuesto por el Estado, lo cual es atentatorio contra los negocios y seguridad jurídica que el sistema legal deviene en cuidar y fomentar. CONSIDERANDO (17): Que relación a los argumentos planteados en el TERCER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD, es decir la vulneración de los artículos 109 y 351 de la Constitución de la República, y que se suscita con la puesta en vigencia del artículo 10 del Decreto Nº 278-2013 que reformó el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; esta Sala de lo Constitucional advierte que el recurrente se sustenta en iguales argumentos a que se ha hecho referencia en el motivo de inconstitucionalidad anterior en el iter de este fallo y que versan sobre la no confiscatoriedad de los impuestos, de los cuales ya se hizo pronunciamiento al respecto, razonamiento por el cual se deja ya establecido, del porque no se considera que el impuesto que se cuestiona como confiscatorio tenga tal carácter, es decir que la puesta en vigencia del artículo 10 del Decreto Nº 278-2013 que reformó el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no reviste en manera alguna el carácter de confiscatorio, concluyéndose entonces que en cuanto al tercer motivo de inconstitucionalidad, no se produce la vulneración del contenido del artículo 109 constitucional. Asimismo nuestra carta magna en el artículo 205 numeral 1, concede al Congreso Nacional de la República, la atribución de reforma, es así como en uso de tal atribución, nuestros legisladores mediante Decreto Legislativo Nº 278-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 33,316 en fecha treinta de diciembre del año dos mil trece, en el artículo 10 reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contenido en el Decreto Nº 25 del 20 de diciembre de 1963.CONSIDERANDO (18): Que es atribución constitucional del Congreso Nacional de la República, al tenor de lo señalado en el numeral 35 del artículo 205: “Establecer impuestos y contribuciones así como las cargas públicas”, así pues tenemos que tal Poder del Estado podrá establecer los impuestos y contribuciones que resulten necesarios para el sostenimiento del erario nacional a través de la creación de las leyes que estime necesarias. El citado artículo constitucional establece el basamento legal en materia fiscal, mismo que se recoge en el artículo 351 de la carta magna, cuando señala que uno de los principios que rigen la materia tributaria es el de “legalidad”; principio esté que queda expresado a través del aforismo latino “Nullum tributum sine lege” ( no puede existir ningún tributo válido sin una ley que le de origen), tal principio de legalidad debe ser entendido en dos sentidos, el primero de ellos se refiere a que en materia tributaria las autoridades no pueden llevar a cabo acto alguno o función alguna, sin que previamente se encuentre facultado para ello por una ley, y en segundo lugar, que los contribuyentes únicamente están obligados a cumplir con los deberes tributarios que la ley les señala. Otro de los principios que rigen la materia tributaria es el de “proporcionalidad”, mismo que de acuerdo con una verdadera justicia distributiva, debe ser entendido en el sentido de que quien más gana más paga y quien menos gana menos paga; principio éste que en consonancia con el de equidad establece el trato igual a personas en igual situación, esto es que en materia de pago de impuestos, las personas naturales o jurídicas, tributarán al fisco de acuerdo con los diferentes niveles de ingreso económico que tengan, de lo cual colegimos que en esta materia no podemos hablar de un tratamiento idéntico para todos los contribuyentes, y esto se estila así ya que la proporcionalidad debe ser entendida como la simetría o la conformidad cuantitativa entre la carga tributaria y el sujeto u objeto de ella; así pues al hilo del razonamiento seguido, el legislador tiene la facultad de dictar leyes tributarias diferentes según el grupo social al que van destinadas, siempre en el entendido que esa diferencia de trato en materia impositiva tenga una justificación objetiva y razonable; ahora bien la determinación en cuanto si el tributo impuesto es arbitrario o no, pasa necesariamente por establecer si la presión de la carga tributaria sobre la riqueza es adecuada y razonable. Señalado lo anterior se impone entonces considerar si el cuestionado artículo vulnera el artículo 351 de la Constitución de la República, y siendo que el recurrente ha cuestionado que el tributo colisiona con los principios tributarios de legalidad y el de proporcionalidad; esta Sala de lo Constitucional, es del criterio que al haberse reformado tal tributo, no comporta que el mismo sea contrario a los principios constitucionales tributarios ya referidos; puesto que se trata de un impuesto que ha sido modificado en los parámetros establecidos en la materia, por lo que no se configura la violación denunciada. CONSIDERANDO (19): Que se plantea como CUARTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa de los artículos 109 y 351 de la Constitución de la República, e infracción indirecta del artículo 60 constitucional, señala que tales vulneraciones constitucionales se producen en relación a la puesta en vigencia del artículo 11 del Decreto 278-2013, mediante el cual se establece un impuesto sobre el incremento del valor de propiedades inmuebles o plusvalía.