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Sentencia RI-307-19 — Registro 17531

Resumen

Se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, y por razón de contenido, contra el Decreto Legislativo N° 62-2004, en fecha once (11) de mayo del dos mil cuatro (2004) mediante el cual se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP), el que fue reformado mediante Decreto Legislativo N° 108-2007, de fecha once (11) de octubre del dos mil siete (2007), publicado en el diario oficial “La Gaceta” N° 31607, de fecha quince (15) de mayo del dos mil ocho (2008); manifestando los comparecientes que la vigencia de los mismos, constituye una negativa e imposibilidad de poder acceder a cambio de nombre, a la población Transgénero y Transexual “TRANS”.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6): Que el Artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que se podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad; en ese orden de ideas este Alto Tribunal en la sentencia emitida en fecha quince de noviembre del año dos mil veintidós, falla sobreseyendo la acción de inconstitucionalidad que por vía de Acción, en forma total y por razón de contenido promovieran los señores ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ, DAVID ERNESTO CARRANZA O HARA, ISBELA MARGARITA LÓPEZ FLORES, EDGAR AZARAEL HERNÁNDEZ, MARIO ALEJANDRO BUSTILLO BARRIENTOS y DONNY RAMÓN REYES VELÁSQUEZ a favor de SÍ MISMOS, contra el Decreto Legislativo No. 62-2004, aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha 11 de mayo del año 2004, mediante el cual se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP), reformado mediante Decreto Legislativo No. 108-2007, de fecha 11 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,607 de fecha 15 de mayo de 2008, conforme al Principio stare decisis, ello porque los argumentos expuestos por el recurrente son los mismos ya resueltos en las acciones de inconstitucionalidad registradas con el número de expediente SCO-233-942-2019, ampliamente desarrollado en la sentencia que se recurre por el Recurso de Reposición de mérito, no obstante se trate de otros actores, los planteamientos expuestos en relación a las omisiones realizadas por el Gobierno de Honduras de no regular el cambio de nombre y de género, son los mismos que ya fueron objeto de examen por este Tribunal, concluyendo inter alia que la interpretación constitucional posee límites, de manera que el vacío normativo alegado, reclama no sólo la intervención del legislador, sino que mediante un ejercicio del poder constituyente.-CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para Sobreseer la Acción de Inconstitucionalidad promovida, y con ello se explican los motivos legales que conllevan al sobreseimiento de la acción constitucional de mérito. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL, por las razones que se dejan ya señaladas.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción, y por razón de contenido, por los ciudadanos ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ, DAVID ERNESTO CARRANZA, ISBELA MARGARITA LOPEZ FLORES, EDGAR AZRAEL HERNANDEZ y DONNY RAMÓN REYES VELASQUEZ, en su condición personal, contra el Decreto Legislativo N° 62-2004, aprobado por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha once (11) de mayo del dos mil cuatro (2004), mediante el cual se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP), el que fue reformado mediante Decreto Legislativo N° 108-2007, de fecha once (11) de octubre del dos mil siete (2007), publicado en el diario oficial “La Gaceta” N° 31607, de fecha quince (15) de mayo del dos mil ocho (2008); manifestando los comparecientes que la vigencia de los mismos, constituye una negativa e imposibilidad de poder acceder a cambio de nombre, a la población Transgénero y Transexual “TRANS”.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha uno (1) de abril del año dos mil diecinueve (2019), comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, los señores ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ, DAVID ERNESTO CARRANZA, ISBELA MARGARITA LOPEZ FLORES, EDGAR AZRAEL HERNANDEZ y DONNY RAMÓN REYES VELASQUEZ, quienes actúan en su condición personal, contra Decreto Legislativo N° 62-2004, aprobado por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha once (11) de mayo del dos mil cuatro (2004) mediante el cual se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP), que fue reformado mediante Decreto Legislativo N° 108-2007, de fecha once (11) de octubre del dos mil siete (2007), publicado en el diario oficial “La Gaceta” N° 31607, de fecha quince (15) de mayo de dos mil ocho, (2008); manifestando los comparecientes que la vigencia de los mismos, constituye una negativa e imposibilidad de poder acceder a cambio de nombre, a la población transgénero y Transexual “TRANS” (folio 01 al 25 de la pieza del Recurso).-2) Que en fecha cuatro (4) de abril del año dos mil diecinueve (2019), este Alto Tribunal, dictó providencia mediante la cual dispuso admitir el Recurso de Inconstitucionalidad relacionado y en virtud de haber indicado los recurrentes, que el presente recurso va dirigido al contenido de la citada ley, se omitió el libramiento de la comunicación al Congreso Nacional de la República y se dispuso dar traslado de los antecedentes al Fiscal del Despacho, para que emitiese el correspondiente dictamen.- (Folio 27de la pieza del Recurso).-3) Que en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DESESTIME el Recurso de Inconstitucionalidad de mérito. (Folio 30 AL 36 de la pieza del Recurso).-CONSIDERANDO UNO (1): Que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, es decir la inconstitucionalidad material y la formal, refiriéndose la primera al planteamiento de la cuestión de si en la formación de una Ley se han seguido los procedimientos previstos en las normas constitucionales y en las que se hubiesen dictado dentro del marco constitucional, y, la segunda, se determinará con la inadecuación de la Ley con una norma constitucional, o sea que, el problema de fondo consistirá, por tanto, en una labor de interpretación y confrontación de dos normas de distinta jerarquía, a fin de verificar su conformidad o disconformidad.-CONSIDERANDO DOS (2): La Constitución de la República establece el control directo de la constitucionalidad de las leyes, al declarar que cualquier persona que tenga un interés directo, personal y legítimo puede interponer por vía de acción, ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de Inconstitucionalidad, contra una ley que considere ser contraria a la Carta Magna; determinando que las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad de una norma serán de ejecución inmediata, tendrán efectos generales y, por lo tanto, derogarán dicha norma.-CONSIDERANDO TRES (3): Que dentro del control de la constitucionalidad que ejerce y al tenor de lo preceptuado en el Artículo 185 constitucional en relación con los Artículos 77 párrafo primero y 79 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; esta acción podrá ser solicitada por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; así pues quien solicite la misma, deberá dar una explicación clara y precisa del interés directo, personal y legítimo que motiva la interposición del recurso y deberá explicar el concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que a criterio de esta Sala de lo Constitucional, los recurrentes, en su condición personal, cuentan con la legitimación necesaria para interponer la presente garantía, por el solo hecho de ser ciudadanos o habitantes de la República de Honduras, y haber declarado ser miembro de la comunidad LGTBI, en virtud de que las disposiciones señaladas de inconstitucionales son referentes al derecho fundamental a la igualdad ante la ley, reconocido y por tanto garantizado en nuestra Constitución de la República (Arts. 60 y 61 CH); por lo que las normas cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende, están vinculadas directamente a la obligatoriedad del Estado a la creación de políticas públicas encaminadas al aseguramiento de la protección al derecho fundamental a la igualdad ante la ley, derecho inherente a todo ser humano y las consecuencias de esta decisión, atañe directamente a los miembros de esta comunidad en Honduras.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que se procede al análisis del Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por los ciudadanos ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ, DAVID ERNESTO CARRANZA, ISBELA MARGARITA LOPEZ FLORES, EDGAR AZRAEL HERNANDEZ y DONNY RAMÓN REYES VELASQUEZ, en su condición personal, contra el Decreto Legislativo N° 62-2004, aprobado por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha once (11) de mayo del dos mil cuatro (2004), mediante el cual se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP), que fue reformado mediante Decreto Legislativo N° 108-2007, de fecha once (11) de octubre del dos mil siete (2007), publicado en el diario oficial “La Gaceta” N° 31607, de fecha quince (15) de mayo del dos mil ocho (2008); manifestando los comparecientes que la vigencia de los mismos, constituye una negativa e imposibilidad de poder acceder a cambio de nombre, a la población Transgénero y Transexual “TRANS”.