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Sentencia RI-570-18 — Registro 15077

Resumen

Acción de Inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 160 numerales 5 y 6 del Decreto Legislativo N° 170-2016 contentivo del Código Tributario mediante el cual se regula el cálculo de las sanciones a las infracciones de las obligaciones formales contenidas en dicho Código

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."13): Que es por eso que se justifica la existencia del Derecho Penal Administrativo, como aquel constituido por un grupo de disposiciones, emanadas del poder público, que son parte del ordenamiento jurídico, y que asocian a una pena grupos de hechos consistentes en el incumplimiento de deberes para con la Administración pública, no previstos en el código penal, que se denominan faltas o contravenciones.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que las compañías dedicadas al la Agencia de Aduanas no escapan a esta regulación, cuando el Código Tributario Honduras contienes un régimen penal administrativo, que les será aplicado de acuerdo a las normas constitucionales. Tal es el caso, a manera de ejemplo, el régimen penal administrativo que contiene la Ley del Sistema Financiero, en su Titulo VI; así como también el Código de Comercio, en su Artículo 702 establece que: “Será nulo todo pacto que excluya o límite de antemano la responsabilidad de una empresa mercantil, por dolo o culpa de su personal, o de terceros a quienes utilice en el cumplimiento de las obligaciones propias de su giro, o la que resulte de la violación de normas de orden público.”-CONSIDERANDO QUINCE(15): Que en este caso, se debe entender que estamos frente a mecanismos represivos que nuestro ordenamiento pone a disposición del Estado para cumplir su función constitucional al servicio de la persona humana y de promoción del bien común. Sin embargo, para su ejercicio, el primer paso que debe dar el Estado es por medio de la ley. El principio de legalidad es un elemento común e ineludible en la determinación de los ilícitos y las penas. A su vez, el siguiente paso será determinar si el castigo o represión de dichas conductas se realizará por la autoridad judicial o por la autoridad administrativa. En esta segunda función, el legislador dispone de una facultad discrecional para seguir uno u otro camino, pues él debe ponderar su eficacia, mérito u oportunidad, aunque sujeto a una serie de limitaciones: el principio de proporcionalidad respecto de la sanción que se aplicará y que toda medida que implique privación de libertad, ya sea de forma directa o sustitutiva, requiere de la intervención de la autoridad judicial.-CONSIDERANDO DIECISEIS(16): Que el Legislador al momento de promulgar el Código Tributario, considero: “Que el Artículo 328 de la Constitución de la República establece que el sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción, de justicia social, en la distribución de la riqueza e ingreso nacional y coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo, como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.” Así como: “Que es imprescindible contar con un cuerpo jurídico actualizado y de acuerdo a las mejores prácticas internacionales en materia tributaria que establezca los principios generales, normas administrativas y procesales aplicables a todos los tributos, a fin de introducir congruencia entre los mismos.”-CONSIDERANDO DIECISIETE(17): Que en concordancia con lo anterior el legislador determino como medio idóneo para salvaguardar el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal administrativa, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos constitutivos de faltas en la actuación ante el sistema aduanero, así como, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del ius puniendi. Tal es así que el actual Código Tributario, recoge una tendencia de las legislaciones tributarias modernas, en el sentido de reducir las sanciones impuestas según el comportamiento reparador del sujeto infractor, lo anterior en armonía con lo dispuesto en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Así, el artículo 162 del referido cuerpo legal, prevé la posibilidad la reducción de las sanciones por infracciones formales, cuando concurra cualquiera de las causales enumeradas y que se caracteriza por disponer un tratamiento favorable para aquella conducta consistente en solucionar una situación de incumplimiento.-CONSIDERANDO DIECIOCHO(18): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; SIC: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.” Reglas que al ser aplicadas nos llevan a la conclusión que el numerales 5 y 6 Del Artículo 160 Código Tributario, no penaliza desproporcionalmente de ninguna manera las faltas administrativas en materia aduanal, sino, como ya se dijo; es el medio, que el legislador consideró idóneo para salvaguardar el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal administrativa, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos constitutivos de faltas en la actuación ante el sistema aduanero, así como, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado.-CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre."-CONSIDERANDO VEINTE (20): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.-CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas.-CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa.-CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que la sentencia en que se declara la y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegítima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales.-CONSIDERANDO VEINTICUATRO (24) : Que en el presente caso, se puede colegir que los numerales 5 y 6 Del Artículo 160 Código Tributario, no vulneran ningún Artículo constitucional, puesto que no penaliza desproporcionalmente de ninguna manera las faltas administrativas en materia aduanal, sino, como ya se dijo; es el medio, que el legislador consideró idóneo para salvaguardar el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal administrativa, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos constitutivos de faltas en la actuación ante el sistema aduanero, así como, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, en forma total y por razón de contenido, por el Abogado JUAN AGUSTIN CASTELLANOS VALLADARES, a favor de la Sociedad Mercantil denominada AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. de R.L de C.V contra el Artículo 160 del Decreto Legislativo N° 170-2016 contentivo del Código Tributario, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras en fecha quince de diciembre del dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34,224 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, Artículo mediante el cual se regula el cálculo de las sanciones a las infracciones de las obligaciones formales contenidas en dicho Código.-ANTECEDENTES : 1)Que en fecha seis de agosto del año dos mil dieciocho, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado JUAN AGUSTIN CASTELLANOS VALLADARES, para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción en forma total y por razón de contenido del Artículo 160 del Decreto Legislativo N° 170-2016 contentivo del Código Tributario, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras en fecha quince de diciembre del dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34,224 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, artículo mediante el cual se regula el cálculo de las sanciones a las infracciones de las obligaciones formales contenidas en dicho Código, por estimar el recurrente que el referido cuerpo legal violenta artículos de la Constitución al no cumplirse las disposiciones emanadas de acuerdos y tratados internacionales multilaterales de los cuales la República de Honduras es parte contratante.-2) Que en fecha veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido al contenido de la citada ley, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen.-3) Que en fecha treinta de octubre del año dos mil dieciocho, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público y por emitido el dictamen por la Abogada SUSSY G COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad de mérito.-CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma.-CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado JUAN AGUSTIN CASTELLANOS VALLADARES, en su condición antes señalada, indica en su escrito que, interpone esta garantía Constitucional, precisamente la que el constituyente previo en protección de sus interese contra los actos producidos por el Congreso Nacional cuando acarrean una modificación al pacto social contenido en nuestra constitución. La aprobación y publicación del contenido de los numerales 5 y 6 del Artículo 160 del Decreto 170-2016, así como la aprobación y publicación de la Circular Aclaratoria sobre guía para la aplicación de Sanciones; con referencia DARA 173-2017, que es una norma administrativa de carácter general subsidiaria de aquel, afectan su interés personal y empresarial, legitimándolo para actuar porque implican que las autoridades públicas que representan sus intereses y el de la colectividad en general dejan o dejaran de cumplir con el mandato que le dimos de gobernar para asegurarnos el “… goce de la justicia, la libertad, al cultura y el bienestar económico y social” En definitiva, la normativa contra la cual se interpone esta acción de inconstitucionalidad, menoscaba sus derechos.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que el demandante de inconstitucionalidad resume sus motivos señalando que los numerales 5) y 6) del Artículo 160 del Código Tributario, debido a la falta de proporcionalidad en la imposición de sanciones a infracciones aduaneras, en contravención a las disposiciones emanadas de Acuerdos y Tratados Internacionales Multilaterales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ratificados por el Estado de Honduras, tales como los contenidos en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, 1994) Y el Acuerdo de Facilitación de Comercio, que en suma garantizan la aplicación de los principios de proporcionalidad y gradualidad al momento de determinar las sanciones, en cuanto establece que ninguna parte contratante impondrá sanciones severas por infracciones leves de los reglamentos o formalidades de aduana; ni se impondrán sanciones pecuniarias superiores a las necesarias para servir simplemente de advertencia por un error u omisión en los documentos que puedan ser subsanados fácilmente y que haya sido cometido sin intención fraudulenta o sin que constituya una negligencia grave. De tal manera, que la sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso y será proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida. Aduce