- Acerca de los argumentos planteados en el CUARTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD, es decir la vulneración de los artículos 109 y 351 de la Constitución de la República, mismas que según el recurrente se producen en relación a la puesta en vigencia del artículo 11 del Decreto 278-2013, en ese sentido es menester señalar que el Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Nº 65-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,707 de fecha diecisiete (17) de abril del presente año, establece lo siguiente: “ARTICULO 1.- Derogar el artículo 11 del Decreto No 278-13 de fecha 21 de diciembre de 2013, contentivo de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de la Exoneraciones y Medidas Antievasion.”; de lo anteriormente apuntado así como de la revisión de los antecedentes se observa que el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto el día doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), es decir, cuando aún se encontraba vigente el cuestionado artículo 11 del Decreto No 278-13, y siendo que al momento de proferir el presente fallo tal normativa cuestionada de inconstitucional ha perdido ya su vigencia; razón por la cual esta Sala no puede conocer de una disposición legal que no tiene vigencia, en consecuencia se declara no ha lugar el presente motivo de Inconstitucionalidad. CONSIDERANDO (20): Se plantea como QUINTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa de los artículos 60 y 351 de la Constitución de la República, la que se produce con la vigencia del artículo 18 del Decreto 278-2013, que reforma el literal d) del artículo 15 de Ley del Impuesto Sobre Ventas contenida en el Decreto Ley Nº 24 del 20 de diciembre de 1963 y sus reformas; reforma con la cual se modificó el listado de servicios que están exentos del pago del referido impuesto. Entre tales servicios se mencionan los honorarios profesionales de la manera siguiente: “Articulo 15.- Están exentos… a)…b)…c)….d) Los siguientes servicios:…; honorarios profesionales obtenidos por personas naturales… e)…;f)…; y g)….” Señala el impetrante que el legislador al hacer las excepciones en el pago del impuesto sobre ventas, se preocupó por hacer referencia a los honorarios profesionales, con lo cual ha incurrido en un error que contraviene disposiciones constitucionales, tal es el contenido del artículo 351 constitucional que establece que el sistema tributario se rige por los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente; ello en relación con el contenido del artículo 205 numeral 1 de la Constitución de la República, en cuanto a otorgarle al Congreso Nacional de la República la facultad de decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes; y lo preceptuado por los artículos 17, 18, 151 y 152 del Código Tributario, en cuanto define quienes son los sujetos activos y pasivos de toda relación tributaria, y las exenciones tributarias legalmente establecidas, dispensa a los contribuyentes o responsables del pago del respectivo tributo, debiéndose indicar con claridad y precisión en la ley respectiva los gravámenes cuyo pago se dispensa, el alcance de la exención, los requisitos a cumplir por los beneficiaros, el plazo o término del privilegio y en general las condiciones de aplicación de aquellas. Con todo lo anterior resalta el recurrente que nuestro legislador al momento de aprobar normas tributarias que establecen exenciones en el pago de tributos, deberá hacerlo dentro del marco legal que le impone la misma Constitución de la República, respetando para ello los límites y máximas establecidas, una de las cuales está referida al de la igualdad ante la ley que preceptúa el artículo 60 constitucional, señala además que de la revisada del referido Decreto se observa que nuestro legislador ha descuidado el Principio de generalidad que rige nuestro sistema tributario vulnerando con ello la igualdad ante la ley; ello en razón de haberse eximido del pago del Impuesto Sobre Ventas a los honorarios percibidos por las personas naturales, dejando de lado de dicha exención y sin razón alguna a los honorarios profesionales que perciben las personas jurídicas. Se razona por parte del recurrente que lo que se espera al momento en que se crean impuestos y normas tributarias es que el legislador tome en cuenta las limitantes y máximas y así no incurrir en violaciones de normas constitucionales, ya que en el caso que nos ocupa con la exención decretada se ha producido una discriminación en perjuicio de profesionales que no actúan de manera independiente o individual, es decir aquellos casos en que los mismos actúan de manera colegiada o asociada, con lo cual se violenta el principio de igualdad ante la ley preceptuado en el artículo 60 constitucional, y adicionalmente