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Decreto Legislativo N° 108-2007, de fecha once (11) de octubre del dos mil siete (2007), publicado en el diario oficial “La Gaceta” N° 31607, en fecha quince (15) de mayo del dos mil ocho (2008), reformó la Ley del Registro Nacional de las personas y en el artículo 1 manda: “…ARTÍCULO l.- Reformar los artículos 1. interpretado mediante Decreto No, 203-2004, de fecha 17 de diciembre de 2004, 2, 37 numeral 5), eliminando el numeral 8) del mismo, 77, 97, 98 l02, 115, 122 y 130 de la LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, contenida en el Decreto No.62-2004 de fecha 11 de mayo de 2004, y adicionar al mismo, el Artículo 1-A, los cuales se leerán así: “…ARTÍCULO 2.- FINALIDAD DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. El Registro Nacional de las Personas (RNP) tiene por finalidad planificar, organizar, dirigir, desarrollar y administrar, de forma exclusiva y con la más alta seguridad, el sistema integrado de registro civil e identificación de las personas naturales y proporcionar permanentemente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin costo alguno, toda la información necesaria para que éste elabore el Censo Nacional Electoral. Para lograr su finalidad, el Registro Nacional de las Personas (RNP), desarrollará metodologías, técnicas y procedimientos modernos, estableciendo al efecto los controles tecnológicos, mecánicos científicos u otros especializados, para el manejo seguro, integral, eficiente y eficaz de la información y documentación registral. ARTÍCULO 3.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Registro Nacional de las Personas (RNP) tendrá a su cargo el registro de todos los hechos y actos relativos al estado civil de las personas naturales de nacionalidad hondureña según el Título II, Capítulo 1 de la Constitución de la República, desde su nacimiento hasta su muerte, así como, la emisión de los documentos de identificación personal y para el ejercicio de sus derechos ciudadanos, en todo el territorio del Estado de Honduras, y además en aquellos territorios que con arreglo a los tratados internacionales acepten dicha documentación de identificación.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que es menester apuntar lo dispuesto en los artículos 43, 50 y 88 de la Ley Del Registro Nacional De Las Personas, contenida en el Decreto No. 62-2004 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,390 de fecha 15 de mayo de 2004, que establecen: “Artículo 43. Expediente de Vida. El expediente de vida de la persona natural se inicia, con la inscripción original de nacimiento o de naturalización y finaliza con la inscripción de su fallecimiento. En el mismo, se consignarán, en forma extractada, las anotaciones relativas a los actos de su vida, desde que nace hasta que fallece, tales como: 1). Matrimonios; 2). Unión de Hecho legalmente reconocida; 3). Separación de cuerpos, mediante sentencia judicial; 4). Nulidad de matrimonios; 5). Divorcios; 6). Reconocimiento de hijos; 7). Emancipaciones; 8). Habilitaciones de edad; 9). Sentencias sobre impugnaciones de paternidad y maternidad; 10). Discernimiento de las tutelas y curatelas o su cancelación; 11). Pérdida, suspensión o recuperación de la nacionalidad hondureña; 12). Interdicciones judiciales; 13). Rectificaciones de datos de las inscripciones; 14). Adopciones; 15). Declaratoria de ausencia; y, 16). Cualquier otro acto, que afecte el estado civil o capacidad legal de las personas naturales. Artículo 50. Uso Ilegal de Nombres y Apellidos. Toda persona natural que usare nombres y apellidos que no le corresponden, será responsable de los daños y perjuicios a terceros, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar y de ser obligada a cesar en el uso de los nombres y apellidos indebidos. Asimismo, dentro del TÍTULO V IDENTIFICACIÓN NACIONAL CAPÍTULO ÚNICO NATURALEZA DE LA IDENTIFICACIÓN, el Artículo 88 determina lo relacionado a la Naturaleza del Documento de Identificación, y señala que la Tarjeta de Identidad, constituye el documento de identificación personal e intransferible; obligatorio para que el ciudadano pueda ejercitar todos los actos políticos, académicos, civiles, financieros, administrativos, judiciales, notariales, policiales y en general para todos aquellos casos en que por mandato legal deba ser presentada. Los hondureños inscritos en el Registro Nacional de la Personas (RNP), mayores de dieciocho (18) años, tienen la obligación y el derecho de solicitar, obtener y portar su Tarjeta de Identidad, siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley y sus Reglamentos.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que una vez determinado el conjunto de disposiciones de la ley secundaria en que orbita este recurso de inconstitucionalidad, el impetrante impugna los mismos como inconstitucionales, desarrollando su alegato así (SIC): “1.- I. MOTIVOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LA PRESENTE ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. A. LA NEGACION DE TODA POSIBILIDAD DE PODER REALIZAR CAMBIOS Y MODIFICACIONES AL NOMBRE PROPIO EN EL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 62-2004 Y SUS REFORMAS A TRAVES DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 108-2007 A LA POBLACIÓN TRANS. La Identidad de Género puede ser conceptualizada en general, como la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal cual la persona se percibe a sí misma. A decir de la Corte interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-24/17, de 24 de noviembre de 2017, es “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, la cual podría corresponder o no con el sexo y nombre asignado al momento del nacimiento. En complemento al anterior concepto y para efectos del presente apartado se entenderá por TRANS, a toda aquella persona que se identifica con un sexo diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al sexo asignado al nacer (sexo biológico). Sin prejuzgar otras acepciones sociales el término TRANS (transgénero) ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o subcategorías como transgénero, transexual, travestis, variantes de género, queer o personas de genero diferenciado, así como a quienes definen su género como <> o describen su identidad en sus propias palabras. Es de aclarar que conforme lo define la CIDH “[las personas [TRANS] construyen su identidad independientemente de un tratamiento o intervención quirúrgica. De toda esta diversidad se puede inferir que la orientación sexual e identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su auto determinación, dignidad, libertad e identidad. Bajo estos parámetros, el nombre, como atributo de reconocimiento de la personalidad jurídica, resucita un aspecto importante pues constituye una expresión de la individualidad que tiene por finalidad afirmar la identidad de una persona ante la sociedad y en las actuaciones de esta frente al Estado. Con ello se busca lograr que cada persona, indistintamente de su condición particular, pueda con libertad poseer un elemento distintivo y singular frente a los demás, con el cual pueda identificarse y reconocerse como tal. Se trata entonces de un derecho fundamental inherente a todas las personas por el sólo hecho de su existencia. Debido a ello, el derecho al nombre reconocido en el artículo 18 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos CADH, otros instrumentos internacionales y la Constitución de la República de Honduras, constituye un elemento básico e indispensable de género de cada persona, sin el cual una persona no puede ser reconocida plenamente por la sociedad ni registrada ante el Estado. En conjunto con el Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocido en el artículo 3 de la CADH, forman parte integrante de la identidad de las personas. De acuerdo a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, “el reconocimiento de la identidad de género de las personas vía cambio de nombre, es uno de los medios que facilitaría el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones sociales, familiares y con el mismo Estado”, entre otros derechos reconocidos por la Constitución de la República, como en instrumentos internacionales suscritos por el Estado, como se apreciará más adelante. Tal expresión de individualidad y afirmación, en el caso de los Decretos Legislativos