el recurrente que el Decreto Legislativo número 170-2016, emitido el veintiocho (28) de Diciembre del dos mil dieciséis (2016), publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 34,224, y de manera específica, los numerales 5) y 6) del Artículo 160 del Código Tributario, contiene normas que flagrantemente violentan garantías Constitucionales, contenidas en los Artículos 16, 18, 64, 80, 82, 84, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 109 de la Constitución de la República, que contiene la obligatoriedad de los tratados internacionales, la no aplicación de leyes o disposiciones gubernativas que disminuyen, restringen o tergiversen declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución, derechos de petición, defensa, debido proceso, principio de inocencia, juicio previo, legalidad de la pena, irretroactividad de la ley, no confiscatoriedad y régimen financiero.-CONSIDERANDO SEIS(6): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha treinta de octubre del año dos mil dieciocho, pronunciándose en el sentido de que el Código Tributario cumple con las exigencias contempladas en la Constitución de la República y los Instrumentos Internacionales citados por el recurrente, particularmente en cuanto a la aplicación de los principios inspiradores del Ius Puniendi en materia penal, los cuales también son aplicables al ámbito tributario siempre que se adapte a las particularidades propias en dicho campo. De tal forma, que el Modelo de Código Tributario, permite cualquiera de ambas opciones, y en el caso de nuestra legislación, se optó por estructurar las sanciones en un porcentaje o monto fijo, las que a su vez permiten adecuar la sanción a ciertas condiciones en que se ha cometido la infracción. Esto así, ya que el principio de proporcionalidad tiene aplicabilidad desde la identificación de la infracción a sancionar (sea administrativa o tributaria) hasta en la determinación del monto a gravar, ya que éste guarda relación con el perjuicio causado a la Hacienda Pública, pues su cuantía dependerá generalmente del importe que se haya pretendido dejar de pagar a la Administración tributaria, y en el caso de autos, tampoco nos encontremos con una sanción confiscatoria, ya que es evidente que las sanciones impuestas en los numerales 5 y 6 del Artículo 160, no llegan a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, pero sin lugar a dudas, toda infracción a las obligaciones administrativas o tributarias estarán sujetas a una sanción tributaria, las cuales tienen una finalidad retributiva a la lesión causada, como ser, a la Hacienda Pública. Finalmente, es necesario también acotar, que el actual Código Tributario, recoge una tendencia de las legislaciones tributarias modernas, en el sentido de reducir las sanciones impuestas según el comportamiento reparador del sujeto infractor, lo anterior en armonía con lo dispuesto en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Así, el artículo 162 del referido cuerpo legal, prevé la posibilidad la reducción de las sanciones por infracciones formales, cuando concurra cualquiera de las causales enumeradas y que se caracteriza por disponer un tratamiento favorable para aquella conducta consistente en solucionar una situación de incumplimiento.-CONSIDERANDO SIETE(7): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el numeral primero del Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales.-CONSIDERANDO NUEVE(9): Que el Artículo 62 de la Normal Constitucional establece que “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 63 de la Carta Magna estipula que: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.”-CONSIDERANDO ONCE (11): Que si bien es cierto, el Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan la Constitución de la República; pero también es cierto que el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que las personas jurídicas, tales como las sociedades mercantiles representadas por los recurrentes de la inconstitucionalidad, en nuestra legislación vigente, además de ser responsable civilmente es posible sancionarlas penalmente por un delito o falta, o por una infracción administrativa. Si bien no pueden imponérsele todos los tipos de penas, existen algunas, como las pecuniarias o las inhabilitaciones, que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o tributarios o infracciones administrativas. De todos modos, por lo general, se acepta la posibilidad de exigir responsabilidad penal a una persona jurídica, y a las personas físicas que están detrás de una persona jurídica y toman las decisiones.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que es por eso que se justifica la existencia del Derecho Penal Administrativo, como aquel constituido por un grupo de disposiciones, emanadas del poder público, que son parte del ordenamiento jurídico, y que asocian a una pena grupos de hechos consistentes en el incumplimiento de deberes para con la Administración pública, no previstos en el código penal, que se denominan faltas o contravenciones.