Sentencia RI-627-19 — Registro 15739
Resumen
Se interpuso recurso de inconstitucionalidad interpuesto Vía acción y por razón de forma, contra el Decreto Legislativo No. contentivo de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional. Por considerar el recurrente que la norma impugnada fue aprobada por el Congreso Nacional sin cumplir dos pasos esenciales en el proceso de creación de la Ley.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7): Que no obstante y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, entre las formas de terminación del recurso de inconstitucionalidad no se incluye la figura del sobreseimiento, la cual ha sido reservada a la acción constitucional de amparo en los casos en los que se advierta una causal de inadmisibilidad de las establecidas en el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la jurisprudencia de esta Sala ya ha establecido como regla stare decisis, el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. Adicionalmente, la ley faculta a su vez a la Sala a emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión del recurso, lo que implica a su vez la potestad de declarar la no admisión o desestimación de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos en forma taxativa por la ley. De ahí entonces, que al dirigirse el presente recurso contra una norma que perdió su vigencia en virtud de haber sido derogada la misma en su totalidad, se estima procedente sobreseer el recurso de inconstitucionalidad que se conoce, al haber sobrevenido la pérdida de su objeto, en tanto que ha dejado de tener vigencia y efecto el DECRETO LEGISLATIVO No. 418-2013, contentivo de la LEY PARA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, abrogado expresamente por el DECRETO LEGISLATIVO No. 12-2022.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil veintidós.-VISTO Para dictar sentencia en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto Vía Acción y por razón de forma, por el señor ARNALDO AMILCAR RODRÍGUEZ DUARTE, actuando en su condición de Presidente de la Asociación Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), contra el Decreto Legislativo No. 418-2013, aprobado en el Congreso Nacional de la República, en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil catorce (2014), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,373, de fecha siete (7) de marzo del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. Por considerar el recurrente que la norma impugnada fue aprobada por el Congreso Nacional sin cumplir dos pasos esenciales en el proceso de creación de la Ley.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinticuatro de julio del año dos mil diecinueve, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el señor ARNALDO AMILCAR RODRÍGUEZ DUARTE, actuando su condición de Presidente de la Asociación Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), interponiendo Recurso de Inconstitucionalidad vía acción y por razón de forma, contra el Decreto Legislativo No. 418-2013, aprobado por el Congreso Nacional de la República en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil catorce (2014), y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,373, de fecha siete (7) de marzo del año dos mil catorce (2014), contentivo de la LEY PARA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, al considerar el peticionario que la citada Ley es inconstitucional, por no haberse cumplido con los pasos esenciales en el proceso de creación de la misma. (Folios del 1-11 de los autos).-2) Que en fecha dos de septiembre del año dos mil diecinueve, este Alto Tribunal dictó providencia mediante la cual resolvió admitir el recurso de inconstitucionalidad del que se hace referencia, y al dirigirse el mismo por razón de forma, se ordenó librar comunicación al Congreso Nacional de la República, a efecto que, en plazo de cinco días hábiles, remitiera los antecedentes del proceso de formación de la Ley impugnada, o en su caso un informe. (Folio 25 de los autos).-3) Que con fecha diecisiete de octubre del año dos mil diecinueve, se recibió en este Tribunal, el Oficio No.167-2019-PS/CN con procedencia del Primer Secretario del Congreso Nacional de la República, solicitando se le extendiera el plazo para remitir el informe solicitado. Posteriormente en fecha cinco de noviembre del mismo año dos mil diecinueve, se ordenó librar por segunda ocasión, comunicación al Congreso Nacional, para que dentro del plazo de cinco días hábiles procediera a cumplimentar la solicitado por esta Sala de lo Constitucional en auto de fecha dos de septiembre del año dos mil diecinueve. Recibiendo en fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, los antecedentes del proceso de formación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, con procedencia del Congreso Nacional de la República. (Folios 30, 33 y 35 al 68 de los autos).-4) Que habiéndose dispuesto en providencia de fecha siete de enero del año dos mil veinte, conceder traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, por el plazo de seis días, a efecto de emitir la correspondiente opinión en el asunto de mérito; absteniéndose la Fiscal del Despacho de emitir opinión, solicitando se envíe atenta comunicación al Soberano Congreso Nacional de la República, a efecto de remitir el Acta número 57-2013, asimismo informe si fue solicitada opinión de la Corte Suprema de Justicia en relación al proceso de formación del citado Decreto. Una vez librada la respectiva comunicación, ésta fue cumplimentada por parte del Congreso Nacional en fecha veintisiete de febrero del año dos mil veinte. - En consecuencia, en fecha tres de marzo del año dos mil veinte, se ordenó conceder nuevo traslado al Fiscal por el plazo de seis días para que emitiese su opinión en el presente asunto. (Folios 73 y 74, del 78 al 117 y 119 de los autos) .