números No. 62-2004 y No. 108-2007, más que una garantía resulta siendo una prohibición cuando se trata de Personas TRANS e Intersexuales (personas que nacen con dos sexos), quienes por su orientación sexual o identidad de género se les niega tal posibilidad, lo cual no acontece con la población cisgénero (Cuando la identidad de género de la persona corresponde con el sexo asignado al nacer) dando como resultado un trato diferenciado y discriminador. Dicha prohibición se debe en parte al arraigado e impuesto sistema heteronormativo presente en los Decretos Legislativos número No. 62-2004 y No. 108-2007. Esta forma de discriminación prohibida da como resultado la invisibilización, neutralización y normalización de las identidades de género y obliga forzosamente a las personas a ser cisgénero, esta aplicación diferenciada de la Ley encuentra su mejor expresión en lo que a la parte registral se refiere, en donde impera una laguna legal que genera desprotección y niega posibilidad de cambio o modificación de estos aspectos relevantes en la vida de las personas TRANS. Este cúmulo de limitantes y en algunos casos vejámenes, a la cual no se ve sometida la población cisgénero, es consecuencia de la negación por parte del Estado y sus servidores a través de los Decretos Legislativos número No. 62-2004 y No. 108-2007, del derecho de las personas a definir de manera autónoma su propia expresión e identidad de género, a través de un nombre que coincida con la identidad asumida. Desde un punto de vista de afectación a la salud, los efectos que generan los Decretos Legislativos número No. 62-2004 y No. 108-2007 en la vida de las personas, ocasiona un fuerte impacto emocional por ejemplo, una persona que biológicamente nació hombre y siente una sensación interna y profunda de ser y actuar como mujer, enfrenta actualmente, debido a la falta de concordancia entre la identidad asumida y su documentación personal, molestias, ansiedad y en casos extremos depresión. La privación de los derechos de expresión e identidad de género, debido a las barreras legales derivadas de los Decretos Legislativos número No. 62-2004 y No. 108-2007 para su no efectividad, han ubicado muy en especial a las personas TRANS en situaciones que dificultan o impiden el goce y acceso los derechos fundamentales, creándose así diferencias de tratamiento y oportunidades que afectan los principios de igualdad, igualdad ante la ley y No Discriminación, entre otros, además de ser un obstáculo frente al derecho que tiene toda persona al reconocimiento pleno de su personalidad jurídica y coherencia del nombre propio y la identidad asumida, derecho al que como antes se dijo, alude el contenido del artículo 3 de la CADH. Desde una perspectiva de Derechos fundamentales, se reafirma que el no reconocimiento del derecho a poder cambiar el nombre por uno acorde a la expresión e identidad de género asumida, lesiona no sólo el derecho a la dignidad humana, contemplado en el artículo 59 de la Constitución de la República, sino que también los Derechos a la igualdad, No discriminación e Igual protección y trato ante la Ley, consignados en los articulo 60 y 61 de dicho texto, dando lugar de jure y de facto a situaciones de discriminación como las siguientes: a) Se niega de forma absoluta la condición de persona humana y sujeto de b) derechos, al no permitir la concordancia entre la identidad asumida y lo que sus documentos personales reflejan; hace a la persona vulnerable a cualquier tipo de abuso frente a la no observancia de sus derechos por el Estado o por particulares, sea al momento de registros personales u operativos policiales o militares, salida o entrada al país, al solicitar licencias de conducir u otro documento, transacciones bancarias, entre otros; y c) Su falta de reconocimiento supone desconocer la posibilidad de ser titular de derechos, lo cual conlleva la imposibilidad efectiva de ejercitar de forma personal y directa los derechos subjetivos, así como asumir plenamente obligaciones jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial, tal como sucede con la participación a cargos de elección popular, acceder a servicios de salud y educación, en la apertura de cuentas bancarias o al solicitar préstamos o el realizar distintas gestiones ante la administración pública, como por ejemplo el acceso a juzgados y tribunales. De continuar la presente situación se expone el Estado de Honduras a ser sancionado por incumplir con sus obligaciones de respeto, tutela y garantía de los derechos de sus habitantes, tal cual lo disponen los artículos 1, 60 y 61 de la Constitución y los artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…”.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el impetrante, apunta en el literal B de la interposición del recurso lo que sigue: (SIC)“…B. LA NO DISCRIMINACION EN RAZON DE IDENTIDAD DE GENERO, ORIENTACION SEXUAL Y EXPRESION DE GENERO EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL; SU RECOCONOCIMIENTO COMO CATEGORIA PROTEGIDA POR LA CONSTITUCION Y LA CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS Y NEGADO A LA LUZ DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO No. 62-2004 Y su REFORMAS A TRAVÉS DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 108-2007. Tanto en el sistema universal y regional de protección a los Derechos Humanos existe consenso en cuanto a lo que se entiende por discriminación, ello suele definirse como el trato desfavorable que se le brinda a una persona o a una colectividad derivado de prejuicios, estigma o distinciones injustas, subjetivas y arbitrarias o cualquier otra análogas lesivas a la dignidad humana y que lleva por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos humanos ha sido reiterativa en el sentido que: El Estado no sólo tiene el deber negativo de no incurrir en la discriminación, sino también una obligación positiva de proteger a las personas contra la misma. En Tal sentido la Constitución de Honduras (C.R.) en su artículo 60, haciendo propios dichos principios, dispone que: Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Si bien la prohibición de discriminar debido a la Expresión e Identidad de género y Orientación sexual de las personas, no aparecen de forma taxativa en el texto del citado artículo 60 constitucional, en base a Principios como el de la Norma implícita, Progresividad de los Derechos humanos fundamentales y Pro homine o norma más favorable, se considera como parte de las categorías protegidas por la Constitución y en contraposición un derecho más incorporado de forma implícita a dicho texto. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación reconocidas en los artículos 63 y 64 del texto constitucional. En inicio encontramos que la Constitución de la República, en su artículo 60, párrafo 3°, prohíbe todo acto o práctica discriminatoria por "motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra Lesiva a la dignidad humana”. En razón de ello, este tipo de discriminación aparece reconocido y sancionado de manera expresa en el artículo 321 del Código Penal, ello en atención a la coherencia que debe primar con el citado artículo 60 constitucional. En este orden de ideas, al interpretar la expresión “y cualquier otra lesiva a la dignidad humane”, debe, por mandato del mismo texto constitucional, siempre elegirse la alterativa más favorable a la persona para la tutela de los derechos protegidos por dicho texto, según el principio pro homine plasmado en el artículo 63 constitucional. A la luz del citado artículo, se reitera que los criterios específicos en virtud de los cuales esté prohibido discriminar, según el artículo 60 Constitucional, no constituyen un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo y no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas; que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre”. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión Consultiva OC/24, párrafo 68, ha determinado que "la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención [Interamericana]. Por ello, está proscrita por la Convención, cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual 0 en la identidad de género de las personas”. Dicho derecho se enmarca dentro de los postulados del artículo 7.1 de la CADH, como parte de las libertades que tiene todo ser humano. Si bien la prohibición de discriminar en razón de la Expresión e Identidad de género y Orientación sexual de las personas, no aparecen de forma taxativa en el texto del citado artículo 60 constitucional, en base a Principios como el de la Norma implícita, Progresividad de los Derechos humanos fundamentales y Pro homine o norma más favorable, se considera como parte de las categorías protegidas por la Constitución y en contraposición un derecho más incorporado de forma implícita a dicho texto. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las regias generales de interpretación reconocidas en los artículos 63 y 64 del texto constitucional. En inicio encontramos que la Constitución de la República, en su artículo 60, párrafo 3°, prohíbe todo acto o práctica discriminatoria por "motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra Lesiva a la dignidad humana”. En razón de ello, este tipo de discriminación aparece reconocido y sancionado de manera expresa en el artículo 321 del Código Penal, ello en atención a la coherencia que debe primar con el citado artículo 60 constitucional. En este orden de ideas, al interpretar la expresión “y cualquier otra lesiva a la dignidad humane”, debe, por mandato del mismo texto constitucional, siempre elegirse la alterativa más favorable a la persona para la tutela de los derechos protegidos por dicho texto, según el principio pro homine plasmado en el artículo 63 constitucional. A la luz del citado artículo, se reitera que los criterios específicos en virtud de los cuales esté prohibido discriminar, según el artículo 60 Constitucional, no constituyen un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo y ‘no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas; que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre”. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión Consultiva OC/24, párrafo 68, ha determinado que "la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención [Interamericana]. Por ello, esta proscrita por la Convención, cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o en la identidad de género de las personas”. Dicho derecho se enmarca dentro de los postulados del artículo 7.1 de la CADH, como parte de las libertades que tiene todo ser humano. Afirmar lo opuesto seria atentar contra lo que dispone el artículo 61 de la Constitución, en el sentido de que “[l} a Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, los derechos [..] A la libertad, a la igualdad ante la ley”, así coma los deberes de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas derivadas del artículo 1 de la CADH. De igual forma lo prescrito en el párrafo 2°, del artículo 02, de la Ley sobre Justicia Constitucional, referente a las reglas de interpretación en el sentido de control de la convencionalidad en el país. Al respecto es oportuno mencionar que esta Sala de lo Constitucional en la Sentencia Rl-172-06, de fecha 4 de octubre de 2006, fue del criterio que “la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende no se agola en su texto sino que trasciende asimismo y se complementa con los instrumentos internacionales de derechos humanos; o bien, Constitución e Instrumento Intencional de Derechos Humanos interactúan auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales, constituyendo todo esto lo que la doctrina constitucional ha venido a lama: “Bloque de Constitucionalidad”. De esta forma es como inferimos que nuestra constitución deja abiertos diversos criterios de inclusión bajo el término “cualquier otra Lesiva a la dignidad humana” para incorporar otras categorías cuya discriminación esté prohibida y que no hubiesen sido explícitamente indicadas en el texto constitucional, en razón de ello debe ser interpretada en la perspectiva de la norma más favorable a la persona (Principio Pro Homine, articulo 64 de la CR), de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho intencional contemporáneo (Art 63 CR), así como el artículo 2 de la Ley sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que continuando con el planteamiento de los motivos de inconstitucionalidad expuestos por el impetrante, en el acápite “C” el postulante desarrolla la acción de inconstitucionalidad por razón de contenido y literalmente manifiesta: (SIC)“… INCONSTITUCIONALIDAD POR RAZON DE CONTENIDO. La vigencia del Decreto Legislativo No. 62-2004 y sus reformas, aprobadas por el Congreso Nacional, violenta flagrante y permanentemente los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 59, 60, 61, 63, 64, 70 y 76 de la Constitución de la República; y los artículos 1, 3, 7.1, 11.1, 11.2, 18 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e acuerdo con la argumentación que sigue: 1.- Artículos 1 y 59 Constitucional, referentes a la inviolabilidad de la Dignidad Humana y el Derecho a la identidad. Los artículos 1 y 59 de la Constitución nos recuerdan que tanto dicho texto, como el modelo de Estado que hemos adoptado, se configuran para la protección y tutela de los valores fundamentales de la persona humane entendida como ser racional, esto es, el reconocimiento de su dignidad. Dichos valores son consustanciales a los atributos de la persona y son, en consecuencia, derechos humanos fundamentales oponible erga omnes como expresión de un interés general, que no admite derogación ni suspensión. Al ser transversal en nuestra Constitución el Derecho a la Inviolabilidad de la Dignidad Humana, contiene clausulas universales para su protección cuyo basamento se erige tanto en el principio de la autonomía de la persona, como en la idea de que todas las personas deben ser tratados como iguales y con igual acceso a oportunidades de Vida, en tanto son fines en sí mismos según sus intenciones, voluntades, y propias decisiones de vida, ello abarca derechos como la inviolabilidad de la Vida privada y familiar, entre otras esferas protegidas. Es así que, un aspecto central del reconocimiento de la dignidad lo constituye la posibilidad de todo ser humane de auto determinarse confine a sus propias convicciones, ello configure lo que se conoce como identidad. El Derecho a la identidad, según lo ha indicado Corte IDH, en la Opinión Consultiva O/24, párrafo 90, “puede ser conceptualizada, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en la sociedad y que, en tal sentido, comprende varios derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso”, de entre estos, por ejemplo, encontramos el Derecho a un nombre, como parte del derecho a la identidad. Ello también implica que las personas pueden experimentar la necesidad de que se les reconozca como entes diferenciados y diferenciables de los demás. Para alcanzar ese fin, es ineludible que el Estado y la sociedad, respeten y garanticen la individualidad de cada una de ellas, así como el derecho a ser tratado de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad, sin otras limitaciones que las que impiden los derechos de las demás personas. Desde una perspectiva amplia e integral, actos principios conllevan implícito, tal como se infiere de los artículos 1 y 59 de la Constitución, la responsabilidad del Estado y la sociedad en general, de generar las condiciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de derecho de todas las personas, a fin de “asegurar” [...] el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, la prevalencia de la persona humana y sus derechos, por sobre las demás. Es por ello que el Estado debe garantizar que las personas TRANS puedan vivir con la misma dignidad, al igual que se le permite al resto de la población cisgénero, la adopción de un nombre acorde a la identidad asumida, posibilidad que ha venido siendo negada al amparo de lo que establece el Decreto legislativo No 62-2004 y sus reformas. Es oportuno recordar que en la sentencia del caso López Álvarez Vs. Estado de Honduras, la Corte IDH, dejó entrever que el interferir arbitrariamente en la expresión de los distintos atributos de la identidad puede implicar una vulneración a los derechos de las personas 2. Artículo 60 y 61 Constitucional, referente a la igualdad e Igualdad ante la Ley. La igualdad de las personas se consagra con elocuencia en los artículos 60 y 61 del texto constitucional. El primer artículo, con un enfoque jus naturalista, declara que: “Todos los hombres [y mujeres] nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”; El segundo, proclama que: “La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la igualdad ante la Ley”. La relación entre estos dos artículos, a diferencia de la normativa contenida en el Decreto legislativo No. 62-2004 y sus reformas, sugiere la idea de que la ley no debe establecer ni permitir tratos diferenciados, ni distinciones entre los derechos de las personas con base a “sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana” y es una consecuencia de la aspiración reconocida en el artículo 60 constitucional, en el cual todas las personas son iguales. Dichos principios, como valores humanos fundamentales, se encuentran de forma estrecha vinculados con el ejercicio del respeto a la tolerancia por las diferencias, o sea el reconocimiento de hecho (facto) y de derecho (iure), de que el otro u otra, pese a ser distintos, deben ser tratados como iguales. En conjunto constituyen una ficción legal o convención incorporada al texto constitucional, que, a manera de Pacto entre ciudadanos y ciudadanas, reconoce como iguales a personas diferentes, ya sea que pertenezcan a distintas clases sociales, sexos, etnias, religiosas, orientación sexual, entre otras. Aspectos que no son reconocidos ni valorados en el contenido del Decreto legislativo No. 62-2004 y sus reformas. En razón de ello, el Estado de Honduras debe abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación o trato diferenciado de jure o de facto, tal cual acontece al momento de solicitar cambio de nombre propia al amparo del Decreto legislativo No. 62-2004 y sus reformas, en donde el trato y respuesta serán distintas dependiendo si se es cisgénero o TRANS. 