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que las compañías dedicadas al la Agencia de Aduanas no escapan a esta regulación, cuando el Código Tributario Honduras contienes un régimen penal administrativo, que les será aplicado de acuerdo a las normas constitucionales. Tal es el caso, a manera de ejemplo, el régimen penal administrativo que contiene la Ley del Sistema Financiero, en su Titulo VI; así como también el Código de Comercio, en su Artículo 702 establece que: “Será nulo todo pacto que excluya o límite de antemano la responsabilidad de una empresa mercantil, por dolo o culpa de su personal, o de terceros a quienes utilice en el cumplimiento de las obligaciones propias de su giro, o la que resulte de la violación de normas de orden público.”-CONSIDERANDO QUINCE(15): Que en este caso, se debe entender que estamos frente a mecanismos represivos que nuestro ordenamiento pone a disposición del Estado para cumplir su función constitucional al servicio de la persona humana y de promoción del bien común. Sin embargo, para su ejercicio, el primer paso que debe dar el Estado es por medio de la ley. El principio de legalidad es un elemento común e ineludible en la determinación de los ilícitos y las penas. A su vez, el siguiente paso será determinar si el castigo o represión de dichas conductas se realizará por la autoridad judicial o por la autoridad administrativa. En esta segunda función, el legislador dispone de una facultad discrecional para seguir uno u otro camino, pues él debe ponderar su eficacia, mérito u oportunidad, aunque sujeto a una serie de limitaciones: el principio de proporcionalidad respecto de la sanción que se aplicará y que toda medida que implique privación de libertad, ya sea de forma directa o sustitutiva, requiere de la intervención de la autoridad judicial.-CONSIDERANDO DIECISEIS(16): Que el Legislador al momento de promulgar el Código Tributario, considero: “Que el Artículo 328 de la Constitución de la República establece que el sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción, de justicia social, en la distribución de la riqueza e ingreso nacional y coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo, como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.” Así como: “Que es imprescindible contar con un cuerpo jurídico actualizado y de acuerdo a las mejores prácticas internacionales en materia tributaria que establezca los principios generales, normas administrativas y procesales aplicables a todos los tributos, a fin de introducir congruencia entre los mismos.”-CONSIDERANDO DIECISIETE(17): Que en concordancia con lo anterior el legislador determino como medio idóneo para salvaguardar el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal administrativa, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos constitutivos de faltas en la actuación ante el sistema aduanero, así como, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del ius puniendi. Tal es así que el actual Código Tributario, recoge una tendencia de las legislaciones tributarias modernas, en el sentido de reducir las sanciones impuestas según el comportamiento reparador del sujeto infractor, lo anterior en armonía con lo dispuesto en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Así, el artículo 162 del referido cuerpo legal, prevé la posibilidad la reducción de las sanciones por infracciones formales, cuando concurra cualquiera de las causales enumeradas y que se caracteriza por disponer un tratamiento favorable para aquella conducta consistente en solucionar una situación de incumplimiento.-CONSIDERANDO DIECIOCHO(18): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; SIC: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.” Reglas que al ser aplicadas nos llevan a la conclusión que el numerales 5 y 6 Del Artículo 160 Código Tributario, no penaliza desproporcionalmente de ninguna manera las faltas administrativas en materia aduanal, sino, como ya se dijo; es el medio, que el legislador consideró idóneo para salvaguardar el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal administrativa, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos constitutivos de faltas en la actuación ante el sistema aduanero, así como, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado.-CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre."-CONSIDERANDO VEINTE (20): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.-CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas.-CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa.-CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que la sentencia en que se declara la y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegítima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales.-CONSIDERANDO VEINTICUATRO (24) : Que en el presente caso, se puede colegir que los numerales 5 y 6 Del Artículo 160 Código Tributario, no vulneran ningún Artículo constitucional, puesto que no penaliza desproporcionalmente de ninguna manera las faltas administrativas en materia aduanal, sino, como ya se dijo; es el medio, que el legislador consideró idóneo para salvaguardar el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal administrativa, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos constitutivos de faltas en la actuación ante el sistema aduanero, así como, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 18, 63, 64, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar sin lugar, el recurso de inconstitucionalidad promovido contra los numerales 5 y 6 Del Artículo 160 Código Tributario. Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente. - Redacto el Magistrado Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0570-2018.


CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

“CERTIFICACIÓN: El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de abril del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, en forma total y por razón de contenido, por el Abogado JUAN AGUSTIN CASTELLANOS VALLADARES, a favor de la Sociedad Mercantil denominada AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. de R.L de C.V contra el Artículo 160 del Decreto Legislativo N° 170-2016 contentivo del Código Tributario, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras en fecha quince de diciembre del dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34,224 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, Artículo mediante el cual se regula el cálculo de las sanciones a las infracciones de las obligaciones formales contenidas en dicho Código.-ANTECEDENTES : 1)Que en fecha seis de agosto del año dos mil dieciocho, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado JUAN AGUSTIN CASTELLANOS VALLADARES, para que se declare la Inconstitucionalidad por vía de acción en forma total y por razón de contenido del Artículo 160 del Decreto Legislativo N° 170-2016 contentivo del Código Tributario, emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras en fecha quince de diciembre del dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34,224 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, artículo mediante el cual se regula el cálculo de las sanciones a las infracciones de las obligaciones formales contenidas en dicho Código, por estimar el recurrente que el referido cuerpo legal violenta artículos de la Constitución al no cumplirse las disposiciones emanadas de acuerdos y tratados internacionales multilaterales de los cuales la República de Honduras es parte contratante.-2) Que en fecha veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado el recurrente que el presente recurso va dirigido al contenido de la citada ley, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen.-3) Que en fecha treinta de octubre del año dos mil dieciocho, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público y por emitido el dictamen por la Abogada SUSSY G COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que SE DECLARE SIN LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad de mérito.-CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma.-CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Abogado JUAN AGUSTIN CASTELLANOS VALLADARES, en su condición antes señalada, indica en su escrito que, interpone esta garantía Constitucional, precisamente la que el constituyente previo en protección de sus interese contra los actos producidos por el Congreso Nacional cuando acarrean una modificación al pacto social contenido en nuestra constitución. La aprobación y publicación del contenido de los numerales 5 y 6 del Artículo 160 del Decreto 170-2016, así como la aprobación y publicación de la Circular Aclaratoria sobre guía para la aplicación de Sanciones; con referencia DARA 173-2017, que es una norma administrativa de carácter general subsidiaria de aquel, afectan su interés personal y empresarial, legitimándolo para actuar porque implican que las autoridades públicas que representan sus intereses y el de la colectividad en general dejan o dejaran de cumplir con el mandato que le dimos de gobernar para asegurarnos el “… goce de la justicia, la libertad, al cultura y el bienestar económico y social” En definitiva, la normativa contra la cual se interpone esta acción de inconstitucionalidad, menoscaba sus derechos.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que el demandante de inconstitucionalidad resume sus motivos señalando que los numerales 5) y 6) del Artículo 160 del Código Tributario, debido a la falta de proporcionalidad en la imposición de sanciones a infracciones aduaneras, en contravención a las disposiciones emanadas de Acuerdos y Tratados Internacionales Multilaterales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ratificados por el Estado de Honduras, tales como los contenidos en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, 1994) Y el Acuerdo de Facilitación de Comercio, que en suma garantizan la aplicación de los principios de proporcionalidad y gradualidad al momento de determinar las sanciones, en cuanto establece que ninguna parte contratante impondrá sanciones severas por infracciones leves de los reglamentos o formalidades de aduana; ni se impondrán sanciones pecuniarias superiores a las necesarias para servir simplemente de advertencia por un error u omisión en los documentos que puedan ser subsanados fácilmente y que haya