se vulnera también el principio de legalidad contenido en el artículo 351 de nuestra carta magna. El recurrente ilustra señalando que en Honduras existen diversas Firmas integradas por personas que ejercen profesiones liberales y que participan en el mercado ofreciendo sus servicios de la misma forma en que lo hacen los profesionales liberales que han decidido actuar de manera independiente o liberal. Señala que en algunos Colegios Profesionales se cuentan con registros especiales de estas Firmas, y como ejemplo cita el registro de Bufetes que maneja el Colegio de Abogados de Honduras, el registro de Firmas que tiene el Colegio de Arquitectos de Honduras, el registro de firmas de contaduría o auditoria del Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos etc., y que en ese orden de ideas los profesionales que actúan de manera individual o por medio de estas Firmas, cobran honorarios profesionales por los servicios que prestan a sus clientes; por lo tanto no debe existir un trato diferenciado para ellos tal y como lo establece el literal d) del artículo 15 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas, conforme a la reforma introducida por el artículo 18 del Decreto 278-2013, normativa ésta que en esencia dice lo que establece es que los honorarios que cobran los profesionales que actúan de manera independiente o individual, no estarán gravados por dicho impuesto, mientras que los que cobran los profesionales que actúan de manera asociada o colegiada, por medio de una Firma o persona jurídica sí estarán gravados por el referido impuesto, situación está que en primer lugar genera confusión entre los clientes que pagan honorarios profesionales y ocasiona complicaciones contables en las Firmas, y en segundo lugar genera un efecto adverso en la economía al fomentar la desintegración de las Firmas y la informalidad. CONSIDERANDO (21): En respuesta a los planteamientos formulados por el recurrente en el QUINTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD, esto es la alegada vulneración de los artículos 60 y 351 de la Constitución de la República, misma que se habría producido con la vigencia del artículo 18 del Decreto 278-2013, que reforma el literal d) del artículo 15 de Ley del Impuesto Sobre Ventas contenida en el Decreto Ley Nº 24 del 20 de diciembre de 1963 y sus reformas. Esta Sala de lo Constitucional, estima que de acuerdo con los principios tributarios constitucionales contenidos en el artículo 351 de la Constitución de la República, que forman la base del sistema tributario, y que articulan la estructura normativa en beneficio de la justicia tributaria y la unidad del sistema, donde destaca especialmente por su afectación, el principio de igualdad que se ve recogido en los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Respecto del contenido, significación y límites del principio de igualdad, entrando a su vez en conexión con otros principios constitucionales del citado artículo 351 Constitucional, como son los de capacidad económica o de progresividad. Principio este que puede verse vulnerado precisamente si el legislador permite en el sistema tributario que un sujeto contribuya por encima de su propia capacidad y por lo tanto en desigualdad en Derecho Tributario. Siendo que los principios constitucionales se aplican sobre el sistema tributario en su conjunto y no necesariamente sobre un único impuesto, esto indudablemente exige que la estructura en sí del sistema fiscal deba realizarse atendiendo a otros bienes y objetivos constitucionalmente protegidos como son el progreso económico, distribución progresiva de la carga tributaria en máximos de proporcionalidad, rasgos que hacen necesario el trato desigual de la imposición según las distintas situaciones económicas y de riqueza de los sujetos dentro de un sistema teóricamente justo de redistribución de la renta que corrige las desigualdades reales de un Estado democrático de Derecho. En ese sentido corresponde a todos los ciudadanos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios que dimanan de la carta magna que, en ningún caso tendrá alcance confiscatorio (artículo 109 de la Constitución de la República); el artículo 351 constitucional no impide en modo alguno que el legislador, a efectos fiscales, dé un trato diferente a personas cuya condición social está diferenciada por razones objetivas atinentes a las fuentes de ingresos o la cuantía de éstos, quedando únicamente como verdaderas desigualdades contrarias al principio de igualdad todas aquellas medidas que realmente resulten injustificadas entre situaciones de hecho prácticamente equivalentes, alejándose así de uno de los rasgos esenciales de igualdad ante la ley del artículo 60 constitucional; dicho en otras palabras “la igualdad exige de por sí un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales”. Así pues, en el mismo sentido, se reconoce que, en el ejercicio de su libertad de ordenación normativa, el legislador puede someter a tributación de forma distinta a diferentes clases de rendimientos gravados en el impuesto, en