4.- Artículos 1, 61 y 70 Constitucional, referentes a la Libertad y 76 referente al Respeto a la Vida Privada. Las disposiciones constitucionales relativas a la definición del Derecho a la libertad se aplican a toda privación de ella, sea cual fuere su motivo. Por Libertad personal en sentido estricto se suele entender la libertad física y ambulatoria, no obstante, en el caso de los citados artículos 1, 61 y 70 de la C-R. Lo hacen en un sentido más amplio, es decir, en el sentido del derecho de la persona a desarrollar su vida de conformidad con sus propios valores y deseos, dentro de este concepto esté comprendido implícitamente en el derecho a la Vida Privada que comprende derechos tales como el “honor, a la intimidad personal familiar y a la propia imagen” tal cual lo dispone el artículo 76 de la Constitución. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reiterado en la Opinión Consultiva OC/24, párrafo 87, así como en sus sentencias, “que la protección del derecho a la Vida privada no se limita al derecho a la privacidad, pues abarca una serie de factores relacionados con la dignidad de la persona, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar su propia personalidad, aspiraciones, determinar su identidad y definir sus relaciones personales”. Agrega que el “concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior” y comprende la forma en que la persona se ve asimismo y como decide proyectarse hacia los demás, siendo esto una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad Este ámbito de la Vida de las personas, de acuerdo a la evolución del Estado Democrático y Constitucional de Derecho, se caracteriza por ser un espacio de libertad exento e inmune a las injerencias abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. Bajo esta lógica el Estado debe abstenerse de intervenir en la Vida privada y actos personalísimos de las y los ciudadanos, en tanto no afecten bienes jurídicos de otros, siendo (mínimamente legitimo su actuar cuando de proteger y tutelar dichos derechos se trate. En razón de ello es necesario resaltar que el solicitar el cambio de nombre por uno acorde a identidad asumida es una decisión personalísima, que no reviste peligro ni para el Estado ni para las demás personas, por lo que al amparo de lo que dispone el artículo 70, está dentro del límite de lo permitido pues “todos los hondureños y hondureñas tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente permitido ni impedido de ejecutar lo que la Ley no prohíbe”. En conclusión, el negar la posibilidad de cambio de nombre a las personas TRANS, por ser una decisión muy personal que parte del ejercicio reivindicatorio de los derechos hasta aquí enunciados, no violenta o pone en peligro ningún bien jurídico protegido por el Estado, se enmarca, por mandato de la constitución misma, dentro de los límites de lo permitido, por lo que negarse al amparo de lo dispuesto por el Decreto legislativo No. 62-2004 y sus reformas, resulta aparte de arbitrario, caprichoso, subjetivo e irracional, contradictorio con los postulados del texto constitucional, que en su artículo 60 proscribe la discriminación en razón de orientación sexual.”- CONSIDERANDO ONCE (11): Que habiéndose expuesto el planteamiento del impetrante, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley sobre Justicia Constitucional, únicamente la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución en los casos concretos sometidos a su conocimiento, tiene la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad conforme a los artículos 184, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución, y del control previo de constitucionalidad previsto en el artículo 216 de la misma. Dispone la misma ley que solo las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. En el caso de autos, se impugna de inconstitucionalidad por razón de contenido y esto ocurre cuando una ley es contraria a la Constitución de la República, es así como en el artículo 76 del estamento aludido, manda que procede la acción contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general, no sometidos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales, en consecuencia se afirma la procedibilidad del conocimiento del presente recurso. -CONSIDERANDO DOCE (12): Del análisis de la presente acción de inconstitucionalidad, esta Sala observa que el peticionario se aparta de lo expuesto en los artículos constitucionales 184 y 185 referentes al requisito sine qua non que solo las leyes, sus reformas y las reformas a la Constitución pueden ser declaradas inconstitucionales, en igual sentido así lo manda el artículo 76 de la ley secundaria Sobre Justicia Constitucional. Esta Sala señala que no estamos ante un caso de omisión legislativa, por el contrario, el legislador emitió el Decreto Legislativo N° 62-2004, aprobado por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha once (11) de mayo del dos mil cuatro (2004), mediante el cual se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP), y ratifica su voluntad al decretar una reforma mediante Decreto Legislativo N.° 108-2007, de fecha once (11) de octubre del dos mil siete (2007), publicado en el diario oficial “La Gaceta” N.° 31607, de fecha (15) quince de mayo del (2008) dos mil ocho. (Ver considerandos 6, 7 y 8 de esta sentencia). Es decir que no existe una ley secundaria que se contraponga a la Constitución y no existe en la Constitución una norma constitucional que sea vulnerada por una omisión legislativa; por lo que es insostenible el planteamiento legal y jurídico expuesto en el presente recurso de inconstitucionalidad. Al respecto el recurrente infiere que nuestra constitución deja abiertos diversos criterios de inclusión bajo el término “cualquier otra Lesiva a la dignidad humana” contenido en el artículo 60 constitucional, para incorporar otras categorías cuya discriminación esté prohibida y que no hubiesen sido explícitamente indicadas en el texto constitucional, y alega que en razón de ello debe ser interpretada en la perspectiva de la norma más favorable a la persona (Principio Pro Homine, articulo 64 de la CR), debe ser interpretada en la perspectiva de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo (Art 63 CR), así como el artículo 2 de la Ley sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que una vez expuesta y analizada la pretensión del impetrante, es menester señalar que la Ley sobre Justicia Constitucional en el artículo 91, regula la desestimación por repetición, y disposición legal que manda que la Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad, cuando los motivos alegados sean los mismos aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el cual la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Así las cosas, se ha detectado que los motivos de inconstitucionalidad expuestos en este recurso de extraordinario, referentes a la negativa e imposibilidad de poder acceder al cambio de nombre a la población transgénero y transexual, ya fue expuesto en las acciones de inconstitucionalidad acumuladas y registrados en la secretaría de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, bajo el número SCO233-942-2018, y resuelto mediante sentencia de fecha veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021) , en la cual entre otros concluye que la interpretación constitucional posee límites, de manera que el vacío normativo alegado reclama no sólo la intervención del legislador, sino que mediante un ejercicio del poder constituyente, saludando lo expuesto en “Una crítica en Luís Jimena Quesada: «¿Sentencias constitucionales inconstitucionales? Una fractura en el sistema de fuentes», Revista General de Derecho nº 652-653 (1999).” -CONSIDERANDO QUINCE (15): Siguiendo el hilo conductor, en los considerandos diez, veinticinco, veintiocho, veintinueve y treinta de la sentencia recaída en los recurso de inconstitucionalidad acumulados y registrados bajo el número SCO233-942-2018, encontramos el razonamiento jurídico en el cual la Sala expone la decisión toral para declarar No Ha Lugar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, entre ellos , motivación jurídica que a continuación se transcribe: “CONSIDERANDO (10): Que, siguiendo el orden de la interposición, la Sala de lo Constitucional hará referencia en principio al artículo 112 de la Constitución de la República de Honduras, publicado en el Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 23,612 del 20 de enero de 1982, que literalmente dice en su texto original: “Artículo 112. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Sólo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la Ley. Se reconoce la unión de hecho entre las personas legalmente capaces para contraer matrimonio. La Ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio civil.” Esta disposición constitucional, fue reformada en observancia al procedimiento constitucional establecido en el artículo 373 Constitucional antes citado, por Decreto 176-2004 de fecha 28 de octubre de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,586 de fecha 3 de enero de 2005 y ratificado por Decreto 36,2005 de fecha 29 de marzo de 2005, y publicado en el Diario oficial la Gaceta No. 30,687 de fecha 4 de mayo de 2005, disposición constitucional que ahora se lee así: “Artículo 112. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer, que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio Civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la ley. Se reconoce la unión de hecho entre las personas igualmente capaces para contraer matrimonio. La ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio. Se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras.”. - Como se aprecia esta reforma no se enmarca dentro de las causales de inadmisión de la acción de inconstitucionalidad establecidas en la Ley Sobre Justicia Constitucional la que manda en su “Articulo 76. DE LOS CASOS EN QUE PROCEDE LA ACCION. Procede la Acción de Inconstitucionalidad: 1) . . . 2) Cuando se ponga en vigencia una reforma Constitucional con inobservancia de los requisitos establecidos en la Constitución de la Republica. . ..”. Esta causal requiere inobservancia a los requisitos legales para una reforma constitucional, lo que no ocurrió en este caso, ya que la reforma constitucional fue hecha conforme a lo establecido en el artículo 373 de la Constitución de la República. - Lo que obliga a declarar no ha lugar el primer motivo de Inconstitucionalidad invocado.”. “CONSIDERANDO (25): Que con relación al segundo motivo de inconstitucionalidad, Honduras acepta y respeta, en aplicación a los artículos 59 (dignidad humana), 68 (derecho a la integridad psíquica y moral), articulo 70 (libertad humanas), artículo 76 (derecho al honor y a la propia imagen) articulo 77 (garantía de laicidad del Estado), artículo 80 (derecho de petición) y artículo 111 (protección de la familia) todos de la Constitución de la República, que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la Constitución y las leyes hondureñas, es por ello que en nuestro país, se prohíben y sancionan actos o prácticas discriminatorias basada en la orientación sexual o a las personas con diversa identidad de género. En ese sentido, Honduras hace suyo lo expresado en la Opinión Consultiva 24/17 en lo que dice: “En lo que respecta la expresión de género, este Tribunal ya ha señalado que es posible que una persona resulte discriminada con motivo de la percepción que otras tengan acerca de su relación con un grupo o sector social, independientemente de que ello corresponda con la realidad o con la autoidentificación de la víctima. La discriminación por percepción tiene el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, independientemente de si dicha persona se autoidentifica o no con una determinada categoría”. Es por ello que, el estamento legal de Honduras, garantiza a todas aquellas personas identificadas con cualquiera de estas denominaciones: Homosexuales, lesbianas, transgénero o persona trans, persona transexual, bisexuales, gay, intersexuales, asexuales, travesti, cisgénero, hermafroditas, pan-genero, pan-sexuales, personas que se auto identifican o exhiben identidades de género no binarias como: los queer, los hijra, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein, muxé, fa’afafine, fakaleiti, hamjensgara o dos-espíritus, y cualquier otra denominación que vaya surgiendo en el futuro, de acuerdo a: 1. como se sienta, 2. a como se perciba 3. cual sea su gusto, 4. o cual sea su necesidad etc., en ese preciso momento de la vida de las personas[1], el respeto a sus derechos a la integridad psíquica y moral, a la libertad humana, al derecho al honor y a la propia imagen, al derecho de petición y a todos los demás derechos, desde el prisma del artículo 59 constitucional. Esta declaración contenida en el artículo 59 constitucional, obliga a que en Honduras no existan leyes que les prohíba manifestar sus identidad de género, entendiéndose ésta como: “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia física o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género es un concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación, y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género y su expresión también toman muchas formas, algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos”.[2] Es así que ejercen con toda libertad el derecho fundamental de asociación, sus organizaciones están legalmente reconocidas, gozan del derecho a manifestarse públicamente, se les garantiza la tutela judicial efectiva, ejercen su derecho de participación en política, , acreditándose así la no discriminación, por lo que al no haberse acreditado el reclamo efectuado, se desestima este segundo motivo.”.- “CONSIDERANDO (28): Con relación al tema cambio de nombre y de género, en el cuarto motivo de inconstitucionalidad, se plantea: “Con respecto a las omisiones constitucionales realizadas por el Gobierno de Honduras de no regular el cambio de nombre y de género, se vuelve necesario solicitar a la Sala que declare la inconstitucionalidad por omisión. Como se ha pretendido elaborar en la presente acción de inconstitucionalidad, los poderes públicos poseen un mandato constitucional de actuar. En caso de incumplimiento se configura un vaciamiento del contenido normativo de la Constitución que contraviene el principio de supremacía constitucional. De esta forma, no solamente el Congreso Nacional, como ente democrático para la creación de normas como representantes del pueblo, incumple con las obligaciones internacionales del Estado; también lo hace el Poder Ejecutivo por abstenerse de crear reglamentos para el ejercicio de los tres derechos vulnerados. Por todo lo expuesto en este cuarto motivo de inconstitucionalidad, la presente demanda de inconstitucionalidad debe ser declarada con lugar y ejercer su facultad de controlador de la constitucionalidad y vigilante de la supremacía constitucional, ordenando al resto de los poderes del Estado que regulen las situaciones denunciadas. Control de Constitucionalidad en reformas constitucionales. La Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 76 en numeral segundo establece que procede la acción de inconstitucionales cuando se pongan en vigencia una reforma constitucional con inobservancia de los requisitos establecidos en la Constitución de la República, si bien podría darse una lectura parcial del mismo en el sentido de que a la Sala de lo Constitucional solo le compete el control de constitucionalidad de reformas cuando las mismas sean realizadas en inobservancia del procedimiento de reforma constitucional, apreciación incorrecta, puesto que el mismo texto legal faculta a este órgano de justicia a conocer del recurso por razón de forma o de contenido, de igual forma en el artículo dos de la Ley Sobre Justicia Constitucional se estableció que las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; estando clara la legitimación que posee la Sala para darle vitalidad y mantener la supremacía del texto constitucional que ha sido vulnerado con la reforma inconstitucional que realizó el Congreso Nacional. Esta discusión ya fue resuelta por la Sala de lo Constitucional de Honduras en la sentencia del siete mayo de 2003, en la que se declaró la inconstitucionalidad por razones de contenido del decreto legislativo N.