sido cometido sin intención fraudulenta o sin que constituya una negligencia grave. De tal manera, que la sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso y será proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida. Aduce el recurrente que el Decreto Legislativo número 170-2016, emitido el veintiocho (28) de Diciembre del dos mil dieciséis (2016), publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” número 34,224, y de manera específica, los numerales 5) y 6) del Artículo 160 del Código Tributario, contiene normas que flagrantemente violentan garantías Constitucionales, contenidas en los Artículos 16, 18, 64, 80, 82, 84, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 109 de la Constitución de la República, que contiene la obligatoriedad de los tratados internacionales, la no aplicación de leyes o disposiciones gubernativas que disminuyen, restringen o tergiversen declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución, derechos de petición, defensa, debido proceso, principio de inocencia, juicio previo, legalidad de la pena, irretroactividad de la ley, no confiscatoriedad y régimen financiero.-CONSIDERANDO SEIS(6): Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha treinta de octubre del año dos mil dieciocho, pronunciándose en el sentido de que el Código Tributario cumple con las exigencias contempladas en la Constitución de la República y los Instrumentos Internacionales citados por el recurrente, particularmente en cuanto a la aplicación de los principios inspiradores del Ius Puniendi en materia penal, los cuales también son aplicables al ámbito tributario siempre que se adapte a las particularidades propias en dicho campo. De tal forma, que el Modelo de Código Tributario, permite cualquiera de ambas opciones, y en el caso de nuestra legislación, se optó por estructurar las sanciones en un porcentaje o monto fijo, las que a su vez permiten adecuar la sanción a ciertas condiciones en que se ha cometido la infracción. Esto así, ya que el principio de proporcionalidad tiene aplicabilidad desde la identificación de la infracción a sancionar (sea administrativa o tributaria) hasta en la determinación del monto a gravar, ya que éste guarda relación con el perjuicio causado a la Hacienda Pública, pues su cuantía dependerá generalmente del importe que se haya pretendido dejar de pagar a la Administración tributaria, y en el caso de autos, tampoco nos encontremos con una sanción confiscatoria, ya que es evidente que las sanciones impuestas en los numerales 5 y 6 del Artículo 160, no llegan a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, pero sin lugar a dudas, toda infracción a las obligaciones administrativas o tributarias estarán sujetas a una sanción tributaria, las cuales tienen una finalidad retributiva a la lesión causada, como ser, a la Hacienda Pública. Finalmente, es necesario también acotar, que el actual Código Tributario, recoge una tendencia de las legislaciones tributarias modernas, en el sentido de reducir las sanciones impuestas según el comportamiento reparador del sujeto infractor, lo anterior en armonía con lo dispuesto en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Así, el artículo 162 del referido cuerpo legal, prevé la posibilidad la reducción de las sanciones por infracciones formales, cuando concurra cualquiera de las causales enumeradas y que se caracteriza por disponer un tratamiento favorable para aquella conducta consistente en solucionar una situación de incumplimiento.-CONSIDERANDO SIETE(7): Que la interposición de la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto expulsar de un texto legal una o varias disposiciones que se contrapongan a la Constitución de la República; o en su caso, la norma jurídica completa.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que el numeral primero del Artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los casos en que procede la acción de inconstitucionalidad, indicando la procedencia contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales.-CONSIDERANDO NUEVE(9): Que el Artículo 62 de la Normal Constitucional establece que “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.”-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 63 de la Carta Magna estipula que: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.”-CONSIDERANDO ONCE (11): Que si bien es cierto, el Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que informan la Constitución de la República; pero también es cierto que el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad pública.