atención a su naturaleza, por simples razones de política financiera o de técnica tributaria; con lo cual ha llegado a separar completamente el concepto de igualdad ante la ley del concepto de igualdad tributaria. Dado que el impetrante plantea en este Motivo de Inconstitucionalidad que el artículo 18 del Decreto 278-2013, que reforma el literal d) del artículo 15 de Ley del Impuesto Sobre Ventas contenida en el Decreto Ley Nº 24 del 20 de diciembre de 1963, al modificar el listado de servicios que están exentos del pago del referido impuesto, cuando establece: “d) Los siguientes servicios;… honorarios profesionales obtenidos por personas naturales…”; exención que a criterio del recurrente contraviene el concepto de igualdad ante la ley, y los principios constitucionales en materia tributaria. En un sentido amplio, la exención supone como técnica tributaria la eliminación del nacimiento de una obligación tributaria, que, en caso de no existir como exención, y exceptuando la exención parcial, llegaría a producirse como consecuencia de la realización del hecho imponible, quedando, por lo tanto, la exención dentro de una estructura normativa. Doctrinalmente tenemos que la exención se concibe como parte de una dispensa legal de la obligación tributaria, que produce efectos sobre determinados sujetos (exención subjetiva), o ante determinadas situaciones (exención objetiva), que provoca en muchas ocasiones que, de su sola existencia, el principio de igualdad sufra un notorio agravio al favorecerse una serie de actividades o sujetos aprovechando casualmente, la utilización contraria al principio. Ahora bien, debemos estimar que al contrario de lo que pueda interpretarse, la exención hace posible como técnica la distribución equitativa de la carga tributaria, como consecuencia de que toda exención se encuentra necesariamente conectada con la capacidad contributiva, tenemos entonces que la función de las exenciones no puede responder únicamente a la igualdad formal, sino que debe hacerlo también a la igualdad material. Visto así tenemos que la desigualdad se constituye en el sistema tributario con el objetivo de obtener de esta forma un trato igualitario entre diferentes contribuyentes, y de los cuales la existencia de contribuir de acuerdo con su capacidad económica y con todas las cargas tributarias mediante el pago de tributos no debe impedir que determinadas normas tributarias declaren que ciertos contribuyentes no estén obligados al impuesto. La mera existencia de exenciones no tiene por qué suponer un obstáculo a la uniformidad, antes bien, en conexión con el artículo 60 de la Constitución de la República, junto a la interpretación del legislador a la hora de crear una exención o el juez al resolver una cuestión de equidad, se trata de que se proclame que los poderes públicos deben promover todas aquellas condiciones o, por el contrario, remover todos los obstáculos para que la igualdad del individuo sea real y efectiva. En conclusión podemos señalar que a lo largo de este Motivo de Inconstitucionalidad, hemos dejado expuesto mediante el análisis respectivo, el principio de igualdad tributaria contemplado en el artículo 351 Constitucional y lo concerniente a las exenciones, por lo que no se transgreden los artículos 60 y 351 constitucionales, con la puesta en vigencia del artículo 18 del Decreto 278-2013, que reforma el literal d) del artículo 15 de Ley del Impuesto Sobre Ventas, por lo tanto no existe la violación de las normas repelidas. CONSIDERANDO (22): Finalmente el recurrente arguye como SEXTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Infracción directa del contenido del artículo 363 de la Constitución de la República que literalmente expresa: “Todos los ingresos fiscales ordinarios constituirán un solo fondo. No podrá crearse ingreso alguno destinado a un fin específico. No obstante, la ley podrá afectar ingresos al servicio de la deuda pública y disponer que el producto de determinados impuestos y contribuciones generales, sea dividido entre la Hacienda Nacional y la de los municipios, en proporciones o cantidades previamente señaladas. La ley podrá, asimismo, de conformidad con la política planificada autorizar a determinadas empresas estatales o mixtas para que perciban, administren o inviertan recursos financieros provenientes del ejercicio de actividades económicas que les correspondan.”; en relación con el artículo 351 Constitucional; vulneraciones que se producen con la puesta en vigencia del artículo 9 del Decreto 290-2013; expone el recurrente que el referido artículo ha reformado el artículo 45 del Decreto Nº 278-2013, y como producto de esa reforma se crea “El Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema”, con un fondo de Cuatro mil Quinientos Millones de Lempiras (L.4,500,000.000.00), obtenidos en base al tres por ciento (3%)del incremento al Impuesto Sobre Ventas; la referida reforma establece que dichos recursos serán depositados en el Banco Central de Honduras mediante un fideicomiso que garantice que estos recursos sean destinados para la continuidad y aplicación del Programa Bono Diez Mil y otros programas sociales. Explica el impetrante que, para comprender mejor el contenido y alcance de esa reforma, es importante remitirnos a lo preceptuado por el artículo 16 del Decreto Nº 278-2013 mismo que reformo la tasa del Impuesto Sobre Ventas, y que ha quedado redactado de la siguiente manera: “Articulo 16.