-5) Que en fecha catorce de enero del año dos mil veintiuno, se tuvo por evacuado el traslado concedido a la Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma su dictamen, a través de la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, en el cual concluye: “…Que por las razones expuestas, y en conjunto, con el contraste que se efectuará en los motivos de inconstitucionalidad invocados, se aprecia que el Decreto Legislativo No. 418-2013, emitido por el Congreso Nacional de la República, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil catorce y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,373, del siete (7) de marzo del año dos mil catorce, contentivo de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, es inconstitucional, por colisionar con el núcleo esencial de los artículos 214 y 219 de nuestra ley fundamental, vinculado a la inobservancia de los requisitos de forma previstos en la propia Constitución para el proceso de formación de la ley, por lo cual resulta la inaplicabilidad del Decreto en mención.” Siendo de la opinión porque: (Sic) “SE DECLARE CON LUGAR el recurso de inconstitucionalidad planteado en los términos expresados por esta representación fiscal, por razón forma.” (Folios 119 y del 122-131 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que en fecha veinticuatro de julio del año dos mil diecinueve, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, señor ARNALDO AMILCAR RODRÍGUEZ DUARTE, en su condición antes señalada, indica en su escrito que, interpone esta garantía Constitucional, para que mediante una declaratoria de INCONSTITUCIONALIDAD POR LA VÍA DE ACCIÓN se declare por razones de forma, la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No.418-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta No.33,373 contentivo de la LEY PARA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, relacionada a la clasificación de documentos públicos referentes a la seguridad y defensa nacional, por colisionar lo que mandan los preceptos 214 y 219 de la Constitución de la Republica, vinculado a la inobservancia de dos requisitos esenciales en el proceso de creación de la ley, como ser el no solicitar dictamen de la Corte Suprema de Justicia y la discusión de la Ley en un debate, habiendo dispensado dos debates sin que se haya acreditado la urgencia calificada.-CONSIDERANDO (2): Que de conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Constitución de la República, las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. Asimismo, dispone que le compete a la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva de dicha garantía, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. Por su parte el artículo 185 constitucional dispone que la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación, debe solicitarse, por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo: 1. Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia; 2. Por vía de excepción que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y, 3. También el Órgano Jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento Judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una Ley y su derogación antes de dictar resolución.-CONSIDERANDO (3): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad formal y la material, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad.-CONSIDERANDO (4): Que, de la lectura de la acción promovida, esta Sala de lo Constitucional advierte, que la norma censurada como inconstitucional por el recurrente, es el Decreto No. 418-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,373 de fecha 7 de marzo del año 2014, mismo que contenía la LEY PARA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, la cual estuvo vigente a partir del 7 de marzo del año 2014, hasta su abrogación por el Decreto No. 12-2022, de fecha 15 de marzo del año 2022, conforme lo establecido expresamente en su artículo 1, en vigencia a partir del día de la publicación del referido Decreto, en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 15 de marzo del año 2022.- CONSIDERANDO (5): Que, en relación a los efectos y alcances de la derogación de una ley, conociendo de un asunto similar[1] al caso sub-examine, es criterio de este Alto Tribunal que: “…la derogación de una norma jurídica conlleva a la cesación de su vigencia por efecto de lo dispuesto en otra norma posterior. Esta derogación, como se sabe, puede ser expresa o tácita, total o parcial y referirse a una ley determinada o genéricamente a todas las disposiciones que se opongan a la nueva ley derogatoria. Esta Sala asiente que el efecto propio de la derogación es la pérdida de la vigencia de la norma, la que una vez derogada pierde su fuerza vinculante para el futuro, y aunque no deje de pertenecer al ordenamiento jurídico, esta pertenencia ya no es “actual y activa”, puesto que sólo regulan (salvo el caso de la retroactividad o ultraactividad[2]) las situaciones que quedaron subsumidas en su supuesto de hecho antes