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que las personas jurídicas, tales como las sociedades mercantiles representadas por los recurrentes de la inconstitucionalidad, en nuestra legislación vigente, además de ser responsable civilmente es posible sancionarlas penalmente por un delito o falta, o por una infracción administrativa. Si bien no pueden imponérsele todos los tipos de penas, existen algunas, como las pecuniarias o las inhabilitaciones, que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o tributarios o infracciones administrativas. De todos modos, por lo general, se acepta la posibilidad de exigir responsabilidad penal a una persona jurídica, y a las personas físicas que están detrás de una persona jurídica y toman las decisiones.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que es por eso que se justifica la existencia del Derecho Penal Administrativo, como aquel constituido por un grupo de disposiciones, emanadas del poder público, que son parte del ordenamiento jurídico, y que asocian a una pena grupos de hechos consistentes en el incumplimiento de deberes para con la Administración pública, no previstos en el código penal, que se denominan faltas o contravenciones.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que las compañías dedicadas al la Agencia de Aduanas no escapan a esta regulación, cuando el Código Tributario Honduras contienes un régimen penal administrativo, que les será aplicado de acuerdo a las normas constitucionales. Tal es el caso, a manera de ejemplo, el régimen penal administrativo que contiene la Ley del Sistema Financiero, en su Titulo VI; así como también el Código de Comercio, en su Artículo 702 establece que: “Será nulo todo pacto que excluya o límite de antemano la responsabilidad de una empresa mercantil, por dolo o culpa de su personal, o de terceros a quienes utilice en el cumplimiento de las obligaciones propias de su giro, o la que resulte de la violación de normas de orden público.”-CONSIDERANDO QUINCE(15): Que en este caso, se debe entender que estamos frente a mecanismos represivos que nuestro ordenamiento pone a disposición del Estado para cumplir su función constitucional al servicio de la persona humana y de promoción del bien común. Sin embargo, para su ejercicio, el primer paso que debe dar el Estado es por medio de la ley. El principio de legalidad es un elemento común e ineludible en la determinación de los ilícitos y las penas. A su vez, el siguiente paso será determinar si el castigo o represión de dichas conductas se realizará por la autoridad judicial o por la autoridad administrativa. En esta segunda función, el legislador dispone de una facultad discrecional para seguir uno u otro camino, pues él debe ponderar su eficacia, mérito u oportunidad, aunque sujeto a una serie de limitaciones: el principio de proporcionalidad respecto de la sanción que se aplicará y que toda medida que implique privación de libertad, ya sea de forma directa o sustitutiva, requiere de la intervención de la autoridad judicial.-CONSIDERANDO DIECISEIS(16): Que el Legislador al momento de promulgar el Código Tributario, considero: “Que el Artículo 328 de la Constitución de la República establece que el sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción, de justicia social, en la distribución de la riqueza e ingreso nacional y coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo, como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana.” Así como: “Que es imprescindible contar con un cuerpo jurídico actualizado y de acuerdo a las mejores prácticas internacionales en materia tributaria que establezca los principios generales, normas administrativas y procesales aplicables a todos los tributos, a fin de introducir congruencia entre los mismos.”-CONSIDERANDO DIECISIETE(17): Que en concordancia con lo anterior el legislador determino como medio idóneo para salvaguardar el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal administrativa, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos constitutivos de faltas en la actuación ante el sistema aduanero, así como, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado, en otros términos, la minimización de la violencia en el ejercicio del ius puniendi. Tal es así que el actual Código Tributario, recoge una tendencia de las legislaciones tributarias modernas, en el sentido de reducir las sanciones impuestas según el comportamiento reparador del sujeto infractor, lo anterior en armonía con lo dispuesto en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Así, el artículo 162 del referido cuerpo legal, prevé la posibilidad la reducción de las sanciones por infracciones formales, cuando concurra cualquiera de las causales enumeradas y que se caracteriza por disponer un tratamiento favorable para aquella conducta consistente en solucionar una situación de incumplimiento.