-. Tasas del Impuesto Sobre Ventas.- Reformar el artículo 6 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas, contenida en el Decreto Número 24 del 20 de diciembre de 1963 y sus reformas, en el sentido de modificar su tasa general a quince por ciento (15%), y a diez y ocho por ciento (18%) la tasa aplicada a las bebidas alcohólicas, cerveza y cigarrillos al igual que los boletos aéreos de clase ejecutiva.” ; apunta el impetrante que hasta el 1 de enero de 2014, la tasa general del Impuesto Sobre Ventas era del 12% mientras la tasa que se aplicaba por venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos era del 15%; así se establece que originalmente, tal y lo señalado por el Decreto Nº 278-2013 , no reformado, el legislador había creado un fondo para el ejecución de programas sociales por parte del gobierno, para lo cual se giraban instrucciones a la Secretaria de Finanzas, para que lo constituyera con un monto de Cuatro mil Quinientos Millones de Lempiras (L.4,500,000.000.00), pero lo que no se decía era de donde se obtendrían esos recursos; pero a raíz de la reforma introducida por el Decreto Nº 290-2013, se establece que ese fondo se financiará con el incremento del 3% a la tasa general del Impuesto Sobre Ventas; concitando con ello la vulneración de los preceptos constitucionales citados, ya que la referida disposición legal señala que los recursos que se generen por el incremento de la tasa del Impuesto Sobre Venta se destinarán a un fin específico, situación que constitucionalmente no es permitida; y aun más siendo que el sistema tributario hondureño se rige entre otros por el principio de legalidad, mismo por el cual se entiende que toda relación tributaria se debe llevar a cabo dentro del marco legal que la establezca y regule, y si bien es cierto que por mandato constitucional del numeral 35) del artículo 205 se le otorga al Congreso Nacional la atribución de establecer impuestos, contribuciones y cargas públicas, también los es que el ya citado artículo 363 de la Constitución de la República, establece una limitante cual es la de que no se puede ejercer tal atribución creando o estableciendo impuestos para fines específicos y que en ese sentido el sistema tributario hondureño al regirse por el principio de legalidad, supone que en la referida reforma nuestro legislador no ha tenido en cuenta la jerarquía constitucional que en materia tributaria debe privar tal y lo establecido por el artículo 4 del Código Tributario. CONSIDERANDO (23): Que, del análisis del SEXTO MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD, en el que el recurrente plantea en sede constitucional la infracción directa del artículo 363 de la Constitución de la República, en lo que se refiere a que: “Todos los ingresos fiscales ordinarios constituirán un solo fondo. No podrá crearse ingreso alguno destinado a un fin específico……”; en relación con los principios que dimana en materia tributaria y que se encuentran plasmados en el artículo 351 Constitucional; vulneraciones que según su parecer se producen con la puesta en vigencia del artículo 9 del Decreto 290-2013; que crea “El Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema”. Respecto de tales argumentos es menester señalar a modo de introito que la actividad financiera del Estado se encuentra encaminada a la determinación de las diferentes formas de recaudación de los ingresos, los cuales son orientados a la satisfacción de las necesidades de la colectividad; constituyen entonces los ingresos del Estado los medios financieros de que se vale para proveer al sostenimiento de los servicios públicos; así pues tenemos que: “El sistema tributario, organiza los tributos y formas de recaudación, se fundamenta en el tributo, que representa una pluralidad de relaciones jurídicas, entre los ciudadanos y la Hacienda Pública, en virtud de la cual ésta hace efectivo su derecho al cobro de las cargas y obligaciones. El objeto del tributo es una prestación en términos de dinero efectivo (periódica o no, dependiendo del hecho que la motive), a que está obligado el contribuyente o ciudadano sujeto a su pago. La potestad tributaria corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, que se manifiesta cuando emite una ley que genera obligaciones para los particulares imponiendo al pago de tributos, rige la máxima Nullum Tributum sine lege (no hay tributo sin ley), los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente, limitan al legislador, que no puede imponerlos a su arbitrio sino respetando esas bases[2].” CONSIDERANDO (24): En esta línea es menester señalar los preceptos constitucionales que a la letra dicen: artículo 