del momento de la derogación[3]. -CONSIDERANDO (6): Que resulta innegable para esta Sala de lo Constitucional que la derogación de la LEY PARA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, que es la norma denunciada como inconstitucional por vía del presente recurso, plantea para la Sala un problema importante de validez en el tiempo en cuanto al decreto impugnado y los efectos del pronunciamiento definitivo que deberá recaer en la presente acción, resultando evidente que al haber perdido vigencia la ley o normativa contra la que se impetra la declaratoria de inconstitucionalidad, el recurso ha perdido su objeto, consecuentemente, el procedimiento que ha sido iniciado no puede continuar, no porque la impugnación que ha sido pretendida sea infundada, sino porque la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real, consecuentemente, el recurso de mérito ha perdido todo su sentido, no siendo exigible ya el pronunciamiento por parte de la Sala en cuanto a la constitucionalidad de la referida normativa, resultando innecesario seguir garantizando su conformidad o no con la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (7): Que no obstante y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, entre las formas de terminación del recurso de inconstitucionalidad no se incluye la figura del sobreseimiento, la cual ha sido reservada a la acción constitucional de amparo en los casos en los que se advierta una causal de inadmisibilidad de las establecidas en el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la jurisprudencia de esta Sala ya ha establecido como regla stare decisis[4], el admitir la posibilidad de dictar sentencias de sobreseimiento en acciones de inconstitucionalidad, bien sea atendiendo a la impertinencia de un pronunciamiento por virtud de la realidad que supone el ámbito temporal de validez de la norma o decreto impugnado; o en otros casos, atendiendo a la existencia o no de una legitimación objetiva de los recurrentes. Adicionalmente, la ley faculta a su vez a la Sala a emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión del recurso, lo que implica a su vez la potestad de declarar la no admisión o desestimación de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos en forma taxativa por la ley[5]. De ahí entonces, que al dirigirse el presente recurso contra una norma que perdió su vigencia en virtud de haber sido derogada la misma en su totalidad, se estima procedente sobreseer el recurso de inconstitucionalidad que se conoce, al haber sobrevenido la pérdida de su objeto, en tanto que ha dejado de tener vigencia y efecto el DECRETO LEGISLATIVO No. 418-2013, contentivo de la LEY PARA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, abrogado expresamente por el DECRETO LEGISLATIVO No. 12-2022. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal del Despacho, por UNANIMIDAD DE VOTOS, haciendo aplicación de los artículos 1, 2, 4, 15, 80, 90, 184, 185 numeral 1, 303, 304, 313 atribución 5ª, 316 atribución 1ª de la Constitución de la República; 1, 2 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3.3), 5, 8, 74, 75, 76, 77, 89, 92 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1 del Decreto Legislativo No. 12-2022. FALLA: SOBRESEYENDO la garantía de inconstitucionalidad bajo expediente número SCO-0627-2019, opuesta por vía de acción, por razón forma y en forma total, por el señor ARNALDO AMÍLCAR RODRÍGUEZ DUARTE, actuando en su condición de Presidente de la Asociación Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), contra el Decreto Legislativo No. 418-2013, que contenía la LEY PARA LA CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, al haber sobrevenido la pérdida de objeto del presente recurso al momento de perder vigencia, ello con la derogación del referido Decreto Legislativo, dejando de formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, privando a la presente acción de cualquier interés o utilidad real. Y MANDA: 1) Que la presente sentencia sea notificada al garantista, personalmente o de oficio mediante cédula fijada en la Tabla de Avisos del Despacho; 2) Que se proceda a certificar el presente fallo; 3) Archívense las presentes diligencias, en la secretaria de este Alto Tribunal. Redactó la magistrada Reina Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de Agosto del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0627-2019.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Fallo recaído en el Recurso de Inconstitucionalidad con registro RI 0317-2019 de fecha 17 de marzo del año 2021, presentado por vía de excepción por razón de contenido y de manera parcial, contra el Artículo 227 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo No. 59-97, de fecha 8 de mayo de 1997.
[2] La ultraactividad de la ley suele entenderse como un problema de aplicación de la ley en el tiempo y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o celebración.
[3] Delgado Echeverría, “Las normas derogadas, validez, vigencia aplicabilidad”,
[4] Ver en igual sentido al caso que se resuelve sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad con registros Nos. 760-11, 764-11 y 530-98; y en el sentido genérico de la formula “sobreseimiento” como mecanismo de solución de un proceso de inconstitucionalidad ver entre otras las acciones con registros Nos. 524-05, 444 y 445-08 y 306=13.
[5] Artículos 80, 84 y 86 de la Ley Sobre Justicia Constitucional