º 161-99 de veinte de octubre de 1999, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º 29,034 el treinta de noviembre del mismo año, mediante el cual se le adiciona el numeral noveno al artículo 218 constitucional, misma que fue expulsada de nuestro ordenamiento jurídico por sentencia definitiva de inconstitucionalidad. Postura ratificada en la sentencia del diecisiete de octubre de 2012, en la que nuevamente la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional por razones de contenido una reforma realizada por el Congreso Nacional a la Constitución en obediencia al procedimiento de reforma constitucional, pero vulnerando el contenido sustancial del mismo texto legal, por lo que se determinó expulsar del ordenamiento las reformas realizadas a los artículos 304 y 329 de la Constitución. Si bien el Congreso Nacional tiene la potestad de reformar la Constitución, ese poder tiene límites para la realización de esa tarea, pudiéndose expresar como la limitación a la preservación de la misma Constitución, en cuanto a las características básicas del Estado y a la protección de los derechos fundamentales, en observancia de los artículos 4, 17, 48, 63, 64, 323, 373, 374 y 375 de la Constitución. Los derechos fundamentales contienen la protección más alta, por lo que no es posible su disminución, es por ello que la Constitución dice explícitamente que no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas, o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen restringen o tergiversan”. CONSIDERANDO (29): Es menester mencionar que en la Opinión Consultiva 24/17, se manifiesta en el punto 106, que el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la vida privada y a la intimidad, implican el reconocimiento de los derechos a la identidad personal, sexual y de género, pues a partir de éstos la persona se proyecta frente a sí mismo y dentro de una sociedad. El nombre, como atributo de la personalidad, constituye una expresión de la individualidad y tiene por finalidad afirmar la identidad de una persona ante la sociedad y en las actuaciones frente al Estado. Con él se busca lograr que cada persona posea un signo distintivo y singular frente a los demás, con el cual pueda identificarse y reconocerse como tal. Se trata de un derecho fundamental inherente a todas las personas por el solo hecho de su existencia. Además, esa Corte IDH ha indicado que el derecho al nombre reconocido en el artículo 18 de la Convención y también en diversos instrumentos internacionales, constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado. En el Punto número 107 se lee: Ese Tribunal Interamericano también señaló que, como consecuencia de lo anterior, los Estados tienen la obligación no sólo de proteger el derecho al nombre, sino también de brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona. Este derecho implica, por ende, que los Estados deben garantizar que la persona sea inscrita con el nombre elegido por ella o por sus padres, según sea el momento del registro, sin ningún tipo de restricción ni interferencia en la decisión de escoger el nombre y, una vez registrada la persona, que sea posible preservar y restablecer su nombre y su apellido. CONSIDERANDO (30): Que la Constitución de la República, dispone en los artículos 184 y 185, la normativa del control de constitucionalidad, y en la ley secundaria, Ley Sobre Justicia Constitucional, lo desarrolla en los artículos del 74 al 94, en los cuales no se enuncia en la primera, ni se desarrolla en la segunda, el mecanismo de inconstitucionalidad por omisión; cuyo fundamento se encuentra en el principio de supremacía constitucional;[3] la que por ser la ley de leyes, según el sistema Kelseniano, de ella dependen el resto de disposiciones normativas de todo el ordenamiento jurídico y consecuentemente, toda actuación del poder público. A juicio del jurista Víctor Bazán, el vicio de inconstitucionalidad por omisión se presenta cuando “no se actúa a pesar de la expresa previsión constitucional, dirigida a que se haga o cuando se regula de modo deficiente, plasmando una regulación insuficiente o discriminatoria…[4]. Iván Castro Patiño, define la inconstitucionalidad por omisión, como “la inobservancia total o parcial de mandatos concretos, contenidos en normas constitucionales de cumplimiento obligatorio, producto de la inacción de los poderes constituidos o de los funcionarios públicos, dentro del plazo establecido en la constitución o considerado razonable, que ocasiona la pérdida de eficacia normativa de la Constitución”.[5] Así, la Corte Suprema de Justicia entiende que para que sea efectiva la inconstitucionalidad por omisión, debe existir la disposición de que se trate en la Constitución de la República, a efecto de que las leyes secundarias se adapten y desarrollen la ley constitucional de manera completa y efectiva que garanticen los derechos fundamentales de las personas; por lo que, en tanto no se eleve a rango constitucional determinada conducta, derecho, garantía etc., resulta imposible declarar la inconstitucional por omisión, una falta de normativa secundaria, razón por la cual se declara no ha lugar este cuarto motivo de inconstitucionalidad.”.-CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que habiéndose expuesto la postura jurisprudencial manifestada por esta Sala en la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, recaída en los recursos de inconstitucionalidad acumulados y registrados bajo el número SCO233-942-2018, basamento legal de dicha sentencia que declaró sin lugar la petición relativa a la posibilidad de poder realizar cambios y modificaciones al nombre propio a la población transgénero y transexual, y siendo que la pretensión de este recurso es que se habilite la posibilidad de poder realizar cambios y modificaciones al nombre propio, se determina ratificar en la presente sentencia la motivación exteriorizada en aquella, lo que trae como consecuencia jurídica la constitucionalidad los decretos impugnados. Así las cosas, el principio de legalidad obliga la aplicación del artículo 91 de la Ley sobre Justicia Constitucional, disposición legal que regula la desestimación por repetición, y estando probado la igualdad de la pretensión relativa al cambio de nombre de las personas naturales a través de declarase la inconstitucionalidad por omisión de los decretos apuntados, esta Sala de lo Constitucional tiene la competencia para desestimar y por ende desestima la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los ciudadanos ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ, DAVID ERNESTO CARRANZA, ISBELA MARGARITA LOPEZ FLORES, EDGAR AZRAEL HERNANDEZ y DONNY RAMÓN REYES VELASQUEZ, en su condición personal, contra el Decreto Legislativo N° 62-2004, aprobado por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha once (11) de mayo del dos mil cuatro (2004), mediante el cual se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP), el que fue reformado mediante Decreto Legislativo N° 108-2007, de fecha once (11) de octubre del dos mil siete (2007), publicado en el diario oficial “La Gaceta” N° 31607, de fecha quince (15) de mayo del dos mil ocho (2008).-CONSIDERANDO DIECISIETE (17): Que la Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 18, 59, 60, 64, 80, 184, 185 No. 1, 205, 294, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321, de la Constitución de la República; 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16 y 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1.1, 2.2, 3, 16, 17, 23 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2, 3, 8, 11, 17, 18, 24, 25 y 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos;1, 2, 3, 4, 5, 74, 75, 76 No. 1), 77 No. 1), 78, 79, 80, 81, 92 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, SOBRESEE el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por los ciudadanos ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ, DAVID ERNESTO CARRANZA, ISBELA MARGARITA LOPEZ FLORES, EDGAR AZRAEL HERNANDEZ y DONNY RAMÓN REYES VELASQUEZ, en su condición personal, contra el Decreto Legislativo N° 62-2004, aprobado por el Congreso Nacional de la República de Honduras, en fecha once (11) de mayo del dos mil cuatro (2004), mediante el cual se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP), el que fue reformado mediante Decreto Legislativo N° 108-2007, de fecha once (11) de octubre del dos mil siete (2007), publicado en el diario oficial “La Gaceta” N° 31607, de fecha quince (15) de mayo del dos mil ocho (2008); manifestando los comparecientes que la vigencia de los mismos, constituye una negativa e imposibilidad de poder acceder a cambio de nombre, a la población Transgénero y Transexual “TRANS”, Y MANDA: 1) Que se notifique la presente resolución a las partes impetrantes; y 2) Que en su oportunidad se archiven las diligencias en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Notifíquese.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional”. – “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., siete de marzo del año dos mil veintitrés.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL, en la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por los señores ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ, DAVID ERNESTO CARRANZA O HARA, ISBELA MARGARITA LÓPEZ FLORES, EDGAR AZARAEL HERNÁNDEZ, MARIO ALEJANDRO BUSTILLO BARRIENTOS y DONNY RAMÓN REYES VELÁSQUEZ, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), mediante la cual se falla Sobreseyendo la acción de inconstitucionalidad por vía de Acción, en forma total y por razón de contenido, interpuesta por los señores ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ, DAVID ERNESTO CARRANZA O HARA, ISBELA MARGARITA LÓPEZ FLORES, EDGAR AZARAEL HERNÁNDEZ, MARIO ALEJANDRO BUSTILLO BARRIENTOS y DONNY RAMÓN REYES VELÁSQUEZ a favor de SÍ MISMOS, contra el Decreto Legislativo No. 62-2004, aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha 11 de mayo del año 2004, mediante el cual se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP), reformado mediante Decreto Legislativo No. 108-2007, de fecha 11 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,607 de fecha 15 de mayo de 2008.-CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.-CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición del recurrente, se aprecia del mismo, que éste fundamenta su recurso en atención a los mismos argumentos que fueron expuestos en la interposición de la presente acción a saber: 1.- El decreto No. 62-2004 de fecha 11 de mayo del año 2004, mediante el cual se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP), el cual fue reformado mediante Decreto legislativo No. 108-2007, están en colisión, son violatorias de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la Republica y Tratados suscritos por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno y por ende deben ser expulsados del ordenamiento jurídico hondureño mediante la declaratoria de inconstitucionalidad. De acuerdo a la Constitución el Principio de Igualdad contenido en el artículo 60, recoge la conocida igualdad formal, no prohíbe toda diferencia de trato por parte de los poderes públicos, sino únicamente aquella diferencia de trato que sea discriminatoria, es decir, que no esté justificada objetiva y razonablemente. Esta Sala de lo Constitucional tiene la obligación de hacer uso del derecho comparado, bajo esta perspectiva, es importante señalar el reconocimiento de la Identidad de Género de las personas transgénero y transexual “TRANS”, debe de realizarse a través del registro Nacional de las Personas; 2.- El peticionario cita la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fecha 26 de marzo del año 2021, en el caso Vicky Hernández, mujer trans-género; dice el peticionario que esta sentencia demuestra que la no existencia de un marco normativo en honduras que permita a cada persona se identifique con su identidad asumida, conduce a que se perpetren crímenes de odio contra los miembros de la población LGTBIQ, por su expresión de genero y mas grave aun en Honduras las investigaciones relacionados con estos crímenes tienen altos índices de impunidad, el Ministerio Púbico y los agentes de investigación no cuentan con un protocolo de investigación que permita descartar que los crímenes a estas personas no ocurren por su expresión de género; 3) El decreto No. 62-2004, causa agravio puesto que este decreto y su reforma Decreto Legislativo No. 108-2007, da como resultado la incoherencia de los derechos reconocidos como fundamentales, como es el derecho al nombre, a la identidad, igualdad ante la ley, personalidad jurídica y a la propia imagen, pero además causa agravio la inobservancia de la norma legislativa sobre el proceso de elaboración, sanción y ratificación a la Ley del registro Nacional de las Personas (RNP), porque el Estado de Honduras como Estado de Derecho, debe de aplicar que el fin supremo del Estado es la sociedad, de la cual todos (as) somos parte. Los derechos humanos que se alegan como violentados, los abocamos por principio general de los mismos la “Progresividad”, porque la ley en mención, no permite el reconocimiento de la Identidad de Género, solo se limita al sexo.-CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto.-CONSIDERANDO (4): Que como se dejó plasmado en el fallo constitucional que se recurre a través del Recurso de Reposición, las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, ello conforme a lo dispuesto en el Artículo 184 de la Constitución de la República, en relación a lo establecido en los artículos 74 y 75 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que, de la foliada del Recurso de Reposición interpuesto, este Tribunal observa que el peticionario reitera los argumentos que fueron expuestos en la interposición de la presente acción, es por ello que resulta importante establecer que las sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional, se diferencian del resto de las sentencias emitidas por cualquier tribunal ordinario, esencialmente en que las primeras tienen una finalidad adicional al interés subjetivo de las partes, pues las sentencias de inconstitucionalidad abordan por su naturaleza intrínseca, la propia dimensión objetiva de la garantía específica tutelada por un proceso constitucional, y su efecto, es la resolución de un conflicto originado por la infracción de la Ley secundaria, al contenido esencial de la ley primaria, resultando en la expulsión de la primera, en caso de demostrarse que no se ajusta al contenido esencial de la segunda, mediante una interpretación terminante, en la cual se declara por el Tribunal Supremo la compatibilidad o incompatibilidad entre la norma constitucional y la legal ordinaria sometida a enjuiciamiento. Así, las acciones de inconstitucionalidad, y por ende los fallos de la Sala o en su caso de la Corte Suprema de Justicia, están sustentados por su propia naturaleza de un provecho que trasciende al de cualquier proceso ordinario, pues con el mismo se garantiza la depuración del ordenamiento secundario y se afianza a su vez la supremacía de la Constitución, observando, como se dijo en la sentencia recurrida, los límites impuestos en relación a la interpretación constitucional.-CONSIDERANDO (6): Que el Artículo 91 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que se podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucionalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la inconstitucionalidad; en ese orden de ideas este Alto Tribunal en la sentencia emitida en fecha quince de noviembre del año dos mil veintidós, falla sobreseyendo la acción de inconstitucionalidad que por vía de Acción, en forma total y por razón de contenido promovieran los señores ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ, DAVID ERNESTO CARRANZA O HARA, ISBELA MARGARITA LÓPEZ FLORES, EDGAR AZARAEL HERNÁNDEZ, MARIO ALEJANDRO BUSTILLO BARRIENTOS y DONNY RAMÓN REYES VELÁSQUEZ a favor de SÍ MISMOS, contra el Decreto Legislativo No. 62-2004, aprobado por el CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA en fecha 11 de mayo del año 2004, mediante el cual se crea el Registro Nacional de las Personas (RNP), reformado mediante Decreto Legislativo No. 108-2007, de fecha 11 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,607 de fecha 15 de mayo de 2008, conforme al Principio stare decisis, ello porque los argumentos expuestos por el recurrente son los mismos ya resueltos en las acciones de inconstitucionalidad registradas con el número de expediente SCO-233-942-2019, ampliamente desarrollado en la sentencia que se recurre por el Recurso de Reposición de mérito, no obstante se trate de otros actores, los planteamientos expuestos en relación a las omisiones realizadas por el Gobierno de Honduras de no regular el cambio de nombre y de género, son los mismos que ya fueron objeto de examen por este Tribunal, concluyendo inter alia que la interpretación constitucional posee límites, de manera que el vacío normativo alegado, reclama no sólo la intervención del legislador, sino que mediante un ejercicio del poder constituyente.-CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para Sobreseer la Acción de Inconstitucionalidad promovida, y con ello se explican los motivos legales que conllevan al sobreseimiento de la acción constitucional de mérito. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado ROGER MARIANO SILVA CARBAJAL, por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. - NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) y Resolución de fecha siete (7) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), recaída en El Recurso de Inconstitucionalidad, registrado en este Tribunal bajo el número 0307-2019.-

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

[1] https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/LGBT-FAQs-Esp.pdf

[2] Opinión Consultiva 26/17; Pág. 16.

[3] Artículo 320 constitucional.

[4] Bazán, Víctor. “Jurisdicción constitucional local y corrección de las omisiones inconstitucionales relativas”. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitución. No. 2. Director: Eduardo Ferrer MacGregor. México, Ed. Porrúa, 2004, p.199.

[5] Castro Patiño, Iván. “Definición y Elementos de la Inconstitucionalidad por Omisión”. Revista Jurídica. No. 22. Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2007, p. 74.