59: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución…[3]”; por su parte, el artículo 69 dispone: “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.” CONSIDERANDO (25): Que asimismo, en el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establece: “Los Estados partes en el presente Pacto, Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos.CONSIDERANDO (26): Que el desarrollo humano y la consolidación de la democracia son pilares fundamentales en un Estado de Derecho, por lo que el mismo Estado deviene obligado a establecer en sus políticas públicas, la ejecución de planes y programas para la erradicación de la pobreza extrema, el hambre, el analfabetismo, los bajos niveles de desarrollo humano. En ese sentido, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), del cual Honduras es parte, se comprometen, a realizar acciones para el logro de estos fines en forma progresiva, manteniendo los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia; es de destacar que la búsqueda de la erradicación de la pobreza extrema forma parte de los objetivos del milenio y de la Ley para el Establecimiento de una visión de país y la adopción de un Plan de Nación en Honduras. CONSIDERANDO (27): Que esta Sala hace suyo lo señalado por el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”; así también nuestro ordenamiento legal vigente, en los artículos 17 al 20 del Código Civil señalan las reglas de interpretación de la Ley así: “Artículo 17.- No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. (La negrita y subrayado es de la Sala) Artículo 18.- Cuando el legislador definiere expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. “Artículo 19. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. (La negrita y subrayado es la Sala); “Artículo 20.- En los casos en que no pudieren aplicarse las reglas anteriores, se interpretarán los pasajes obscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.” CONSIDERANDO (28): Que mediante Decreto Ley No. 24 del 20 de diciembre de 1963, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 18,161 del 27 de Diciembre 1963, se creó en nuestro país la Ley del Impuesto Sobre Ventas; en ese sentido tenemos que nuestro legislador mediante el Decreto Nº 290-2013; y más específicamente con la puesta en vigencia del artículo 9, ha reformado el artículo 45 del Decreto Nº 278-2013, al estipular lo siguiente: “ARTICULO 45.- FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA. Se ordena a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas para que se proceda a la constitución de un Fondo de Solidaridad y Protección Social para la reducción de la Pobreza extrema por un monto Cuatro mil Quinientos Millones de Lempiras (L.4,500,000.000.00), dichos fondos o recursos serán obtenidos en base al tres por ciento (3%) del incremento al Impuesto Sobre Ventas; estos recursos serán depositados en el Banco Central de Honduras (BCH), en uno o más bancos del sistema nacional mediante un fideicomiso a efecto de garantizar la continuidad y aplicación de los beneficios del Programa “Bono Diez Mil” y otros programas sociales, impulsados por la Presidencia de la República o las Secretarias de Estado que designe el Consejo de Secretarios de Estado”. El llamado Principio constitucional de unidad de caja o de fondo refuerza el de unidad del presupuesto, en el sentido de que todos los fondos públicos han de afluir a una caja única, de donde han de salir todos los pagos que se realicen, es decir, que la liquidez del Estado configura una masa de tesorería única. La unidad de caja o de fondo no implica su unidad física sino solamente contable, de modo que lo importante de este principio no es “lograr la unidad física de la misma, sino conseguir su unidad contable y de dirección, de forma que se alcance la máxima economía en la gestión de los flujos financieros públicos (activos y pasivos), su intervención y control unitarios y su administración coordinada” [Gonzalo y González, 1972, p.168]. CONSIDERANDO (29): Que la violación alegada del artículo 363 Constitucional referente a la distorsión a la unidad de fondo con la puesta en vigencia del artículo 9 que reforma el artículo 45 del Decreto N.º 278-2013, se desvanece con lo estipulado en el artículo 355 que a la letra dice: “ La Administración de los fondos públicos corresponde al Poder Ejecutivo. “Para la percepción, custodia y erogación de dichos fondos, habrá un servicio general de tesorería.” El Poder Ejecutivo, sin embargo, podrá delegar el Banco Central, las funciones de recaudador y depositario. También la ley podrá establecer servicios de pagadurías especiales”.- La Tesorería General de la República realiza el traslado de los fondos a la libreta Reserva Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social; y en concatenación con lo anterior, el artículo 45 del Decreto No.278-2013 reformado con el Decreto No. 290-2013, enuncia que el Fondo de Solidaridad y Protección Social se alimentará tomando como base o valor referencial el 3% del incremento al Impuesto sobre Ventas, lo que significa que solamente será un parámetro para la determinación de la cuantía que sustentará dicho fondo; razón por la cual es criterio de esta Sala que al tenor de la normativa antes citada el precepto cuestionado de inconstitucionalidad, no crea ingreso para un fin específico, porque el Impuesto Sobre Ventas fue creado mediante Decreto No.24-1963 y por medio de sus reformas se ha venido incrementando la Tasa del mismo, el cual está siendo depositado en la Cuenta Única abierta en el Banco Central de Honduras. CONSIDERANDO (30): Que en ese orden de ideas es menester señalar que si bien es cierto que el artículo 9 del Decreto Nº 290-2013, al reformar el artículo 45 del Decreto Nº 278-2013, deja claramente establecido el fin para el cual se destinarán los fondos que se obtengan como producto del aumento del tres por ciento (3%) del incremento al Impuesto Sobre Ventas; también lo es que tal disposición no contraria el párrafo segundo del artículo 363 constitucional, y ello se estila así, porque lo que se hace es modificar la tasa del impuesto, que precisamente fue creada con la emisión del Decreto Ley No. 24 del 20 de diciembre de 1963, contentivo de Ley del Impuesto Sobre Venta; en otras palabras nuestro legislador no ha creado ingreso alguno con fin específico, al reformar la referida tasa; por lo que la destinación que se le de a tales fondos no contraría los principios constitucionales de unidad de fondo y de no afectación. La norma constitucional lo que sí prohíbe es la destinación específica de ingresos, cuando se crea una norma con tal fin, situación que en cuanto a la norma en comento no sucede así, puesto que como ya se dejó apuntado en el caso que nos ocupa el legislador lo que ha hecho es modificar una tasa de impuesto ya existente, por consiguiente, el principio Constitucional de Unidad de Fondo no se ve vulnerado. CONSIDERANDO (31): Que a la luz de lo anteriormente expuesto en el presente fallo se estima que de los seis motivos de inconstitucionalidad alegados por el impetrante, únicamente el expuesto en el primer motivo resulta inconstitucional, esto es el artículo 7 del Decreto Nº 290-2013, de fecha cinco de abril de 2014, en cuanto que el mismo reformó el artículo 8 del Decreto Nº 278-2013, dicha reforma del artículo 8 que adiciona el literal c) y un penúltimo párrafo al artículo 22 de Ley del Impuesto Sobre la Renta. CONSIDERANDO (5): Que como ha quedado relacionado en la presente acción de inconstitucionalidad de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, registrado bajo número 0757-2014, observando la motivación ya expuesta, por unanimidad de votos en la resolución definitiva se FALLO: I.- DECLARANDO HA LUGAR EL PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUNALIDAD planteado, en consecuencia SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 7 del Decreto Legislativo Nº 290-2013, que reforma el artículo 8 del Decreto Nº 278-2013, y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 33,398, de fecha 5 de abril de 2014.- II.- DECLARANDO NO HA LUGAR LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, que por razón de contenido, interpuesto por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT, en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP).- CONSIDERANDO (6): Que ante lo expuesto y no siendo pertinente hacer un nuevo pronunciamiento de la justicia constitucional en cuanto al decreto impugnado en la acción de inconstitucionalidad registrada bajo número 0757-2014, la emisión de una nueva sentencia de inconstitucionalidad implicaría tácitamente volver a decir y ordenar un hacer que desconocería indirectamente las consecuencias concretas y temporales ya declaradas en la sentencia de fecha veinticinco de junio de dos mil quince. CONSIDERANDO (7): Que, en un sentido formal y estrictamente conceptual, la regla stare decisis, implica la obligación de la Sala como órgano de la justicia constitucional, de estarse a lo resuelto o determinado por la jurisprudencia que emana del propio Tribunal Supremo, omitiendo en consecuencia, cualquier pronunciamiento que pudiese contradecir o poner en duda la certeza de la cosa juzgada emanada de sus fallos. Así, ante los efectos generales o erga omnes, que caracterizan a los fallos recaídos en las acciones de inconstitucionalidad en un sentido negativo, encontramos que la regla del stare decisis, se encuentra regulada explícitamente por nuestro ordenamiento adjetivo en su artículo 91, en el cual se afirma que “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar cualquier acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad”. De igual manera, en su sentido positivo, al existir una motivación estimatoria, y con ello un pronunciamiento sobre la pertinencia que corresponda, al alcance de la declaratoria de inconstitucionalidad, en función de los efectos ex nunc, implícitos en la misma, la jurisprudencia de la Sala ha determinado como regla stare decisis[4], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado o, en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. CONSIDERANDO (8): Que una vez expuesto lo anterior, resulta una certeza para esta Sala de lo Constitucional, que el fallo dictado en fecha veinticinco de julio de dos mil quince, recaído en la acción registrada bajo número 0757-2014, al ser otorgado el recurso de inconstitucionalidad en su PRIMER motivo y declarado no ha lugar en los motivos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO alegados por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), por vía de acción y por razón de contenido del artículo 9 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas Decreto No.278-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 33,316 publicada en fecha lunes treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013) y el artículo 22-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mediante el cual el referido artículo 9 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, reforma la Ley del Impuesto sobre la renta contenida en el Decreto No.25 del veinte (20) de diciembre de mil novecientos sesenta y tres (1963) y sus reformas, sin perjuicio de reiterar que la validez del fallo relacionado, torna en innecesario y reiterativo un nuevo pronunciamiento sobre el decreto impugnado, sobre las bases de los mismos motivos esgrimidos con anterioridad, resultando de todo lo anterior, la ostensible improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, dando lugar a su consiguiente sobreseimiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, y con fundamento en los artículos 1, 8, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 4, 18, 60, 61, 64, 82, 90, 184, 185 No. 1, 205 No.1, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 87, 88, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: Que al ser firme el fallo dictado por esta Sala de lo Constitucional, en fecha veinticinco de junio de dos mil quince, recaído en el Recurso de Inconstitucionalidad No.0757-2014 interpuesto por el abogado RICARDO ANTONIO MONTES BELOT en su condición de representante procesal del CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP), esta Sala ya se pronunció específicamente en el considerando once (11) y doce (12) de la referida sentencia en donde se desarrolló y se resolvió el segundo motivo de Inconstitucionalidad promovido en dicha acción, el cual tenía por objeto atacar la disposición contenida en el artículo 9 del Decreto número 278-2013 que reformo la Ley del Impuesto Sobre la Renta adicionándole el artículo 22-A; del referido fallo se desprende en su parte resolutiva que la Sala de lo Constitucional resolvió con respecto a ese motivo lo siguiente: II.- DECLARANDO NO HA LUGAR LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO, es decir la Sala en aquel fallo declaro no ha lugar precisamente el Recurso de Inconstitucionalidad promovido en contra del artículo 9 del Decreto número 278-2013 que reformo la Ley del Impuesto Sobre la Renta adicionándole el artículo 22-A, en ese sentido se determina que esta sala ya ha vertido un pronunciamiento idéntico al Recurso de Inconstitucionalidad que ahora promueve la parte recurrente, destacando lo que al efecto señala el artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que literalmente señala: “La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad”. En el presente caso de autos de la detenida lectura del Recurso de Inconstitucionalidad impetrado por el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, se desprende que son los mismos motivos, e inclusive la misma disposición legal que ya fue resuelta en el Recurso de Inconstitucionalidad citado al principio de este fundamento de derecho, por lo tanto se torna en innecesario y reiterativo, un nuevo pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto impugnado; razón por la cual SE SOBRESEE el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto vía acción, por el Abogado CESAR AUGUSTO GIRON LANZA, por constituirse en similares motivos a los ya plasmados en el supra mencionado precedente. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente acción, se certifique la misma para los efectos legales pertinentes y se proceda al archivo de los antecedentes. Redacto el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad registrado en este Tribunal con el número SCO-0711-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Sánchez Hernández, Mayolo, “Derecho Tributario”, Cárdenas Editor y Distribuido. Segunda edición. México 1998. Pag.136
[2] Rojas Carón, León. La Constitución Hondureña Analizada. 2ª, ed.- pág. 611, Tegucigalpa: Litografía Lopez, S. de R. L., 2008.
[3] Copiado en los términos del Decreto Número 191-94, de fecha 15 de diciembre de 1994, que contiene la reforma al Artículo 59 Constitucional; y, ratificado constitucionalmente mediante Decreto Número 2-95, de fecha 7 de febrero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 27595, del 4 de marzo de 1995.
[4] Ver en igual sentido al caso que se resuelve, sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98, y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras, las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306-13.