-CONSIDERANDO DIECIOCHO(18): Que como señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; SIC: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.” Reglas que al ser aplicadas nos llevan a la conclusión que el numerales 5 y 6 Del Artículo 160 Código Tributario, no penaliza desproporcionalmente de ninguna manera las faltas administrativas en materia aduanal, sino, como ya se dijo; es el medio, que el legislador consideró idóneo para salvaguardar el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal administrativa, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos constitutivos de faltas en la actuación ante el sistema aduanero, así como, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado.-CONSIDERANDO DIECINUEVE (19): Que el Articulo 63 de la Constitución establece: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre."-CONSIDERANDO VEINTE (20): Que todo conflicto constitucional puede presentar dos dimensiones, a saber: a) Una dimensión objetiva, originada por la vulneración o violación por parte de los Poderes del Estado del orden jurídico constitucional; y, b) Una dimensión subjetiva, cuando los referidos Poderes del Estado o los particulares, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos.-CONSIDERANDO VEINTIUNO (21): Que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada en nuestra normativa como la procedente cuando lo que se pretenda es que se declare que una ley ordinaria es inconstitucional por vulnerar o contrariar lo dispuesto en un Tratado o Convención Internacional del que Honduras forme parte; siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, conocer y resolver originaria y exclusivamente en la materia, para lo cual se pronunciará observando los requisitos de las sentencias definitivas.-CONSIDERANDO VEINTIDOS (22): Que la sentencia que resuelve los procedimientos de inconstitucionalidad podrán declarar la misma ya sea de forma total o parcial, procediendo esto último cuando la parte o precepto de la ley en que se da la vulneración pueda ser separada de la totalidad de la normativa.-CONSIDERANDO VEINTITRES (23): Que la sentencia en que se declara la y la misma tiene una eficacia erga omnes, es decir, efectos generales. Una de las características más relevantes de los sistemas concentrados de control de constitucionalidad es precisamente esta, en consecuencia de lo cual la ley, o parte de esta, que sea declarada inconstitucional e ilegítima no existe más, por lo que nos parece acertado lo sostenido por Marina Gascón cuando afirma "que las interpretaciones constitucionales que realiza el Tribunal Constitucional a través de los diversos procesos en que desarrolla su actividad, ostentan prácticamente fuerza legislativa, operando directamente sobre el ordenamiento jurídico." Dicho en otras palabras, el efecto general o eficacia erga omnes, de estas sentencias conlleva que las mismas vinculan a todos los órganos, poderes y autoridades, a los ciudadanos en general, fijándose así puntos de no retorno del proceso de verificación jurídica de los valores constitucionales.-CONSIDERANDO VEINTICUATRO (24) : Que en el presente caso, se puede colegir que los numerales 5 y 6 Del Artículo 160 Código Tributario, no vulneran ningún Artículo constitucional, puesto que no penaliza desproporcionalmente de ninguna manera las faltas administrativas en materia aduanal, sino, como ya se dijo; es el medio, que el legislador consideró idóneo para salvaguardar el interés de la sociedad en imponer una medida de carácter penal administrativa, necesaria y suficiente, para la represión y prevención de los comportamientos constitutivos de faltas en la actuación ante el sistema aduanero, así como, el interés del individuo en la eficacia de una garantía consistente en que no sufrirá un castigo que exceda el límite del mal causado.-POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 18, 63, 64, 184, 185 No. 2, 189 párrafo primero, 205 No. 1, 206, 213, 214, 258, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 335 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 4, 77, 79, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: Declarar sin lugar, el recurso de inconstitucionalidad promovido contra los numerales 5 y 6 Del Artículo 160 Código Tributario. Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente. - Redacto el Magistrado Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0570-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL